Hilda Guadalupe Ruíz Bastos

Expediente 125/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
125/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
05/01/2018

Partes del expediente

  • Hilda Guadalupe Ruíz Bastos

Actuaciones

  1. Principal

    Homólogo federal informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo; archívese el cuaderno como totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que se ordenó remitir los autos originales del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, en turno, sin que a la fecha se tenga conocimiento a qué órgano jurisdiccional le tocó su conocimiento o se haya acusado de recibo respectivo. En consecuencia, se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, informe a qué órgano jurisdiccional por razón de turno le tocó conocer del juicio de amparo antes aludido, a fin de proveer lo conducente.

  3. Principal

    COMO FUE ORDENADO EN AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO EN LA COMUNICACIÓN OFICIAL NÚMERO DE ORDEN 75/2017, NOTIFICO A LA QUEJOSA QUIEN SEÑALÓ COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, EL AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 1190/2017, PROMOVIDO POR LA PROPIA QUEJOSA, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL DIVERSO DE VEINTICINCO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, DICTADO EN LA COMUNICACIÓN OFICIAL CON NÚMERO DE ORDEN 75/2017, DEL INDICE DE MI ADSCRIPCIÓN. asimismo, requiero a la parte quejosa para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en LA CIUDAD DE MÉXICO, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos legales la presente notificación; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, en el juicio de amparo 1190/2017, se le practicaran por medio de lista que se fije en ese Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México *********************************************** "En la Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Recepción y Avocamiento de la demanda. Se tiene por recibido el expediente relativo al juicio de amparo que no ocupa del índice del órgano auxiliado, derivado de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa , en atención al Acuerdo General 2/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo al trámite resolución y cumplimiento de los juicios de amparo en los que, entre otros, se señale como acto reclamado la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017; La Ley de Hidrocarburos; el Acuerdo que establece el precio máximo de la gasolina; y el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel, previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos en mención, por parte de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. En consecuencia, en atención al principio de pronta y expedita impartición de justicia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, y VII de la Constitución Federal, así como el citado Acuerdo General 2/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, admítase a trámite la demanda de amparo y se ordena formar el expediente físico, así como el electrónico, al cual correspondió el registro 1190/2017. Apertura de autos incidentales. En observancia a los artículos 125 y 128 último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena tramitar por cuerda separada y por duplicado los cuadernos físicos relativos al incidente de suspensión solicitado. Intervención ministerial de la adscripción. Con apoyo en el artículo 5 fracción IV, de la Ley de Amparos, dese la intervención que corresponde a la representación ministerial de la adscripción, lo cual deberá hacerse mediante oficio, conforme al artículo 26 fracción II, inciso c) del mismo ordenamiento, por tratarse el particular de amparo contra normas generales. Solicitud de Informes justificados. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita informe justificado de las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, en el que, refiriéndose al número de oficio en el que se le comunique la presente determinación deberán: A) Manifestar si es cierto o no el (los) actos reclamado (s), en el entendido de que la aceptación de la existencia del mismo no implica la admisión de su inconstitucionalidad. B) Informar a este juzgado de Distrito si la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y, en el supuesto de que así sea, señale a que órgano correspondió conocer del mismo. C) Hacer saber a este órgano sobre la existencia de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento del presente juicio remitiendo al efecto las constancias conducentes, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Amparo. D) Lo anterior, si durante la tramitación del juico, si sobreviniera la causa con posterioridad. E) En caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservado o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de información reservada, o confidencial, ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 113 y 116 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados con la totalidad de los requerimientos formulados en los incisos b) c) y d) antes precisados, e le podrá imponer una multa de conformidad con lo establecido en los artículos 64, 237, fracción I, 251, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Señalamiento de la audiencia constitucional. De conformidad con lo previsto en el numeral 115 de la ley de la materia se fijan las DIEZ HORAS VEINTE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional fuera del término legal previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cabe destacar que la indicada data obedece fundamentalmente a la imposibilidad material ante la saturación excesiva de la agenda de este órgano jurisdiccional en el que se ha radicado un número significativo de juicios de amparo, lo que impide sustanciar con mayor prontitud la diligencia constitucional. Representación del Presidente de la República. Notifíquese la presente determinación al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo tercero fracción V, número ocho, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo (publicado en el Diarios Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil quince). Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, se tienen por admitidas las pruebas documentales que en copia simple se acompañan a la demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionar tales medios de convicción al celebrarse la audiencia constitucional, sin necesidad de gestión expresa de la interesada. No ha lugar a realizar el cotejo, certificación y compulsa de las documentales que anexó la quejosa como pruebas a su demanda de amparo, toda vez que las mismas fueron presentada en copia simple por lo que únicamente se ordena glosar. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Tomando en consideración que la quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones "LOS ESTRADOS DE ESTE H. JUZGADO", en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 144 y 145, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ,en relación en el Acuerdo General número 3/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al a determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, a efecto de que, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito se sirva notificar el presente acuerdo a la quejosa por medio de lista, y con libertad de jurisdicción la requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no cumplir con lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal , se le practicarán por medio de lista que se fije en este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México. Asimismo, solicítese atentamente al Juez exhortado, que de no existir inconveniente legal alguno, en caso de que la quejosa desahogue el requerimiento formulado en autos en el local que ocupa el Juzgado a su cargo, lo haga saber a este órgano jurisdiccional mediante fax, con independencia del oficio que gire para tal efecto. Lo anterior agradeciendo las actuaciones que en auxilio de este juzgado federal lleve a cabo. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que se indican en las demandas de amparo, siempre y cuando al momento de promover acrediten tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado por el Registro Único de Profesionales del Derecho. De no ser así, se les tiene por autorizados en términos del artículo 24, de la ley en citada, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones; asimismo, téngase como autorizado en términos restringidos a la persona que refiere en su demanda de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles. Para evitar dilaciones en la substanciación del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que, de ser necesario, cualesquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional realice las notificaciones personales que se ordenen en esa forma. Devolución de documentos. Esta juzgadora estima conveniente precisar a la parte quejosa que los documentos exhibidos o que llegaren a exhibirse en original no podrán ser devueltos por el momento. A partir de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Amparo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que los documentos podrán ser objetados por las partes y que éstos no podrán ser devolverse hasta en tanto no precluya el derecho a objetarlos, en cuyo caso deberá resolverse dicho objeción, o bien mientras el asunto no haya sido resuelto definitivamente. Sustenta la anterior jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Documentos su objeción puede formularse antes o en el momento de la celebración de la audiencia constitucional." Reproducción Fotostática y medios electrónicos para la obtención y consulta de determinaciones. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que, en caso de requerirla, queda autorizada la expedición de una copia de la presente determinación y demás actuaciones y/o constancias en el juicio previa comparecencia y recibo que se deje en autos por quien tenga facultades para ello, sin necesidad de solicitud expresa. También en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista os presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante, en el entendido que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Al respecto es aplicable la tesis I.1.a.23. del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES U SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARES FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRONICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGNO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)". Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación , en la página de internet http://consutaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la firma electrónica de seguimiento de expedientes (FESE), cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso al sistema de consulta electrónico, la parte quejosa y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Lo anterior con fundamento en los artículos 77, 78, 87, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de justicia Penal Federal. Transparencia y datos personales. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 113 d la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de su datos personales, no exime a este juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones, y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Notifíquese y a las partes en términos del presente acuerdo. Así lo proveyó y firma ***, Jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, quien actúa, en unión del secretario ***, que da fe. Doy Fe. ************************************* Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Vista la comunicación oficial procedente del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, derivada del juicio de amparo 1190-2017 de su índice; regístrese en el libro de exhortos que se reciben en este juzgado, bajo el número progresivo que le corresponda y acúsese recibo. *** por encontrarse ajustado a derecho, obséquiese en sus términos. Por tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción a fin de que realice lo siguiente: 1) Notifique el presente auto así como el de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, pronunciado por el juzgado exhortante, a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano de control constitucional; asimismo, le requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia del referido juzgado de distrito, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos legales la notificación; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicaran por medio de lista que se fije en ese Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. ***** Cúmplase.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, primero de febrero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda promovida por XXXXXXXXXX, por derecho propio, contra actos de: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; 3. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 4. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 5. Comisión Reguladora de Energía; y, 6. Comisión Nacional de Hidrocarburos. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 125/2017-IV-A. