Hilda Margarita Domínguez Chong

Expediente 676/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
676/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/07/2023

Partes del expediente

  • Hilda Margarita Domínguez Chong

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Hilda Margarita Domínguez Chong, por su propio derecho, y en representación de las menores de iniciales P.R.F.D. y D.V.F.D. contra el acto que reclama al Juez Sexto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; fórmese y regístrese bajo el expediente 676/2023-VII-A. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se arriba a considerar que es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Al respecto, es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la quejosa presentó demanda de amparo contra el acto que reclama al Juez Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de fecha trece de junio del presento año, dictada dentro del juicio ordinario familiar de origen 270/2020, en el cual, el juez responsable desechó por improcedente el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa contra el diverso acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en el cual, la autoridad responsable designó a un perito oficial en materia genética molecular para el desahogo de la prueba ofertada por la parte actora. Establecido lo anterior, es de puntualizarse que el suscrito advierte de modo manifiesto e indudable que en relación al acto que pretende impugnar la parte quejosa, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. Por su parte, el artículo 172, fracciones IX y XII, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (...) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; (.); y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo". De lo anterior se puede colegir, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, que por regla general no tiene ejecución de imposible reparación, pues no afectan de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna, sino que solo producen afectaciones adjetivas reparables en resolución definitiva, la vía idónea para combatirlas es el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c) Constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, entre otros casos, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien el indirecto, si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Los actos en un procedimiento que tienen una ejecución de imposible reparación y que por ende son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. De lo antes expuesto se advierte que el acto materia de reclamo por la impetrante, es un acto intraprocesal y por ende el mismo no es considerado como de imposible reparación. En efecto, si bien no se prejuzga en cuanto a que esas resoluciones reclamadas pudieran ser contrario a los intereses de la accionante del amparo; sin embargo, también es verídico que tal decisión, de ninguna forma afecta, per se, derechos sustantivos, a efecto de que el juicio de amparo indirecto sea procedente. En ese contexto, debe decirse que contra dichos actos reclamados no procede el amparo indirecto, toda vez que constituyen un acto intraprocesal que no tienen una ejecución irreparable, en la medida que no afecta de manera directa o inmediata alguno de los derechos humanos garantizados por la Carta Magna, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal, que pudiera ser reparada si la resolución que resuelva en definitiva el procedimiento del que emana, resultara favorable a la parte quejosa y de no ser así, la cuestión que se plantea y de la que derivan los actos materia de reclamo, constituiría una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se promoviera contra el fallo definitivo, de conformidad con el artículo 172, fracciones IX y XII de la Ley de Amparo. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También, brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 61, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el epígrafe: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de amparo no establece que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia constitución señala la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos, procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Además, se cita la tesis IV.3º. 83 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Enero de 1994, p. 300, cuyo rubro y texto son: "RECURSO DE REVOCACIÓN, DESECHAMIENTO DEL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACION PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS BIINSTANCIAL. El desechamiento del recurso de revocación no reviste la categoría de un acto que sea de imposible reparación, ya que no encuadra en ninguno de los supuestos definidos por el artículo 114 de la Ley de Amparo, para que proceda el juicio de garantías biinstancial, toda vez que no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, sino que sus efectos son meramente extra procesales y susceptibles de repararse en la sentencia si es favorable a los intereses de los inconformes y, en caso contrario, quedaría expedito el derecho de los recurrentes para alegar la posible violación procedimental en los términos y condiciones prescritos en los artículos 158, 159, fracción IX y 161, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en el amparo directo que se intente contra la sentencia definitiva. En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; pues no obstante que se admitiera y substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." De igual forma, sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Adolfo López Mateos número 1088 Sur, en esta ciudad. Asimismo, se le tiene señalando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los Licenciados Francisco Ángel Chávez González y Lorena Terrazas García, asimismo, se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos a los licenciados José Salvador Martínez Calvillo e Irene Ivonne Medrano Anchondo. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que, de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y en relación con los diversos numerales 3º, 7º, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Asimismo, se le comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derecho Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte promovente el proveído de once de julio de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 6,710 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano