Hilda Ma. Felix Garduño Figueroa

Expediente 297/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
297/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Hilda Ma. Felix Garduño Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México; veintidós de mayo de dos mil veintitrés. CERTIFICACIÓN Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. ARCHIVO Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con los puntos 8.1.2. en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. DESTINO DEL ORIGINAL DEL INCIDENTE Asimismo, de conformidad con el artículo 18 inciso a), el original del incidente de suspensión es depurable, toda vez que se negó y se concedió la suspensión definitiva, en términos del punto 7.1.1 1(2), del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. RELEVANCIA DOCUMENTAL De conformidad con el artículo 15, del Acuerdo General referido, el presente asunto carece de relevancia documental. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LA PARTE QUEJOSA Asimismo, queda a disposición de la parte quejosa la copia certificada de las actas de nacimiento que exhibió en el presente juicio de amparo, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlo personalmente, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo tendrán el mismo destino que el presente juicio de amparo. DEVOLUCIÓN DE EQUIPO TELEFÓNICO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Asimismo, queda a disposición de la parte tercera interesada el equipo telefónico con cargador que exhibió, resguardado en el seguro de este juzgado federal, bajo el registro número ********************en el entendido de que deberá presentarse a recogerlo personalmente, dentro del término de noventa días, con apercibimiento de que de no hacerlo tendrán el mismo destino que el presente juicio de amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Igualmente, del estado que guardan los autos del cuaderno incidental derivado del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la responsable Juzgado Noveno Familiar de Toluca, Estado de México, remitió a este órgano jurisdiccional, copia certificada del expediente ******************** consecuentemente, devuélvase a su lugar de origen, debido a que ya no es necesario que sigan en este órgano jurisdiccional; en el entendido que se tendrá como acuse la constancia de notificación respectiva. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    se ordena el archivo

  3. Incidental

    VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Substanciación del incidente. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió la demanda y ordenó formar el incidente de suspensión, se requirió el informe previo a las autoridades responsables y fijó hora y fecha para llevar a cabo la audiencia incidental; y, previos diferimientos, la audiencia incidental tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Autoridades responsables y actos reclamados. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, Ejecutora Notificadora en funciones de Ejecutora adscrita al Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. ACTOS RECLAMADOS Las determinaciones de dos y diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitidos en el expediente sobre procedimiento especial de declaración de estado de interdicción ******************** mediante los cuales se le requiere entrega de la persona interdicta con discapacidad ********************; y, su ejecución. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables supra indicadas al rendir su informe previo, aceptaron la existencia del acto reclamado, por tanto se tiene por ciertos. TERCERO. Determinación de la suspensión por cuanto hace a la emisión de los autos reclamados. Por cuanto hace a la emisión de las determinaciones reclamadas, se niega la medida cautelar; dado que se trata de actos que con su solo dictado se consumaron, y no se advierte la necesidad de conceder la suspensión con efectos restitutorios respecto del dictado de dicho fallo. Cabe precisar que el hecho de que los actos reclamados se haya consumado con su solo dictado, por sí solo no tiene como consecuencia que se niegue la medida cautelar, toda vez que en determinadas circunstancias, si no existe criterio jurídico que lo impida, se pueden dar efectos restitutorios a la suspensión, cuando exista la apariencia del buen derecho y peligro en la demora; lo que en el caso no acontece, pues las consecuencias jurídicas y materiales de la actuación controvertida se analizarán por separado. De ahí que, para determinar la procedencia de la suspensión no es de relevancia si el acto reclamado sea de carácter declarativo, ya que ésta hipótesis debe examinarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden generar los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la medida cautelar debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.2o.C.84 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023184, que establece "SUSPENSIÓN DE ACTOS DECLARATIVOS EN EL JUICIO DE AMPARO. ESA CARACTERÍSTICA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, POR SÍ SOLA, NO PRODUCE SU NEGATIVA. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto, señalando como acto reclamado las órdenes de búsqueda y/o localización y/o presentación y/o detención y/o aprehensión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que la naturaleza declarativa del acto reclamado, por sí sola, no produce la negativa de la suspensión en el juicio de amparo. Justificación: Lo anterior, porque aun cuando fue criterio de los tribunales del Poder Judicial de la Federación que los efectos de la suspensión sólo consistían en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues eso sería darle efectos restitutorios, lo que sería materia exclusiva de la sentencia en el juicio de amparo cuando se concede la protección constitucional y, como consecuencia de lo anterior, surgieron diversas tesis en el sentido de que en la suspensión no puede estudiarse provisionalmente el fondo, como las de rubros: "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO." (VI.2o. J/347), "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA.", "ACTOS NEGATIVOS." y "ACTOS CONSUMADOS.", esa línea argumentativa partía del hecho de que los requisitos para la suspensión solamente derivaban del artículo 124, fracciones I y II, de la Ley de Amparo abrogada, en el que se establecía que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; sin embargo, a partir de la reforma constitucional y de amparo de 2011, se agregaron diversos elementos para resolver sobre la suspensión, como son: la apariencia del buen derecho y su ponderación con el orden público e interés social, así como el relativo a que en