Hildiberto Delgado Labrador

Expediente 640/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
640/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
19/02/2021

Partes del expediente

  • Hildiberto Delgado Labrador

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    I. Estado de autos De autos se advierte que mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2019 de los Plenos de la suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. II. Hecho notorio Por otra parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de Amparo, constituye un hecho notorio para el suscrito que el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en internet, el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual en sus transitorios primero, cuarto y quinto, se dispuso lo siguiente: "PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. [.] CUARTO.- Los expedientes valorados con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo, serán resguardados, depurados o destruidos conforme a las disposiciones aplicables al momento de su valoración documental. QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en este" III. Regulariza procedimiento En atención a lo expuesto, toda vez que el presente juicio de amparo se valoró con el mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, debiendo ser lo correcto con el diverso citado en párrafos que anteceden, al haberse ordenado su archivo con posterioridad a su entrada en vigor, con fundamento en lo establecido en el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, a efecto de evaluarse de la siguiente manera: IV. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la provisional como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el precepto 20 del multireferido Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente; de ahí que el plazo para su destrucción, empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, que decreto el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, con relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto que Sobresee ha causado Ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. No es óbice para lo anterior, la circunstancia de que no exista en autos constancia de la notificación del oficio 28222 girado a la autoridad foránea Juez Mixto de Primera Instancia de El Salto Pueblo Nuevo, Durango, mediante el cual se le notifica el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, al no surtirse los extremos del numeral 87 de la Ley de la Materia, que establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión, contra la sentencia que afecte directamente el acto reclamado de cada una de ellas, por lo que se estima que tal autoridad no se encuentra en ese supuesto. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los autos del incidente de suspensión relativo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de que este expediente es susceptible de destrucción, por no tener relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en el catálogo de juicios considerados de relevancia documental, en su oportunidad procédase a su destrucción, así como de los cuadernos incidentales; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En efecto, la causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Ahora, como se estableció, el quejoso reclama, entre otros actos, la omisión de la responsable de emitir la sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 432/2019. De las constancias anexas al informe justificado se advierte que el dos de octubre de dos mil veinte, dictó sentencia en la que determinó fundado el juicio promovido por ********** en contra del quejoso declarando que la parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción y que la parte demandada no justificó sus excepciones, y condenó al pago de la suerte principal, intereses, gastos y costas.Constancias que tienen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, toda vez que provienen de funcionario en ejercicio de sus atribuciones. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causa de improcedencia señalada, porque con la emisión de la sentencia aludida se han destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues la responsable cesó la omisión de resolver el juicio ejecutivo mercantil 432/2019, de manera tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por tanto, no se dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por otro lado, respecto a los diversos actos reclamados señalados en los incisos A) y B) consistentes en el acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, así como todo lo actuado con posterioridad al nueve de marzo del año en curso, en el mencionado juicio ejecutivo mercantil 432/2019, se advierte la actualización de la diversa causa de improcedencia, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: De esta manera, se concreta la causa de improcedencia en estudio, ya que con el pronunciamiento del fallo de que se trata, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a los actos que reclamó la parte quejosa, pues no es posible analizarlos, sin afectar la nueva situación jurídica de ésta. En tales condiciones, al actualizarse los supuestos de improcedencia en comento, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo asentado, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con cuatro minutos del diez de noviembre de dos mil veinte.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, este órgano de control constitucional advierte la actualización de una causal de improcedencia, misma que constituye un obstáculo para realizar pronunciamiento respecto al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse dicha causal y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Entonces, si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. En efecto, la causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado o en su caso tratándose de acto negativo que éste sea respetado. Ahora, como se estableció, el quejoso reclama, entre otros actos, la omisión de la responsable de emitir la sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 432/2019. De las constancias anexas al informe justificado se advierte que el dos de octubre de dos mil veinte, dictó sentencia en la que determinó fundado el juicio promovido por ********** en contra del quejoso declarando que la parte actora acreditó los elementos constitutivos de su acción y que la parte demandada no justificó sus excepciones, y condenó al pago de la suerte principal, intereses, gastos y costas.Constancias que tienen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, toda vez que provienen de funcionario en ejercicio de sus atribuciones. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causa de improcedencia señalada, porque con la emisión de la sentencia aludida se han destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, pues la responsable cesó la omisión de resolver el juicio ejecutivo mercantil 432/2019, de manera tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por tanto, no se dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por otro lado, respecto a los diversos actos reclamados señalados en los incisos A) y B) consistentes en el acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, así como todo lo actuado con posterioridad al nueve de marzo del año en curso, en el mencionado juicio ejecutivo mercantil 432/2019, se advierte la actualización de la diversa causa de improcedencia, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: De esta manera, se concreta la causa de improcedencia en estudio, ya que con el pronunciamiento del fallo de que se trata, hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyen a los actos que reclamó la parte quejosa, pues no es posible analizarlos, sin afectar la nueva situación jurídica de ésta. En tales condiciones, al actualizarse los supuestos de improcedencia en comento, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En atención a lo asentado, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con cuatro minutos del diez de noviembre de dos mil veinte.

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