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA Al interpretar el escrito de demanda en su integridad, se aprecia que el acto reclamado es: La derogación de la fracción primera del artículo 14 transitorio de la Ley General de Hidrocarburos, mediante el decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de noviembre de dos mil dieciséis, por medio del cual se adelanta la liberación de los precios de los combustibles, sin que se fijen bases para determinar los precios máximos de estos. Este hecho concatenado con los antecedentes narrados en la demanda, permiten determinar que este Juzgado no es competente. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En lo que concierne a la competencia por materia, consiste en la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional, para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Dicha clasificación ofrece como ventaja, el hecho de que los titulares del órgano jurisdiccional, en el caso, los Jueces de Distrito, especializados en cierto ámbito del derecho, únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los juzgados por razón de la materia, se distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que, a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Sin embargo, de conformidad con los cambios políticos y naturales de la sociedad en el mundo globalizado, así como las cargas laborales, es menester establecer además de la especialización de los juzgadores en determinadas materias, una sub-especialización que permita atender en forma pronta y eficaz los conflictos que les sean sometidos. En cuanto a la especialización por materia y concretamente en la materia administrativa, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece lo siguiente: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Numeral del que se desprende, que los Jueces de Distrito especializados en materia administrativa, conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas; contra actos de autoridad distinta a la judicial; contra actos de tribunales administrativos; o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, permite concluir que los jueces especializados en tal materia, están facultados legalmente para resolver controversias relacionadas con el derecho administrativo; el que puede definirse como: una de las ramas del derecho que se concentra en el análisis, organización y clasificación de las diferentes normas relacionadas con la administración pública, es decir, con los diferentes organismos que forman parte del Estado. Esa especialidad del derecho -derecho administrativo-, constituye el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración; pero por su amplitud, tiene clasificaciones dependiendo de la parte de la administración pública que se ponga en funcionamiento, o en su caso, sea combatida por el gobernado. De esta manera, se generan las especialidades en derecho fiscal, ambiental, propiedad intelectual, económica, etcétera; las que atendiendo a su grado de complejidad, requieren de conocimientos técnicos determinados que permitan al juzgador resolver controversias que involucren tópicos relativos a dichas ramas. Ahora, el once de junio de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia económica", el cual establece en lo que interesa, lo siguiente: Artículo 28.- (.) El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. (.) La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: (.) VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; (.)" "Artículo 94.- (.) El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. (.)" De lo anterior, se permite concluir que con motivo de las reformas constitucionales de mérito, se reguló una nueva rama o clasificación del derecho administrativo, consistente en la competencia económica; el cual, de conformidad con la propia reforma, guarda relación con todo lo relativo a garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Así, el derecho administrativo constituye el género, mientras que el derecho en materia económica es una de sus especies, considerada, por rango constitucional, una especialidad técnica que por ende, requiere mayores conocimientos, concretos y especiales. Lo que se robustece, al acudir al texto de la iniciativa con proyecto de decreto que el Poder Ejecutivo Federal y los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Congreso de la Unión, publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el doce de marzo de dos mil trece, que en la parte que interesa, establece lo siguiente: .Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal y los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, por su digno conducto sometemos ante esa Honorable Asamblea, la presente iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.--- En el marco del Pacto por México, acompañan la presente iniciativa los Presidentes de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.--- El 2 de diciembre de 2012, se firmó el Pacto por México como un acuerdo político que tiene por objeto concretar las acciones y reformas que requiere nuestro país. En dicho acuerdo se coincidió en la necesidad de legislar en las materias de radiodifusión, telecomunicaciones, a fin de garantizar su función social y modernizar al Estado y la sociedad, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, así como para fortalecer las facultades de la autoridad en materia de competencia económica. Por ello, dentro del numeral 2, "Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad", se asumieron los compromisos siguientes: --- 2.1. Extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos.--- Se intensificará la competencia económica en todos los sectores de la economía, especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía. Ello es fundamental ya que la competencia permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. Para profundizar la competencia económica de México, se instrumentará una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dote de fuerza y permanencia. Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones: (.) ---- Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.--- Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. (Compromiso 38).--- (.) La presente iniciativa responde a los compromisos señalados y constituye una suma de esfuerzos entre el Ejecutivo Federal, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Se trata de un proyecto inédito, acorde con la importancia y trascendencia de su contenido, que conjunta la visión de las principales fuerzas políticas del país y el Gobierno Federal, y que parte de la apremiante necesidad de lograr reformas que proyecten a México hacia un futuro más próspero, en beneficio de los mexicanos.