determinadas circunstancias, si no existe criterio jurídico que lo impida, también se pueden dar efectos restitutorios a la suspensión. Por tanto, en la regulación originada con la reforma constitucional señalada carece de relevancia considerar si el acto reclamado es declarativo, a efecto de resolver si se concede o no la medida cautelar, porque admitiéndose la posibilidad de restablecimiento en el goce del derecho como una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, lo relevante para conceder la medida debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015, sostuvo que para determinar el otorgamiento de la suspensión no debe atenderse, por sí misma, a la naturaleza del acto reclamado, sino analizarse la apariencia del buen derecho y las posibles afectaciones al interés social, en virtud de que la suspensión puede adelantar los efectos de una eventual sentencia protectora de amparo. En ese sentido, la naturaleza declarativa de los actos, por sí sola, no produce la negativa de la suspensión, pues debe examinarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden generar los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En ese tenor, con fundamento en el artículo 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de la emisión de las determinaciones de dos y diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitidos en el expediente sobre procedimiento especial de declaración de estado de interdicción ******************** del índice del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, toda vez que por sí mismos no irrogan perjuicio a la parte quejosa susceptible de suspensión, pues en su caso serán los efectos y consecuencias derivadas de ellos, los que deberán ser objeto de análisis para determinar la suspensión que solicita la peticionaria, lo cual se estudiará en los párrafos siguientes. CUARTO. Determinación de las consecuencias del acto reclamado. Con sustento, en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129, 132, 136, 138 y 139, de la Ley de Amparo, con relación a la suspensión definitiva que se solicita respecto a las consecuencias de los actos reclamados, que se traducen a la entrega de la persona interdicta con discapacidad de ******************** a su diversa hermana ******************** -tercera interesada-; cabe aclarar que de acuerdo con el artículo 128 de la ley de la materia, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión solicitada en un juicio de amparo sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. En ese tenor, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. En ese orden, en relación con la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 125, 128 y 129 de la Ley de Amparo, ambos ordenamientos establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social". "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso". "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; Continúe la producción o el comercio de narcóticos; Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; Se permita el alza de precios en relación con los artículos de primera necesidad o de consumo necesario; Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; Se impida el pago de alimentos; Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". De los preceptos legales transcritos, se colige que para que proceda conceder la suspensión de los actos reclamados, se requiere analizar, por regla general, los siguientes aspectos: La existencia del acto reclamado; 2) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; y, 3) Que se reúnan los requisitos a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, que lo pida la parte agraviada (la que por supuesto debe acreditar al menos un interés indiciario para obtener la medida cautelar) y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, momento en el que simultáneamente se deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Es aplicable, por analogía, la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época, con número de registro electrónico 2011614 de título, subtítulo y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley". En relación con el primer aspecto -la existencia del acto reclamado-, cuando la o el juzgador se pronuncie sobre la medida de manera provisional, dada su naturaleza, basta que quede acreditada la existencia del acto con las manifestaciones o afirmaciones que la parte quejosa realice bajo protesta de decir verdad, y tratándose de la medida definitiva, la existencia del acto debe quedar probada al menos indiciariamente, ya sea mediante la aceptación que sobre ello realice la autoridad en el informe previo (de haberse rendido), o bien, que con los medios de convicción ofrecidos se presuma su existencia. En cuanto al segundo supuesto -que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse-, es importante enfatizar que el artículo 107, fracción X, constitucional, dispone que para conceder la suspensión se tomará en cuenta, entre otros elementos, "la naturaleza de la violación alegada", de donde se deriva la obligación de verificar si el acto reclamado es susceptible de suspenderse. En este punto, es importante referir que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, este juzgadora debe examinar que la medida precautoria haya sido solicitada, la naturaleza del acto que se reclama y que su concesión no traiga un perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cuyos postulados de manera enunciativa y no limitativa se contemplan en el artículo 129 de la ley de la materia, ponderando, desde luego y de manera simultánea, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, en términos del ordinal 138 de la propia disposición legal. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. En vinculación con los razonamientos de mérito, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo antes señalado encuentra apoyo, en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, con número de registro electrónico 818380 de título, subtítulo y texto siguientes: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACION. