Hipolito de Jesus de Jesus
Expediente 71/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2018
Partes del expediente
- Guillermina Reyes Mantia
- Hipolito de Jesus de Jesus
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo 71/2018, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Se hace efectivo el apercibimiento Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la quejosa en proveído de nueve de noviembre del año en curso (fojas 14 a 18 de autos), para que señalara si se encuentra en los supuestos previstos en los artículos 8 y 79, fracción VII de la Ley de Amparo, sin que a la fecha lo haya llevado a cabo. Por tanto, este juzgador hace efectivo el apercibimiento decretado y estima que el promovente no se ubica en los supuestos de los preceptos legales aludidos. Desechamiento Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a los promoventes en acuerdo de nueve de noviembre del año en curso (fojas 14 a 18 de autos), para que desahogaran la prevención formulada en el sentido de que comparecieran en este órgano jurisdiccional a manifestar si fueron ellos quienes presentaron la demanda de amparo en los términos que aparecen registrados en el sistema y si ratifican la presentación y contenido de la demanda presentada vía juicio en línea, a la cual se omitió ingresar la firma electrónica y que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, sin que a la fecha lo hayan llevado a cabo. Por tanto, este juzgador hace efectivo el apercibimiento decretado y determina desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción I, constitucional, en relación con los diversos 3, 5, 6 y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, lo anterior, en virtud de que la demanda que dio origen a la presente instancia constitucional carece de firma electrónica. En principio, debe precisarse que en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de "instancia de parte agraviada", el cual significa que éste sólo puede instarse por la persona que aduce resentir una afectación a su esfera jurídica por virtud de una norma general, acto u omisión que a su consideración es violatorio de los derechos fundamentales previstos en la Constitución General de la República o en los Tratados Internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Es decir, de acuerdo al contexto constitucional, el principio de "instancia de parte agraviada" que impera en el juicio de amparo, significa que sólo la parte quejosa (persona física o moral) directamente afectada por algún acto, es la que está en aptitud de demandar la protección de la justicia federal, en tanto el derecho subjetivo de acción en el juicio de amparo constituye un derecho personalísimo y, por ende, únicamente el titular del derecho vulnerado puede ejercitarla. Por su parte, la Ley de Amparo en los preceptos referidos, regula la legitimación para acudir a promover amparo, acotándola a que sea directamente la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados viola los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, del numeral 3 de la Ley de Amparo, se desprende que las promociones presentadas en forma electrónica siempre deberán de contar con firma electrónica, conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, de igual forma, establece que la firma electrónica producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; por tanto, la firma resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla. En ese sentido, es requisito indispensable de procedencia que en la demanda presentada vía electrónica se indique el nombre de la persona en la que recae la figura de quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 5 y 6, de la Ley de Amparo, así como agregar la firma electrónica vigente de quien promueve, ya que éste es un requisito establecido en el artículo 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece lo siguiente: "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de Demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos." Así, el juicio de amparo es improcedente ante la ausencia de parte afectada por el acto reclamado, es decir, cuando el quejoso no se encuentra identificado, dado que no existe la expresión de la voluntad de quien se estima agraviado en sus derechos humanos, toda vez que es imposible jurídicamente que la instancia se tramite ante el desconocimiento del agraviado y la ausencia de la voluntad de quien se considera titular de un derecho o, en su caso, una vez que se haya substanciado el procedimiento se emita una sentencia definitiva en la que se resuelva una situación jurídica determinada respecto de quien no expresó su voluntad, por tanto, no es posible ni lógica ni jurídicamente que una resolución de tal naturaleza surta efectos respecto de un ente desconocido. Lo anterior se pone de manifiesto cuando el solicitante del amparo no indica su nombre ni agrega su firma electrónica vigente en la demanda presentada vía electrónica, pues si éstos, en el caso, son la expresión de voluntad del gobernado para demandar el amparo y protección de la justicia federal, consecuentemente, ante la falta de esa expresión de voluntad no es procedente el juicio de amparo, dado que resultaría inconducente o improcedente el análisis de violaciones de garantías en abstracto, sin que exista la expresión de voluntad de quien acude ante el aparato jurisdiccional para tal fin. Además, la firma constituye el signo de manifestación de voluntad por excelencia, la cual hace patente la intensión del justiciable de promover el juicio de amparo; por tanto, se trata de un requisito esencial de la demanda al ser el signo de la expresión de la voluntad del accionante para demandar la restitución del derecho que se estima violado y sirve, además, para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. Por lo anterior, la ausencia de firma en la demanda, ya sea autógrafa o electrónica, trae consigo la improcedencia del juicio, al no ser patente la manifestación de voluntad necesaria para ejercer la acción constitucional de amparo. En otras palabras, el juicio de amparo será improcedente cuando no es promovido por la persona a quien afecte la norma general o el acto reclamado; o bien, cuando no existe manifestación de voluntad para ejercer esa acción constitucional que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia con número de registro 242775, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Precisado lo anterior, debe señalarse que en el caso concreto la demanda de amparo fue presentada vía electrónica; sin embargo, carece de la firma electrónica del promovente, tal como se advierte del sello de la oficialía de partes de este juzgado de distrito, por lo que al considerarse una de las irregularidades en el escrito de demanda, a las que hace referencia el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador lo previno para que se presentara en este órgano jurisdiccional a manifestar si fue él quien presentó la demanda de amparo en los términos que aparecen registrados en el sistema y si ratificaba la presentación y contenido de la demanda presentada vía juicio en línea, a la cual se omitió ingresar la firma electrónica y que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la prevención formulada. En ese contexto, se considera que no se ha ejercitado la acción constitucional, pues la ausencia de su firma electrónica equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo; por tanto, se concluye que no se cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir voluntad de los que aparecen como promoventes. Bajo esas circunstancias, y por los motivos expuestos, este juzgador determina desechar