HILDA LAGUNES PÉREZ y Otros.
Expediente 706/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 71 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 71
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- HILDA LAGUNES PÉREZ y Otros.
- JOSÉ LUIS DÍAZ PÉREZ y Otros.
- Hilda Lagunes Pérez
- José Luis Díaz Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 71.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito signado por Adolfo Solano Domínguez, autorizado de la parte quejosa en este asunto, mediante el cual solicita diversas copias certificadas de las actuaciones que menciona en el escrito que se provee. Al respecto, dígase a la promovente que deberá estarse a lo ordenado mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el cual, se habilitó la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas constancias. Sin embargo, previamente a acudir al recinto que ocupa este órgano jurisdiccional para la expedición de las copias solicitadas, dado que el servicio de fotocopiado se presta por conducto de la Asociación Nacional de Jubilados Pensionados del Poder Judicial Federal, Asociación Civil, la cual se encuentra ubicada en el sótano del edificio, quienes debido a la situación que prevalece por la pandemia por Covid han establecido un mínimo de doscientos cincuenta copias diarias a fin de proporcionar dicho servicio; por lo cual deberá generar una cita con cuarenta y ocho o veinticuatro horas mínimo de anticipación en los siguientes números telefónicos 55 18 36 80 66 con Delia Charco y 55 81 38 15 68 con Milly de Carmen a fin de que se le asigne fecha y hora, según los horarios de cita que determina el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo 706/2021-IV promovido por JOSÉ LUIS DÍAZ PÉREZ, HILDA LAGUNES PÉREZ Y MARTHA BALLESTEROS MARÍN, se encuentra cumplida.
- Incidental
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7, relativo al 7.1.1. punto 2 relativo a Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) de dicho acuerdo, pues se concedió la suspensión provisional y se concedió y negó la suspensión definitiva; por tanto, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o violación en su caso, y los demás documentos que se consideren necesarios, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin embargo, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.1 Expedientes que el órgano jurisdiccional debe destruir una vez que cuente con más de seis meses de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, punto 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, atendiéndose a que obran en autos los billetes de depósito N 876016, N 876017 y N 876018, exhibidos respectivamente por los quejosos JOSÉ LUIS DÍAZ PÉREZ, HILDA LAGUNES PÉREZ Y MARTHA BALLESTEROS MARÍN, cada uno por la cantidad de $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional); expedidos por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que constituye la garantía que les fuera señalada a los referidos impetrantes, para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional del acto reclamado; en consecuencia, al resultar innecesario seguir conservando dichas garantías, las mismas quedan a disposición de la parte quejosa en la Secretaría que corresponda de este Juzgado, apercibidos que de no recogerla dentro del plazo de dos años, se hará efectiva en favor del Fisco Federal de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Ahora, tomando en consideración la contingencia sanitaria que se vive actualmente ocasionada por el virus COVID 19, para acudir a recoger dichos billetes de depósito, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, deberá ponerse en contacto con el actuario judicial vía telefónica al número 2299236700, extensiones 1258 y 1262, en un horario comprendido de las diez horas a las dieciséis horas con treinta minutos, de lunes a viernes; para efecto de que conforme a las cargas de trabajo, programe una fecha y hora para la entrega de dicho título de valor, previa identificación y razón que por su entrega se deje asentada en autos.
