Hilda Javier Ramirez y Otros.
Expediente 298/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Hilda Javier Ramirez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio de amparo haya sido recurrida por la parte quejosa, que es a quien le pudo irrogar agravios, y no obstante ello, no lo recurrió; por tanto, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido.
- Principal
R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, turnado ese mismo día, a este Juzgado de Distrito, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Jueza Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, que estimó violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por acuerdo de seis de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Cuarto, fracción XIX del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la ejecución material del acto reclamado, se atribuye a autoridades que residen en esta jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo. Esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, que no se contraponen a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097 y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XI página 32, y XIX página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en: La orden de arresto y su ejecución. TERCERO. La autoridad responsable Jueza Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye, sin que la quejosa haya aportado prueba alguna en contrario que desvirtúe dicha negativa, por lo que debe tenerse como inexistente el acto reclamado; por lo que, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al tema precedente, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación la página 49, del tomo I, Segunda Parte-1, relativo a Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que es del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si las autoridades responsables niegan el acto reclamado que se les imputa y de autos no aparece que el quejoso aportara prueba alguna tendiente a desvirtuar la negativa de los actos reclamados hecha por las autoridades señaladas como responsables, debe sobreseerse en el amparo respectivo con apoyo en el artículo 74 fracción IV de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable la tesis XXI. 1o. 102 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 349, del tomo XIV, relativo a Septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También es aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 903, del tomo XV, relativo a Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que es del tenor siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Misma determinación se toma respecto al Agente de la Policía Ministerial encargado de la Policía de Investigación y agentes a su mando en Reynosa y Policía Ministerial y agentes a su mando, ambos con sede en esta ciudad, de no tener por ciertos los actos que se les atribuyen, no obstante que fueron omisas en rendir su informe justificado, en atención a que la autoridad señalada con el carácter de ordenadora negó la existencia del acto reclamado; por lo que, atendiendo a la naturaleza de sus funciones de ejecutoras, no podrían llevar a cabo un acto inexistente. CUARTO. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente la parte quejosa, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 298/2020-III, promovido por , respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de la consideración última del presente fallo constitucional. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria Miriam del Rosario Morales Morales, que autoriza y da fe.
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