Hilda Leticia Osuna Medina

Expediente 682/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
682/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/06/2021

Partes del expediente

  • Hilda Leticia Osuna Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente recurriera el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto recurso alguno contra el referido proveído; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso d), se prevé que son susceptibles de destrucción los expedientes en los que se deseche la demanda de amparo y que tengan más de tres años de haberse ordenado el archivo correspondiente. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente toda vez que en el referido auto se desechó la demanda de amparo. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de destrucción el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    PLANTEAMIENTO DE RETURNO Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al que anexa el juicio de amparo 656/2021 de su índice, promovido por Hilda Leticia Osuna Medina, del que se advierte que en auto de veinte de mayo del año en curso, dicho órgano jurisdiccional consideró que el conocimiento del presente asunto corresponde a este Juzgado de Distrito por razón de turno, de conformidad con el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; y su reforma por Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Fórmese el juicio de amparo 682/2021-VI-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). SE ACEPTA RETURNO Con fundamento en el artículo 46 párrafo penúltimo del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como los artículos 1o. fracción I, 2, 3, 5, 33 fracción IV, 37 párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125, 127 y demás relativos de la Ley de Amparo, y en atención a lo expuesto en el citad proveído de veinte de mayo del año en curso, SE ACEPTA EL RETURNO PLANTEADO. COMPENSACIÓN Comuníquese lo anterior a la autoridad oficiante para los efectos legales correspondientes y en vía de ACUSE respectivo, y a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, a fin de que realice la compensación de asuntos y equilibrio de las cargas de trabajo. DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte, que la parte quejosa sustancialmente reclama: - La aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo del decreto de la fracción IX y del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y su aplicación a través de la retención o descuento del salario como empleada. Empero, respecto a dichos actos se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, atento a que, de las constancias del diverso juicio de amparo 577/2021-III-B, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el trece de marzo del año en curso; y esta (la fecha de conocimiento del acto reclamado) supera en exceso los quince días que tuvo para inconformarse a través del amparo, por lo que se procede a desechar de plano la demanda que nos ocupa. Se dice ello, pues el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, solo en la idea sustancial y jurídicamente conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." . Ahora, la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de la Materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. (.)". Asimismo, los numerales 17 y 18 del referido ordenamiento legal, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De un análisis a los numerales recién transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra aquéllos actos respecto de los cuales no se promueva la acción constitucional dentro de los plazos previstos por la ley. Asimismo, del ordinal 17 transcrito se advierte que, por regla general, el término para promover el juicio de amparo es de quince días; sin embargo, existen ciertas salvedades en casos específicos: a) Treinta días, para impugnar una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición; b) Ocho años, al inconformarse contra sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Siete años, si se trata de actos que tenga o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Mientras que, del artículo 18 de la Ley de la Materia, se colige que para computar los términos a que se constriñe el artículo 17 de la propia Ley, para la presentación de la demanda, prevé tres supuestos: 1) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto que reclame; 2) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos, o de su ejecución; y, 3) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; Lo anterior, salvo el caso de la fracción I, del numeral 17 en cita, en el que se computará a partir del día de entrada en vigor de la ley que se impugne. En efecto, dada la finalidad del juicio de amparo como medio extraordinario que tutela derechos fundamentales, queda sujeto al principio de preclusión que consiste en ejercer la acción de amparo, en el caso, dentro del plazo de quince días a partir de que el quejoso tiene conocimiento, surte efectos la notificación o se ostenta sabedor del acto reclamado que aduce le causa perjuicio. De modo que, es inconcuso que uno de los presupuestos para acudir a la acción de amparo, es observar ineludiblemente los plazos fijados en la Ley de la Materia, pues de no hacerlo, el juicio resulta improcedente. En el caso, como se adelantó, el acto reclamado se hace consistir sustancialmente en: - La aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo del decreto de la fracción IX y del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa, y su aplicación a través de la retención o descuento del salario como empleada. Ahora, a efecto de dilucidar la fecha en que la pare quejosa tuvo conocimiento del citado acto, se tiene que de las constancias del juicio de amparo indirecto 577/2021-III-B, del registro estadístico de este Juzgado de Distrito, lo cual se invoca como hecho notorio, se advierte lo siguiente: - La parte quejosa en el escrito inicial de demanda (foja cuatro del escrito de demanda), manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "[.] Que manifiesto que si reconozco que tengo los adeudos de los rubros indicados en los párrafos anteriores, sin embargo la existencia de dichos adeudos, no implica que el suscrito haya aceptado o reconocido que se me descuenten cantidades que rebasen el 30 %(treinta por ciento) de mi salario para amortizarlos. Además de lo anterior aclaro, que las Responsables C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa y C. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, han sido omisos en notificarme y/o emplazarme a algún procedimiento, en el que se haya determinado que debían descontarme más del 30 % (treinta por ciento) de mis percepciones, así como han sido omisas dichas Responsables en poner de mi conocimiento de manera indubitable el oficio, decreto, convenio, orden o cualquier medio análogo, por virtud del cual emitió, suscribió y ejecutó dichos descuentos. Así también aclaro que en ningún momento la entidad sindical señalada como tercero interesada, me notificó o emplazó, o puso de mi conocimiento de manera indubitable, la gestión que realizó para que la responsable determinara la aplicación en mi perjuicio de la norma impugnada. Que la fecha en que tuve conocimiento integral de las causas por las cuales me descontaban más del treinta por ciento de mis percepciones fue el 13 de marzo de 2021, fecha en que me pagaron lo que restó de mi salario correspondiente a la primera quincena de marzo de 2021". Por cuanto a lo expuesto en los párrafos que anteceden, se ordena agréguese copia certificada del escrito inicial de demanda que dio origen al juicio de amparo 577/2021-III-B. De lo narrado se puede advertir que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados (el artículo impugnado y su aplicación a través de la retención o descuento de su salario como empleada), desde el trece de marzo de dos mil veintiuno. Manifestación que constituye una confesión expresa que en términos del 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hace prueba plena en relación con el hecho concreto de la fecha en que tuvo conocimiento de los descuentos reclamados. Por lo que, si la demanda de amparo indirecto fue presentada en el Buzón de la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de mayo de esta anualidad, es claro que lo hizo fuera del término para su presentación, a que se refiere el precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, ello, en relación con la fecha en que se advierte tuvo conocimiento del acto reclamado [trece de marzo de dos mil veintiuno]. Lo anterior, pues el citado plazo habría iniciado el dieciséis de marzo del actual y, concluido el ocho de abril siguiente, descontando los días trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de marzo, así como el tres y cuatro de abril de este año por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como del treinta y uno de marzo al dos de abril, del presente año, toda vez que fueron declarados días no laborales como se advierte de la página electrónica https://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/diasInhabiles.h tm. De ahí que, como se dijo, al diecisiete de mayo de este año, fecha en que fue presentada, es evidente que transcurrió por veinticinco días el plazo para combatir el auto reclamado. Justifica lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 115/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro digital 163172 cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En ese sentido, se cita la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, IV.2o.C. J/7, página 1035, Tomo XXII, Julio de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con registro digital: 177995 de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia". Así como el criterio emitido por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, página 235, Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 216152 de literalidad: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Además, el acto reclamado que ocupa, no está en los casos de excepción al plazo general que menciona el numeral 17 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I, II, III y IV, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No pasa desapercibido que la parte quejosa refiere que los descuentos que reclama son de "tracto sucesivo"; sin embargo, el que hubiese reclamado así los descuentos impugnados, no implica que un acto de naturaleza positiva amplíe sus efectos en el transcurso del tiempo. Así es, el artículo 18 de la Ley de Amparo (antes transcrito) no señala como criterio para determinar el inicio del cómputo para la presentación de la demanda, el relativo a los efectos del acto reclamado, sino, entre otros, el día siguiente al en que se tuvo conocimiento de aquél. En otras palabras, el momento en el que un acto surte efectos no es relevante para la temporalidad del juicio de amparo; tan es así, que el propio artículo se refiere a la resolución o el acuerdo reclamados, y no a sus efectos, los cuales pueden válidamente ser instantáneos o prolongarse en el tiempo. Sin embargo, esto no quiere decir que cada descuento actualiza el plazo en que los particulares se encuentran obligados a iniciar el juicio de amparo contra un acto que les irrogue perjuicio, pues no se establece de esa manera en la legislación federal. De otra manera, se correría el riesgo de que implícitamente se prolonguen plazos para la presentación de la demanda; por tal motivo, el primer momento en que resintieron un perjuicio fue cuando el descuento y/o retención afectó su esfera de derechos al margen, claro, de que el plazo previsto en la Ley de Amparo no está sujeto a la voluntad de las partes, sino a la apreciación del juzgador. En este sentido, cobra aplicación el principio general consistente en que donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo, por lo que si el citado artículo no distingue entre actos cuyos efectos se realizan en forma instantánea y actos de tracto sucesivo, cuyos efectos se prolongan en el tiempo, es inconcuso que no debe atenderse a dicho criterio diferenciador para determinar el inicio del cómputo legal de quince días. Lo anterior, encuentra apoyo en las tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "EMBARGOS, AMPARO CONTRA LOS. Aunque mientras exista un embargo, es un acto de tracto sucesivo, los quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo deben comenzar a contarse, de acuerdo con el mismo, desde el día siguiente al en que el interesado haya tenido conocimiento u ostentándose sabedor del acto reclamado". (Época: Quinta Época, Registro: 354707, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIV, Materia(s): Civil). "DIVIDENDOS, CONSENTIMIENTO EN EL COBRO DE. NUEVOS SOCIOS. Si una empresa cubre por cuenta de sus accionistas el impuesto sobre dividendos, espontáneamente, por determinados ejercicios fiscales, debe estimarse que han consentido expresamente las disposiciones legales que reclaman, en los términos de la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia