Hilda Maribel Mora Rodríguez

Expediente 982/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
982/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Hilda Maribel Mora Rodríguez
  • Legislatura del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, este juzgador advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto al reclamo de los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, al haberse promovido la demanda que dio origen a este juicio fuera del plazo que ley contempla para ello. La disposición legal que prevé la causa de improcedencia invocada, dispone literalmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" Por su parte, los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." Como se desprende el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan para tal efecto. Pues, el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Los cuales se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Se exceptúa de lo anterior, cuando se reclame una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; actos que causen perjuicio a los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; cuando importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de un procedimiento penal o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ahora bien, respecto de las normas que se reclaman con motivo de su aplicación, debe señalarse que el acto de aplicación de una ley o de los dispositivos que la integran, cuya constitucionalidad pretende controvertirse a través del juicio de amparo, puede consistir un acto dirigido en forma concreta y especifica hacia el peticionario de amparo, o bien, en una diversa disposición de observancia general. De las disposiciones señaladas y de lo establecido en el artículo 107, inciso a), de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo indirecto contra leyes, puede promoverse cuando se reclamen leyes generales, entre ellas, las leyes de los Estados, por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación que cause perjuicio al quejoso, esta última hipótesis, es la que se actualiza en el presente caso, por lo que el quejoso debió acudir a esta instancia constitucional, dentro del término de quince días que establece el citado artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, los cuales de conformidad con el diverso 22 de la citada Ley de Amparo, corrieron a partir del día siguiente hábil, de la fecha del primer acto concreto de aplicación, de lo contrario resulta improcedente en términos de lo dispuesto en dicho numeral, en relación con lo dispuesto en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo. En esos términos, cuando se señala como acto reclamado uno de aplicación de una Ley, reclamando también la inconstitucionalidad de ésta, como en el caso, no debe desvincularse el estudio de la ley del que concierne a su acto de aplicación. De ahí, que tratándose de juicios de amparo en que se reclame la inconstitucionalidad de una Ley con motivo de un acto de aplicación, se debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de amparo la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 346 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en las páginas 400 y 401, tomo I, materia constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que literalmente dispone: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Igualmente es aplicable al caso, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 3, página 61, Tomo I, Materia Constitucional, Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, actualización 2001, del siguiente tenor literal: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.- Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." También es necesario destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el primer acto de aplicación de una disposición de observancia general que permite impugnar su constitucionalidad a través del juicio de amparo debe trascender a la esfera jurídica del gobernado, y a la vez generar un perjuicio que se traduzca en cualquier afectación a su patrimonio jurídico. Ahora bien, la parte quejosa promueve el presente juicio de amparo, manifestando que en los recibos con número de operación 2017/1583925 y 2019/1583946 (fojas 12 y 13), expedidos el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, derivado de la escritura pública 40,584, pasada ante la fe del Notario Titular de la Notaria Pública Número veinte de la demarcación notarial de Querétaro, se le aplicaron las disposiciones jurídicas que reclama; ello, con la finalidad de acreditar el acto de aplicación de las disposiciones legales que reclama. Sin embargo respecto al tema se debe señalar lo que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos en revisión 1167/2015, 1168/2015, 1169/2015, 1196/2015 y 945/2018, en la parte que interesa estableció lo siguiente: "(.) Esta conclusión implica que el plazo para impugnar ese acto de aplicación de la norma general respectiva, necesariamente inicia desde que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial en la cual se concreta aquélla y, de no promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al día en el que por su propia voluntad se colocó en el supuesto de esa normativa, se deberá estimar que decidió no impugnarla a través de dicho medio de control constitucional y, por ende, si posteriormente pretende controvertirla, con motivo del acto