- Principal
SE NOTIFICA A LAS PARTES, CON EXCEPCION DE LAS QUE SON DE MANERA PERSONAL Y/O ELECTRONICA, LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este Juzgado en el juicio de amparo 706/2020-IV, promovido por JOSÉ LUIS DÍAZ PÉREZ, HILDA LAGUNES PÉREZ Y MARTHA BALLESTEROS MARÍN; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, JOSÉ LUIS DÍAZ PÉREZ, HILDA LAGUNES PÉREZ Y MARTHA BALLESTEROS MARÍN, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad responsable Juez de Control "A" del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades, los que hizo consistir en: : ( La orden de aprehensión de veintidós de noviembre de dos mil veinte, emitida por el entonces Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, en los autos de la causa penal 03/2020-II, en contra de los quejosos JOSÉ LUIS DÍAZ PÉREZ, HILDA LAGUNES PÉREZ Y MARTHA BALLESTEROS MARÍN, por los delitos de despojo y robo de frutos. ( La ejecución de la referida orden de aprehensión. SEGUNDO. Una vez tramitado el juicio de amparo, el siete de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional, y el treinta de ese propio mes y año, este Juzgado dictó sentencia, en la cual determinó conceder a la referida quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto aquí reclamado atribuido a la autoridad responsable. TERCERO. En mérito de lo anterior, por proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de amparo, requiriéndose a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia, residente en Veracruz, Veracruz, así como a las diversas autoridades ejecutoras 11. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de José Cardel, Veracruz; 13. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz, 14. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz, y 9. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, con sede en La Antigua, Veracruz; para que dieran cumplimiento a la sentencia amparadora en sus términos. CUARTO. Una vez recabados los informes sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora, con las constancias anexas en copias certificadas, las cuales tienen plena eficacia convictiva, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones; se dio vista a las partes, la cual no fue desahogada por ninguna de las partes, no obstante, se está en condiciones de pronunciarse al respecto, habida cuenta que conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, no es posible que se archive ningún expediente sino hasta que esté cabalmente cumplida la sentencia que concede el amparo. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. En la ejecutoria dictada por este Juzgado, se concedió el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia, residente en Veracruz, Veracruz, señalado como responsable, realice lo siguiente: "a) Deje insubsistente la orden de aprehensión de veintidós de noviembre de dos mil veinte, emitida en la causa penal 03/2020, de su índice; y b) Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución en la que deberá subsanar los vicios formales detectados, a fin de restituir a los amparistas en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la citada ley de la materia. En el entendido de que los vicios formales a saldar, son los siguientes: 1. Analice en lo individual cada uno de los elementos del cuerpo del delito de despojo, en el que deberá prescindir de la furtividad como elemento normativo para su configuración. 2. Analice en lo individual cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo de frutos, conforme con el numeral 206 del código sustantivo de la materia y fuero, vigente en el mes de mayo de dos mil quince, en que acontecieron los hechos ilícitos denunciados. 3. Valore las pruebas que obran en autos atendiendo a los lineamientos indicados, precisando si merecen valor probatorio pleno o indiciario, así como fundar y motivar su determinación. 4. Precise, en su caso, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los delitos. Concesión del amparo que se hizo extensiva al acto de ejecución atribuido a las diversas autoridades responsables 11. Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de José Cardel, Veracruz; 13. Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz, 14. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial en Veracruz, Veracruz, y 9. Encargado de la Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, con sede en La Antigua, Veracruz; en virtud de que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto ordenador, al no haberse reclamado por vicios propios." Por su parte, el Juez Primero de Primera Instancia con residencia en Veracruz, Veracruz, mediante oficio 2060, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 03/2020, en la cual dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintidós de noviembre de dos mil veinte, emitida en la referida causa penal en contra de JOSÉ LUIS DÍAZ PÉREZ, HILDA LAGUNES PÉREZ Y MARTHA BALLESTEROS MARÍN, como probables responsables en la comisión del delito de DESPOJO Y ROBO DE FRUTOS, cometido en agravio del patrimonio de Alfredo Pérez Flores, de igual manera dejó sin efectos el oficio número 2233 de la misma fecha, recibido por la Fiscal adscrita en fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual fe fue comunicada la citada orden de aprehensión. Asimismo, en esa misma fecha con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que una vez que subsanó los vicios formales detectados, a fin de restituir a los amparistas en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la citada ley de la materia, analizó en lo individual cada uno de los elementos del cuerpo del delito de despojo, en el que prescindió de la furtividad como elemento normativo para su configuración; asimismo, estudio en lo individual cada uno de los elementos del cuerpo del delito de robo de frutos, conforme con el numeral 206 del código