Hilda Ramos Ramos

Expediente 37/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
37/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Hilda Ramos Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del oficio 25750/2019, con el que se ordenó notificarle el auto de diecinueve de junio del año en curso, y se le devolvieron dos tomos de pruebas, formados con motivo de las copias certificadas del expediente número 62/2017-IV, de su índice, que remitió al rendir su informe justificado. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, a través del cual acusa recibo del oficio 25750/2019, con el que se ordenó notificarle el auto de diecinueve de junio del año en curso, y se le devolvieron dos tomos de pruebas, formados con motivo de las copias certificadas del expediente número 62/2017-IV, de su índice, que remitió al rendir su informe justificado. Cúmplase.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos se advierte que en sentencia dictada el seis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 65 a 75), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por **********, en representación de sus dos menores hijos de identidad resguardada con iniciales **********. y **********., para que la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, cumpliera con los siguientes efectos: "[.] a) Deje insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil **********, de su índice; y b) En su lugar, con libertad de jurisdicción, emita una nueva en la que, al resolver, realice lo siguiente: -Efectúe el análisis de proporcionalidad a que alude el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz; esto es, deberá tomar en cuenta las necesidades los acreedores alimentarios, y contraponerlo con las posibilidades del deudor. -En su caso, establezca de qué medio de prueba se advierte que el demandado vive en la ciudad de Campeche, y de considerar suficiente dicha circunstancia para regraduar la pensión alimenticia, exponga los motivos y fundamentos en que sustenta su determinación. -Prescinda de la consideración de que al demostrarse que el demandado está casado, es suficiente para decretar la reducción de la medida provisional de alimentos. [.]." (foja 74 vuelta.) De lo que se infiere que la autoridad responsable, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía: 1. Dejar insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil **********; y 2. Con libertad de jurisdicción, emitir una nueva en la que: - Efectuara el análisis de proporcionalidad a que alude el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz; tomando en cuenta las necesidades de los acreedores alimentarios, y contraponerlo con las posibilidades del deudor. - Estableciera de qué medio de prueba se advierte que el demandado vive en la ciudad de Campeche, y de considerar suficiente dicha circunstancia para regraduar la pensión alimenticia, expusiera los motivos y fundamentos en que sustenta su determinación. - Prescindiera de considerar que al demostrarse que el deudor alimentario está casado, es suficiente para decretar la reducción de la medida provisional de alimentos. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 89 y 90), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; y se requirió a la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio 3700, de tres de junio de dos mil diecinueve, envió copia certificada de la resolución y proveído emitidos el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve; por lo que se ordenó dar vista a las partes (foja 104). En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesado no desahogaron la vista ordenada en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, se procede a analizar si se encuentra o no cumplida. De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por la Jueza Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente número **********, de su índice; y emitió una nueva, en la que: a) Realizó el análisis de la proporcionalidad de la medida adoptada, partiendo de la base de que no existen pruebas suficientes que acrediten la desproporcionalidad de los alimentos decretados en forma provisional entre las posibilidades e ingresos del reo con las necesidades de sus acreedores, pues si bien el demandado exhibió pruebas para acreditar que tiene diversos gastos, que a su dicho la pensión alimenticia le causa graves daños a su economía; sin embargo, el juez responsable los consideró insuficientes para vislumbrar que sus ingresos, percepciones y prestaciones sean afectados fatalmente y, por tanto, que la medida alimentaria resulte desproporcionada a sus posibilidades; asimismo, que se desconocen las costumbres de su familia así como el entorno social o estrato económico que se desenvuelven. Aunado a lo anterior, consideró que con el monto decretado en el auto de inicio los menores acreedores deben solventar todas las necesidades alimentarias máxime que al encontrarse en edad escolar deben pagar colegiaturas, uniformes, calzado escolar, tareas, transporte, hidratación, trabajos escolares, talleres o clases extramuros y entretenimiento, además que por su minoría de edad los menores no tiene la obligación de acreditar sus necesidades alimentarias, pues no pueden allegarse de alimentos por sí mismos. b) Prescindió de la consideración de que la reducción de la medida cautelar era procedente al demostrarse que el demandado estaba casado, pues a ese efecto señaló que el hecho de que el deudor tenga otros acreedores alimentarios no conlleva a reducir el monto de la pensión alimenticia provisional, porque el surgimiento de un nuevo acreedor alimentario (consorte) no necesariamente incide en la real capacidad económica del obligado, ya que puede contar con recursos suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones. Cabe destacar que el Juez responsable no se pronunció respecto a de qué medio de prueba se advierte que el demandado vive en Campeche, ni consideró la suficiencia de dicha circunstancia para regraduar la pensión alimenticia, y tampoco expuso los motivos y fundamentos de esa omisión; pero ese elemento (que viva en Campeche), no fue estimado por el juzgador de origen en la resolución que se analiza; además que se le otorgó libertad de jurisdicción para resolver. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en virtud de que se concedió la protección constitucional en el presente juicio; en la inteligencia de que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste, una vez transcurridos cinco años, es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses, es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte la existencia de dos tomos de prueba formado con motivo de las copias certificadas del expediente **********, que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado; el cual resulta incensario conservar en razón de que se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido; por tanto, devuélvase a su lugar de origen.

