Hilda Martha Gonzalez Casas
Expediente 579/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Hilda Martha Gonzalez Casas
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO AUTO QUE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO Y SE ORDENA ARCHIVO...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO HILDA MARTHA GONZÁLEZ CASAS, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente dice: "PERSONERÍA Se tiene por recibido el escrito presentado por Hilda Martha González Casas, por su propio derecho. FORMACIÓN Y REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 579/2018, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En primer lugar, precisa destacar que la quejosa reclama lo siguiente: De la Comisión Nación para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Subdelegación Sonora: "La ilegal determinación de declarar de oficio el rechazo mi reclamación y queja, por considerarla improcedente, por parte de la COMISIÓN NACIÓNAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SUBDELEGACIÓN SONORA, en mi contra, mediante acuerdo infundado de fecha 27 de marzo del presente año 2018, el cual fue notificado a la suscrita mediante correo electrónico el día 06 de abril del año en curso, a las 16:50:47 horas, dicho acuerdo es infundado toda vez que carece de la debida fundamentación y motivación, como se hará ver más adelante en el presente escrito, además realiza una indebida interpretación del artículo 65 de la Ley de Protección y Defensa al Usuarios de Servicios Financieros." El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese aspecto, se estima que en la especie resulta procedente desechar la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En concordancia con lo anterior, se debe puntualizar que el artículo 103, fracción I, de la Constitución establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Del precepto transcrito se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En torno a este tema, y acorde con lo dispuesto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", consideró que es autoridad para efectos del juicio de amparo un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular y que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; asimismo, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. De lo antes expuesto, se pueden advertir como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (particular) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atenderse a la norma legal para examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades que dispongan de ella. Al respecto, es ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Novena Época, febrero de 1997, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". En la especie, el acto reclamado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Subdelegación Sonora, con sede en esta ciudad, consiste en la resolución emitida el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, y notificada vía correo electrónico el seis de abril del año en curso, con relación al escrito de reclamación de veintiséis de marzo de la presente anualidad, en la que se informó a la quejosa que se rechazó dicha reclamación, en virtud de que el plazo para presentarla le precluyó. Destacado lo anterior, se estima que la determinación reclamada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que no crea, modifica o extingue situaciones jurídicas sobre la esfera legal de la amparista. Para mejor comprensión del asunto, es oportuno transcribir los artículos 5, 11, fracciones III y IV, 59 Bis 1, 60 y 68, fracción VII, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que dice: "Artículo 5o. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios. (.)". "Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para: (.) III. Llevar a cabo el procedimiento conciliatorio entre el Usuario y la Institución Financiera en los términos previstos en esta Ley, así como entre una Institución Financiera y varios Usuarios, exclusivamente en los casos en que éstos hayan contratado un mismo producto o servicio, mediante la celebración de un solo contrato, para lo cual dichos Usuarios deberán apegarse a lo establecido en el último párrafo del artículo 63 de esta Ley, así como emitir dictámenes de conformidad con la misma. IV. Actuar como árbitro en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho, de conformidad con esta Ley y con los convenios arbitrales celebrados entre las partes en conflicto, así como llevar a cabo las acciones necesarias para la organización, funcionamiento y promoción del Sistema Arbitral en Materia Financiera, en los términos previstos en esta Ley, y mantener un padrón de árbitros independientes; (.)" "Artículo 59 Bis 1.- La Comisión Nacional podrá realizar todas las acciones necesarias para tratar de resolver las controversias que se le plantean, antes de iniciar con los Procedimientos previstos en el Título Quinto de esta Ley, para lo cual gestionará ante las Instituciones Financieras los asuntos de los usuarios, usando para ello cualquier medio de comunicación y proponiendo soluciones concretas a fin de lograr un arreglo pronto entre las partes." "Artículo 60. La Comisión Nacional está facultada para actuar como conciliador entre las Instituciones Financieras y los Usuarios, con el objeto de proteger los intereses de estos últimos. Tratándose de diferencias que surjan respecto al cumplimiento de fideicomisos, la Comisión Nacional sólo conocerá de las reclamaciones que presenten los fideicomitentes o fideicomisarios en contra de los fiduciarios". "Artículo 68. La Comisión Nacional deberá agotar el procedimiento de conciliación, conforme a las siguientes reglas: (.) VII. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, para tal efecto, el conciliador deberá formular propuestas de solución y procurar que la audiencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Si las partes no llegan a un arreglo, el conciliador deberá consultar el Registro de Ofertas Públicas del Sistema Arbitral en Materia Financiera, previsto en esta misma Ley, a efecto de informar a las mismas que la controversia se podrá resolver mediante el arbitraje de esa Comisión Nacional, para lo cual las invitará a que, de común acuerdo y voluntariamente, designen como árbitro para resolver sus intereses a la propia Comisión Nacional, quedando a elección de las mismas, que sea en amigable composición o de estricto derecho. Para el caso de la celebración del convenio arbitral correspondiente, a elección del Usuario la audiencia respectiva podrá diferirse para el solo efecto de que el Usuario desee asesorarse de un representante legal. El convenio arbitral correspondiente se hará constar en el acta que al efecto firmen las partes ante la Comisión Nacional. En caso que las partes no se sometan al arbitraje de la Comisión Nacional se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que proceda. (.)". De la transcripción anterior se advierte que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros Subdelegación Sonora, está facultada para actuar como conciliador en amigable composición o en juicio arbitral de estricto derecho, así como para emitir dictámenes técnicos de conformidad con dicha ley. Que dicha Comisión podrá realizar todas las acciones necesarias para tratar de resolver las controversias que se le plantean, antes de iniciar con el procedimiento conciliatorio. Que en el procedimiento de conciliación, citará a las partes a una audiencia en donde los exhortará a conciliar sus intereses, formulando para tal efecto propuestas de solución, cuya adopción queda sujeta, en todo caso, a la voluntad de las partes, quienes pueden aceptar o rechazar las propuestas del conciliador. De no llegar a un arreglo, los invitará para que, de común acuerdo, designen un árbitro para resolver la controversia, el cual puede ser de la propia comisión o alguno que ésta proponga, lo que implica que la solución del litigio depende, finalmente, de la voluntad de las partes. En caso de que las partes decidan no someterse al arbitraje, se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes o en la vía que corresponda. Lo anterior pone de manifiesto que dicho procedimiento fue creado como un medio institucional de prevención de conflictos, pues las funciones de conciliación no prejuzgan en cuanto al fondo de las cuestiones planteadas, dado que el derecho de los usuarios y de las instituciones financieras permanece intacto y expedito para accionarlo ante las instancias judiciales. En la especie, se considera que el acto consistente en la resolución emitida el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho; y, notificada vía correo electrónico el seis de abril de la presente anualidad, con relación al escrito de reclamación de veintiséis de marzo de este año, en la que se informó a la quejosa que rechazó dicha reclamación, toda vez que le feneció el plazo que la ley reglamentaria prevé para su presentación, acto que en esta instancia constitucional se reclama, se encuentra desprovisto de los atributos que definen al acto de autoridad, debido a que no está desarrollando tareas propias del Estado actuando frente a los gobernados a través de actos unilaterales e imperativos que afecten derechos o impongan obligaciones mediante la creación, modificación o extinción de tales derechos, ya que la citada resolución no afecta de manera unilateral la esfera jurídica de la quejosa, ni se impuso sobre su voluntad; de ahí que contrariamente a lo que se afirma, el hecho de que la Comisión Nacional le haya informado que resultó improcedente el recurso de reclamación, de ninguna manera modifica, restringe o altera los derechos de la quejosa, toda vez que quedan a salvo de las partes para hacerlos valer ante los tribunales competentes en la vía que proceda. En efecto, tal actuación, no le impone obligación alguna ni le modifica o extingue derechos, al carecer de imperio y coercitividad su determinación; ya que con ello, únicamente se le informó la improcedencia de un recurso de reclamación ante esa instancia arbitral, mas no implica, que haya determinado que no le asiste el derecho respecto de lo reclamado, ya que ello será materia del juicio que, en su caso, promueva el usuario. Encuentra apoyo lo anterior por las razones que sustancialmente la informan, la jurisprudencia 2ª./J.146/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN VII, 68 BIS Y 68 BIS 1 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO ORGANISMO, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos citados establecen que la Comisión Nacional podrá emitir un dictamen técnico -en los casos en que resulte procedente- cuando, agotada la conciliación, las partes no se sometan al arbitraje. Ahora bien, dicho dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación, pues la facultad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio, además, porque de las aludidas disposiciones legales se advierte que aquél es sólo una opinión técnico-jurídica desprovista de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través de ésta la Comisión no desarrolla tareas propias del Estado frente a los gobernados que afecten derechos e impongan obligaciones, esto es, se trata de una prueba preconstituida que puede aportarse a juicio, quedando sujeta a las reglas propias de la valoración de pruebas y que no determina por sí sola la procedencia de lo reclamado; de ahí que el acuerdo que declara improcedente su emisión no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto". Por tanto, se considera que lo controvertido a esta institución no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues como se evidenció anteriormente, no se cumple con la tercer nota distintiva anotada en párrafos precedentes, esto es, que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Sin que se considere necesario abordar el análisis de las restantes distinciones, dado que aun cuando resultaran actualizadas, no cambiaría el sentido de esta determinación, ya que éstas se deben dar en su totalidad. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya esta conclusión, la tesis I.13o.A.4 K sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, del mes de Agosto de dos mil uno, página mil trescientos dieciocho, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Simón Bley número 50, entre Campeche y Quintana Roo, de la colonia Olivares en esta ciudad. Asimismo, se autorizan en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Andrés Herrera Vásquez, Ramón Urquijo García y Baltazar Soto Durán, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del precepto legal citado, a Anahí Blanco Esquer, hasta en tanto acredite contar con cédula profesional registrada ante el referido Sistema Computarizado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal y, en su caso, el emplazamiento a la parte tercero interesada, aún en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes..."
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