Hilda Mirella Rodriguez Berzunza

Expediente 1364/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1364/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Hilda Mirella Rodriguez Berzunza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se desprende que no se interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término que establece el numeral 98 de dicha legislación, contra el proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 8 a 13), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Hilda Mirella Rodríguez Berzunza, en representación de la menor Anahí Espinoza Rodríguez, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes. ANOTACIONES. Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece: El juicio es destruible, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo. El presente expediente carece de relevancia documental. Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su destrucción En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que es destruible, y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo y anexo promovida por ***********************, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco; regístrese en el libro de gobierno bajo el índice 1364/2018-III-9 y fórmese expediente. D E S E C H A M I E N T O De conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, emitido en los autos del juicio de pensión alimenticia 548/2012 de su índice, en el que se le niega la ejecución provisional de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio. Precisado lo anterior, se considera que respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita, se encuentra motivado por el hecho de que el impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. En ese orden, resulta importante traer a contexto el contenido de los artículos 352 y 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, que estatuyen: "Artículo 352.- Resoluciones apelables Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y III.- Las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en los juicios de la competencia de los juzgados de paz, con excepción de las que se dicten en los juicios del registro extemporáneo de actas del estado civil, en los términos previstos en el artículo 481 Bis 2 de este Código" "Artículo 347.- Procedencia En ningún caso las sentencias podrán ser sujetas al recurso de reconsideración. Los autos que no fueren apelables y los decretos podrán ser impugnados a través del recurso de reconsideración, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles." De la lectura de los anteriores preceptos legales, se desprende que las resoluciones jurisdiccionales son impugnables únicamente en los términos y en los casos que prevé el ordenamiento legal en comento; asimismo, que se otorgan al gobernado medios de impugnación ordinarios para combatir las determinaciones judiciales. Asimismo, se advierte que es procedente el recurso de apelación, cuando la ley expresamente lo disponga y en caso de no señalarlo, por exclusión, procederá la reconsideración. En ese sentido, si en el caso concreto la impetrante acude a esta instancia constitucional doliéndose del acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Centro, Tabasco, emitido en los autos del juicio de pensión alimenticia 548/2012 de su índice, en el que se le niega la ejecución provisional de la sentencia definitiva dictada en dicho juicio; es incuestionable que, en términos del artículo 347 de la legislación procesal civil del Estado de Tabasco, estaba obligada a agotar, previamente a intentar el juicio de amparo, el recurso de reconsideración a que alude el citado numeral, a través del cual puede modificarse o revocarse el acto que pretenden combatir para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo; máxime que como más adelante se verá, no se está en ninguno de los supuestos de excepción a ese principio, en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En ese contexto, resulta evidente que la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento o que el acto importe peligro de privación de la vida, deportación de destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, porque el acto reclamado no es privativo de la libertad personal, ni se trata del auto de vinculación a proceso. Sin que obste a lo anterior de que el acto reclamado pueda ser de imposible reparación y que esté involucrado un menor, pues aun así, se debe agotar el principio de definitividad, acorde a la naturaleza y fin de dicho principio rector del juicio de amparo. Son aplicables las jurisprudencias siguientes: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se estudia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de derechos fundamentales, elevado a rango de derecho constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para recibir notificaciones, el que señala en su escrito inicial de demanda, y con fundamento en los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, se tiene a Roque Jahaziel Cruz Román, Yeily Karina Aguilar Becerra, Marcos López Suarez, Jorge Alberto Canto Hernández, María Fernanda de la Cruz Calderón y Ángel Reymundo Santiago, por autorizados en términos amplios del numeral citado en primer término, ello por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, atento a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CON APOYO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ESTRADOS, EL AUTO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE 2018...

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