de aplicación que él decidió realizar, el juicio resultará extemporáneo, pues el plazo de quince días necesariamente habrá comenzado desde el momento en el que decidió cumplir con la obligación tributaria que le genera la respectiva afectación patrimonial. Dicho en otras palabras, aun cuando los quejosos pretendieran ostentarse sabedores del acto de aplicación en un momento posterior, lo cierto es que tuvieron conocimiento pleno de la afectación patrimonial que les causó perjuicio desde el momento en el que realizó el pago respectivo, máxime que fue su voluntad la que determinó llevarlo a cabo en ese preciso momento y no en uno diverso dentro del margen legal para cumplir con la respectiva obligación tributaria. (.) Es decir, si una norma general se controvierte en amparo con motivo de su acto de aplicación realizado por un tercero, la procedencia del juicio estará condicionada a que la demanda se haya presentado en tiempo en relación de ese acto el cual, tratándose de normas que regulan los elementos de un tributo, exige analizar si el pago correspondiente se realiza por aquél con recursos que tiene a su disposición, tradicionalmente cuando se trata de una retención que se lleva a cabo con motivo de la deuda que el tercero tiene con el contribuyente; o bien si los recursos respectivos se encuentran bajo el resguardo del contribuyente y con motivo de la realización del o de los hechos generadores debe entregarlos por concepto del tributo respectivo a un tercero que en auxilio de la administración lo recauda y lo entera a la hacienda pública. (.) En ese orden de ideas, si el contribuyente pretende impugnar una norma general con motivo de su aplicación generada por un tercero en auxilio de la administración, es necesario que el amparo se promueva dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél al en que tuvo conocimiento pleno del acto en el cual se dio la respectiva afectación patrimonial, atendiendo a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que si en la denominada "retención" realizada por el notario público concurre la voluntad del contribuyente, en cuanto a decidir el momento en el que entrega los recursos que tiene a su disposición, resulta indudable que éste tuvo noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decidió entregar el monto correspondiente y, por ende, el plazo de quince días para acudir al amparo con motivo de ese acto, con el objeto de controvertir las normas generales que se pudieron concretar en aquél, inicia al día siguiente al en que entregó el monto del tributo al notario público. En efecto, al realizar el contribuyente -en un plano de coordinación- el pago de los tributos respectivos, es decir, al llevar a cabo las erogaciones correspondientes con base en recursos que se encuentran a su disposición, de ello se sigue que se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración como retenedor o recaudador, hace de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación patrimonial respectiva, en la inteligencia de que al provenir los recursos de su patrimonio, es indudable que al momento de realizar el entero de los tributos respectivos al referido tercero, tuvo conocimiento pleno de la existencia de esa afectación patrimonial, por lo que si considera que la fuente legal de dicha afectación es inconstitucional, a partir de ese momento inicia el cómputo del plazo de quince días para controvertir en amparo la validez del sustento normativo de dicha afectación. Sostener lo contrario implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el plazo establecido por el legislador para controvertir mediante el juicio de amparo la constitucionalidad de las leyes que son aplicadas a partir de un pago realizado con recursos que se encuentran a su disposición, sin necesidad de un acto proveniente de una autoridad, en tanto que a pesar de que la afectación patrimonial respectiva tendrá lugar cuando concurra la voluntad del contribuyente que erogará el tributo respectivo, el plazo para la impugnación de la normativa que rija esa prestación patrimonial no comenzaría a partir de que conoce a plenitud esa afectación, sino sólo desde el momento en el que decida conocer la fuente jurídica de su obligación, aun cuando pudo optar por no sufrir el impacto patrimonial respectivo en tanto no tuviera noticia plena de esa fuente normativa. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la circunstancia de que en el documento en el que conste el referido acto de retención o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se hubieren citado las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que los quejosos tienen de la afectación patrimonial que se les causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello, decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo lugar, porque la participación del notario público que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, de donde sigue que este último no impone su voluntad al contribuyente. (.)" Criterio que se encuentra reflejado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el catorce de junio de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro 2020056, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente." De lo anterior se permite concluir que el momento en el que inicia el cómputo del plazo para impugnar en amparo el acto de aplicación de la normativa tributaria que regula el pago de una o más contribuciones, por conducto de un tercero auxiliar de la hacienda pública, es cuando el contribuyente decide, dentro del margen legal para ello, erogar los recursos respectivos y, por ende, tiene noticia plena de la respectiva afectación patrimonial. Es decir, cuando acude al amparo en virtud de la retención efectuada por el Notario, lo que implica que el plazo para impugnar ese acto de aplicación de la norma general respectiva, necesariamente inicia desde que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial en la cual se concreta aquélla, momento en que realiza el pago respectivo, con recursos que tiene a su disposición. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que en el documento expedido a favor de la parte quejosa, en el que conste el referido acto de retención o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se hubieren citado las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, ya que ese aspecto no modifica el conocimiento cierto que la parte quejosa tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello, decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo lugar, porque la participación del notario público que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, por lo que la parte quejosa se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración como retenedor o recaudador, hace de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación patrimonial respectiva. Así tenemos que de la prueba de informes rendida por el Notario Titular de la Notaria Pública Número veinte de la Demarcación Notarial de Querétaro (foja 113), se desprende lo siguiente: Que el veintidós y treinta de mayo de dos mil diecisiete, retuvo al quejoso los recursos para cubrir el pago de derechos registrales generado con motivo d los actos jurídicos descritos en la escritura 40,584 (compraventa de inmuebles y constitución de garantías reales sobre inmuebles). De lo anterior se observa de forma clara, tajante y precisa que en la primer fecha citada el quejoso le entregó al Notario un pago por concepto de impuestos y derechos derivados de los actos jurídicos celebrados en la escritura pública 40,584; por tanto, se estima que esta fecha debe prevalecer como aquella en que tuvo conocimiento del acto reclamado respecto de los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. En este orden de ideas, la demanda de amparo; fue promovida fuera de los quince días que para tal efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, conforme a la siguiente tabla: Fecha de conocimiento del acto reclamado El plazo de quince días transcurrió Días inhábiles Fecha de presentación de la demanda 22 de mayo de 2017 23 de mayo al 12 de junio de 2017 27 y 28 de mayo, así como 3, 4, 10 y 11 de junio de 2017 18 de julio de 2017 Aunado a que correspondía la carga de la prueba a la parte quejosa, en relación a la fecha de conocimiento del acto reclamado que manifestó, lo que no se satisfizo de manera fehaciente con las documentales que aportó; pues contrario a ello, se estima que con la prueba de informes del Notario de referencia, se advierte que debe tenerse como fecha de conocimiento del acto reclamado aquella data en que se retuvo a la quejosa las cantidades por todos y cada uno de los impuestos y derechos a erogar con motivo de las operaciones que indica (afectación patrimonial), al no existir medio de prueba que destruya la información proporcionada por el aludido fedatario, quien tiene fe pública en el desempeño de sus funciones. De ahí que, al no estar en alguna de las hipótesis de excepción que prevé dicho numeral, se concluye que el presente juicio de amparo que en contra de tales normas se promueve, resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, respecto del reclamo de los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro; así como los actos de aplicación de los mismos, con motivo de la retención que realizó el Notario respectivo, respecto a las contribuciones generadas por el acto jurídico consignado en la escritura pública 40,584, de la que derivó el recibo con números de operación 2017/1583925 y 2019/1583946, expedidos por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Por lo anterior, resulta innecesario el estudio de las diversas causales de improcedencia que hizo valer el delegado de la autoridad responsable: Gobernador del Estado de Querétaro, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia analizada en líneas precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 414, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En ese orden de ideas, es menester mencionar que al haberse actualizado la causa de improcedencia antes mencionada (demanda extemporánea) en el caso no opera la suplencia de la queja en favor de la parte quejosa, a que se refiere la fracción I, del artículo 79 de la Ley de Amparo, pese a que el acto de aplicación que reclama se funde en los artículos 90, 97 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que han sido considerados inconstitucionales por la jurisprudencia temática de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo anterior atento a las consideraciones sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/2004 y de la que se advierte lo siguiente: "En efecto, debe precisarse que la suplencia de la queja deficiente nació con la reforma legislativa de los artículos 107 y 76 de la Ley