Hipólito Nevárez Rivera
Expediente 93/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Hipólito Nevárez Rivera
Actuaciones
- Principal
se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívese el presente expediente.
- Principal
Durango, Durango, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Intégrese el escrito del licenciado *****, autorizado del quejoso Hipólito Nevárez Rivera en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído del dos del mes que transcurre; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento en él decretado. Vista nuevamente la demanda promovida por Hipólito Nevarez Rivera, contra actos del Juez Tercero de lo Mercantil en esta ciudad de Durango, y de otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Es notoria y manifiestamente improcedente la demanda de garantías interpuesta por ****, por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". El dispositivo 61, fracción XVIII, de la propia Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; .". Esta causal de improcedencia estriba en que el juicio de garantías es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación, con independencia de que quien ejerce la acción constitucional no lo hubiere hecho valer con la debida oportunidad, salvo que se trate de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c) del citado dispositivo legal, aunque la última parte del inciso b) exceptúa las sentencias definitivas en el proceso penal. En interpretación de un numeral y fracción de similar redacción correspondiente a la vigente Ley de Amparo existe la jurisprudencia I.6º.C. J/37, consultable bajo el registro IUS 187016, o bien en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Los artículos 1334, 1336 y 1339 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "ARTÍCULO 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes". "ARTÍCULO 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $757,365.46 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Para estos efectos, se basará en la variación observada en el valor del Índice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre la última actualización de dicho monto y el mes de noviembre del año en cuestión. Las sentencias que fueren recurribles, conforme al primer párrafo de este artículo, lo serán por la apelación que se admita en ambos efectos, salvo cuando la Ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo. Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta esta apelación, se reservará su trámite para que se realice en su caso conjuntamente con la tramitación de la apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva por la misma parte apelante. Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, a más tardar dentro de los nueve días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación si se tratare de sentencia definitiva, seis si fuere contra auto, interlocutoria o resolución, dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata y en el término de tres días si se trata de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. Los agravios que hayan de expresarse en contra del auto, interlocutoria o resolución, cuando se trate de apelaciones de tramitación inmediata o de sentencia definitiva, se expresarán al interponerse el recurso de apelación. Los agravios que en su caso se deban expresar en contra de resoluciones de tramitación conjunta con la sentencia definitiva se expresarán en la forma y términos previstos en el artículo 1344 de este Código". Conforme a este marco jurídico sólo son impugnables a través de la apelación las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda los $757,365.46 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.), sin tomarse en cuenta los intereses moratorios y demás accesorios reclamados. Empero esa limitante no implica que los autos y resoluciones que se dicten en negocios de un monto menor sean irrecurribles, pues en su contra procede el recurso de revocación conforme a lo previsto en el numeral 1334 citado. Cimienta al particular la jurisprudencia 1a./J. 59/2010, visible en la página 157, del Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación". Pues bien, Hipólito Nevarez Rivera reclama del Juez Tercero de lo Mercantil en esta ciudad de Durango, lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS.- Del C. Juez Tercero del Ramo Mercantil en la capital, reclamo: El acuerdo de fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022), pronunciado por el Juez Tercero de lo Mercantil, marcado con el No. De exp. 58/2020, promovido por el suscrito quejoso en contra de OSCAR DAVID REYES CONTRERAS, en el cual se previene al quejoso HIPÓLITO NEVAREZ RIVERA, a fin de que dentro del término de cinco días, a partir del día siguiente del que surta efectos la notificación respectiva, realice la devolución de la cantidad de DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que le fueron descontados directamente de nómina de pago al C. OSCAR DAVID REYES CONTRERAS, apercibido de no hacerlo, se ordenará el embargo de bienes propiedad de la actora a fin de que con el m ismo se logre el pago de dicha cantidad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1067 bis, 1079 del Código de Comercio y 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de Comercio". Con su escrito de demanda el quejoso acompañó el acuerdo impugnado, que a la letra dice: "Durango, Dgo., a VEINTE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- A sus autos el escrito presentado por el C. Oscar David Reyes Contreras, parte demandada en el presente juicio, acompañando dieciocho comprobantes de pago en trece hojas en copias simples, mediante el cual comparece a solicitar se prevenga la parte actora a fin de que comparezca a consignar la cantidad que fue embargada de su sueldo, desde la fecha del quince de diciembre del dos mil veinte al quince de septiembre del dos mil veintiuno, en virtud de haber operado la caducidad