Hilda Noemi Aguilar Guadarrama
Expediente 796/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Hilda Noemi Aguilar Guadarrama
- Viviana Salem Tapia Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con treinta minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 796/2023, promovido por ***** en representación de su menor hija de iniciales V.S.T.A., sin asistencia de las partes. Acto seguido, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados. Asimismo, se da cuenta con el escrito registrado con folio 17346, signado por la quejosa. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, agréguese el escrito a través del cual la parte quejosa formula diversas manifestaciones en vía de alegatos; acuérdese en el apartado respectivo. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: En el que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, las documentales exhibidas por la quejosa y las autoridades responsables. Con lo que se cierra el periodo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los de la quejosa en el escrito de cuenta, lo que de ser necesario, serán analizados el momento de dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda. Se cierra ese periodo. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. LA JUEZA (Firmado electrónicamente) LA SECRETARIA (Firmado electrónicamente) Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, mediante el cual señala nuevo domicilio procesal y autoriza a personas, revocando los señalados con anterioridad, asimismo solicita el acceso al expediente electrónico y proporciona correo electrónico y número telefónico. Al respecto, se tiene como nuevo domicilio para oí y recibir notificaciones el que indica en su escrito y por autorizadas a las personas que designa en los términos propuestos. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realicen con los usuarios que proporciona y se encuentren registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, toda vez que es la forma prevista por la Ley, para realizar las notificaciones de manera electrónica. Finalmente, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizan el correo electrónico y número telefónico que refiere únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Marcela Merari Silva Múgica, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con las constancias adjuntas al informe justificado rendido por las autoridades responsables, por lo que entre la fecha de notificación de ese informe a la parte quejosa, así como a la tercera interesada, y el día de hoy - señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas con treinta minutos del día cinco de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables, mediante el cual solicita prórroga para dar cumplimiento a lo requerido en auto de siete de septiembre del año en curso; lo anterior sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que las constancias requeridas se advierte que ya obran en autos, por tanto hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables Víctor Hugo Valencia Martínez Profesor de Nivel Primaria del Plantel CEDEX Benjamín Muñuzuri Aguayo y Myriam Razura Pastrana Titular de la Asignatura de Español de Secundaria en Área Inicial y Avanzada del Plantel CEDEX Benjamín Muñuzuri Aguayo, mediante el cual remiten las constancias requeridas en el presente juicio, con su contenido se ordena dar vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las documentales que remite la autoridad responsable, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Asimismo, de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte el acta de comparecencia voluntaria de veinte de febrero de dos mil veintitrés, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere nuevamente a las autoridades responsables en cita, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente auto, informe si sabe el trámite que se dio a la referida queja y en su caso, de tener constancias de ello, remita copia certificada relativas a la queja presentada por la aquí promovente ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Se les apercibe que de no cumplir el presente mandato, se le impondrá MULTA por el equivalente a CIEN veces la Unidad de Medida y Actualización diaria al momento en que se integra; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, concatenado con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que se proveyó únicamente respecto de las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda y en cuanto a las diversas pruebas, hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables, por tanto se provee como sigue: Al respecto, no ha lugar a tener por anunciadas la prueba testimonial y pericial psicológica, en razón de que resultan notoriamente improcedentes, pues no se advierte la relación entre el acto que reclaman y dichas pruebas. Por lo que hace a las testimoniales que ofrece a cargo de Cristóbal Antonio Anaya López, Meredith García Cruz y del menor de iniciales S.A.T.A., con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se desecha la referida probanza, en razón de que la parte oferente fue omisa en exhibir el interrogatorio por el cual deberían ser examinados los atestes que propone. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 55, junio de 2018, Tomo I, cuyo rubro dice: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).". Así también, en relación a la pericial en materia de psicología en virtud, la misma de que no guarda relación inmediata con el acto reclamado en este juicio, toda vez que el acto reclamado en esta contienda constitucional, se hace consistir en "Impedir el acceso a la educación de mi menor hija, al negar que regrese al centro de estudios, a que le califiquen sus trabajos ya realizados y aplicarle el examen ordinario como a los demás jóvenes que estudian al igual que ella."; por tanto, la probanza ante planteada no resulta idónea para el fin que su expresión procura, toda vez que los hechos que pretende acreditar con la citada prueba es materia de diversos hechos, los cuales no guardan relación con la litis fijada en el presente juicio de amparo. Aunado, a que la parte quejosa reclama en la presente instancia constitucional, "Impedir el acceso a la educación de mi menor hija, al negar que regrese al centro de estudios, a que le califiquen sus trabajos ya realizados y aplicarle el examen ordinario como a los demás jóvenes que estudian al igual que ella.", por lo que, no es necesaria la pericial en psicología, toda vez que, dicha circunstancia está implícita en las documentales que en su momento remita la autoridad responsable, por tanto, los medios probatorios que ofrezca, serán admisibles siempre y cuando se encuentren relacionados con la acreditación del acto que señala como reclamado, lo cual no acontece en la especie. En abundamiento, los artículos 75 y 93, fracción VII de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: I.- II.- III.- IV.- V.- VI.- VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquéllas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional." En efecto, la prueba testimonial y la pericial en psicología que ofrece, no guarda relación con la litis en el presente asunto, por lo que, atendiendo a lo establecido en los artículos 75 y 93, fracción VII de la Ley de Amparo, que contienen el principio de limitación de pruebas en el juicio de amparo, implica que únicamente se debe analizar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; de ahí que al considerarse que la prueba testimonial que ofrece, no guarda relación directa con la litis constitucional es decir, por lo que, a ningún fin practico conduciría admitirla en esta instancia constitucional. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 13/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE. EL JUEZ DE DISTRITO ESTA FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo, así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2° de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es pleno sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del Código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en ese punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez". Al igual que el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 163 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186 Sexta Parte, correspondiente a la Séptima Época que dice: "PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN DESECHARSE TODAS AQUELLAS QUE SEAN INCONDUCENTES. El artículo 150 de la Ley de Amparo establece que en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra el derecho; sin embargo, este precepto debe interpretarse tomando en cuenta el principio general de derecho que faculta al Juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas; por ello, si se pretende acreditar por medio de una inspección judicial un hecho que es materia de prueba documental, debe desecharse aquélla pues de no hacerlo así equivaldría a dar a los artículos 151 y 152 de la ley en comento una interpretación indebida y convertir al Juez de Distrito en un colaborador del oferente de la prueba." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
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