Hilda Noemí Tomelo Robledo

Expediente 531/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
531/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Hilda Noemí Tomelo Robledo

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada del auto de seis de abril del presente año, dictado en el exhorto 3669/2020, de su índice, del que se advierte que señalaron las dieciséis horas con treinta minutos del uno de junio de dos mil veintiuno, para el desahogo de la prueba testimonial con cargo a los atestes Florentina Guadalupe Murillo Pérez y Gabriela Godínez Rivera, comisionando al actuario de su adscripción a efecto de que notifique a los testigos de referencia. Atento a lo anterior, se ordena glosar a los autos el oficio y anexo de cuenta, para que surtan los efectos legales correspondientes, y téngase a la autoridad responsable vinculada, informando las gestiones que realizó para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales conducentes. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes al desahogo de la prueba testimonial citada en el párrafo que antecede -uno de junio de dos mil veintiuno-, REMITA COPIA CERTIFICADA DEL DESAHOGO DE DICHA PROBANZA, DE LA MISMA FORMA, INFORME LA FECHA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DESAHOGO DE PRUEBA DE INSPECCIÓN OFRECIDA POR LA PARTE DEMANDADA, O BIEN, EL IMPEDIMENTO QUE TENGA PARA ELLO, ACREDITANDO TAL CIRCUNSTANCIA CON LAS DOCUMENTALES RESPECTIVAS. Por último, dígasele a la autoridad responsable vinculada que subsisten los apercibimientos decretados en auto de diecisiete de mayo del año en curso, notificado mediante oficio 9894/2021. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto; téngase por recibido el oficio firmado por el Director General de Ecología y Protección al Medio Ambiente del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, mediante el cual rinde su informe justificado, señala delegados, domicilio y correo electrónico. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, téngasele señalando domicilio oficial para recibir notificaciones, y con apoyo en el diverso numeral 9 de la ley de la materia, como sus delegados a las personas que designa para tales efectos, y proporciona una cuenta de correo electrónico en el que se puede establecer el contacto respectivo, de lo que queda enterado este juzgado federal para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE DIECISÉIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio y anexo firmado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del oficio DEG/DP/0529/2021, de trece de abril de dos mil veintiuno, a través del cual da respuesta a la petición que le fue formulada por el aquí quejoso, el trece de mayo de dos mil veinte, en cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido, y con copia certificada del oficio DEG/DP/0529/2021, de trece de abril de dos mil veintiuno, dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días siguientes al en que les surta efectos legales la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido ese plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de notificar el presente proveído, se habilita días y horas inhábiles, lo anterior con apoyo en lo previsto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si alguna de las partes tiene señalado los estrados, o si se hubiere ordenado notificarle las subsecuentes notificaciones por lista, aún las de carácter personal, deberán ser notificadas de la forma que conste en autos, sin que deba levantarse razón de impedimento para realizar la diligencia de forma personal. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 364/2020 y su acumulado 423/2020, promovidos respectivamente por ***, por derecho propio, y por *** por sí y en representación legal del menor ***., contra actos del Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de las demandas. Por ocursos presentados el cinco y el veintiséis de agosto de dos mil veinte en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, y remitidos por razón de turno a este Juzgado Cuarto, y a su homólogo Juzgado Sexto, ***, por derecho propio, y por ***, por sí y en representación legal del menor ***, solicitaron respectivamente el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: Juicio de Amparo 364/2020.- "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridad responsable ordenadoras a: 1. DELEGADO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE GUERRERO.- . 2. SUBDELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE GUERRERO.- . 3. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE GUERRERO.- . 4. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL ISSSTE EN GUERRERO.- . Como autoridades ejecutoras a: 1. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DEL ISSSTE EN GUERRERO.- . 2. SUBDELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE GUERRERO.- . 3. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE GUERRERO.- . IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1.- De todas las autoridades ordenadoras se reclama la negativa de otorgar a la suscrita la pensión por viudez que me asiste con motivo del fallecimiento de mi concubino ****, quien tuvo como RFC GANM601202000, con categoría de extrabajador, pensionado bajo el número de pensión 1440261. 2.- El indebido otorgamiento de dicha pensión a la C. ***, quien se ostentó falazmente como esposa, sin que a la fecha en que se presentó ante el ISSSTE le asistiera el carácter de esposa; ello es así porque en el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tabares, bajo el número de expediente 489-1/2007 se tramitó el juicio de Divorcio Necesario promovido por ***** en contra de la C. ****, en el cual se dictó sentencia definitiva con fecha 15 de febrero del año 2008 y causó ejecutoria el día 14 de mayo del mismo año. Hecho que acredité ante las autoridades responsables con copia certificada de la sentencia antes citada 3.