Hipolito León Salas
Expediente 365/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 365/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Hipolito León Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, a tres de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la delegada de la Subdirectora de Pensiones, Titular del Área de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, por medio del cual formula diversas manifestaciones en relación con el dictamen pericial rendido por ..., perito oficial en materia de contabilidad. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de mérito para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes. En atención a su contenido, se toma conocimiento de las manifestaciones vertidas, sin perjuicio de relacionarlas y valorarlas al momento de dictar sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el que informa que corresponde a la Directora General de Recursos Humanos de la citada Fiscalía, la actualización de la planilla de liquidación a nombre del quejoso, por lo que una vez que suceda, estará en aptitud de otorgar la suficiencia presupuestal respectiva. En razón de lo anterior, de conformidad con los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, así como 297, fracción I, del Código Federal de procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, REQUIÉRASE a la titular de la Dirección General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, demuestre haber actualizado la planilla de liquidación a nombre del quejoso, para el ejercicio dos mil veintidós y en esa virtud, continuar con la suficiencia presupuestal correspondiente al pago que tiene derecho a recibir Rubén Edgardo Hernández Martínez (quejoso), cuyo monto líquido asciende a $15,958.96 (quince mil novecientos cincuenta y ocho pesos con noventa y seis centavos), por concepto de aguinaldo correspondiente al año dos mil dieciocho. Apercibida que, de continuar con su actitud contumaz, máxime que ya cuenta con los elementos necesarios para otorgar la suficiencia presupuestal, se le hará efectiva una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, aunado a que se procederá en términos de los artículos 192 y 193 de la citada ley. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios signados por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos y por la Directora de Amparos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, interponen recurso de queja en contra del proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, por el que se les impuso una multa por incumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que en el plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señalen las constancias que deben remitirse vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que conocerá del recurso de queja. Asimismo, se apercibe a las partes, que una vez transcurrido el término que establece el artículo 101 de la ley de la materia, con o sin su desahogo, se enviará el informe relativo al Tribunal. Por lo que hace a sus solicitudes para que se suspenda el procedimiento de cobro de la referida multa, hágase de su conocimiento que como se estableció en proveído veintidós de marzo de dos mil veintidós, sólo en el caso de que quede firme el acuerdo recurrido, esto es, que la resolución que se dicte en el recurso de queja que se provee, confirme la multa de que se trata, se procederá a girar el oficio correspondiente al Servicio de Administración Tributaria para su cobro. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa que se encuentra a la espera que la Dirección General de Recursos Humanos de la aludida Fiscalía le remita la planilla de liquidación actualizada al presente año, por lo que solicita se vincule a la Directora de Operación y Control de Pago de la fiscalía citada al cumplimiento del fallo protector. Ahora bien, se impone destacar que han transcurrido casi ocho meses desde que le fue requerida la suficiencia presupuestal sin que al efecto lo haya realizado. Al respecto, conviene señalar que si bien la autoridad oficiante señala que es necesaria la actualización de la planilla de liquidación correspondiente, lo cierto es que ya han transcurrido cuatro meses desde que inició el ejercicio fiscal dos mil veintidós, sin que acredite de ningún modo que realizó alguna gestión para obtener la misma, esto es, no ha remitido constancia alguna con la que acredite haber solicitado la misma. Además, tal y como se determinó en auto de veinticuatro de febrero pasado, si la autoridad oficiante, ahora requiere una planilla actualizada al presente ejercicio fiscal, es un trámite generado precisamente como consecuencia de su incumplimiento y su omisión de otorgar la suficiencia presupuestal ordenada desde el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, pues de haber atendido los requerimientos que se le formularon oportunamente, ahora no tendría que recabar nuevamente la citada planilla y por lo tanto, no ha lugar a requerir una nueva planilla de liquidación actualizada a la Directora de Operación y Control de Pago de la aludida Fiscalía ni a tener en vías de cumplimiento la ejecutoria de amparo. En consecuencia, vista la notoria y reiterada renuencia para dar cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 192, 193 párrafo primero, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impone a las personas físicas que ostentan los cargos de Director General de Programación, Organización y Presupuesto y su superior jerárquica, Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por incumplimiento a la ejecutoria de amparo UNA MULTA DE QUINIENTAS CINCUENTA VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; para lo cual, una vez que cause estado el presente proveído, gírese oficio al Servicio de Administración Tributaria correspondiente, para que haga efectivo el cobro de la multa impuesta a las citadas personas físicas. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, cuyo texto y rubro son: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) En ese sentido, con el objeto de procurar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y restituir plenamente al quejoso en sus derechos, toda vez que ya fue agotada la primera etapa del procedimiento de ejecución de sentencia previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; y con finalidad de continuar procurando el cumplimiento del fallo protector, con fundamento en el artículo 192 de la referida ley, se REQUIERE NUEVAMENTE al Directora Director General de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, debe: ? Emitir la suficiencia presupuestal autorizada a favor de la parte quejosa, por la cantidad que asciende a $157,160.19 (ciento cincuenta y siete mil ciento sesenta pesos 19/100 moneda nacional). En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se REQUIERE NUEVAMENTE al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas que en caso de omisión, términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos precisados, una multa por SEISCIENTAS VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Lo anterior, tomando en consideración el tiempo que ha trascurrido en exceso para acatar lo ordenado en el fallo protector dictado en autos, aunado a que el cumplimiento de una determinación judicial constituye una cuestión de orden público, por lo que deben evitarse actuaciones o decisiones que la dificulten. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PUBLICO DEBIENDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107,fracción XVI, de la Constitución, y 105 y 113 de la Ley de Amparo, en cuanto a las medidas que deben adoptarse para lograr el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe establecerse que éste es de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones que se adopten en esa materia, no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo. Por consiguiente, si bien la improcedencia del incidente de inejecución de sentencia se produce cuando existe un acto que entraña un principio de cumplimiento, ello solo resulta aplicable cuando tal situación se presente con anterioridad a la promoción del referido incidente y no cuando ello ocurre durante su tramitación pues, en este caso, en el debe lograrse el pleno cumplimiento de la sentencia y proceder, en su caso, a adoptar las medidas consignadas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución (Época: Octava Época, Registro: 206968, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Junio de 1991, Materia(s): Común, Tesis: 3a. XCI/91, Página: 99). En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito, Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10.) En el entendido, de que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 798/2021-VIII, promovido por Manuel Sánchez Alpizar, por propio derecho, contra actos del Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración Tributaria, y, ... Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el tercer considerando de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Manuel Sánchez Alpizar, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy quince de marzo de dos mil veintidós, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.
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