Hilda Sandra Gomez Hernandez

Expediente 5068/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5068/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Hilda Sandra Gomez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México; cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Se atiende promoción. Agréguese el oficio remitido por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, a través del cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 1755/2022 de su índice; en ese sentido, dicho Tribunal Colegiado, resolvió declarar infundado el recurso interpuesto y confirmar el auto que desechó la demanda de amparo. Acúsese vía interconexión. De lo anterior, se toma conocimiento, y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo del asunto, valoración del expediente y anotación en el Libro Electrónico. Toda vez, que no existe nada pendiente por acordar archívese el asunto como concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Atento a lo anterior, colóquese en la carátula el sello de fecha de archivo y destino final. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México; a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la promoción de cuenta mediante la cual el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, comunica el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de varios 1/2022 de su índice y en esencia informa que devuelve el oficio 98264/202022 de treinta de noviembre de dos mil veintidós emitido dentro del juicio que se actúa, ya que no corresponde a alguno de los de las remesas recibidas en su órgano. Atento a ello, téngasele informando lo indicado. En consecuencia, reexpídase el oficio en mención el cual se encuentra dirigido al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, a fin de que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México; veintisiete de junio de dos mil veintidós. Se forman cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 2621/2019, se integra de manera electrónica, y físicamente por duplicado este incidente de suspensión. Solicitud de informe previo Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas con las constancias que lo sustenten, contadas a partir del que quede legalmente notificadas. Al efecto, remítase copia del ocurso inicial. Fundamento: Artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo Apercíbase a las autoridades señaladas que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados, podrá imponérseles una multa de cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización. Fundamento: Artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Representación del titular del Ejecutivo Federal Gírese oficio a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a efecto de que en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, indique a este órgano jurisdiccional la Secretaría de Estado que representará al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los actos que se reclaman en el presente juicio. En igual término, dicha Consejería deberá remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite fehacientemente que notificó a la Secretaría de que se trate la representación otorgada, a efecto que esa dependencia esté en posibilidad de rendir su respectivo informe previo en los términos solicitados en el presente proveído. Apercibido que de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los numerales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Fundamento: artículo 17 constitucional, así como 237, facción I y 259 de la Ley de Amparo. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. Fundamento: Artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que si bien se fijó día y hora para la celebración de la audiencia en cita fuera del plazo legalmente previsto ello obedece a la saturación excesiva de la agenda correspondiente, aunado a que dicho proceder tiene por objeto de salvaguardar el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva, por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, quien provee considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID-19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia incidental deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia incidental, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 144 de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Requisitos de la suspensión Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1283 y 1384 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos quien provee debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. Por ello, el análisis de la procedencia de la medida suspensional se realizará respecto del efecto precisado. Apuntado lo anterior, es de señalar que, conforme a la fracción X del artículo 107 de la Constitución General, en el juicio de amparo es posible suspender los actos que se reclaman y sus efectos, mediante una institución de naturaleza procesal comprendida en las medidas cautelares, y que, acorde con su carácter, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera no llegue a resultar inútil para la quejosa la protección de la Justicia Federal que pretende. Sin embargo, la procedencia de dicha medida cautelar no es ilimitada, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé determinadas restricciones. En efecto, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a. La solicite el quejoso; b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva (interés suspensional). Asimismo, quien provee deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por quien provee al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Precisión de actos reclamados Ahora, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, el que se indica a continuación: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. Las consecuencias directas e indirectas de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bie4nestar de las niñas y los niños, hijos de madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal de 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadora, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019." Efectos La parte quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: ".1. SE LE ENTREGUE, DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL JUICIO FISCAL DE 2018, LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS. 2. SE HABILITEN LOS MECANISMOS, APARTADOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTINUAR CUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES Y REGLAS DE OPERACIÓN CONFORME AL MODELO ANTERIOR." Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juzgado de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Manifestaciones, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º6. Negativa de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada a la parte quejosa respecto de los efectos para los cuales se solicita la medida, atento a las siguientes consideraciones: El citado artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Así, se tiene que el primero de los requisitos se encuentra satisfecho, pues la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión del acto reclamado, destacándose que su interés suspensional para efectos de la medida cautelar que nos ocupa se acredita con la constancia de situación fiscal la cual anexó a su demanda de amparo. Por lo que hace a la existencia de la ejecución de los actos que reclama, se tiene por cierta para efectos de la suspensión provisional con base en lo manifestado bajo protesta de decir verdad por las promoventes. Previamente al estudio de cada uno de tales requisitos, es menester analizar el marco contextual del acto reclamado, a la luz de sus antecedentes: Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve), entre otras cosas, señala: En la introducción de dicho programa, se estableció que: El Programa tendrá como prioridad para ser Beneficiarias(os) a las personas que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con mayor grado de marginación o zonas con altos índices de violencia. Objetivos: El Programa apoya a las madres, padres solos o tutores [que trabajan, buscan empleo o estudian] con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad y, entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad en caso de niñas y niños con alguna discapacidad debidamente certificada, a través de subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil. El objetivo específico de ese programa es: Mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral mediante la entrega de un apoyo económico para el cuidado y atención infantil de las niñas y niños a cargo de las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y que no tienen acceso directo o por parentesco a los sistemas de seguridad social, en específico al cuidado y atención infantil como prestación laboral. Lineamientos: El programa operará a nivel nacional. La población (objetivo) susceptible de ser Beneficiaria son las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, no tienen acceso al cuidado y atención infantil y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad o entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad, en casos de niñas o niños con alguna discapacidad. Tipos y montos de apoyo. Apoyo Económico Monto 1. Madre, padre o tutor con niña(s) y niño(s) a su cargo de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad. 1. $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N) bimestrales, por cada niña o niño. 2. Madre, padre o tutor con niña(s) y niño(s) a su cargo, con discapacidad de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad. 2. $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) bimestrales, por cada niña o niño. El Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Bienestar brindará apoyos a las personas beneficiarias en esta modalidad por un máximo de 3 niñas o niños por hogar en el mismo periodo, salvo que se trate de nacimientos múltiples. El Gobierno, a través de la Secretaría de Bienestar, entregará este apoyo, directamente a la madre, padre solo o tutor. Conforme al punto 3.5. Derechos y Obligaciones de las Personas Beneficiarias, son, entre otros, los siguientes: a) Derechos: Recibir información de manera clara y oportuna por parte de la Secretaría o quien ésta designe respecto al Programa. Recibir un trato digno, respetuoso, con calidad, equitativo y sin discriminación alguna. A la atención y apoyo para ingresar al Programa sin costo alguno o condicionamiento, previo cumplimiento a los criterios y requisitos de incorporación. A la seguridad sobre la reserva y privacidad de sus datos personales conforme a la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales. Recibir los apoyos económicos directos que les corresponden a partir de la fecha de incorporación al Padrón Activo de Beneficiarios. b) Obligaciones: Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de acuerdo con estas Reglas de Operación y sus anexos. Presentarse ante la Delegación de la Secretaría de Bienestar o centro de atención correspondiente para actualizar sus datos y realizar las aclaraciones pertinentes cuando éstas les convoquen con anticipación. Atender personalmente la visita domiciliaria, proporcionar la documentación con la que se acredite el cumplimiento de los requisitos de incorporación y los datos que le sean requeridos. Cuando se hayan realizado visitas domiciliarias y la persona beneficiaria no sea localizada en dos ocasiones, deberá presentarse personalmente, en la Delegación de la Secretaría de Bienestar o centro de atención correspondiente. Notificar su cambio de domicilio. Resguardar, cuidar y proteger su medio de cobro mediante el cual reciben los apoyos; en caso de extravío, pérdida o robo, dar aviso a la Delegación de la Secretaría de Bienestar o centro de atención correspondiente. En caso de defunción de la niña o niño bajo el cuidado de la persona beneficiaria, ésta deberá comunicar de manera inmediata en la Delegación de la Secretaría de Bienestar o centro de atención correspondiente, para la actualización del