la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 107, fracción I, constitucional, en relación con los diversos 3, 5, 6 y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 24/2018 (10a.), (registro 2018146), de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO CARECE DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL), SE DEBE PREVENIR A LA QUEJOSA. De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.", el derecho de acceso a la jurisdicción está condicionado a que, cualesquiera que sean los requisitos de procedibilidad de una acción, éstos no se erijan como impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios. Al respecto, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de tecnologías de la información, particularmente en uso de una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, que, actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió tres acuerdos que regulan el uso de la firma electrónica. Así, de la lectura armónica de los artículos 3, 5, 6 y 10 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, 17 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, y 64 y 72 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 se desprende que: (1o.) la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), equiparable a un documento de identidad, es el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral, de los tribunales de circuito y de los juzgados, con efectos idénticos a los de la firma autógrafa; (2o.) la revocación o pérdida de vigencia del certificado digital de firma electrónica tiene como consecuencia la imposibilidad de ingresar a los expedientes electrónicos; (3o.) el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación requiere que las personas cuenten con la FIREL y que se registren personalmente en el sistema, introduciendo su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, "nombre de usuario", "contraseña", y vinculación del registro a la FIREL; y (4o.) la presentación de demandas de manera electrónica exige que las y los usuarios ingresen nombre de usuario y contraseña, o que actúen a través de la FIREL. En estos términos, la falta de firma electrónica en la demanda de amparo indirecto debe considerarse como una de las "irregularidades en el escrito" al que hace referencia el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, razón por la cual las y los jueces de distrito deberán requerir a la parte promovente para que, en el plazo de cinco días, subsane la omisión. Esto se debe a que la omisión de referencia no podría dar lugar a negar de manera manifiesta e indudable la identidad de quien promueve, pues los Acuerdos Generales Conjuntos regulan una serie de salvaguardas que aseguran el conocimiento de la identidad de quien actúa en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En estos términos, el juzgador de amparo únicamente podrá desechar la demanda que carece de firma electrónica cuando no se desahogue el requerimiento para que se subsane su irregularidad. Lo anterior garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción, al no entender la ausencia de firma electrónica desde una perspectiva estrictamente formalista y desvinculada del procedimiento que rige la actuación en el citado Portal de Servicios. Este criterio no es aplicable tratándose de la hipótesis expresamente prevista en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la referida ley. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista
- Principal
Ciudad de México, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Registro Vista la demanda de amparo promovida por ********** y ********** por propio derecho; fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 022024/2018 71/2018 23882271 ********** y ********** Representación común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se señalan como representantes comunes de los quejosos a ********** y **********, para que actúen de manera separada o conjunta, sin perjuicio de que las partes los puedan substituir por uno diverso. Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a los siguientes profesionistas: Profesionista 1. ********** 2. ********** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Y no así a los siguientes profesionistas: Profesionista 1. ********** 2. ********** Sin embargo, se les tiene como autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio Tal y como lo solicitan los promoventes, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, realícese las notificaciones correspondientes, aún las de carácter personal por medio de lista que se publica en este Juzgado de Distrito, hasta en tanto señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa o su legítimo representante , de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuestión previa El artículo 3 de la Ley de Amparo establece: Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Por otro lado, siguiendo lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. Así, una vez analizado el escrito inicial de demanda en forma integral, se acuerda lo siguiente: Prevención Este órgano jurisdiccional advierte del sello de la Oficialía de partes de este juzgado que la demanda de amparo presentada vía electrónica carece de la firma electrónica de alguno de los promoventes. Por lo anterior, en aras de respetar los derechos humanos de los promoventes, así como las garantías para su protección y otorgar al gobernado la oportunidad de acceder a la impartición de justicia para su debida defensa en el juicio -de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 constitucional, en relación con los diversos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, con fundamento en el diverso numeral 114, fracción I, en relación con el diverso 3, ambos de la Ley de Amparo, se previene a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realicen lo siguiente: Deberán presentarse en las instalaciones de este órgano jurisdiccional para que manifiesten si fueron ellos quienes presentaron la demanda en los términos que aparecen registrados en el sistema y si ratifican la presentación y contenido de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa presentada vía juicio en línea, a la cual se omitió ingresar su firma electrónica. Apercibimiento Con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 3, ambos de la Ley de Amparo, se apercibe a los promoventes que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, se desechará la demanda de amparo de que se trata por carecer de firma electrónica. Requerimiento a la parte quejosa sobre representación especial Con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, manifiesten bajo protesta de decir verdad que si alguno de ellos es menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, a efecto de que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de decidir sobre el nombramiento de un representante especial para el quejoso en caso de necesitarlo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar el requerimiento de mérito, este juzgador considerará que los promoventes no se ubican dentro de los supuestos del precepto legal aludido. Requerimiento a la parte quejosa sobre condiciones de pobreza o marginación Con fundamento en el artículo 79, fracción VII de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, manifiesten bajo protesta de decir verdad, y en su caso acrediten, si por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar el requerimiento de mérito, este juzgador considerará que los promoventes no se ubican dentro de los supuestos del precepto legal aludido. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista
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