Hilda Jaimes Urióstegui

Expediente 439/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
439/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
18/05/2016

Partes del expediente

  • Hilda Jaimes Urióstegui
  • Hilda Jaimes Urióstegui y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demandada de amparo. Finalmente, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Vista la demanda presentada por Hilda Jaimes Uriostegui, por propio derecho, contra actos de la Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 439/2016 y fórmese expediente. DESECHAMIENTO. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie, a juicio de la suscrita se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el arábigo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Conforme a lo transcrito, debe establecerse que el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, prevé que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; empero, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Por "última resolución" debe entenderse que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordena el archivo definitivo del expediente. Esta apreciación encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Ahora bien, en el caso, se tiene que en esencia la quejosa Hilda Jaimes Uriostegui, reclama la falta de notificación de que cumpliera de manera voluntaria al resolutivo cuarto de la sentencia definitiva de treinta y uno de agosto de dos mil diez, en el expediente 708/2009-III. Por tanto, es evidente que el juicio de origen se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, en virtud de que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta en su capítulo de antecedentes en la parte relativa, lo siguiente: "... La hoy autoridad responsable, sin haber dado cumplimiento a lo ordenado en el Resolutivo Cuarto, de la sentencia definitiva, de fecha 31 de agosto de 2010, es decir, sin notificarme de manera personalísima en el domicilio donde fui notificada del inicio del procedimiento de origen, que cumpliera de manera voluntaria con la entrega del inmueble origen del juicio, dictó orden de ejecución forzosa en mi contra, misma que intentaron cumplimentar la autoridad responsable ejecutora Secretaria Actuaria en compañía de la fuerza pública, el día 13 de abril de 2016, sin lograr llevar a cabo dicha diligencia en virtud de que me opuse a la misma tomando en cuenta que no se me notificó previamente que cumpliera de manera voluntaria la condena impuesta, notificación que debió de haberse realizado en el inmueble que poseo y donde fui emplazada a juicio, ubicado en la Calle Juan Ruiz de Alarcón Número 94-A, Barrio de Tequicorral, de Chilpancingo, Guerrero, violando con ello la responsable el procedimiento." Por lo que el acto que aquí pretende reclamar no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia del juicio de origen, toda vez que la responsable en ningún momento aprobó o reconoció de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia pronunciada dentro del expediente natural, ni mucho menos declaró la imposibilidad material o jurídica para ejecutar la misma, dado que la única consecuencia de la emisión del auto impugnado es que se continúe el procedimiento de ejecución; de ahí que en la especie, esta juzgadora estime actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa. No es el caso de estimar que se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia que más adelante se cita, dado que la quejosa es parte en el juicio de origen, donde resultó condenada, de manera que el acto reclamado no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural. Sobre el particular se cita la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 163152, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, materia común, página 6, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. En conclusión, en atención a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con la fracción IV, del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que mencionan con excepción de Domingo Martínez Morán, César Contreras Ceja y Judith Castro García, quienes únicamente estarán autorizados para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.

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