definida de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia, tesis número 539, página 997 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en el año de 1955, que dice: "Impuestos. Consentimiento de la ley que los crea. Si el quejoso ha estado pagando contribuciones de acuerdo con determinada ley, y reclama en amparo contra cobros nuevos, éstos no pueden ser considerados sino como consecuencia de la aplicación de la ley que motivó los primeros cobros, y si no fue reclamado en su oportunidad, el acto que constituye un nuevo cobro debe reputarse derivado de otro ya consentido, pues no se trata de actos de tracto sucesivo". La jurisprudencia anterior es claramente aplicable en la especie, por lo que se refiere al impuesto sobre ganancias distribuibles o dividendos, aunque los promoventes del amparo sostengan que fueron los accionistas anteriores y no ellos los que cubrieron voluntariamente el tributo, si de las constancias procesales no aparece la fecha en que los accionistas inconformes tuviesen en su poder las acciones relativas, si son al portador, o bien la anotación de la transmisión correspondiente, en el libro de registro a que se refiere el artículo 218 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el caso de acciones nominativas, elemento de prueba necesario para determinar si efectivamente fueron diversos los socios por cuya cuenta pagó la empresa el impuesto sobre dividendos en los ejercicios anteriores a aquél respecto del cual se inconforman los quejosos, debiendo tomarse en consideración que a los referidos promoventes corresponde la carga de la prueba sobre la fecha de transmisión de los títulos, puesto que si bien es cierto que niegan haber consentido los pagos anteriores, esta negativa implica la afirmación del hecho de que adquirieron la calidad de accionistas en fecha posterior a aquella a la que correspondieron los pagos voluntarios, por lo que no intervinieron en forma alguna en dichos pagos, ni los mismos se hicieron por su cuenta; carga de la prueba que está claramente determinada por el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente en los términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo". (Época: Sexta Época, Registro: 801282, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCIII, Primera Parte, Materia(s): Administrativa, Página: 30). "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley". (Época: Novena Época, Registro: 177026, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.A.29 K, Página: 2336). De ahí que, atendiendo a los criterios expuestos no es viable hacer distinción alguna en cuanto al momento en el que la parte quejosa, tuvo conocimiento de los actos que ahora controvierte, pues, con independencia de las circunstancias particulares que la justiciable menciona que dieron origen al descuento que señala como el reclamado; lo cierto es, que atendiendo a los parámetros expuestos, el momento que debe tenerse en cuenta para efectos del cómputo para la presentación de la demanda, es aquel en que se generó el primer descuento que la disidente afirma que excede el treinta por ciento de su salario. Similares consideraciones sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver el amparo en revisión 358/2018 en sesión de treinta de mayo de dos mil dieciocho, la cual se cita como hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, así como la jurisprudencia P./J. 16/2018, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, del Tomo I, Junio de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2017123, de rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Por otro lado, no se inadvierte que la parte promovente impugna la aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo del decreto de la fracción IX y del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Sin embargo, tal impugnación se sustentó en lo que la parte promovente invocó como el primer acto de aplicación, a través de la retención o descuento de su salario como empleada, lo cual señaló en el diverso juicio de amparo 577/2021-III-B bajo protesta de decir verdad que aconteció el trece de marzo de este año, y por tal motivo el sobreseimiento que aquí se decreta debe extenderse al precepto legal, al depender del acto de aplicación (retención o descuento de su salario como empleada) cuyo consentimiento quedó evidenciado en párrafos precedentes. Al respecto se cita, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación con los diversos numerales 17 y 18, de la citada ley, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, ante su manifiesta e indudable improcedencia. Ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente. DOMICILIO Ahora en el escrito de cuenta la parte quejosa señala que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que precisa. Sin embargo, el capítulo respectivo de notificaciones en la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones ni tampoco el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. En consecuencia, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones se autoriza realizar la notificación del presente acuerdo y las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, se le tiene por señalado el correo electrónico que indica en el escrito que se provee, ello a efecto de que, de ser necesario, se establezca el contacto respectivo. AUTORIZADA Téngase como su autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a **********por así haberlo solicitado expresamente. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO VÍA INTERNET Ahora, respecto de la solicitud de acceso a la consulta del expediente electrónico correspondiente en este juicio de amparo, dígasele que una vez que informe el usuario que la autorizada *********hubiere registrado en el sistema respectivo, se proveerá lo conducente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta para la reproducción electrónica a través de lector óptico, fotografías o scanner de las actuaciones del presente expediente, SIEMPRE Y CUANDO SE INFORME AL SECRETARIO RESPECTIVO antes de realizar esa actividad para asentar la constancia respectiva, y se trate de actuaciones que no sean de uso reservado o restringido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento a la circular 2/2014 de tres de octubre de dos mil catorce y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye a el Secretario actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.

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