- También reclamo la ilegal privación de los servicios médicos que me fueron retirados, pues cabe mencionar la suscrita se encontraba dada de alta ante la autoridad responsable, por mi finado como concubina, misma que contaba con el registro, dicho que acredité con TARJETAS DE CITAS MEDICAS de ambos donde su señoría puede advertir que estaba dada de alta con su RFC GANM=601202/5, esta aparece en la tarjeta de mi difunto concubino MIGUEL ANGEL GALAN NAJERA y la suscrita me encontraba afiliada con el RFC GANM=601202/3. 4.- De igual modo se reclaman todos y cada uno de los derechos que por defunción de mi concubino, tenía la suscrita, como lo son el sistema de ahorro para el retiro, defunción y la pensión por viudez, EL PAGO RETROACTIVO DESDE EL MOMENTO DEL FALLECIMIENTO DE MI CONCUBINO, ya que como he venido expresando, el Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tenía conocimiento pleno que la suscrita era su concubina, por la documentación e información existente en su base de datos" Juicio de Amparo 423/2020.- "[.] II. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 2.- Jefe del Departamento de Finanzas en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. . III. ACTOS RECLAMADOS. Del Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y del Jefe del Departamento de Finanzas en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. con domicilio indicado, se reclama los actos siguientes: a) La orden verbal de suspensión y/o cancelación del pago de la concesión de pensión de viudez y orfandad bajo los números 1440261 y 10481734 otorgada el 23/09/2018, sin previo juicio. b) Su ilegal retención y falta de pago mensual, ante su omisión de depósito de las cantidades mensuales generadas, como de los pagos mensuales subsecuentes, y los que se sigan generando. c) Las consecuencias lógicas jurídicas derivadas de dichas actos, que sean igualmente perjudiciales a los impugnados." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. ***, por derecho propio, invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los numerales 8, 14 y 16 de nuestra Carta Magna; mientras que ***, por sí y en representación legal del menor ***., clamó transgresión a los preceptos 1, 4, 14, 16 y 123 apartado B, fracción XI, constitucionales; siendo que ambas, citaron en sus respectivos libelos los antecedentes de los actos reclamados que estimaron conducentes. TERCERO. Tramitación del Juicio. En auto de siete de agosto de dos mil veinte, este juzgado de Distrito tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por derecho propio, a la que se le asignó el número 364/2020 y la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional; por auto de veintidós de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe justificado y se dio vista a las partes con su contenido. Mientras que por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte, ponderando las razones expuestas en auto de tres de diciembre de dos mil veinte por la Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, se decretó procedente la acumulación de las demandas de amparo promovidas respectivamente por ***, por derecho propio, y por ***, por sí y en representación legal del menor J.G.S., y su radicación bajo el número 364/2020 y su acumulado 423/2020, así como la reanudación del procedimiento, la designación de un representante especial al citado infante y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado por la Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, se tuvo por recibido y se dio vista a las partes con el contenido del informe justificado rendido por el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación al juicio de amparo 423/2020. Y, finalmente, por auto de fecha quince de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por designado y protestado el cargo conferido a José David Saavedra García, como representante legal del menor J.G.S.. Así, una vez integrado el presente asunto, tuvo verificativo la audiencia constitucional conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y decidir el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 1o., fracción I, 35, 37, primer párrafo; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la fracción XXI, punto cuatro, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 36/2016, que modificó aquél y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos de autoridades que tiene su residencia dentro del límite territorial sobre el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.2 TERCERO. Fijación de actos reclamados. De acuerdo con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de 2 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. la Ley de Amparo se deben precisar los actos reclamados, atendiendo al contenido de las demandas de amparo, los informes justificados y las pruebas aportadas en el juicio, así como la totalidad de la información que obra en el expediente, por lo que, el suscrito concluye que los reclamados en esta vía constitucional consisten en: En relación al Juicio de Amparo 364/2020, promovido por ****, por derecho propio.