padrón. No hacer uso inadecuado o lucrativo del apoyo que se otorga, así como del medio de cobro mediante el cual lo recibe. En el punto 4. Mecánica Operativa se indica: 4.1. Proceso de Operación. El Programa estará a cargo de la Secretaría de Bienestar a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano. Las áreas que ejecutan, operan e implementan el Programa son: la Dirección General de Políticas Sociales y las Delegaciones de la Secretaría de Bienestar, cada una en el ámbito de su competencia. Proceso de Incorporación. El proceso de incorporación al Programa es el siguiente: Las Delegaciones de la Secretaría de Bienestar serán las responsables de llevar a cabo el registro estatal de las personas solicitantes que cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso establecidos en estas Reglas de Operación. Las Delegaciones de la Secretaría de Bienestar, darán prioridad para ser Beneficiarias(os) a las personas que habiten municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema, zonas con alto grado de marginación, altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo. En el caso de madres, padres solos o tutores con niñas y niños indígenas a su cargo, el domicilio podrá pertenecer a los municipios A y B de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (ver Anexo 3). El mecanismo de entrega del apoyo económico se realizará por medio de las Delegaciones de la Secretaría de Bienestar en coordinación con la UR. En el punto 4.4. Integración del Padrón de Beneficiarios, se anotó: Que las Personas que al 31 de diciembre 2018 se encontraban incluidas en el padrón de beneficiarios en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, a cargo de la Dirección General de Políticas Sociales y que cumplan con los criterios y requisitos establecidos en el numeral 3.3, con excepción de lo señalado en el requisito 5 de dicho numeral; así como las personas Beneficiarias que se incorporen mediante los levantamientos de información realizados en campo quienes tendrán que dar cumplimiento a todos los criterios y requisitos señalados en el numeral 3.3 de estas Reglas de Operación. Se dará prioridad para ser Beneficiarias(os) a las personas que habiten municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema, zonas con alto grado de marginación, altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo. II. Análisis del caso concreto. En el caso a estudio, el impetrante de derechos hizo consistir los actos reclamados de las autoridades responsables (Presidente de la República, Secretaria de Bienestar del Gobierno Federal y del Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria) en los siguientes: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019. Las consecuencias directas e indirectas de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del programa de apoyo para el bie4nestar de las niñas y los niños, hijos de madres trabajadoras para el Ejercicio Fiscal de 2019, en perjuicio de mi representada de otorgar el subsidio del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadora, de conformidad con el Programa Social aprobado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019." A su vez, en el capítulo de suspensión del acto reclamado de la demanda de amparo, la parte incidentista expuso las razones por las que considera que resulta procedente la medida suspensiva, mismas que aquí se tienen presentes. Todo ello, con el objeto de que el gobernado pueda acceder a los apoyos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. Concretamente, solicita la suspensión para los siguientes efectos: 1. Se le entregue, de acuerdo con las reglas de operación establecidas para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, las erogaciones por concepto del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 2. Se habiliten los mecanismos, apartados y procedimientos necesarios que permitan continuar cumpliendo con las obligaciones y reglas de operación conforme al modelo anterior. Sirve de apoyo en lo conducente, la Jurisprudencia 111/2003 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 98, del tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, número de registro 182529, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." III. Negativa de suspensión. El análisis de la medida cautelar solicitada conlleva a quien provee negar la suspensión provisional instada. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, los cuales son acordes a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA", antes mencionada. En relación con ello, debe decirse que, únicamente, se satisfacen los primeros tres requisitos de mérito, toda vez que la suspensión de los actos reclamados fue solicitada por la parte quejosa; aunado a que, los actos combatidos se tienen por ciertos, ya que la publicación en el Diario Oficial de la Federación, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, es un hecho notorio para este órgano de control constitucional, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria expresa a la Ley de Amparo. Y, bajo ciertas condiciones, el artículo 147 de la Ley de Amparo, permitiría imprimir efectos restitutorios provisionales a los actos de que se trata. Sin embargo, en la especie, no se cumple con el cuarto requisito para el otorgamiento de la medida cautelar, relativo a que no se genere afectación al orden público y al interés social. A fin de justificar tal aserto, debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 266/2007-SS, estableció que los conceptos de orden público e interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tendía al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traducía en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. El alto tribunal del país ha sostenido que por disposiciones de orden público, debían entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tuvieran como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad, para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social, debía considerarse el hecho, acto