Himelda Fonseca González

Expediente 1440/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1440/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Himelda Fonseca González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que causó estado el auto de once de enero año en curso, dictado en dentro del amparo en revisión 11/2023 de ese índice, donde se desechó el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Himelda Fonseca González en contra del proveído de catorce de diciembre del año pasado; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo indirecto 1440/2022-VIII de este índice, en un tomo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de once de enero año en curso, dictado en los autos del amparo en revisión 11/2023 de ese índice, en donde se desechó dicho medio de impugnación, interpuesto por la quejosa ********************en contra del proveído de catorce de diciembre del año pasado.

  3. Principal

    Agréguese el escrito signado por la quejosa; en atención a su contenido, téngase interpuesto el recurso de revisión que hace valer en contra del auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia del escrito de expresión de agravios y envíense los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, así como el original del escrito de cuenta con copia para el fiscal federal adscrito a ese tribunal, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. En la inteligencia que el cuaderno de antecedentes físico que se forme sólo contendrá copia de ese escrito y del presente acuerdo, dado que dicho cuaderno se constituye con la versión digital de la totalidad de las constancias que integran el expediente principal del juicio, de conformidad con el artículo 3, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, las cuales podrán ser consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes, con el fin de reducir el uso de los recursos materiales asignados a este juzgado.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida contra actos del Juez de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1440/2022-VIII. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, el acto reclamado es la determinación asumida en audiencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, celebrada en el cuadernillo, por el Juez de Control Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, sede Irapuato, donde confirmó el acuerdo dictado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos de esta ciudad, en el cual desechó la prueba de inspección del protocolo de una notaría pública ofrecida por la víctima -aquí quejosa- dentro de la carpeta de investigación, seguida por el hecho que la ley señala como delito de fraude. Al respecto, se destacan tres cuestiones: Primera: el acto reclamado se gestó dentro de una investigación, que conforme al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales forma parte del procedimiento penal, pues tal indagatoria está constituida por un conjunto de actos procesales formalmente ordenados para determinar si se ejerce o no la acción penal. Segunda: la fase de investigación, como parte del procedimiento penal, no constituye un procedimiento seguido en forma de juicio y tampoco es constitutivo de un juicio. Tercera: entonces, por regla general, los actos surgidos en la etapa de investigación no son susceptibles de análisis constitucional mediante el juicio de amparo indirecto en términos de las fracciones III y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues se insiste, no se emiten dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio y tampoco dentro de juicio. Ahora bien, el hecho de que el acto reclamado no tenga cabida, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, no impide subsumirlo en la fracción II del artículo 107 de la ley de la materia, que admite dicho juicio contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales, judiciales administrativos o del trabajo. Así, los actos ocurridos en la investigación del procedimiento penal son, por regla general, susceptibles de reclamo constitucional conforme a dicho precepto y fracción. Por lo que esta hipótesis legal, desde un plano gramatical, no exige que tales actos sean de imposible reparación para acudir al amparo indirecto. Sin embargo, si el acto reclamado ha sido emitido dentro de un procedimiento formal y legalmente establecido, pese a que la invocada fracción II del artículo 107 no lo prevea, debe exigirse el requisito de irreparabilidad como ocurre en los casos de las fracciones III, IV y V de ese precepto, ya que es palpable que subyace el mismo principio. Esto es, existe la posibilidad de reparabilidad dentro del mismo procedimiento al emitirse una resolución posterior que es impugnable en amparo indirecto, en el cual pueden invocarse las violaciones ocurridas durante el procedimiento. Como se anunció, en el caso, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación a los principios que rigen el juicio establecidos en el diverso 107, fracciones III, IV y V, aplicables por identidad jurídica a la diversa fracción II, todos de la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que el juez responsable confirmara el acuerdo de no recabar un dato de prueba en los términos solicitado por la solicitante del amparo, dentro de la fase de investigación, no es un acto de imposible reparación. En efecto, producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. El Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 212 y 213 faculta al Ministerio Público que tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, para dirigir la investigación penal con la finalidad de obtener indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Si en el caso, el reclamo consiste en que se confirmó la negativa del Ministerio Público de recabar el dato de prueba ofrecido por la promovente en el carácter de víctima, el juicio de amparo indirecto es improcedente, pues sus consecuencias no resultan de tal gravedad que le impidan el ejercicio de un derecho, antes del dictado de la resolución definitiva. Es así, porque el acto reclamado fue emitido durante la etapa de investigación y el mismo puede concluir con el dictado de diversas resoluciones que se considerarían una determinación definitiva. Es decir, el acto reclamado durante esta etapa no irroga perjuicio a la quejosa, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule imputación ante el Juez de Control, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Máxime que, en la etapa de investigación del proceso penal, el derecho de la víctima está salvaguardado en la medida en que, en su caso, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa complementaria, a fin de que un juez sea quien tutele ese derecho fundamental. Esto es, existe la posibilidad de reparabilidad dentro del mismo procedimiento al emitirse una resolución posterior que sea posible recurrirla y en ese medio de defensa jurídicamente puedan alegarse las violaciones ocurridas durante el procedimiento. En ese orden de ideas, en razón que el acto reclamado no es un acto de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los principios que rigen el juicio establecidos en el diverso 107, fracciones III, IV y V, aplicables por identidad jurídica a la diversa fracción II, ambos preceptos de la Ley de Amparo; de ahí que respecto del acto reclamado en estudio, lo procedente sea desechar la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del propio ordenamiento legal. Téngase domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones y su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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