Hilda Rodríguez Adame
Expediente 478/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Hilda Rodríguez Adame
- Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ en el juicio en que se actúa, ha causado EJECUTORIA; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Finalmente toda vez que en el expediente obra un instrumento notarial número quince mil quinientos ochenta y seis de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, exhibido por Obdulio Izquierdo Ortíz, en su carácter de apoderado legal de la parte tercera interesada, catalogado como no original en términos del Capítulo Primero de las disposiciones Generales del artículo 2, fracción XVIII del Acuerdo en cita, se deja a su disposición para que comparezca a recogerlo en el plazo de tres días, previa copia simple y constancia de recibo que obren en autos, se le apercibe que de no hacerlo así una vez que transcurra el término de cinco años, tal documento será destruido junto con el expediente.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 478/2018; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el treinta de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnado el mismo día a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Hilda Rodríguez Adame, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que se especifican a continuación: Autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "LA OMISIÓN DE RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDADA, violando en consecuencia el derecho del quejoso a recibir la importación de Justicia Pronta y Expedita como lo mandata el artículo 17 Constitucional, incurriendo con ello en RETRASO e INACTIVIDAD PROCESAL en mi agravio, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." II. Derechos fundamentales vulnerados. Los tutelados en los artículos 14, 16, 17 y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Admisión y trámite. Por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda que quedó registrada con el número 478/2018; se ordenó emplazar al tercero interesado; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la sentencia bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, relativo al inicio de funciones, denominación, competencia, jurisdicción territorial, y domicilio de este Órgano Jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de los asuntos entre los Juzgados de Distrito de la entidad y sede indicadas, ambos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior en virtud de que el acto que se reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son estos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la Jurisprudencia de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, por identidad de razón, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese sentido, es de advertir que los actos que reclama la impetrante de garantías son: La omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de dictar la resolución interlocutoria en la que se resuelva el recurso de revisión interpuesto por el apoderado de la parte demandada en el D.O. 225/2011. Precisando que no son de estimarse como actos aquellos subsecuentes a los reclamados; toda vez que el análisis de éstos debe realizarse en función de la etapa procesal en que se sitúa el procedimiento laboral de origen; ello, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; y en ese sentido, debe tenerse como tal, el acto antes destacado sin que sea susceptible llegar hasta en la etapa del dictado del laudo, como lo pretende la parte disconforme. Sobre el particular es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Página 2771, cuyo epígrafe es: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." TERCERO.- Inexistencia del acto reclamado. Una vez fijados con claridad y precisión cuales son los actos reclamados en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar se debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otros motivos, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Sustenta lo expuesto la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Luego, cabe acotar que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, no eventuales o probables, por lo que deben analizarse por regla general los existentes atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de garantías, pues de otra forma, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la promoción del juicio de amparo. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, correspondiente a la Octava Época, materia común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, enero de 1994, visible en la página 254, con número de registro IUS 213793, cuyo rubro y texto disponen: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO". Bajo ese contexto, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar la resolución interlocutoria en la que resuelva el recurso de revisión interpuesto por el apoderado de la parte demandada en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el D.O. 225/2011, se analizará en relación con la fecha de presentación de la demanda. Es aplicable la jurisprudencia número 12, consultable en la página 552, con registro 393698, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, tomo VI del Apéndice de 1995, Materia Laboral, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA". En este tenor, es inexistente el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues si bien al rendir su informe justificado reconoció como cierta la omisión que se le atribuye, a continuación refirió que con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, dictó la resolución correspondiente en el que declaró improcedente el recurso planteado en el D.O. 225/2011. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el treinta de abril de dos mil dieciocho y la Junta responsable el veintisiete del propio mes y año dictó la resolución interlocutoria en la que resolvió en relación con el recurso de revisión interpuesto por la parte demandada en el juicio natural, es evidente que en esa data el acto reclamado ya no existía. Así, ante la inexistencia del acto reclamado y sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa informada, procede sobreseer en el presente juicio protector de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." (.) Robustece esta determinación la tesis VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en página 433, que este juzgador comparte y que es del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En esa virtud, se hace innecesario realizar el estudio de los conceptos de violación expresados como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Finalmente, ante la inexistencia del acto reclamado, también, resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló la parte tercera interesada, en virtud de que no se entabló controversia constitucional, máxime que constituyen meras opiniones que no tienen la fuerza procesal que la ley de la materia reconoce a la demanda y al informe con justificación rendido por la responsable. Ilustra lo expuesto el criterio jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la contradicción de tesis 20/93, cuyo rubro de cita a continuación: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por cuanto a los alegatos formulados por la Representante Social adscrita deviene innecesario hacer mayor pronunciamiento, pues constituyen solo una manifestación sujeta a la apreciación del acto reclamado, lo que ya fue realizado en esta resolución. Orienta lo expuesto la tesis III.1º.A.5 K (10ª) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de la Décima Época, con número de registro 2008976, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veinticuatro de abril de dos mil quince, la cual es del rubro siguiente: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Al respecto se cita el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en la tesis I.1o.T.5 K, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Captura en sise. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Hilda Rodríguez Adame, en los términos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Jacinto Figueroa Salmorán, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la licenciada Ma. Agripina Josefina López Tapia, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia se tiene como su delegado a la persona que menciona. Por otra parte, agréguese a los autos el alegato ministerial número 201/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, sin perjuicio de que sea tomado en consideración en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. En cuanto a la copia que solicita, expídasele una vez que se dicte la sentencia en el presente asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número ***; fórmese expediente impreso y electrónico. Con fundamento en los ***, se admite la demanda. Sin incidente de suspensión, por no haberse solicitado de manera expresa, ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para no hacerlo. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en terminos de los numerales 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Hágase saber a las partes que en términos del arábigo 64, de la ley de la materia, están obligadas a informar de inmediato a este órgano jurisdiccional, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento del impetrante o de alguno de los terceros interesados, una vez que estén enteradas de tal hecho, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 242 y 251, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo; se apercibe al quejoso que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, y al principio de la celeridad procesal. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado al *** por conducto de quien legalmente lo represente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), y 27 de la ley de la materia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional se constituya en el domicilio ubicado *** de esta ciudad y con copia simple de la demanda lo emplace a juicio. Téngase como domicilio para oir y recibir notificaciones el que indican los quejosos en su escrito de demanda, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a las personas que mencionan por ser parte trabajadora en el juicio laboral de origen. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte las documentales que adjunta a su escrito de demanda, con las cuales se darán nueva cuenta en la audiencia constitucional correspondiente. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda, en términos de la fracción I, inciso b), del artículo 26 de la ley de la materia. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Hágase saber a las partes que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada y a la Agente del Ministerio Público de la Federacion adscrita a este Juzgado Federal. ***
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