- Del Delegado Estatal en Guerrero; del Jefe del Departamento de Atención Médica; y del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo; todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- a) La negativa de otorgar a ****el beneficio de una pensión de viudez, con motivo del fallecimiento de ****, bajo el número de pensionado 1440261; así como todos los derechos que inherentes a la defunción (sistema de ahorro para el retiro y pago retroactivo desde el momento del fallecimiento). b) La privación de acceso a la seguridad social al ser beneficiada bajo la afiliación GANM=601202/3. c) El otorgamiento de pensión de viudez a ***. En relación al Juicio de Amparo 423/2020, promovido por ***, por sí y en representación legal del menor ***. Del Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo; y del Jefe del Departamento de Finanzas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- d) La retención y/o suspensión del pago por concepto de pensión por viudez y orfandad, a favor de ***, y del menor ***., a partir del mes de marzo de dos mil veinte, al ser beneficiarios del extinto Miguel Ángel Galán Nájera, bajo el número de pensionado 1440261; así como sus consecuencias. CUARTO. Inexistencia de los actos. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.2º. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que es del rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68). En relación a las autoridades responsables Delegado Estatal en Guerrero; Jefe del Departamento de Atención Médica; y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo; todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a pesar de que al rendir informes justificados fueron omisas en pronunciarse de manera expresa por cuanto hace a los actos reclamados precisados en los incisos "a)" y "b)", consistentes en la negativa de otorgar a *** el beneficio de una pensión de viudez, con motivo del fallecimiento de Miguel Ángel Galán Nájera, bajo el número de pensionado 1440261; así como todos los derechos que inherentes a la defunción (sistema de ahorro para el retiro y pago retroactivo desde el momento del fallecimiento); y de igual forma, en relación a la privación de acceso a la seguridad social y/o de los servicios médicos que adujo bajo la afiliación GANM=601202/3, deben tenerse por inexistentes tales actos que se les reclaman. En efecto, debe ponderase que la quejosa ****, en el escrito de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que días posteriores al veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, en que falleció ****, se presentó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para reclamar los derechos y los beneficios que otorga por viudez, los cuales le fueron negados -a su decir- sin darle la explicación del porqué no podía recibir el apoyo del cual afirma tener derecho como concubina; y que tiempo después, por voz de una conocida del Instituto, se enteró que le negaron la pensión porque supuestamente ****se había apersonado como esposa de su concubino. En ese mismo sentido, no se pierde vista que a través del ocurso de tres de septiembre de dos mil diecinueve, signado por ***, se constata que ésta sostuvo que al asistir a consulta al Instituto, se llevó la sorpresa de que ya no era derechohabiente, debido a que ***, se ostentó como esposa de Miguel Ángel Galán Nájera, motivo que originó que solicitara se suspendiera el pago como beneficiaria que se le está realizando a ésta última, al enterarse que le fue otorgada la pensión 1440261. Y finalmente, se destaca que el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por oficio fechado el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, allegó copia certificada del diverso DEG/SP/DAPE/0035/2021 signado por la Encargada del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, del que se desprende: ". Por lo anterior expuesto y después de una búsqueda exhaustiva, le informó que no se encontró registro alguno de la C. ****, en nuestro sistema de SIPEAV, por lo cual no es posible remitir información solicitante ya que nuestro sistema solo puede visualizar derechohabientes directos." Como se ve, opuesto a lo que sostiene ***, en ninguno de los informes rendidos por las responsables se desprende el reconocimiento expreso de la existencia de los actos que se les reclamaron y que nos ocupa precisados en los incisos "a)" y "b)", esto es, que se le haya negado el beneficio de una pensión de viudez, con motivo del fallecimiento de Miguel Ángel Galán Nájera, bajo el número de pensionado 1440261; así como todos los derechos que inherentes a la defunción (sistema de ahorro para el retiro y pago retroactivo desde el momento del fallecimiento); y de igual forma, en relación a la privación de acceso a la seguridad social y/o de los servicios médicos que adujo bajo la afiliación GANM=601202/3; pues si bien las autoridades responsables por conducto del Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, precisaron en sus informes que fue *** la persona que se ostentó como cónyuge ante las autoridades de la Delegación Estatal Guerrero y, que por ende, se le concedió el beneficio del que ahora **** pretende su reconocimiento, lo cierto es que de manera alguna ello implica el reconocimiento de la existencia de los actos que se les atribuyen y que se analizan relativos a los precisados en los incisos "a)" y "b)", máxime que, se insiste, de las manifestaciones vertidas en los informes justificados no se aprecia que se haya aceptado la negativa verbal a la impetrante su derecho a realizar el trámite correspondiente a fin de que le fuera otorgada la pensión por viudez y, menos aún, la privación de acceso a la seguridad social y/o de los servicios médicos; por lo que es de estimarse en el presente juicio de amparo no quedó acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupa. Al respecto, cobra aplicación, contrario sensu, la tesis aislada sin clave de registro, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1010, Tomo LVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "ÓRDENES VERBALES. Para los efectos del acto reclamado, no influye que las órdenes que lo constituyen, no se hayan dado por escrito, porque lo que debe probarse únicamente, es que la autoridad responsable las haya dado." Asimismo, la tesis aislada registrada con la clave III.1o.A.