  4. Incidental

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. El artículo 107, fracción XVI, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Por su parte, el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que la ejecutoria se tendrá por cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y si en esos términos se declara cumplida, se ordenará el archivo del expediente. Precisado lo anterior, cabe destacar que de las constancias que conforman los presentes autos se advierte que en sentencia dictada el seis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 65 a 75), este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados por **********, en representación de sus dos menores hijos de identidad resguardada con iniciales **********. y **********., para que la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, cumpliera con los siguientes efectos: "[.] a) Deje insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil **********, de su índice; y b) En su lugar, con libertad de jurisdicción, emita una nueva en la que, al resolver, realice lo siguiente: -Efectúe el análisis de proporcionalidad a que alude el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz; esto es, deberá tomar en cuenta las necesidades los acreedores alimentarios, y contraponerlo con las posibilidades del deudor. -En su caso, establezca de qué medio de prueba se advierte que el demandado vive en la ciudad de Campeche, y de considerar suficiente dicha circunstancia para regraduar la pensión alimenticia, exponga los motivos y fundamentos en que sustenta su determinación. -Prescinda de la consideración de que al demostrarse que el demandado está casado, es suficiente para decretar la reducción de la medida provisional de alimentos. [.]." (foja 74 vuelta.) De lo que se infiere que la autoridad responsable, en cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, debía: 1. Dejar insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil **********; y 2. Con libertad de jurisdicción, emitir una nueva en la que: - Efectuara el análisis de proporcionalidad a que alude el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz; tomando en cuenta las necesidades de los acreedores alimentarios, y contraponerlo con las posibilidades del deudor. - Estableciera de qué medio de prueba se advierte que el demandado vive en la ciudad de Campeche, y de considerar suficiente dicha circunstancia para regraduar la pensión alimenticia, expusiera los motivos y fundamentos en que sustenta su determinación. - Prescindiera de considerar que al demostrarse que el deudor alimentario está casado, es suficiente para decretar la reducción de la medida provisional de alimentos. El veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 89 y 90), se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria; y se requirió a la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio 3700, de tres de junio de dos mil diecinueve, envió copia certificada de la resolución y proveído emitidos el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve; por lo que se ordenó dar vista a las partes (foja 104). En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que las partes quejosa y tercero interesado no desahogaron la vista ordenada en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, se procede a analizar si se encuentra o no cumplida. De la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria se encuentra cumplida en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias remitidas por la Jueza Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz, se advierte que el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, dejó insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente número **********, de su índice; y emitió una nueva, en la que: a) Realizó el análisis de la proporcionalidad de la medida adoptada, partiendo de la base de que no existen pruebas suficientes que acrediten la desproporcionalidad de los alimentos decretados en forma provisional entre las posibilidades e ingresos del reo con las necesidades de sus acreedores, pues si bien el demandado exhibió pruebas para acreditar que tiene diversos gastos, que a su dicho la pensión alimenticia le causa graves daños a su economía; sin embargo, el juez responsable los consideró insuficientes para vislumbrar que sus ingresos, percepciones y prestaciones sean afectados fatalmente y, por tanto, que la medida alimentaria resulte desproporcionada a sus posibilidades; asimismo, que se desconocen las costumbres de su familia así como el entorno social o estrato económico que se desenvuelven. Aunado a lo anterior, consideró que con el monto decretado en el auto de inicio los menores acreedores deben solventar todas las necesidades alimentarias máxime que al encontrarse en edad escolar deben pagar colegiaturas, uniformes, calzado escolar, tareas, transporte, hidratación, trabajos escolares, talleres o clases extramuros y entretenimiento, además que por su minoría de edad los menores no tiene la obligación de acreditar sus necesidades alimentarias, pues no pueden allegarse de alimentos por sí mismos. b) Prescindió de la consideración de que la reducción de la medida cautelar era procedente al demostrarse que el demandado estaba casado, pues a ese efecto señaló que el hecho de que el deudor tenga otros acreedores alimentarios no conlleva a reducir el monto de la pensión alimenticia provisional, porque el surgimiento de un nuevo acreedor alimentario (consorte) no necesariamente incide en la real capacidad económica del obligado, ya que puede contar con recursos suficientes para hacer frente a todas sus obligaciones. Cabe destacar que el Juez responsable no se pronunció respecto a de qué medio de prueba se advierte que el demandado vive en Campeche, ni consideró la suficiencia de dicha circunstancia para regraduar la pensión alimenticia, y tampoco expuso los motivos y fundamentos de esa omisión; pero ese elemento (que viva en Campeche), no fue estimado por el juzgador de origen en la resolución que se analiza; además que se le otorgó libertad de jurisdicción para resolver. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese orden, el presente expediente principal es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, en virtud de que se concedió la protección constitucional en el presente juicio; en la inteligencia de que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por lo que toca al original del incidente de suspensión y en cumplimiento también del referido Acuerdo, se establece que éste, una vez transcurridos cinco años, es susceptible de depuración, al encuadrar en la hipótesis prevista en el segundo párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue concedida la medida cautelar solicitada, debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses, es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales o billete de depósito al no obrar en autos. Finalmente, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte la existencia de dos tomos de prueba formado con motivo de las copias certificadas del expediente **********, que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado; el cual resulta incensario conservar en razón de que se determinó archivar el presente asunto como totalmente concluido; por tanto, devuélvase a su lugar de origen.

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