Hilda Patricia Gonzalez Palma
Expediente 894/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hilda Patricia Gonzalez Palma
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa Hilda Patricia González Palma interpusiera recurso de queja, en contra del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Notifíquese por lista a la parte quejosa...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio signado -electrónicamente- por Marcela Elizabhet García Cante, Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Jueza de Control, y, en atención a su contenido, primero debe decirse que dicha promoción cuenta con la evidencia criptográfica que prevén los artículos 2, fracción XVI, 22, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, misma que se tiene a la vista y acredita que la promovente es titular de la firma electrónica que la autoriza para enviar promociones de conformidad con el artículo 3, quinto párrafo de la Ley de Amparo. Asimismo, se aprecia que dicha signatura electrónica se encuentra vigente. Sentado lo anterior, téngase a la jueza federal oficiante manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo bajo los lineamientos establecidos en el fallo protector, por lo que remite un disco versátil digital que contiene la audiencia de trece de noviembre de dos mil veinte, celebrada en la causa penal PUE/878/2019 -de su índice-, así como constancia escrita de la misma. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexos, se ordena dar vista a las partes quejosa y tercera interesada por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al disco versátil digital que remite no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica de prueba documental pública, la cual se tiene por desahogada por su especial naturaleza. Guárdese en sobre cerrado el disco óptico que acompaña, mismo que se glosa al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." A fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, requiérase a la autoridad tercera interesada Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Puebla de la Guardia Nacional (denominación actual de Policía Federal, en transición de la Guardia Nacional), por conducto se su representante Roberto Espinoza González, en su carácter de Titular de la Unidad Jurídica Estatal de dicha institución -víctima u ofendido del delito de identidad reservada- para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computado legalmente, comunique a este órgano de control constitucional la fecha exacta en que reciba el oficio por el cual se ordena notificarle esta determinación (710/2020). Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión, a su personal autorizado en términos amplios y a las víctimas terceras interesadas 1. Empresa Comercial denominada "Roche", Sociedad Anónima de Capital Variable -representada por Cecilio Rentería Chávez-, 2. J.J.B.R. -de identidad reservada-, 3. J.C.C.R. -de identidad reservada-, 4. A.G.G. -de identidad reservada-, 5. D.S.P. -de identidad reservada-, 6. J.E.V.A. -de identidad reservada-, 7. G.R.P. -de identidad reservada-, 9. J.T.B.C. -de identidad reservada-, y 10. Persona jurídica "Integra Arrenda", sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, ya sea por conducto de su representante legal o través de sus asesores jurídicos según corresponda; y, por oficio a la fiscal tercera interesada y a la autoridad tercera interesada Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones en Puebla de la Guardia Nacional (denominación actual de Policía Federal, en transición de la Guardia Nacional), por conducto se su representante Roberto Espinoza González, en su carácter de Titular de la Unidad Jurídica Estatal de dicha institución -víctima u ofendido del delito de identidad reservada-.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la resolución dictada el seis de noviembre de dos mil veinte, en el toca de revisión 48/2020, relativo al recurso de revisión interpuestos por la tercera interesada "Lutz Precision Automotive", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, a través de su representante, en contra de la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, así como los autos originales de dicho sumario y un dos tomos de prueba. Hágase del conocimiento de las partes la llegada de la ejecutoria de mérito, la cual resolvió el medio de impugnación en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma el fallo recurrido. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Julio González Jiménez, contra actos y autoridad precisados en la parte inicial de esta ejecutoria de amparo se concede para los efectos precisados en el fallo recurrido" En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano colegiado oficiante, glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, para que dentro del término prudente de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo y protección constitucional a Julio González Jiménez, para que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quede firme la sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo que para tal efecto se establezca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, en el toca penal 16/2019, en el que confirmó el auto de formal prisión de diecinueve de julio del mismo año, en la causa penal 3/2018 del índice del Juzgado Municipal de lo Civil y Penal de Cuautlancingo, Puebla, contra Julio González Jiménez, por su probable participación en la comisión del delito de abuso de confianza, previsto y sancionado por los artículo 396 y 399, fracción III, en relación con los diversos 11, 12, 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Lutz Precision Automotive, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que resuelva el recurso de apelación planteado, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, que podrá ser en el mismo sentido o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios formales destacados en esta resolución, esto es: a) Deberá analizar y dar respuesta integral, fundada y motivada a todos los agravios expuestos por el recurrente, para lo cual deberá atender a las consideraciones vertidas en el considerando séptimo, apartado I, de esta sentencia. b) Analizará y precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia al Juez Municipal de lo Civil y Penal de Cuautlancingo, Puebla para emitir la resolución apelada, así como aquellas que lo facultan para resolver el recurso de apelación como tribunal de alzada, y las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en el apartado II.I del considerando anterior. c) Deberá realizar el desglose correcto de los elementos del cuerpo del delito de abuso de confianza y motivar la actualización de cada uno de ellos; en la inteligencia que deberá señalar con precisión qué pruebas resultaron útiles para demostrar cada elemento; para lo cual deberá atender a lo expuesto en el apartado II.II del considerando que antecede. d) Deberá expresar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito que se atribuye al inculpado, es decir, señalar cuándo, cómo y dónde le fue transmitida la tenencia y no el dominio del dinero a Julio González Jiménez; así como cuándo, cómo y dónde éste dispuso de él, para sí o para otra persona; en el entendido que el juez responsable deberá prestar especial atención a la fecha en que el querellante tuvo conocimiento de los hechos posiblemente constitutivos de delito y a partir de ahí, realizar el análisis de la prescripción, conforme las consideraciones expuestas en el apartado II.III correspondiente. e) Deberá motivar adecuadamente la penalidad del ilícito que se imputa al encausado, conforme lo expuesto en el apartado II. IV del considerando séptimo de esta sentencia. f) Deberá motivar adecuadamente la probable participación del indiciado en la comisión del hecho, expresando con claridad qué pruebas considera útiles para tal fin y las razones por las que lo considera así; y, motivar adecuadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutó la conducta que se le reprocha. 3. Notificará dicha resolución a Julio González Jiménez. 4. Hecho lo anterior, deberá remitir las constancias conducentes que lo acrediten. (.) En la inteligencia que, para cumplir con el fallo protector, el juez debe observar las consideraciones expuestas y lineamientos establecidos en esta y no únicamente a sus efectos." Se apercibe a la citada autoridad responsable ordenadora, que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien no informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto. De igual forma, hágase de su conocimiento, que en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunado a que de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. No escapa a la atención de este órgano de control constitucional que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; no obstante, como la autoridad encargada de observar la protección constitucional es el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dicho juzgador cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada, al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado y al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en vía de acuse de recibo.
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