o situación que reportara a la sociedad una ventaja, o bien, le evitara un trastorno o un mal público. En vinculación con esos razonamientos, se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiriera un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa, a la que se niega la medida cautelar. En ese contexto, el máximo tribunal de la nación también se ha pronunciado en el sentido de que los conceptos de orden público y el interés social, no constituyen nociones que pudieran configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoyaba el acto reclamado, puesto que corresponde al juez de amparo examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Así el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realiza tal valoración. Quien provee debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretendía evitar con esa institución, en el entendido de que la decisión de tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas, sino en elementos objetivos que tradujeran las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Bajo ese tenor, los efectos para los cuales se solicita la medida suspensional, contravendrían el orden público y causarían perjuicio al interés social, puesto que implicarían que los recursos del erario se entreguen a personas que no tienen reconocido ese derecho en el actual Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019, con el consecuente desvío que ello implica en perjuicio del grupo social al que se encuentran dirigidos los apoyos sociales de mérito. En efecto, como se adelantó, a través de la medida suspensional el quejoso pretende, esencialmente, que las responsables continúen con la entrega de las erogaciones por concepto del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, conforme a las reglas de operación establecidas para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho; es decir, que las estancias infantiles reciban directamente del Estado los recursos para prestar el servicio de asistencia y cuidados infantiles a los menores. Sin embargo, resulta sumamente relevante que a la fecha de presentación de la demanda, el quejoso no cuenta con un derecho preexistente para seguir recibiendo las erogaciones del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, una vez concluido este último. Es así, pues de la documental -en copia simple- exhibida por el aquí quejoso, consistente en el convenio de concertación para continuar afiliado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se desprende que tal convenio tuvo una vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, sin que obre constancia alguna de la cual se advierta, que en dos mil diecinueve, indefectiblemente, conserve tal prerrogativa. En otras palabras, permitir que la quejosa Gardenia González Romano, en su carácter de representante de la Estancia Infantil denominada "PASITOS"; siga recibiendo recursos, tal como lo hacía en el ejercicio fiscal previo, significaría constituir a su favor un derecho, en contravención con lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo, el cual dispone que en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no hubiera tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda. Aunado a lo anterior, se considera que las disposiciones previstas en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, son de orden público, precisamente porque resguardan el propio orden público y tutelan el interés social, en virtud de que el mencionado acuerdo pretende dar operatividad al apoyo destinado a las madres, padres solos o tutores con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado y otorgarles directamente a los citados, los referidos apoyos económicos. En efecto, el mencionado Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en específico de los artículos primero y segundo transitorios, se aprecia lo siguiente: "(.) TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2017. (.)" Como se ve, el mencionado Acuerdo entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el uno de marzo de dos mil diecinueve, y en el artículo segundo transitorio del referido acuerdo se abrogó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil diecisiete. Ante ello, es evidente que el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, a la fecha ya no se encuentra vigente, puesto que desde el uno de marzo de dos mil diecinueve, se encuentra en vigor el diverso Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve; en ese sentido, de concederse la suspensión provisional de los actos reclamados, sería obligar a las autoridades a que siguieran utilizando las referidas disposiciones abrogadas; lo cual, contravendría el orden público y el interés social de los beneficiarios por la reglamentación actual. Ahora bien, el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, lo que intenta es apoyar a las madres, padres solos o tutores con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad; y, entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad, en caso de niñas y niños con alguna discapacidad debidamente certificada, a través de subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil; y otorgarles directamente a los citadas madres, padres o tutores los referidos apoyos económicos. En efecto, del mencionado Acuerdo, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1) En la regla 1 "Introducción" se indica que el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, apoya a las madres, padres solos o tutores con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad y, entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad en caso de niñas y niños con alguna discapacidad debidamente certificada, a través de subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil. El Programa busca que las madres, los padres solos o tutores, que trabajan, buscan empleo o estudian, tengan facilidades para obtener el cuidado y atención infantil y cuenten con tiempo disponible para incorporarse o permanecer en el mercado laboral o, en su caso, para estudiar. También