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 623, Tomo IV, agosto de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTO RECLAMADO, FORMA DE ACREDITARSE. Si lo reclamado es la negativa verbal a devolver un bien mueble, dicho acto se acredita con el reconocimiento acerca de su existencia, que se desprende del informe justificado rendido por la autoridad responsable que lo emitió. Además, la existencia de dicho acto se corrobora con el acuerdo escrito que contiene la citada negativa a devolver el mueble de que se trata. Pues bien, la circunstancia de que el acto reclamado consistiera en la negativa verbal a devolver cierto bien mueble y de que en el procedimiento de amparo se hubiera allegado el acuerdo de aquella negativa, no implica que tal determinación constituya un acto distinto al aludido hecho, sino más bien, que ese acuerdo es la prueba plena que demuestra su existencia." Cabe mencionar que, incluso, tampoco se encuentra acreditado en autos que ****haya efectuado petición en el sentido de que se le otorgara el beneficio de una pensión de viudez, con motivo del fallecimiento de ****, bajo el número de pensionado 1440261; así como todos los derechos que inherentes a la defunción); o bien, haya solicitado atención médica y que ésta le haya sido negada; por lo que no resulta jurídicamente posible estimar que los actos que reclama precisados en los incisos "a)" y "b)" existen, ni aun supliendo la deficiencia de su queja, pues dicha figura jurídica no llega al extremo de hacer procedente un medio de defensa que conforme a la ley no lo es. Sobre el particular, apoya lo anterior, la jurisprudencia registrada con la clave VI.3o.A. J/66, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 2101, Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA AGRARIA. NO IMPLICA HACER PROCEDENTE UN JUICIO DE AMPARO QUE CONFORME A LA LEY NO LO ES. La finalidad primordial del amparo agrario consiste en sustraer a los núcleos de población y a los campesinos en particular de la aplicación de las reglas de estricto derecho que norman al juicio de garantías en general, cuando aquéllos concurran en defensa de sus derechos agrarios, de tal manera que el procedimiento constituya un medio eficaz, no formalista, de la garantía social que establece el artículo 27 constitucional; empero, no es posible ignorar que incluso en los asuntos de esa naturaleza es indispensable verificar previamente la procedencia del juicio de amparo, para dar cumplimiento exacto a las normas que regulan el procedimiento del amparo, ya que la suplencia de la queja no puede llegar al extremo de generar una procedencia del juicio que conforme a la ley no se actualiza. Luego, partiendo de la premisa de que la suplencia de la queja es una institución que se puede caracterizar como el conjunto de atribuciones que se confieren al Juez para corregir los errores o deficiencias en que incurran las partes al emitir lato sensu sus alegatos jurídicos, ello trae consigo integrar lo que falta, subsanar una imperfección o mejorar lo parcial o incompleto; institución que si bien en materia agraria puede extenderse a diversos actos procesales, como el ofrecimiento y desahogo de los medios de prueba, no debe pasarse por alto que esa tutela especial sólo opera una vez que es procedente el juicio, pero no entraña actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente." De ahí que, opuesto a lo que sostiene***, resultan inexistentes los actos reclamados, pues se insiste, es atinado que no acreditó la existencia de las negativas verbales de las responsables, en cuanto a tramitar y otorgar una pensión de viudez, y concederle servicios médicos, lo cual resultaba indispensable para que el juicio de amparo intentado fuera procedente, en caso de no advertirse diversa causa de improcedencia. No se soslaya el cúmulo de elementos probatorios allegados a los presentes autos; sin embargo, su contenido no es idóneo para demostrar que de conformidad con el artículo 53 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado3,*** solicitó por escrito ante el citado instituto la tramitación del otorgamiento de la pensión que pretende, ni que se presentó ante dicho instituto a tramitar tal pensión y, por ende que las autoridades responsables se hayan negado a atender la solicitud. Por tanto, dado que la quejosa no exhibió elemento de prueba idóneo con el cual acredite que solicitó ante el instituto de seguridad social antes mencionado la pensión que refiere, quien esto resuelve estima que el acto reclamado es inexistente, pues no puede existir una negativa u omisión por parte de las autoridades responsables de tramitar la pensión, si no existe el documento por el cual la quejosa solicitó se le otorgue, en términos del artículo 53 del reglamento antes citado, ni mucho menos constancias de que las autoridades se negaron a recibir tal solicitud. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." (Época: Novena Época Registro: 196080 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Junio de 1998 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Página: 53). 3 Artículo 53.- El trabajador o sus familiares derechohabientes que, en su caso, tengan derecho a una pensión en términos de lo previsto en el Reglamento, deberán presentar su solicitud al Instituto, en los términos y adjuntando los documentos que éste le indique. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 50 de la Ley, el Instituto no podrá requerir al trabajador o a sus familiares derechohabientes, según sea el caso, documentos o información que ya se encuentren en la base de datos a que se refiere el artículo 13 de dicha Ley. Anterior consideración que no ocasiona perjuicio alguno a la impetrante, en tanto en forma alguna le impide presentar de manera escrita la solicitud de otorgamiento de pensión de viudez que desea, ante la autoridad competente para resolver lo atinente, adjuntando la documentación necesaria para acreditar su derecho y, en caso de una real negativa u omisión en cuanto a resolver favorable a sus intereses, agotar los medios legales de defensa que resulten legalmente procedentes; habida cuenta que no se pierde de vista que a través del escrito de tres de septiembre de dos mil diecinueve, signado por ***, únicamente solicitó se suspendiera el pago a ***, como beneficiaria de la pensión otorgada 1440261. Sin que al efecto, la inexistencia de actos de que se trata, hubiera sido desvirtuada por la solicitante del amparo con alguna prueba, aun cuando se le dio vista con los informes justificados; habida cuenta que, por efecto del principio de distribución probatoria que rige en el juicio de amparo, es la parte quejosa la que debe asumir la carga probatoria en cuanto a la existencia del acto que afirma lesiona su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad de mismo. (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903.) Máxime que es la propia quejosa quien manifestó que no ha realizado trámite alguno relativo a la pensión por viudez ni por concubinato ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de estar en aptitud de acceder a los servicios de salud y atención médica cuya omisión reclama en esta instancia constitucional. En consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por cuanto hace a las autoridades y actos precisados en el presente considerando, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando. (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" Sustenta lo anterior, la tesis aislada IV.3o.72 K7 del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías."(Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Enero de 1994). QUINTO. Actos Ciertos. Las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal Guerrero, al rendir informes justificados en relación a los juicios de amparo 364/2020 y 423/2020, convino en la existencia de los actos reclamados precisados en los incisos "c)" y "d)", consistentes en el otorgamiento de pensión de viudez a *** y, su retención y/o suspensión de pago a su favor y del menor ***, a partir del mes de marzo de dos mil veinte; formulando además manifestaciones que se encuentran encaminadas a sostener su constitucionalidad; razón suficiente para tenerlos por ciertos y proceder a su análisis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Quinta Época, consultable en el Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La certeza de los citados actos impugnados se corrobora con las documentales que las autoridades responsables remitieron en copias certificadas junto con sus informes justificados, y las diversas recabadas por este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto en los artículos 75 y 121 de la Ley de Amparo, relativas al expediente pensionario 1440261 del extinto Miguel Ángel Galán Nájera; las cuales por ser públicas, tiene pleno valor probatorio que le confieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Robustece lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226 de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO."4. SEXTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, corresponde a este órgano jurisdiccional analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertirla, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar cualquiera de las que tornan inejercitable la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 323, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del tenor: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Tomo 80, Agosto de 1994, página 87). En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de tal forma que permite sobreseer en el juicio 4 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Época: Quinta Época. Registro: 394182. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN. Materia(s): Común. Tesis: 226. Página: 153. con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la misma Ley, por lo que toca al acto destacado como reclamados y precisado en el inciso "c)", consistentes en el otorgamiento de pensión de viudez a Ogilvia Sixtos Varona. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." En relación con dicha causal de improcedencia, cabe precisar que los plazos para promover el juicio de amparo, se encuentran previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Es pertinente destacar que el numeral 18 de la Ley de Amparo, establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo para presentar la demanda de amparo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador. Los medios para establecer que el afectado con un acto de autoridad se ha enterado de su existencia, son: 1) La notificación; 2) El conocimiento; y, 3) La confesión. En la primera hipótesis, es atinente a los casos en que debe existir notificación por parte de la autoridad, que denote, sin lugar a duda, que se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso, conforme a la ley del acto. En la segunda hipótesis, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir de la fecha en que se advierta que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. La tercera hipótesis entraña una confesión expresa por el afectado porque dice la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 115/2010, registro 163172, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Común, consultable en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de2011, Novena Época; de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Ahora, tocante al acto reclamado por la quejosa ****, consistentes en el otorgamiento de pensión de viudez a ***, se reitera que como quedó apuntado en el considerando cuarto que