Himelda Esparza Villalobos

Expediente 98/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
98/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Himelda Esparza Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    En veintiséis de julio de dos mil veintidós, la secretaria CERTIFICA: - Que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión. - Que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizaciones en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta con la certificación que antecede, con el estado procesal que guardan los autos y con el oficio registrado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal con el folio 15394. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio 10636/2022, signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado del Vigesimocuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, mediante el cual hace de conocimiento que se declaró infundado el recurso de queja 78/2022, de su índice, interpuesto por Juan Carlos Simón Hernández, en su carácter de autorizado de la quejosa Himelda Esparza Villalobos, en contra del auto de tres de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En atención a lo anterior, acúsese el recibo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes y las Juicio de amparo indirecto 98/2022-I ??????????????? 01/07/23 14:04:46 Noemi Torres Aviles 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En este orden, toda vez que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo que dio inicio a este sumario quedó firme con la determinación que aquí se recibe de la Superioridad, se tiene que, atento al estado procesal del presente expediente, éste se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta la notificación del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado de Distrito, y las 01/07/23 14:04:46 Noemi Torres Aviles 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.ee correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Roberto Díaz Villarreal, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/2381/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Noemí Torres Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En tres de marzo de dos mil veintidós, se da cuenta al juez, con la promoción registrada en oficialía de partes con el folio 3381. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, tres de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Aracely Algarín Gutiérrez, autorizada del quejoso Juan Melesio González Chávez, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito número 859698, valioso por la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con el fin de garantizar la suspensión definitiva del acto reclamado, dictada en el presente juicio. Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los autos del presente incidente, se desprende que mediante proveído de trece de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito número N 859698, valioso por la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, con el cual garantizó la suspensión provisional, concedida en los presentes autos. Ahora, tomando en cuenta es un hecho notorio que en el juicio principal, del cual deriva el presente incidente, el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se recibió el oficio 60/2022-B y anexos, suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con sede en Tepic, en el cual se insertó el testimonio de la resolución de trece de enero de dos mil veintidós, pronunciado por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en La Paz, Baja California, Sur, en el cuaderno auxiliar 492/2021, derivado del recurso de revisión 276/2020, del orden del Tribunal Incidente de suspensión, derivado del Juicio de Amparo indirecto 323/2020-V Alejandro Barradas Morales 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d8.a6 08/12/22 10:44:03 ??????????????? citado en primer término, promovido por quejoso Juan Melesio González Chávez, contra la sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo; como consecuencia causó ejecutoria la sentencia, por lo que la suspensión ha dejado de surtir efectos. En ese contexto, resulta innecesaria la retención del billete de depósito; por tanto, se ordena la devolución de dicha garantía únicamente a Juan Melesio González Chávez, quien aparece como depositante, de forma estrictamente personal, previa razón que por su recibo deje en autos; en la inteligencia de que su devolución sólo se hará previa cita que para el efecto realice la solicitante, en términos del acuerdo general 20/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debido a la Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19). Asimismo, se le apercibe que de no comparecer ante este recinto judicial a recoger el referido billete, dentro del plazo de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, se declarará prescrito su derecho a reclamarlo y se mandará hacer efectivo a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, fracción III, en relación con el numeral 50, párrafo primero, de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese; personalmente al quejoso a través del usuario "AraceliAG". Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Alejandro Barradas Morales, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En catorce de febrero de dos mil veintidós, el secretario CERTIFICA: Que en esta fecha está señalada para su verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Doy fe. En la misma fecha, sea da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecinueve de enero del año en curso, se ordenó emplazar a juicio a las terceros interesadas María Isabel Murillo Delgado y María Isabel Bueno Murillo por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los que contendrán una relación sucinta de la demanda y que se publicarán tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; en los cuales, además, se le hará hacer saber a dichas tercero interesadas, que deberá presentarse ante este Juzgado de Distrito dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente al de la última publicación, fijándose además en la puerta de este Tribunal