Hilda Muñoz Mendoza
Expediente 278/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 14/04/2023
Partes del expediente
- Hilda Muñoz Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. Sentencia definitiva causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días a las partes, que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción del expediente principal. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;..." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, primer tercero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Cuaderno incidental (negó provisional y definitiva) Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno único del presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del cuaderno correspondiente, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Ahora, tomando en consideración que durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad responsable Jueza Segunda Especializada en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, remitió un legajo de copias certificadas, con los cuales se formó un tomo identificado como anexo I, se ordena devolver el mismo. Lo anterior, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Se requieren constancias. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, no ha dado cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el que se le requirió lo siguiente: .en el plazo de tres días realice lo siguiente: Remita la videograbación de la entrevista realizada el seis de julio de dos mil veintidós a la menor .... Informe lo que proveyó respecto del convenio celebrado por las partes en audiencia del veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, ya que en esa actuación expresamente ordenó turnar los autos para acordar lo conducente. (.) Requerimiento. En consecuencia, requiérase nuevamente a la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, para que en el plazo de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, cumpla los requerimientos precisados en el párrafo que antecede. Se apercibe a la aludida autoridad que, de no dar cumplimiento a lo requerido en el presente acuerdo en el plazo señalado, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Perita oficial informa. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la perita oficial, *** mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de veintiocho de febrero pasado, informa la imposibilidad en que se encuentra para atender el requerimiento contenido en el oficio *** pues alude que no se le adjuntó el citado comunicado. Al respecto, tomando en consideración lo manifestado por dicha experta, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena reexpedir el referido oficio *** al cual se le deberá anexar el similar **** para los efectos legales conducentes. Finalmente, se hace del conocimiento de la experta oficial que subsisten los requerimientos y apercibimientos decretados, para el caso de incumplimiento de su parte. Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de marzo de dos mil veintitrés. Gestiones de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio del Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, mediante el cual, entre otras cuestiones, informa que se encuentra supeditado a que las autoridades responsables realicen el trámite correspondiente para la emisión del título ejecutivo de crédito (cheque) en favor de la parte aquí quejosa. Se requiere cumplimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, es procedente requerir el cumplimiento al fallo protector, el cual se concedió para los siguientes efectos: "VIII. DECISIÓN (.) 92. Por otra parte, al tenor de las consideraciones expuestas, se concluye que para determinar la baja del cargo público que desempeñaba la quejosa como Policía "A" adscrita a la Dirección de Operaciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, no se tramitó y resolvió previamente un procedimiento administrativo, por lo que lo procedente es calificar de injustificada la separación y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de reparar de manera integral el derecho violado. 93. En atención a lo anterior, las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán proceder en los términos que enseguida se indican: a) Que realicen las gestiones necesarias para que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de Policía "A", la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable. En este sentido, cabe señalar que no debe excluirse la posibilidad de que, dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización para este tipo de casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) De igual forma, deberá procederse a la realización del pago correspondiente de las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionaria por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. c) La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la solicitante de la protección constitucional deberá continuar o, en su caso, reanudarle los servicios de salud que le correspondían, así como a sus coasegurados, hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley corresponda. d) En consecuencia, las autoridades responsables, por conducto del área administrativa competente, deberán demostrar que se han cubierto las cuotas y aportaciones que correspondan a la institución que otorga el aludido servicio de salud en beneficio de la quejosa, hasta el día de su liquidación total. e) Por su parte, dicha institución de salud deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor de la peticionaria de amparo como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que se realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. f) Finalmente, se deberá ordenar la anotación en el expediente personal de la promovente, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo." Por tanto, con copia del oficio de cuenta, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo legal de tres días, contado a partir de la notificación del presente auto, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir, soliciten y envíen al Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración del Estado de Puebla, las constancias necesarias a fin de que se otorgue a la parte quejosa el título ejecutivo de crédito correspondiente (cheque). Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Notifíquese.
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