rige en esta sentencia, en el escrito de demanda manifestó bajo protesta de decir verdad que días posteriores al veintidós de septiembre de dos mil dieciocho, en que falleció Miguel Ángel Galán Nájera, se presentó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para reclamar los derechos y los beneficios que otorga por viudez, los cuales le fueron negados -a su decir- sin darle la explicación del porqué no podía recibir el apoyo del cual afirma tener derecho como concubina; y que tiempo después, por voz de una conocida del Instituto, se enteró que le negaron la pensión porque supuestamente *** se había apersonado como esposa de su concubino. Siendo que por ocurso de tres de septiembre de dos mil diecinueve, signado por Consepción Jiméndez Ramírez, se constata que ésta sostuvo que al asistir a consulta al Instituto, se llevó la sorpresa de que ya no era derechohabiente, debido a que Ogilvia Sixtos Varona, se ostentó como esposa de Miguel Ángel Galán Nájera, motivo que originó que solicitara se suspendiera el pago como beneficiaria que se le está realizando a ésta última, al enterarse que le fue otorgada la pensión 1440261. Entonces es inconcuso que el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, para promover su demanda de amparo contra ese acto transcurrió en exceso, ponderando que la quejosa ****tuvo conocimiento del acto reclamado desde el tres de septiembre de dos mil diecinueve, siendo que el libelo actio se presentó hasta el cinco de agosto de dos mil veinte. Es ilustrativa a lo anterior, por similitud jurídica, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, visible en la página 5, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 163172, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Debe tenerse presente que existe criterio integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de carácter obligatorio para este Órgano Jurisdiccional en términos del ordinal 217 de la Ley de Amparo, del que se desprende que el plazo que se tiene para presentar la demanda, específicamente, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de un fallo protector, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame, o bien, a partir del día en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo. En efecto, no debe perderse de vista que Consepción Jiméndez Ramírez tenía la obligación de promover su demanda en el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, toda vez que la parte quejosa no promovió su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en el otorgamiento de pensión a Ogilvia Sixtos Varona, es claro que lo consintió y, por ende, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Finalmente, resta decir que en efecto, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Conforme al principio pro persona (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales), es necesario resaltar que si bien es cierto, los artículos 1º, en relación con el 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, también lo es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Por ende, este Juzgador no puede resolver en sentido distinto a lo expuesto por el solo hecho de que a la parte quejosa se le reconozcan determinadas prerrogativas, tanto en la Constitucional Federal, como en la legislación internacional anteriormente identificada, pues de lo contrario, se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de las diversas partes involucradas en la controversia. Justifican la decisión precedente los criterios contenidos en las jurisprudencias que se citan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2007621 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 98/2014 (10a.) Página: 909 DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." "Época: Décima Época Registro: 2005917 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.) Página: 325 DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." SÉPTIMO. Causales de improcedencia Infundadas. Finalmente, el Jefe de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir informe justificado en representación de las autoridades responsables y en relación al juicio de amparo 423/2020, señala que han cesado los efectos del acto reclamado toda vez que la quejosa ***, de acuerdo a los antecedentes desde febrero de dos mil ocho, se encontraba divorciada del hoy finado generador del beneficio pensionario Miguel Ángel Galán Nájera. Las anteriores manifestaciones deben desestimarse, pues resulta contrario a la técnica del juicio de amparo, aludir una causal de sobreseimiento alegando razones que involucran el indefectiblemente un estudio de la materia de fondo. Resulta aplicable por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 135/2001, Visible en la página 5, tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Habida cuenta que en relación al acto reclamado por ***, por sí y en representación legal del menor ***., precisado en el inciso "d)", consistente en la retención y/o suspensión del pago por concepto de pensión por viudez y orfandad, a partir del mes de marzo de dos mil veinte; así como sus consecuencias; no se constata que hayan cesado sus efectos. En diverso contexto, no se soslaya que se invoque la causal de sobreseimiento establecida en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de la materia, la cual alude a la inexistencia de actos; empero, no es dable pronunciarse al respecto, en virtud del principio de economía procesal, toda vez que en el considerando quinte anterior, se concluyó que sí existe el referido acto de autoridad. Así pues, al no advertirse de oficio o haberse planteado otra causa de improcedencia que deba analizar este resolutor, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en cuanto al fondo. OCTAVO. Estudio. Los conceptos de violación