Hipólito Guichard Piñera

Expediente 705/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
705/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2023

Partes del expediente

  • Hipólito Guichard Piñera

Actuaciones

  1. Principal

    ... Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de julio de dos mil veintitrés, en la que se desechó el juicio de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. .. archívese este expediente como concluido.... este expediente es destruible.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Visto el oficio 20258/2023 de la Secretaria de este juzgado, en el cual anexa el escrito registrado bajo el folio 10475 y diecinueve copias, en el que Hipólito Guichard Piñera, por propio derecho, pretende ampliar su demanda relativa al juicio de amparo 533/2023; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 705/2023/V-A Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Acto reclamado. Del análisis del escrito de ampliación de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La radicación e inicio del juicio 958/2023 y su notificación de seis de julio de dos mil veintitrés, realizada por el Oficial Administrativo "D" Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, donde le corre traslado con la demanda interpuesta por Marlon Román López Sánchez por propio derecho, promoviendo juicio en la vía ordinaria civil en contra del promovente, demandándole el reconocimiento de paternidad. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 107, fracción V, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, 62 y de la Ley de Amparo, interpretados contrario sensu. Tales preceptos previenen que al tratarse de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Constitución y la legislación secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Carta Magna como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad; porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones al concluir el procedimiento jurisdiccional. Por otra parte, en los actos de ejecución reparable existe la posibilidad de que las afectaciones que pudieran provocar sean restituidas al resolverse la controversia, en la medida en que no influyen para que el fallo sea favorable a los intereses del promovente; es decir la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, por lo que si la parte afectada logra una resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado, pues además existe la posibilidad de que sean controvertidos a la par de la resolución que se dicte para resolver el conflicto planteado. Luego, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Bajo tales premisas, es evidente que los actos que aquí reclama la parte quejosa relativo a la radicación e inicio del juicio 958/2023, así como su notificación realizada el seis de julio de dos mil veintitrés, por el Oficial Administrativo "D" Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, por el que le corre traslado con la demanda interpuesta por Marlon Román López Sánchez por propio derecho, promoviendo juicio en la vía ordinaria civil en contra del promovente, demandándole el reconocimiento de paternidad; constituye una actuación de carácter procesal, es decir, su planteamiento se encuentra dirigido a evidenciar una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse puede quedar subsanada con posterioridad, si la determinación que en su momento resuelva el asunto, resulte favorable a sus intereses. Lo anterior es así, toda vez que no implica ninguna afectación a sus derechos, sino que únicamente se trata del inicio del citado juicio, aunado a que se advierte que en el mismo contará con el derecho a defenderse, ofrecer pruebas y exponer la argumentación que considere pertinente. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna al ser parte en el juicio ordinario civil 958/2023 del que deriva el acto combatido, este no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que las violaciones procedimentales que refiere se han producido no implica, necesariamente, que el fallo dentro del mencionado asunto, deba ser contrario a sus intereses. Cabe destacar además, que en caso de que el acto aquí combatido, entrañe violaciones que trasciendan al sentido de la resolución del juicio ordinario civil 958/2023, podrá hacerlo valer como concepto de violación en contra de dicha determinación. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que en el juicio de amparo 533/2023 la parte quejosa señaló domicilio y autorizados de su parte; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señaló en su escrito de demanda, ubicado en número 114 del "Edificio Xalapa", cito en Doctor Lucio esquina Enríquez, Zona Centro de esta ciudad; y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Martin Patricio Sánchez Montero, en virtud de que la certificación secretarial realizada en el referido juicio, se conoce que cuenta con cédula profesional; en tanto que Alfredo Hernández Morales y Nancy Toral Aguilar únicamente quedan autorizados para recibir notificaciones, en virtud de que no cuentan con cédula profesional debidamente registrada. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Medios electrónicos. Como lo solicita la parte promovente, en términos de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como cualquier medio electrónico que le facilite la consulta de constancias; siempre y cuando este juzgado no restringa el acceso a la información cuando el caso lo amerite. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veinte de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Visto el oficio 20258/2023 de la Secretaria de este juzgado, en el cual anexa el escrito registrado bajo el folio 10475 y diecinueve copias, en el que Hipólito Guichard Piñera, por propio derecho, pretende ampliar su demanda relativa al juicio de amparo 533/2023; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 705/2023/V-A Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Acto reclamado. Del análisis del escrito de ampliación de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La radicación e inicio del juicio 958/2023 y su notificación de seis de julio de dos mil veintitrés, realizada por el Oficial Administrativo "D" Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, donde le corre traslado con la demanda interpuesta por Marlon Román López Sánchez por propio derecho, promoviendo juicio en la vía ordinaria civil en contra del promovente, demandándole el reconocimiento de paternidad. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 107, fracción V, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, 62 y de la Ley de Amparo, interpretados contrario sensu. Tales preceptos previenen que al tratarse de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la interpretación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Constitución y la legislación secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Carta Magna como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad; porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones al concluir el procedimiento jurisdiccional. Por otra parte, en los actos de ejecución reparable existe la posibilidad de que las afectaciones que pudieran provocar sean restituidas al resolverse la controversia, en la medida en que no influyen para que el fallo sea favorable a los intereses del promovente; es decir la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, por lo que si la parte afectada logra una resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado, pues además existe la posibilidad de que sean controvertidos a la par de la resolución que se dicte para resolver el conflicto planteado. Luego, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Bajo tales premisas, es evidente que los actos que aquí reclama la parte quejosa relativo a la radicación e inicio del juicio 958/2023, así como su notificación realizada el seis de julio de dos mil veintitrés, por el Oficial Administrativo "D" Adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Martínez de la Torre, Veracruz, por el que le corre traslado con la demanda interpuesta por Marlon Román López Sánchez por propio derecho, promoviendo juicio en la vía ordinaria civil en contra del promovente, demandándole el reconocimiento de paternidad; constituye una actuación de carácter procesal, es decir, su planteamiento se encuentra dirigido a evidenciar una violación a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse puede quedar subsanada con posterioridad, si la determinación que en su momento resuelva el asunto, resulte favorable a sus intereses. Lo anterior es así, toda vez que no implica ninguna afectación a sus derechos, sino que únicamente se trata del inicio del citado juicio, aunado a que se advierte que en el mismo contará con el derecho a defenderse, ofrecer pruebas y exponer la argumentación que considere pertinente. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no queda en estado de indefensión alguna al ser parte en el juicio ordinario civil 958/2023 del que deriva el acto combatido, este no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado a su favor, además de que las violaciones procedimentales que refiere se han producido no implica, necesariamente, que el fallo dentro del mencionado asunto, deba ser contrario a sus intereses. Cabe destacar además, que en caso de que el acto aquí combatido, entrañe violaciones que trasciendan al sentido de la resolución del juicio ordinario civil 958/2023, podrá hacerlo valer como concepto de violación en contra de dicha determinación. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que en el juicio de amparo 533/2023 la parte quejosa señaló domicilio y autorizados de su parte; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señaló en su escrito de demanda, ubicado en número 114 del "Edificio Xalapa", cito en Doctor Lucio esquina Enríquez, Zona Centro de esta ciudad; y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Martin Patricio Sánchez Montero, en virtud de que la certificación secretarial realizada en el referido juicio, se conoce que cuenta con cédula profesional; en tanto que Alfredo Hernández Morales y Nancy Toral Aguilar únicamente quedan autorizados para recibir notificaciones, en virtud de que no cuentan con cédula profesional debidamente registrada. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Medios electrónicos. Como lo solicita la parte promovente, en términos de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como cualquier medio electrónico que le facilite la consulta de constancias; siempre y cuando este juzgado no restringa el acceso a la información cuando el caso lo amerite. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

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