de la instancia en el presente juicio. Vista la petición, así como los autos originales, de los cuales se obtiene que efectivamente con fecha trece de septiembre del año dos mil veintiuno, se decretó la caducidad de la instancia, con lo cual se ordenó la cancelación del embargo trabado respecto del 30% del excedente del salario mínimo, y dado que una de las consecuencias de la caducidad es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su declaración, como lo solicita se previene a la parte actora Hipólito Nevarez Rivera a fin de que dentro del término de cinco días, a partir del día siguiente del que surta efectos la notificación respectiva, realice la devolución de la cantidad de DIECISÉIS MIL PESOS 02/100 M.N., correspondientes al descuento realizado durante dieciocho quincenas por la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N., que le fueron descontados directamente su nómina de pago, al C. Oscar David Reyes Contreras, apercibido de no hacerlo, se ordenará el embargo de bienes propiedad de la actora a fin de que con el mismo se logre el pago de dicha cantidad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1067 bis, 1079 del Código de Comercio y 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de Comercio". En su escrito aclaratorio el promovente señaló, en lo que interesa, lo siguiente: ".La cuantía del documento base de la acción en juicio ejecutivo mercantil 58/20 fue por la cantidad de $32,000.00 (son treinta y dos mil pesos 00/100 m.n.)". De la anterior reseña se puede obtener que Hipólito Nevarez Rivera es parte actora en el juicio ejecutivo mercantil 58/2020, y que reclamó como suerte principal la cantidad de 32,000.00 (TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), esto es, no excede del monto previsto en el artículo 1340 del Código de Comercio. Por lo que el proveído dictado el veinte de enero del año en curso en los autos del juicio ejecutivo mercantil 58/2020, en el que el Juez Tercero de lo Mercantil en esta ciudad de Durango determinó requerir al aquí quejoso para que devuelva las cantidades consignadas por el demandado a virtud de haberse decretado la caducidad de la instancia en el juicio comercial, es atacable mediante el recurso de revocación, a través del cual se puede lograr la modificación o revocación de esa determinación judicial, por lo que si dicho amparista no agotó tal recurso previo al ejercicio de la vía constitucional de amparo, indudablemente que inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen el juicio de garantías, lo que hace patente y manifiesta la causal de improcedencia contenida en el invocado numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cimienta al particular la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.) consultable en la página 401, del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Por otra parte, el ordinal 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, establece: "ARTÍCULO 319. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará en su resolución las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto". Conforme a este numeral procede el incidente de nulidad de actuaciones contra las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida por la ley, que puede traer como consecuencia declarar precisamente la nulidad de la notificación que se controvierte. Ahora bien, el amparista Hipólito Nevarez Rivera también reclama del Actuario Notificador adscrito al Juzgado Tercero de lo Mercantil en esta ciudad de Durango, lo siguiente: "Del C. Actuario Notificador adscrito al Juzgado Tercero de lo Mercantil en el Estado, reclamo: La indebida notificación practicada por el Licenciado LUIS FERNANDO DE LA CRUZ MARTÍENZ, Actuario Notificador adscrito al Juzgado Tercero de lo Mercantil, que notificó por medio de cédula que dejó a las 13:50 horas en poder del C. LIC. JOSÉ RAFAEL COSAIN, con fecha del día veintiuno (21) de enero del dos mil veintidós (2022), al Endosatario en procuración LIC. JOSÉ RAFAEL COSAIN, el auto de fecha veinte (20) de enero del dos mil veintidós (2022), en el cual se previene al quejoso HIPOLITO NEVAREZ RIVERA, a fin de que dentro del término de cinco días, a partir del día siguiente del que surta efectos la notificación respectiva, realice la devolución de la cantidad de DIECISÉIS MIL PESOS 02/100 M.N., correspondientes al descuento realizado durante dieciocho quincenas por la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N., que le fueron descontados directamente su nómina de pago, al C. OSCAR DAVID REYES CONTRERAS, apercibido de no hacerlo, se ordenará el embargo de bienes propiedad de la actora a fin de que con el mismo se logre el pago de dicha cantidad, auto que no fue notificado de manera personal, tal y como lo establece el artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el cual establece en su Fracción VI, consistente en el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo". Empero contra la notificación realizada del proveído dictado el veinte de enero de dos mil veintidós en los autos del juicio ejecutivo mercantil 58/2020, procede el incidente de nulidad que prevé el dispositivo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en tanto que es parte actora dentro del juicio mercantil de origen, por lo que si no agotó esa incidencia previo al ejercicio de la acción constitucional, es por demás claro que igualmente inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la vía de amparo. Sirve de soporte la jurisprudencia VI.2º.C. J/243, consultable en la página 1651, del Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo". Así las cosas, lo debido es desechar de plano la demanda que se prové, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo que promueve **** contra los actos que reclama del Juez Tercero de lo Mercantil en esta ciudad de Durango, y Actuario de su adscripción. Notifíquese personalmente.
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