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría". Aunado a lo anterior, cabe precisar que a fin de proveer respecto de la suspensión de la ejecución del acto reclamado solicitada en un juicio de amparo indirecto, debe ponderarse en forma simultánea la apariencia del buen derecho con el perjuicio al interés social o al orden público; esto es, deben en forma simultánea sopesarse las consecuencias que la ejecución del acto reclamado pudiera ocasionar en la esfera jurídica de la parte quejosa para el caso de que el acto impugnado resultara inconstitucional, a la par de la afectación al interés social y orden público que la suspensión generaría. Dicho en otras palabras, sin dejar de observar los requisitos plasmados en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se puede realizar la comprobación de la apariencia del buen derecho, de modo tal que, de acuerdo con un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo pudiera declararse la inconstitucionalidad del acto reclamado, sin que ello implique prejuzgar sobre la certeza del derecho, pues éste se resolverá en su caso, en la sentencia en la que se realice el estudio de fondo del juicio, sin que el otorgamiento de la medida cautelar permita que se trastoquen el interés social y el orden público, pues entonces deberá negarse la suspensión, ya que no puede estar el derecho individual por encima del de la sociedad; además, deberá ponderar el peligro en la demora, que consiste en la posible frustración de los derechos de la parte solicitante de la medida, que se pueden concretar como consecuencia de la tardanza en el dictado de la sentencia. Atento a lo anterior, esta juzgadora procede a verificar la satisfacción de los requisitos de procedencia de la suspensión, conforme a lo siguiente: A) Requisitos de procedencia de la suspensión. En su conjunto tienen como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; y, B) Efectos de la suspensión. Consiste en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar. En el caso, los requisitos de procedencia de la suspensión, se encuentran satisfechos. Ello es así, en primer término porque se tiene certeza de la existencia del acto reclamado, pues de las constancias que remitió el juez responsable se aprecia que en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó la entrega de la persona interdicta con discapacidad de ******************** a su diversa hermana ******************** -tercera interesada-, determinación que le fue notificada en su domicilio el diez de febrero de dos mil veintitrés. A lo que es aplicable al caso, la jurisprudencia 528, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobando o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.". En relación con el segundo de los requisitos: que el acto reclamado, por su naturaleza, sea susceptible de ser suspendido, igualmente se encuentra colmado, pues como se indicó si bien los autos reclamados revisten el carácter de declarativos cuyas consecuencias sí son susceptibles de suspensión. Por otra parte, con relación al tercer requisito, relativo a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, momento en el que simultáneamente se deberá ponderar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, también se satisfacen en el presente asunto; toda vez que no se advierte que con la suspensión de las consecuencias del acto se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. No obstante a lo anterior, como se adelantó en el presente asunto se debe juzgar con base en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en correlación con el interés superior de la apersona interdicta con discapacidad ********************. A la par de lo hasta aquí evaluado, es de suma importancia destacar que, dada la naturaleza del acto reclamado, el presente asunto debe valorarse el interés superior de la persona con discapacidad ********************, presunta interdicta. Por lo que en atención a las consideraciones vertidas; con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento de origen, las cosas se mantengan en el estado que guardan por cuanto ve a la ejecución de los actos reclamados y no se haga entrega de la persona interdicta con discapacidad ******************** a su diversa hermana ********************. Estado de cosas que prevalecerá hasta en tanto sea notificada a la autoridad responsable del auto por el que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual deriva la presente incidencia. GARANTÍA. Sin que haya lugar a exigir garantía alguna a la parte quejosa, al estar involucrada una persona con discapacidad, cuya controversia no involucra cuestiones económicas, sino en el caso, de su derecho a la estabilidad física y emocional. No obstante lo anterior, esta medida cautelar no surtirá efecto legal ni material alguno respecto de las determinaciones ya están ejecutadas; tampoco si la ejecución de los actos deriva del cumplimiento a una sentencia firme de amparo; o bien, si fueron emitidos por alguna autoridad diversa a la señalada como responsable en el escrito de demanda. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo previsto en los artículos 138, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se NIEGA a ********************, por propio derecho y en representación de ********************, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados y las autoridades responsables mencionadas en el considerando segundo, en relación al tercer considerando de la presente interlocutoria. Primero. Se CONCEDE a ********************, por propio derecho y en representación de ********************, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados y las autoridades responsables mencionadas en el considerando segundo, en relación al cuarto considerando de la presente resolución. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; doce de abril de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Con sustento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, intégrese el informe justificado rendido por la autoridad responsable oficiante, con su contenido íntegro dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En ese orden, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales), los correos electrónicos proporcionados por la oficiante. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la responsable, las documentales del juicio de origen que obran en autos, dada su propia y especial naturaleza. ESTADO DE AUTOS Atento a la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para doce horas con treinta minutos del catorce de abril del año en curso; sin embargo, el día de la fecha la autoridad responsable se encuentra rindiendo su informe justificado. DIFERIMIENTO ANTICIPADO En ese sentido, a fin de que transcurra la vista otorgada a la partes respecto del informe de cuenta, desde ahora se transfiere la audiencia constitucional señalada para las doce horas con cinco minutos del veinticuatro de abril del año en curso y en su lugar se fijan las diez horas con treinta y cinco minutos del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo proveyó y firma Tania Rosalinda Méndez López, Jueza Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistida de Norma María Cantinca Hernández, secretaria que autoriza y da fe.L´ NMCH/l´vos

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