Hime Martínez Ávalos

Expediente 169/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
169/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Hime Martínez Ávalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara firme dicho proveído y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de garantías en que se actúa a la fecha se encuentra totalmente concluido, dado que por auto emitido el quince de agosto de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías fuera de audiencia; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso i), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J30/2180/2022, signado por el Presidente del Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de tres de agosto del año en curso, remite copias certificadas de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones desahogada el cuatro de mayo de la presente anualidad. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la citada autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias remitidas por la junta responsable, se advierte que en el juicio en que se actúa se actualizan dos causas de improcedencia respecto de los actos reclamados en la demanda de derechos fundamentales, las cuales son de estudio preferente y oficioso, de conformidad con lo establecido por el numeral 62 de la Ley de Amparo. En principio, se estima que, de oficio, en relación a los actos reclamados precisados bajo los incisos b) y c) en la demanda de derechos fundamentales, consistentes en la omisión de turnar expediente, vigilar y realizar el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral 367/2021, se actualiza la causa de improcedencia la contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Respecto de tal causal de improcedencia, es preciso establecer que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo realizó deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pero con la condición de que en todo caso se destruyan sus consecuencias en la esfera jurídica del afectado. La razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que al desaparecer no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Luego, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo en cita, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación Constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 193758, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, como se señaló previamente, los actos reclamados precisados bajo los incisos b) y c) en la demanda de derechos fundamentales, consisten en la omisión de turnar expediente, vigilar y realizar el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral 367/2021. Luego, de las constancias que remitió la autoridad responsable, consistentes en copias certificadas del juicio laboral 367/2021, en especial, del acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, se advierte, que la responsable llevo a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de dicho juicio laboral, al certificar, por conducto de su secretario de acuerdos, que no compareció a la referida audiencia la demandada "Quien resulte responsable o propietario de la Institución Educativa", o persona alguna que legalmente la represente, no obstante de encontrarse debidamente emplazada, como constaba a fojas cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de autos del juicio de origen, así como, al haber tenido compareciendo a los apoderados legales de las diversas codemandadas Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, Michoacán; Instituto Mexicano del Seguro Social; y, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para Los Trabajadores. De esta manera, es claro que, en la especie, cesaron los efectos de la omisión reclamada, esto es, si bien es cierto, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -once de febrero de dos mil veintidós-, la responsable no había emplazado a la totalidad de las demandadas en el juicio laboral de origen; también lo es, que mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintidós, la responsable llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de dicho juicio laboral, al certificar, por conducto de su secretario de acuerdos, que no compareció a la referida audiencia la demandada "Quien resulte responsable o propietario de la Institución Educativa", o persona alguna que legalmente la represente, no obstante de encontrarse debidamente emplazada, como constaba a fojas cincuenta y tres y cincuenta y cuatro de autos del juicio de origen, así como, al haber tenido compareciendo a los apoderados legales de las diversas codemandadas. De ahí que, resulte claro que los actos reclamados precisados bajo los incisos b) y c) en la demanda de derechos fundamentales, al haberse emplazado a la totalidad de las demandadas en el juicio de origen, hayan quedado destruidos en su totalidad e incondicionalmente, en virtud de que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable la tesis número 2a. XLVIII/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, Tomo VII, Abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196442, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Por otra parte, por lo que ve al acto reclamado precisado bajo el inciso a), consistente en el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del aludido juicio laboral, en el que, la responsable señaló fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, de oficio, también se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. .". Respecto de esta causal, conviene acotar que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Precisado lo anterior, cabe señalar que de las constancias que remitió la autoridad responsable, consistentes en las copias certificadas del juicio laboral 367/2021, en especial, de los acuerdos de cuatro de mayo y siete de julio de dos mil veintidós, se advierte, que la responsable llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de dicho juicio laboral; señaló las nueve horas del siete de julio del año en curso, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que se celebró en dicha data. De este modo, se estima que en autos se encuentra acreditado que, en el juicio laboral de origen, del que emana el acto reclamado, ha operado un cambio de situación jurídica, dado que las violaciones de las que pudiera adolecer el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictado dentro del aludido juicio laboral, en el que, la responsable señaló fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, el cuatro de mayo de dos mil veintidós -acto reclamado destacado-, ya quedaron irreparablemente consumadas. Lo anterior, porque, precisamente, existe un cambio de situación jurídica, pues el cuatro de mayo y siete de julio de dos mil veintidós, respectivamente, la responsable llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro de dicho juicio laboral; y, señaló las nueve horas del siete de julio del año en curso, a fin de que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, misma que se celebró en dicha data. De ahí que la nueva circunstancia -desahogó de las etapas de conciliación, demanda y excepciones, así como de ofrecimiento y admisión de pruebas-, sea la que ahora rige, porque no sería posible analizar el acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, ni nada relacionado con el señalamiento de fecha lejana para la celebración de la audiencia bifásica en el juicio laboral, para decidir sobre su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica originada con los diversos pronunciamientos en torno al desahogó de las referidas etapas dentro del juicio de origen; aunado a que ello, sería en perjuicio de la parte quejosa, y siendo esto así, como ya se dijo, es indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 521 del tomo IX, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. ARTICULO 73, FRACCION X, DE LA LEY DE AMPARO. Conforme al artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente por la causa denominada cambio de situación jurídica. Los elementos que determinan esa causa de improcedencia son: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda". También se cita, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 9/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, Tomo XXV, Abril de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "PERSONALIDAD EN MATERIA CIVIL. EL DICTADO DE UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ANTES QUE SE RESUELVA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME UNA CUESTIÓN DE ESA NATURALEZA, LO HACE IMPROCEDENTE, AL ACTUALIZARSE UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las consideraciones de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 28/2003-PL, que dieron origen a la tesis P./J. 83/2003, sostuvo que la irreparabilidad del perjuicio al quejoso cuando reclama una determinación en la que se resolvió sobre la personalidad, se materializa sólo si se dicta la sentencia definitiva en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pues en ese caso opera un cambio de situación jurídica que vuelve improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción X, primer párrafo del artículo 73 de la Ley de la materia. Por otra parte, el propio Tribunal en Pleno en la P./J. 110/2004 estableció que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido contra la resolución que dirime una cuestión de personalidad en el incidente respectivo, si antes del dictado de la resolución correspondiente en el juicio de amparo se emite el laudo, por actualizarse la hipótesis prevista en el referido artículo. En congruencia con dichos criterios y aplicándolos concretamente a la materia civil, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la interlocutoria que resuelve el incidente relativo a la falta de personalidad en el procedimiento civil de donde emana tal interlocutoria se dicta sentencia de primer grado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo indicado, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo indirecto, ya que no podría decidirse dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". En las relatadas condiciones, al actualizarse los motivos de improcedencia previstos en las fracciones XVII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el dispositivo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número 30 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, adjuntó copias certificadas del juicio ordinario laboral 367/2021, de donde deriva el acto reclamado, y en especial la audiencia de veinticuatro de enero del año en curso, de la que se advierte que se señaló nuevamente las trece horas del cuatro de mayo de la presente anualidad, para llevar acabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; sin que, a la fecha en que se actúa, la responsable en cita haya informado sobre su desahogo. Por tanto, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, informe si desahogó o no la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de ser así, remita copias certificadas de dichas constancias, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de diecisiete de junio del año en curso, se envió el despacho al Juez Mixto Primera Instancia, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, a efecto de que en auxilio y delegación delas labores de este Juzgado emplazara a juicio al tercero interesado... o quien resulte responsable de la institución educativa; sin que obre dicha comunicación diligenciada. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y se señalan las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

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