de Amparo, publicada el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno. En los procesos legislativos que dieron origen a esa reforma, se estableció: [.] ´Artículo 107 de la Constitución Federal. [.] Segundo. Respetar, en absoluto, el campo actual de procedencia del juicio de amparo, preciada institución mexicana que tan eficazmente ha servido para garantizar a los gobernados el respeto a su vida, a su libertad y a su honra y el pleno ejercicio de sus derechos individuales públicos frente a cualquiera posible extralimitación de los gobernantes. El profundo respeto que me inspira el juicio de amparo determina que las reformas que inicio dejen intacta su actual estructura íntima, por lo cual no se adoptan limitaciones a su esfera de procedencia. No se escapa al Ejecutivo, el hecho del abuso frecuente de nuestro juicio de garantías; pero las medidas eficaces para contener ese abuso no pueden adoptarse, como lo demuestra la experiencia, sino a costa de imponer fundamentales restricciones que redundan en agravio de quienes ejercitan ilícitamente la acción de amparo, pues en el mayor número de casos no es posible descubrir el abuso de la acción sino hasta el momento en que la sentencia es pronunciada, por lo que cualquier reforma tendría que conducir a un peligroso sistema de desechamiento de demandas. De todas maneras, la ley ordinaria debe, a nuestro juicio, contener enérgicas sanciones para aquellos inescrupulosos quejosos o litigantes que presenten demandas de amparo o instancias en que se oculte maliciosamente la verdad o fundadas en la relación de hechos, pruebas o documentos falsos. [.]" "Discusión en la Cámara de Origen. El C. García Rojas Gabriel: señores diputados ... Y entre todos los amparos, la iniciativa reconoce el amparo contra leyes con un valor especial, como que le da un subrayado, como que lo coloca en un peralte muy merecido; el amparo contra la ley es el supremo de los amparos, señores diputados porque la ley anticonstitucional es el mayor desorden constitucional que puede haber en un país, porque un acto que va contra la Constitución altera el orden de la persona herida, que va contra la ley para demostrar que la ley es inconstitucional, es un amparo que tiende a demostrar que las instituciones jurídicas, abstractas, creadas por la ley, están en pugna con la Constitución; es una organización que no fue querida por el Constituyente, es una organización que es un tumor dentro de la organización jurídica y política de un pueblo. Por eso el rey de los amparos es el amparo contra las leyes inconstitucionales y es donde mejor se ve la función política del amparo, porque en los amparos contra las leyes quedan enjuiciadas las autoridades de las cuales emana la ley; y si es cierto que las declaraciones de la sentencia es en favor de la persona que lo reclama, pero ya está puesto el togal, el valladar ante el desbordamiento del poder, y está incitando a la sentencia del amparo a la autoridad que la expidió para que la derogue, para que mande que no se aplique o para que definitivamente no se aplique nunca." "Dictamen Cámara Revisora ... En cuanto a los casos en que, por fundarse el acto reclamado en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, también puede suplirse la deficiencia de la queja, constituyen, a nuestro entender, un magnífico paso de adelanto en el perfeccionamiento del juicio de amparo, ya que el desiderátum consiste en despojarlo de los tecnicismos para hacerlo fácilmente accesible para todo aquel, sin distinción alguna, que vea amenazada su vida, su integridad personal, sus libertades o sus derechos por un acto de autoridad, y plenamente eficaz para proteger al hombre frente a las extralimitaciones del poder público. No sólo existe un vivo interés de carácter general en el debido acatamiento de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte, cuya violación va implícita en cualquier acto de autoridad fundado en una ley declarada Inconstitucional con antelación; no sólo están positivamente interesados la sociedad y el Estado en que las leyes que no se ajustan al espíritu o a los términos de nuestro Código Fundamental dejen de aplicarse, sino que también se logrará, por los medios propuestos en la iniciativa y a que venimos aludiendo, evitar el espectáculo nada edificante en que la Suprema Corte, por imposibilidad legal de suplir deficiencias, se ve obligada a aceptar lo que antes había condenado, espectáculo que deja, muchas veces, en el ánimo del no enterado de los rigores del tecnicismo jurídico, la sombra infamante de una sospecha, no por totalmente injustificada menos grave y sí más ofensiva, respecto del funcionamiento del más Alto Tribunal de la República que no tiene otra alternativa que la de ajustarse estrictamente a sus facultades constitucionales, y que ante la ignorancia, la negligencia o la torpeza del quejoso en un amparo, se ve en la ineludible obligación legal de negar la protección de la Justicia Federal a quien notoriamente, ante la vista de la opinión pública que no distingue de sutilezas jurídicas, es víctima de un acto atentatorio, en cuanto que se funda en una ley previamente declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia. [.] Una de las razones para que la procedencia del juicio de amparo quedara incólume obedece a que la suplencia de mérito opera respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia de la