Federal una copia íntegra de tal resolución por todo el tiempo del emplazamiento; sin que a la fecha obre el informe relativo a las publicaciones. No obstante, debe decirse que aún le sigue transcurriendo el plazo de veinte días otorgados a la parte quejosa, para que se constituyera en este órgano jurisdiccional, a fin de que reciba formalmente los ejemplares que se imprimirán para su publicación. Juicio de amparo indirecto 623/2020-IX ROSALIO AGUILAR CAÑEDO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.f9 20/09/22 10:47:22 ??????????????? En consecuencia, para dar margen a que se lleve a cabo lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con catorce minutos del ocho de marzo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Rosalío Aguilar Cañedo, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Himelda Esparza Villalobos en su carácter de Regidora del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río Nayarit, contra actos del Administrador General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Tepic y otras autoridades. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 98/2022-I. Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen.2 Sin que sea necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión, por los motivos que a continuación se exponen. Fijación de la Litis. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto por esta vía reclamado y las autoridades señaladas como responsables se plantean en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO.- Reclamo el ilegal, improcedente e inconstitucional, inconvencional acto de molestia emitido por el C. ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACIÓN DE NAYARIT "1" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO en virtud de la carta invitación que me fue enviada a nuestro correo electrónico para efectos de pagar la cantidad de $8,962.00 (Ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) toda vez que dichas gestiones son inconvencionales e inconstitucionales derivado de que vulneran el espíritu de los artículos 1, 14 , 16 de nuestra ley fundamental, así como lo dispuesto por el artículo 8, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por ser un acto de molestia derivado de que dentro de los expedientes de amparo 2005/2018 y 2007/2018 de los expedientes indicados que ordenan el pago de las multas y las gestiones que se encuentra realizando la autoridad fiscal para su cumplimiento aún se (sic) cuando se encuentra en trámite de impugnación a través de diversos Recursos de Queja presentados y que se encuentran pendientes de substanciación ante el H. Tribunal Colegiado el Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit; toda vez que las gestiones que se encuentran configurando la autoridad fiscal para efectos de consolidar el inicio de la diligencia del procedimiento administrativo de ejecución es inconvencional e inconstitucional derivado de que vulneran el espíritu de los artículos 1, 14, 16 de nuestra ley fundamental, y 8, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; derivado de que en la actualidad nos encontramos impugnando los acuerdos que infiere las multas en nuestra contra por medio de los Recursos de Queja ante el H. Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, en el cual no hay ninguna resolución definitiva del órgano colegiado para que ordene a la autoridad fiscal cristalizar e iniciar su cobro por la vía del procedimiento administrativo de ejecución, y dicho acto de molestia vulnera los artículos invocados por no ceñirse dentro de las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a la norma expedida con anterioridad al hecho, en correlación con la esencia de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre derechos Humanos, violentarse el derecho al acceso al recurso justo y a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido proceso, seguridad jurídica". "AUTORIDADES RESPONSABLES. - Señalo: 1.- C. ADMINISTRADOR GENERAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. 2.- C. ADMINISTRADOR DESCONCENTRADO DE RECAUDACIÓN DE NAYARIT "1" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 3.- AL C. ACTUARIO O NOTIFICADOR DE RECAUDACIÓN DE NAYARIT "1" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO". De lo que se colige que, en esencia, el acto reclamado es la carta de invitación enviada por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual, se invita a la quejosa a pagar la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) derivada de las multas impuestas en los juicios de amparo 2005/2018 y 2007/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 113 de Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Luego entonces, analizada la demanda de amparo se advierte que, la promovente del amparo, en esencia, hace consistir el acto reclamado en la carta de invitación enviada por el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Nayarit "1" del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual, se invita a la quejosa a pagar la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) derivada de las multas impuestas en los juicios de amparo 2005/2018 y 2007/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, considerando con ello que se transgreden las disposiciones consagradas en los artículos 1, 14 y 16, Constitucionales. Establecido lo anterior, debe decirse que, en la especie se actualizan, las causales de improcedencia contenidas en los numerales 61, fracciones XX y X de la ley de la materia, las cuales se analizarán en el orden apuntado. 1. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, el cual dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De lo transcrito se coligen tres reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del precepto 61 de la legislación de amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que en contra del acto reclamado proceda algún juicio o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; y, 3) Que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previsto para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo.

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