señala, que la población potencial del Programa se define como el grupo de madres de 15 años y más, con hijas e hijos de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad y, de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad para niñas y niños con alguna discapacidad sin acceso directo o por parentesco a los sistemas de seguridad social, en específico al cuidado y atención infantil como prestación laboral. La población objetivo es un subconjunto de la población potencial, el cual contempla aquellas personas que se encuentren en condición de ocupación disponible, desocupada, subocupada u ocupada en el sector informal o formal y específicamente se refiere a las personas que no tienen empleo, buscan un empleo o tienen un empleo que no les brinda seguridad social o el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil. 2) De acuerdo con la regla 3.4. "Tipos y Montos de Apoyo", el apoyo económico se proporciona de la siguiente manera: - Madre, padre o tutor con niña(s) y niño(s) a su cargo de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad: $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) bimestrales, por cada niña o niño. - Madre, padre o tutor con niña(s) y niño(s) a su cargo, con discapacidad de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad: $3,600.00 (tres mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) bimestrales, por cada niña o niño. También refiere la citada regla que el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Bienestar, brindará los apoyos a las personas beneficiarias por un máximo de tres niñas o niños, por hogar, en el mismo periodo, salvo que se trate de nacimientos múltiples. Así como, que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, entregará los apoyos señalados, directamente a la madre, padre solo o tutor. 3) De acuerdo con la Regla 4.4. "Integración del Padrón de Beneficiarios" las personas que al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho se encontraban incluidas en el padrón de beneficiarios en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, serán integrados al padrón de beneficiarios del Programa para dos mil diecinueve. De lo anterior se advierte que con el referido Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se va a seguir apoyando a las madres, padres solos o tutores con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad y, entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad en caso de niñas y niños con alguna discapacidad debidamente certificada, mediante subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil, para lo cual se les va a otorgar directamente a aquellos los apoyos económicos supracitados. Así como que las personas que al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se encontraban incluidas en el padrón de beneficiarios en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, serán integrados al padrón de beneficiarios del Programa para dos mil diecinueve. Por ello se estima, que el citado Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, se trata de un acuerdo administrativo de carácter general que resulta de orden público para efectos de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, pues sus disposiciones protegen el interés público, toda vez que los beneficiados con dicho acuerdo evidentemente son las madres, padres solos y tutores con hijas e hijos o niñas o niños bajo su cuidado de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad y, entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad en caso de niñas y niños con alguna discapacidad debidamente certificada, dado que a ellos directamente se les entregaran los apoyos económicos en mención por parte de la Secretaría de Bienestar. En ese sentido, el citado Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, protege el interés superior del menor, pues lo que busca es que se entregue directamente a las madres, padres solos y tutores con hijas e hijos o niñas o niños bajo su cuidado de entre las mencionadas edades, los referidos apoyos económicos, y ante ello con las disposiciones de dicho acuerdo no se causa perjuicio alguno a tales menores, sino lo contrario se les causa un beneficio ya que el referido apoyo lo van a recibir directamente las citadas personas que están bajo el cuidado de ellos; máxime que dicho acuerdo en ningún momento trata de desconocer a las personas que al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho se encontraban incluidas en el padrón de beneficiarios en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos, sino por el contrario señala que dichas persona serán integrados al padrón de beneficiarios del Programa para dos mil diecinueve. Además de la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, se advierte que en la especie sería mayor el perjuicio que resentiría la sociedad con el otorgamiento de la suspensión provisional de los actos reclamados, que el perjuicio que resentiría la quejosa con la negativa de dicha medida cautelar, pues innegablemente la sociedad está interesada en que se cumplan por parte de los gobernados las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que contiene dicho acuerdo, es decir, que el Gobierno de México a través de la Secretaría de Bienestar les entregue directamente a las madres, padres solos y tutores con hijas e hijos o niñas o niños bajo su cuidado de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad y, entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad en caso de niñas y niños con alguna discapacidad debidamente certificada, los apoyos económicos referidos, y no mediante terceras personas, como lo son quienes prestan el servicio de estancias infantiles. De ahí, que en el caso de concederse la medida cautelar solicitada sí se generaría una afectación al orden público y al interés general, dado que como se indicó el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que es conforme al cual se solicita la suspensión de los actos reclamados, a la fecha ya no se encuentra vigente, pues desde el uno de