que enseguida se analizan, se estiman fundados y suficientes para otorgar el amparo solicitado por ***, por sí y en representación legal del menor ***., al trasgredir en su perjuicio las exigencias que para la emisión de todo acto de autoridad requieren los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, aun cuando para concluir de tal forma, haya que suplir la deficiencia de la queja, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, toda vez que el interés jurídico de la quejosa tiene origen en la pensión por viudez y orfandad que le fue suspendida o cancelada, lo cual es acorde al criterio jurisprudencial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del contenido siguiente: Registro digital: 2008449 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: I.3o.A. J/1 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2394 Tipo: Jurisprudencia "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. OPERA EN FAVOR DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONFORME AL MARCO DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Norma Fundamental y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas. En ese sentido, el legislador reformó el juicio de amparo con la intención de convertirlo en un mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos del poder público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, para beneficiar notoriamente a determinados sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja o vulnerabilidad social. De ahí que el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que autoriza la suplencia de la queja deficiente en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio, opere respecto de jubilados y pensionados, derivado de la evidente desventaja económica y física que tienen para defenderse, por lo que no es dable otorgarles condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial, pues sería injusto darles el mismo trato que a quienes poseen recursos económicos suficientes para defenderse por sí mismos, ya que por la carencia de éstos o la imposibilidad física para trasladarse no pueden autodefenderse o pagar una defensa adecuada, tomando en consideración que las cantidades que reciben por concepto de jubilación o pensión, en muchas ocasiones no corresponden al salario que percibían cuando laboraban." Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo". En los numerales transcritos se dispone que ningún gobernado podrá ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y siempre y cuando el acto autoritario correspondiente que del mismo derive, sea emitido por autoridad competente, y además, la causa de proceder en el mismo se emita debidamente fundado y motivado. En efecto, conforme al primero de los numerales invocados, el derecho humano de audiencia se establece como un derecho subjetivo público, mediante el cual se permite a los gobernados ser oídos y vencidos en un juicio o procedimiento en que habrán de seguirse ciertas formalidades previa a la emisión del acto de molestia. En torno a dichas formalidades, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado como necesarias para garantizar la defensa adecuada de cualquier prerrogativa protegida por la Carta Magna, antes de la emisión del acto de privación, a fin de que los gobernados no queden en estado de indefensión, de forma genérica, las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 47/95, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del contenido siguiente: "Registro digital: 200234 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: P./J. 47/95 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 133 "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, el derecho humano de legalidad inmerso en el segundo de los dispositivos constitucionales referidos, implica que toda resolución dictada dentro de cualquier medio de defensa que establezca la ley, por cualesquier autoridad del país, debe invariablemente encontrarse fundada y motivada, de acuerdo a las leyes secundarias que prevean el procedimiento en que ésta ha de pronunciarse o emitirse, es decir, que rijan la situación específica en que se encuentren los particulares, ya frente a otros individuos o las propias autoridades; en la inteligencia de que la autoridad que la emita debe necesariamente ser competente para ello. En torno a dicho tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que conforme a lo ordenado por el referido precepto de la Carta Magna, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En apoyo de lo razonado, resulta ilustrativo el criterio de jurisprudencia de la citada Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del siguiente contenido: "Registro digital: 238212 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Tercera Parte, página 143 Tipo: Jurisprudencia "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Lo anterior, en el entendido de que la motivación de los actos autoritarios constituye una exigencia esencial para tratar de establecer sobre bases objetivas, la racionalidad y legalidad de los actos de autoridad, a fin de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la arbitrariedad de tales decisiones, que inciden en detrimento del gobernado, de manera tal que le permitan impugnarlas ante los órganos de control constitucional, para que sean éstos quienes determinen si se encuentran fundados o no los motivos de inconformidad aducidos por la parte quejosa. Del escrito de demanda de amparo, se advierte que ***, por sí y en representación legal del menor ***. sostiene que el veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho, le fue otorgada la pensión por viudez y orfandad por muerte del pensionado Miguel Ángel Galán Nájera, expidiéndose la concesión relativa, con derecho a cobro a partir del veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho; la que le fue depositada mes con mes hasta febrero de dos mil veinte, sin que existiera una razón o causa fundada para su suspensión o cancelación. La referida concesión de pensión, es del siguiente tenor: Ahora bien, la parte quejosa también sostiene que el diez de agosto de dos mil veinte, recibió el oficio DEG/SP/1140/2020 de esa misma data, suscrito por la autoridad responsable, en donde se le cita a comparecer en atención a dos peticiones de veinticuatro de agosto y veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, formuladas por ***en el que solicita la suspensión de la pensión de viudez; lo cual fue materializado sin que para ello existiera razón alguna, lo cual constituye el motivo de su reclamo en la presente instancia constitucional. Sin embargo, las señaladas como autoridades responsables, al rendir su informe justificado, sostuvieron que el motivo de la suspensión del pago de la pensión por viudez, tenía como respaldo la existencia del divorcio acaecido frente al pensionado Miguel Ángel Galán Nájera, y por lo cual inició el procedimiento de suspensión de dicha pensión. Ahora, cierto es que de las señaladas copias certificadas del expediente de apertura de otorgamiento de pensión a favor de ****, por sí y en representación de su menor hijo ***., se constata que la impetrante en mención fue citada nuevamente a las instalaciones de las autoridades responsables a las once horas del veinticuatro de agosto de dos mil veinte, a fin de otorgarle garantía de audiencia dentro del procedimiento administrativo que le fue instaurado; siendo que las consultas allegadas, no se advierte el resultado de dicha citación (no obstante ser de fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo); y menos aún si el procedimiento de que se trata fue terminado. Ahora, si bien el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo; y el Jefe del Departamento de Finanzas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajo no adujeron en qué forma es que se ordenó la retención y/o suspensión del pago por concepto de pensión por viudez y orfandad, a favor de ***, y del menor ***., a partir del mes de marzo de dos mil veinte; lo cierto también es que, el conocimiento de dicha circunstancia se puede inferir a partir de la atención a las dos peticiones de veinticuatro de agosto y veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, formuladas por ***en el que solicita la suspensión de la pensión. Siendo inconcuso que las mencionadas responsables no acreditaron la existencia de la culminación del "procedimiento de suspensión" al que hizo referencia en el oficio DEG/SP/1140/2020 de diez de agosto de dos mil veinte, y que podría traer consigo la emisión de la orden para dar de baja el pago de la pensión por viudez aludida que realizó conforme al oficio 1141/2020 de tres de marzo de dos mil veinte, del tenor siguiente: Bajo ese panorama, ya que no existe la culminación del procedimiento a través del cual se acredite que le fue otorgada la oportunidad a la aquí quejosa para deducir lo que a su interés convenga, y que además, no existe acto alguno que determine fundada y motivadamente la decisión asumida para suspender o dar de baja la pensión por viudez que motiva le presente juicio, entonces se considera que dicho acto trasgrede las exigencias que para la emisión de todo acto de autoridad requieren los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CONCLUSIÓN }En consecuencia, al resultar fundados los conceptos de violación que fueron materia de análisis en el presente estudio, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ***, por sí y en representación legal del menor ***bajo el término de los siguientes: EFECTOS Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el efecto de la protección constitucional es para que el Jefe del Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el Jefe del Departamento de Finanzas, ambos en la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realicen lo siguiente: a) En caso de que no puedan acreditar que ya pagaron a la quejosa la pensión por viudez y orfandad otorgada, procedan de inmediato a su pago en la forma y términos en que ella le fue otorgada; y b) Sólo para el caso de que la pensión reseñada, por los periodos aludidos ya la hubiera pagado a la quejosa, la presente concesión de amparo únicamente tendrá como efecto que acredite esa circunstancia con la documentación certificada correspondiente ante este Juzgado de Distrito. Lo anterior, en el entendido de que dichas autoridades responsables tienen expedito su derecho para que, de estimarlo conveniente, procedan en los términos legales que corresponda para el caso de resultar necesario culminar el procedimiento correspondiente a la eventual baja de la pensión por viudez que ocupa el presente asunto; pero cumpliendo con las prerrogativas constitucionales que se han distinguido como vulneradas en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado, y además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 61, 63, 73, 74, 75 y 76, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. En términos de lo expuesto en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, en contra de los actos que atribuyó al Delegado Estatal en Guerrero; al Jefe del Departamento de Atención Médica; y al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo; todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, por sí y en representación legal del menor ***contra el acto reclamado al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo; y al Jefe del Departamento de Finanzas, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajo, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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