Hilda Montaño Rodríguez

Expediente 310/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 36 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
310/2020
Año
2020
Actuaciones
36
Última actuación
17/11/2022

Partes del expediente

  • Hilda Montaño Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió la prórroga de diez días hábiles otorgada mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós a la autoridad responsable Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, para efecto de que cumpliera con el fallo protector concedido a la parte quejosa, sin que a la fecha haya dado cumplimiento, no obstante encontrarse debidamente notificada para ello. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Norma Isaura Huerta Monges, en su carácter de Jefa de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa. En el entendido de que deberá remitir las constancias certificadas relativas a efecto de correrle traslado a las partes, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se hará acreedora, a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, conforme al artículo 193 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad judicial correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que 23/02/23 23:15:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0b.88 KARLA ELENA VILLA LUCERO conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Finalmente, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita las constancias relativas, a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, de conformidad con el artículo 251, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Baja California del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado, con sede en Mexicali, mismo que se encuentra dirigido al juicio de amparo 310/2022. Sin embargo, atendiendo a que de los demás datos del escrito que se atiende, se identifica que corresponde al juicio de amparo 310/2020; en consecuencia, se subsana el error y acuérdese lo que en derecho corresponda en el presente asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, marzo de 2004, página 264, de rubro y texto siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Los ordenamientos civiles tanto adjetivos como sustantivos no establecen como obligación de las partes citar el número de expediente al que se dirigen las promociones, y si bien existe necesidad por parte del órgano jurisdiccional de identificar dicho expediente, lo cierto es que para ello no resulta indispensable que se cite su número, pues para ese efecto puede atenderse a los demás datos que se indican en tales promociones, los cuales se encuentran registrados en los libros que llevan los órganos jurisdiccionales. Asimismo cuando se trate de un error meramente formal en cualquier otra referencia de identificación contenida en una promoción que impidan el conocimiento exacto del expediente al que la misma va dirigida, el juzgador a efecto de subsanar el error, debe atender a los demás datos que se indiquen en dicha promoción, y que relacionados con la información que el órgano jurisdiccional tiene en sus registros, sea posible identificar plenamente el asunto al que corresponden." Ahora bien, se tiene a la citada autoridad informando que el treinta y uno de octubre del presente año, recibió el oficio 33000/2022, de lo que se toma nota efectos legales conducentes

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha no obra en autos el acuse de recibo del oficio 33000/2022, dirigido a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Mexicali, mediante el cual se le concedió una prórroga de diez días hábiles, contada a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, para que diera cabal cumplimiento al fallo protector y remitiera copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones procesales, requiérase vía estafeta a la citada autoridad, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que tenga conocimiento de este proveído, informe a este juzgado de Distrito, si recibió el oficio en cita, y en su caso, la fecha en que así fue. En el entendido de que podrá remitir la información vía correo electrónico institucional 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándole que haga referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número de oficio que se les remitió para una mejor identificación del mismo. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar el impedimento legal que tuviera para ello, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo.

Quedan 32 actuaciones en este expediente

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