marzo de dos mil diecinueve, se encuentra en vigor el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y porque las reglas de operación de éste último son de orden público, toda vez que resguardan el propio orden público y tutelan el interés social, y ante ello la sociedad tiene interés en que se cumplan dichas disposiciones, razones por las cuales no se cumple con el requisito de procedencia de la suspensión contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, relativo a que no se contravengan el orden público y el interés social. Por otra parte, no se desatienden los argumentos de la parte incidentista en el sentido de que debe concederse la suspensión de los actos combatidos, por haberse vulnerado el principio de confianza legítima; así como, que lo determinado en las nuevas reglas del programa social en cita (2019) son ilegales, dado que no pueden estar por encima de la ley, es decir, del Presupuesto de Egresos de la Federación del año dos mil diecinueve. No obstante, dichos argumentos se encuentran relacionados con el fondo del asunto, por lo que el estudio de los mismos implicaría que este órgano jurisdiccional tuviera que analizar si los actos reclamados resultan constitucionales o no, así como verificar si lo previsto en el mencionado acuerdo tiene algún vicio de origen; cuestiones de las que en este momento no se puede realizar su análisis ya que ello equivaldría a entrar a estudiar el fondo del negocio, que es propio de la sentencia constitucional que se emita en el juicio principal, y no a la medida suspensiva. Bajo ese contexto, los efectos que pretende la parte quejosa, a fin de que se habiliten los mecanismos, apartados y procedimientos necesarios que permitan a las estancias infantiles (en el caso del quejoso), continuar cumpliendo con las obligaciones a su cargo, conforme al modelo anterior (dos mil dieciocho), es un aspecto de fondo que debe ser analizado en el juicio principal de donde deriva este incidente. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones que la informan la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "SUSPENSION, EN EL INCIDENTE DE, NO PUEDEN INTRODUCIRSE CUESTIONES DE FONDO. De tomar en cuenta la prueba pericial que se rindió en el juicio ejecutivo mercantil en que fue dictada la resolución que se estima atentatoria, que redujo el monto del embargo, y resolver en vista de este documento, si fue o no excesivo el embargo llevado a cabo, equivaldría a entrar a estudiar el fondo de la cuestión que se debate en el juicio con el que se relaciona el incidente, lo que sería ilegal." También cobra aplicación al caso, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 291181, de rubro y texto siguientes: "CUESTIONES DE FONDO.- No deben tratarse, ni mucho menos resolverse, en el auto que concede o niega la suspensión". A mayor abundamiento, se considera que otorgarse la medida solicitada para que las responsables continúen entregando a las quejosas los recursos para el apoyo a madres trabajadoras, conforme a la modalidad de otro ejercicio fiscal, implicaría que ese órgano jurisdiccional mediante la medida cautelar se sustituyera en las facultades de las autoridades, respecto a la rectoría de la economía nacional, que les compete en términos del numeral 134 de la Constitución. Además, es de tomarse en cuenta que si bien el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, formaba parte de una de las políticas públicas del Estado para atender a cuestiones de índole social, lo cierto es que en materia de protección social, no existe una fórmula única y previamente definida para lograr los objetivos de bienestar; de ahí que no podría, a través de la suspensión, perpetuarse los efectos del referido programa en los términos en que se encontraba en el ejercicio de dos mil dieciocho. No se inadvierte que en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, específicamente en el anexo 13, se encuentra autorizada una partida para el "Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras"; sin embargo, ello no conlleva a que dicho programa deba autorizarse en los mismos términos y condiciones en que se venía haciendo en el dos mil dieciocho; pues el Estado, a través del poder ejecutivo, en uso de sus facultades, a fin de desarrollar el citado programa, puede hacerlo a través de diversas reglas de operatividad, con el único fin de darle cumplimiento. Por otra parte, no se soslaya que en la demanda se aduce la protección al interés superior de los menores; sin embargo, las quejosas en modo alguno están en ese grupo vulnerable y no promueven la instancia constitucional en representación de algún infante, sino que acuden al juicio de amparo como representantes de estancias infantiles que, apoyadas en los convenios de concertación, percibían recursos públicos para brindar el servicio de estancia infantil; de ahí que la medida suspensiva no pude analizarse al tenor de dichos argumentos; más aún, que se reitera, los apoyos económicos de dicho programa para el ejercicio de dos mil diecinueve, les serán directamente entregados a los beneficiarios. Además, como se destacó, previamente, la propia normatividad combatida tiene miras a la protección de los infantes. Resta decir, que no se relegan las documentales ofrecidas por la parte quejosa; sin embargo, aquellas son insuficientes para conceder la medida cautelar solicitada, por las razones asentadas en la presente determinación. Por lo expuesto, se niega la suspensión provisional de los actos reclamados. Pruebas. Téngase a la quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que exhibe en este incidente. Medios de convicción que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia incidental. Invitación Juicio en Línea. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a las partes que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se les brinda el siguiente correo institucional: antonio.vargas.bustamante@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.

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