sustantivo de la materia y fuero, vigente en el mes de mayo de dos mil quince, en que acontecieron los hechos ilícitos denunciados; de igual manera valoró las pruebas que obran en los autos de la causa penal de mérito, atendiendo a los lineamientos indicados en la ejecutoria amparadora, precisando las que merecían valor probatorio pleno o indiciario, y fundó y motivó su determinación, precisando, las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los delitos, determinó negar el girar la orden de aprehensión en contra de los referidos quejosos JOSÉ LUIS DÍAZ PÉREZ, HILDA LAGUNES PÉREZ Y MARTHA BALLESTEROS MARÍN, única y exclusivamente por cuanto hace al delito de ROBO DE FRUTOS, al no haberse acreditado fehacientemente todos y cada uno de los elementos que lo integran; sin embargo, en dicha fecha giró orden de aprehensión por el delito de despojo cometido en agravio del patrimonio de Alfredo Pérez Flores. Por su parte, las autoridades ejecutoras, respectivamente, a través de oficios: PM/1103/2021, suscrito por la Encargada de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial de Cardel, Veracruz, informó que se abstendrá de ejecutar la orden de aprehensión de veintidós de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz. 235/2021 y 148/2021, signados por el Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial zona centro, y Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial zona centro, ambos con residencia en Veracruz, Veracruz, informaron quedar enterados de la ejecutoria dictada en este asunto. 235/2021 y Oficio sin número, y los diversos Oficios 261/2020 y 166/2021, signados por el Comisario de la Delegación Regional de la Policía Ministerial y Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial, ambos de la Zona Centro, con residencia en Veracruz, Veracruz, informaron que quedaron enterados que se dejó sin efectos la orden de aprehensión librada en la causa penal 03/2020, haciendo lo anterior del conocimiento de sus subordinados y remitieron las constancias mediante las cuales acreditaron tal circunstancia. En consecuencia, este Juzgado estima que se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo en sus términos, pues tal como se reseñó, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada, y posteriormente, emitió otra en la que dictó auto de no vinculación a proceso en favor de la referida quejosa, al no haberse acreditado la probabilidad de que ésta hubiera cometido la conducta nociva imputada o participado en ella, como lo es el delito de robo simple. Por lo antes expuesto y con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo 706/2021-IV promovido por JOSÉ LUIS DÍAZ PÉREZ, HILDA LAGUNES PÉREZ Y MARTHA BALLESTEROS MARÍN, se encuentra cumplida. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación las manifestaciones vertidas por el autorizado del quejoso por escrito recibido el quince de octubre de dos mil veintiuno, en este juzgado, mediante las cuales aduce que no se debe tener por cumplida la sentencia por parte del Juez responsable, efectuando entre otras manifestaciones, que tuvo por demostrado el cuerpo del delito de despojo, no así el de robo de frutos; sin embargo, cuando analiza la prueba documental de los quejosos (para acreditar los elementos del delito de despojo) confunde lo que dijo la autoridad agraria, pues dicha autoridad se refiere a un poder o mandato que efectivamente, es un documento que no tiene características de una causa generadora de la posesión y, al analizar el delito de robo de frutos, manifiesta que los imputados contaban con el título oneroso (contrato de usufructo parcelario a título oneroso), el cual no se encontraba hasta ese momento desmerecido de valor para hacer cumplir lo que en él se imponía; asimismo, que la autoridad viola en perjuicio de los quejosos los artículos 14 y 16 constitucionales al hacer pronunciamiento de cuya competencia carece, al desestimar el contrato de usufructo con la muerte del mandante o mandatario; sin embargo, contrario a lo que señala el autorizado del impetrante, de lo anteriormente expuesto en cumplimiento al fallo protector, se advierte que sí cumplió con la sentencia de amparo, sin que ello implique pronunciamiento sobre la legalidad de las consideraciones que sustentan la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al no ser al vía conducente para ello; de ahí que, se reitera, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2ª./J 201/2009 de la Novena Época, visible en la página 301 del tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7 relativo al 7.1 Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo concerniente al Punto 1, derivado del 7.1.1 En los Juzgados de Distrito del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el Artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin a este asunto, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. Con fundamento en el artículo 18 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que en original o copia certificada hayan exhibido en el presente juicio, apercibido que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos Finalmente, atendiendo a que el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, al rendir su informe justificado, remitió copias fotostáticas certificadas deducidas de la causa penal 3/2020, constantes de trescientas cuarenta y seis fojas útiles, mismas que obran en un tomo por separado, el cual se conservó de manera separada al presente expediente; en consecuencia, al resultar innecesario seguir conservándolos, remítanse éstas al referido Juzgado, solicitándole el correspondiente acuse de recibo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio con firma electrónica a las autoridades responsables, y por lista de acuerdos al tercero interesado y demás partes restantes.
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