disposición o acto reclamado, toda vez que sería absurdo pretender que, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo juicio de amparo es procedente, sin que esto implique que la jurisprudencia deje de ser un medio para asegurar la supremacía de la Constitución, porque desde su nacimiento no es medio de control autónomo, sino heterónomo, al depender estrictamente del juicio constitucional de donde emana el criterio. [.] Con base en lo expuesto, debe destacarse que las causas de improcedencia fundadas en el artículo 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo relativas al consentimiento expreso y tácito de una ley o acto en sí, no sufrió alteración alguna ante la ampliación de la suplencia de la queja deficiente, debido a que esas causas de improcedencia están fundadas en el principio de seguridad jurídica, porque sin duda sería incongruente aceptar que procediera el juicio de garantías después de que el quejoso hubiese manifestado expresamente su conformidad con el acto o ley reclamada, y de igual forma, cuando deja de presentar la demanda de amparo, dentro de los plazos que prevé la ley de la materia. Esto significa que si el quejoso reclama una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia, pero sucede que se actualiza la referida causa de improcedencia, dicha circunstancia conducirá al sobreseimiento en el juicio de garantías por lo que hace a la ley, pero lo anterior no significa que por los actos de aplicación, si provienen de autoridades (en virtud de que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad), no pueda concederse la protección constitucional, pues el consentimiento de la norma, por no ser el primer acto concreto de aplicación, es independiente de los actos propios de aplicación por los cuales pueda aplicarse la prerrogativa procesal de mérito, o sea, que la mencionada suplencia de la queja no está sujeta a que se trate del primer o ulteriores actos de aplicación de la ley, porque guarda dicha figura procesal una determinada independencia con respecto a las reglas de impugnación del juicio de amparo contra leyes, es decir, no se trata propiamente de un juicio de esta naturaleza. En otras palabras, si la demanda es extemporánea, lógico es que se actualice la causa de improcedencia de mérito, sin que en este caso pueda operar la referida suplencia de la queja deficiente, por no poderse abordar las cuestiones de fondo, respecto del reclamo de la ley -si lo hubiera- o sus actos de aplicación; en cambio, si la causa de improcedencia se surte porque al reclamarse la ley, no se trata del primer acto concreto de aplicación, el sobreseimiento alcanzará únicamente a la norma reclamada, sin perjuicio de que pueda concederse la protección constitucional si el acto concreto de aplicación deriva de una autoridad, porque el aludido beneficio de la suplencia de la queja deficiente no está sujeto a que se trate de la primera aplicación de la norma o una posterior, siempre que respecto de esta última aplicación no se actualice un diverso motivo de improcedencia." Así, algunas pautas del Pleno que aquí resultan relevantes de tal asunto son: 1. Al establecerse la suplencia de la queja deficiente cuando el acto de autoridad se funde en leyes declaradas inconstitucionales, mediante la jurisprudencia de este Alto Tribunal, no se modificó la estructura esencial del juicio de amparo, especialmente, su procedencia. 2. Dicha suplencia no implica soslayar cuestiones de improcedencia, pues de ser improcedente el amparo no podrá estudiarse el fondo y menos aplicar tal suplencia. 3. Esa suplencia de la queja deficiente es aplicable tanto en los juicios de amparo directos como en los indirectos, en primera instancia o en revisión, pero debe atender a sus propias reglas de procedencia. 4. Con esa suplencia se protege contra tecnicismos o yerros en cuanto al fondo (no saber alegar la inconstitucionalidad de la ley); pero sin desatender las reglas de procedencia, en idénticas condiciones que en materia penal tratándose del reo, o en materia laboral tratándose del trabajador. 5. Esta suplencia procede cuando se aplique a un acto en sí, la norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte mediante jurisprudencia, pero si es por vicios propios tal acto debe ser de autoridad y estar en tiempo. 6. El Pleno rechazó el criterio de la Segunda Sala de soslayar la cuestión de improcedencia respecto el acto de aplicación, así fuere de leyes declaradas inconstitucionales por el Alto Tribunal, por ende, el Pleno estimó incorrecto que el órgano de amparo desatendiera que el acto de aplicación estuviere consentido en cuanto a la extemporaneidad de la demanda -haber fenecido el plazo de quince días- pues advirtió que las reformas legislativas de las que derivaba la fracción I del artículo 76 de la Ley de Amparo (hipótesis de suplencia en estudio), no habían modificado o alterado las cuestiones de procedencia del amparo. Por ende, el Pleno estimó incorrecto que de actualizarse la improcedencia del amparo contra el acto de aplicación de leyes de tal tipo, se analizará el fondo o aplicará la suplencia de la queja si el amparo era improcedente en sí por haberse promovido de forma extemporánea, incluso dicho Pleno aclaró que el acto de aplicación apto para aplicar tal suplencia era el que proviniera de un acto de autoridad a analizar. Cuestiones de las que derivó la tesis de jurisprudencia: P./J. 7/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 7, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo."(Énfasis añadido). Asimismo, la tesis aislada sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XXVII, Abril de 2008, página 2438, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA RESPECTO A LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS." De ahí que como se adelantó, en el caso, no es dable suplir la deficiencia de la queja respecto del acto de aplicación sustentado en normas declaradas inconstitucionales mediante la jurisprudencia de este Alto Tribunal, si en principio el amparo no es procedente respecto de tales normas, por no haberse colmado previamente el requisito de reclamarlas de forma oportuna. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por HILDA MARIBEL MORA RODRÍGUEZ, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante la licenciada Claudia Gómez Peralta, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy Fe. En 134 de diciembre de 2019, se notificó a primera hora el auto y/o resolución que antecede a las partes por medio de lista que se fijó en el tablero en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. Actuario Judicial. Licenciado Heriberto Armando Uribe Leyva (...) ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el ***, por las razones expuestas en el último considerando de este sentencia

  2. Principal

    Órgano resolutor REVOCA la sentencia impugnada y ordena reposición del procedimiento. En cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, se provee lo siguiente: Se requiere al Notario Público Número Veinte de la Demarcación Notarial de Querétaro, al Archivo General de Notarias, a la Secretaria de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; así como, a la Dirección de Ingresos de dicha Secretaria, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente proveído, rindan la prueba de informes, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto de los actos jurídicos contenidos en la escritura pública número *** pasada ante la fe del Notario Público Número Veinte de la Demarcación Notarial de Querétaro. a) Precise en qué fecha recibió por la parte quejosa los recursos económicos para cubrir las contribuciones causadas con motivo del acto que dio origen al testimonio de escritura pública en mención (impuestos y derechos registrales); asimismo, informe la forma de pago efectuada por la quejosa (efectivo, transferencia electrónica o depósito), o bien, si el pago lo realizó un tercero (institución crediticia). b) Precise si la parte quejosa realizó en diversas exhibiciones el pago de impuestos, derechos registrales y contribuciones generados con motivo de la escritura pública aludida, así como las fechas en que fueron efectuadas cada una de éstas, o bien, si fue en una sola exhibición. c) La fecha exacta de emisión de factura física o electrónica conducente al recibo de honorarios y retención de tales contribuciones. d) De ser factura o recibo de honorarios electrónica, informe en qué fecha la envió al correo de la parte quejosa y su impresión del mensaje de envío de archivo digital. e) Si a la fecha, ya realizó los pagos correspondientes ante la autoridad exactora, y de ser el caso, si el recibo ya fue entregado a la parte quejosa, precisando la fecha en que se lo entregó, debiendo anexar copia del aludido recibo, así como copia certificada de la constancia de entrega respectiva. f) Precise en qué fecha entregó a la quejosa el primer testimonio del instrumento notarial aludido y anexos. En este sentido, deberán acreditar con las constancias que estimen conducentes sus aseveraciones. Para dar oportunidad a lo anterior, se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. kst

  3. Principal

    Agréguese a los autos, el oficio de cuenta, téngase a la Superioridad haciendo del conocimiento de que en atención al Acuerdo General 16/2015, de veintiocho de septiembre de dos mil quince, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha procedido a aplazar el dictado de la resolución del recurso de revisión interpuesto en autos del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, ello hasta en tanto exista pronunciamiento por parte del Alto Tribunal del País.

  4. Principal

    Agréguese a los autos los oficios de cuenta, atento a sus contenidos, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86 y 89 de la Ley de Amparo, se tienen por interpuestos los recursos de revisión mérito, fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y comuníquese a las demás partes el presente proveído, acompañándoles copia de los oficios por los que formulan sus agravios las autoridades responsables oficiantes; en su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Vigésimo Segundo Circuito, residente en esta ciudad, para la substanciación de los recursos interpuestos. Por otra parte, se comunica que los oficios por los que formulan sus agravios las autoridades responsables, quedan a disposición de las partes restantes a las autoridades responsables en la secretaría de este juzgado, toda vez que la frase dar vista o correr traslado sólo significa que los autos quedan en la misma secretaría para que las partes se enteren de su contenido o que se entreguen las copias, como lo dispone el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

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