Hildeberto Gastelum Martínez
Expediente 1381/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1381/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Hildeberto Gastelum Martínez
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. I. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. III. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. I. Se reciben informes justificados. Agréguense los oficios de cuenta, firmados por el presidente y el actuario ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, en atención a sus contenidos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene a dichas autoridades rindiendo su respectivo informe justificado. En consecuencia, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. II. Se admiten pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan dichas autoridades, a las cuales este juzgador les otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, y de las cuales se advierte que sobreviene una causal de improcedencia. III. Sobreseimiento por cesación de efectos. En efecto, del análisis de los oficios recibidos y las de las documentales anexas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el reclamo constitucional se hizo consistir en: La negativa de ordenar y ejecutar el laudo dictado con fecha veinte de mayo del dos mil dieciséis en el expediente 300/2011, tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad, así como el auto de ejecución dictado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (por no ejecutar el laudo). Al rendir sus informes justificados, el presidente de la Junta y el actuario notificador, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, aceptan la existencia del reclamo constitucional, y además, acreditan que el veinticuatro de noviembre del presente año en el juicio de origen se dictó un auto, en el que se señaló hora y fecha para la ejecución y desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diez de noviembre de dos mil veintiuno), existía como cierto el acto omisivo manifestado por el quejoso en su demanda. Lo anterior, se acredita con el contenido de las constancias que remitieron anexas a su respectivo oficio las autoridades en mención, concretamente la relativa al auto de veinticuatro de noviembre de este año, de la que se desprende que en esa actuación el presidente de la Junta responsable, entre otras cosas, señaló fecha para desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo (las diez horas del diez de enero del año dos mil veintidós); de ahí, que en relación con el reclamo precisado con antelación, cesaron los efectos del acto reclamado, pues con el dictado del auto de veinticuatro de este mes y año, por actuación de la propia responsable, durante el trámite de este biinstancial, se restituyó al quejoso en sus derechos conculcados. En ese sentido, se considera incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, pues si bien es cierto, se evidenció que al momento de la presentación de la demanda la autoridad incurría en la violación de derechos delatada por el quejoso, pues existía señalada como fecha para el desahogo de pruebas, una data fuera de los términos y plazos que observa la Ley de la materia de origen; sin embargo, durante el trámite del biinstancial, la responsable emitió un auto que trajo consigo la cesación de los efectos del reclamo, de modo que ahora priva una determinación de ejecución de laudo; por lo que, procede al respecto sobreseer conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertido para este juzgador que la parte quejosa señaló también como reclamo el actuar omisivo del órgano ejecutor de la junta Laboral; sin embargo, ante la actualización de la causal de improcedencia de que se trata, la eventualidad de omisión en relación con la actuación que debe desplegar el actuario en torno al auto por el que cesaron los efectos del reclamo, no es cierto, de ahí, que resulte innecesario emitir mayor pronunciamiento al respecto; de modo que, en caso de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, la parte agraviada estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Bajo las condiciones apuntadas, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los numerales 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTAE INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional -nueve horas con once minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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