--- (.) El acceso a las tecnologías de la información y comunicación y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cumplen un doble propósito. Por una parte, son actividades de la mayor importancia para el desarrollo económico de cualquier país y, al mismo tiempo, son los instrumentos que hacen realidad los derechos fundamentales de las personas. Este segundo aspecto es el punto central de la presente iniciativa.--- En efecto, las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se proponen en el presente instrumento, tienen el propósito principal de beneficiar a todos los mexicanos. Primero, con el fin de hacer realidad el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida la banda ancha, lo que necesariamente se traducirá en mejores servicios públicos; segundo, con objeto de establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que dará lugar a un funcionamiento eficiente de los mercados y, en consecuencia, a que un mayor número de usuarios acceda a ellos en mejores términos de calidad y precio.--- En suma, la presente iniciativa tiene como eje central el beneficio de los mexicanos y recoge primordialmente las aspiraciones de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Para ello, es indispensable establecer las condiciones de desarrollo de la industria, de manera que permita cerrar brechas económicas y sociales de diversa naturaleza.--- (.) Por todo lo expuesto, la presente iniciativa tiene por objeto garantizar la libertad de expresión y de difusión, y el derecho a la información, así como el derecho de acceso efectivo y de calidad a las tecnologías de la información y la comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Asimismo, propone la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general.--- Finalmente, la iniciativa prevé una serie de acciones específicas para la reordenación de los mercados en estas materias en el corto plazo, tales como medidas aplicables a agentes económicos preponderantes, desagregación de redes, obligaciones específicas respecto del ofrecimiento de señales radiodifundidas y su retransmisión en la televisión restringida, regulación convergente del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico y la creación de una red troncal que mejore las condiciones de acceso a las telecomunicaciones, entre otras.--- (.) 3. Creación de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órganos constitucionales autónomos.--- Actualmente, la figura que la legislación emplea para la mayoría de los órganos que regulan la actividad económica (telecomunicaciones, competencia, banca, energía, etc.) es la de órganos administrativos desconcentrados, los cuales se encuentran jerárquicamente subordinados a las secretarías de Estado a las que estén adscritos.--- La relevancia y trascendencia de la actividad reguladora en las materias de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, hacen conveniente que cuenten con absoluta autonomía en el ejercicio de sus funciones, sujetos a criterios eminentemente técnicos y ajenos a cualquier otro interés. Al respecto, la OCDE ha considerado importante que los Estados cuenten con organismos reguladores independientes de todas las partes interesadas para asegurar una competencia justa y transparente en el mercado.--- (.) Con tal propósito se proponen diversas adiciones al artículo 28 de la Constitución a efecto de crear de (sic) la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto.--- 4. Tribunales especializados y efectividad de las resoluciones.--- Una parte importante de la regulación en materia de competencia y de telecomunicaciones es su aplicación efectiva. La mejor regulación será incapaz de lograr sus objetivos si no se puede aplicar por la interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para eludir la regulación u obtener un beneficio económico.--- El tiempo que pasa entre la emisión de la regulación y su aplicación es vital para la efectividad de la misma. Una sanción contra una práctica monopólica o una declaración de poder dominante en el mercado requiere una aplicación eficaz y ágil, para detener las prácticas monopólicas antes de que las mismas eliminen a los competidores y ocasionen que el mercado sea acaparado por el monopolista en forma irremediable.--- En los últimos años, ha existido una alta cantidad de litigios sobre las resoluciones en esta materia, lo que ha impedido en la práctica una mayor competencia en los mercados. Al respecto, la OCDE, en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, consideró que "Puede decirse que el actual sistema jurídico, aunado al frecuente uso del amparo, constituye el principal factor que impide la aplicación de la regulación en México. La consecuencia, como explica el informe, es una entidad reguladora incapaz de regular, pues la responsabilidad de la implementación efectiva de la regulación queda en manos de los tribunales. Esta estructura es sin duda ineficiente y su resultado insostenible".--- El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad.--- (.) Por lo anterior, es urgente dotar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios.--- Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad.--- Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión.--- Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, a juzgados y tribunales especializados en radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica.--- Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas. De dicha iniciativa se desprende que a efecto de dar certeza a los agentes económicos, mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica, se implementó la creación de órganos jurisdiccionales especializados en las materias de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Lo anterior, a efecto de, entre otros objetivos, lograr una eficaz aplicación de la ley y generar certidumbre jurídica en la materia; la que se garantiza a través de juzgadores que conocerán de una de las ramas de la materia administrativa, especializados en aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, económica, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. Derivado de lo expuesto en esta iniciativa y en la reforma constitucional antes referida, es dable concluir que por disposición de la Ley Fundamental, una de las ramas del derecho administrativo, como en el caso lo es el derecho de las telecomunicaciones, debe ser analizado, estudiado y aplicado, por jueces especializados en tal materia, atendiendo a la complejidad de aspectos técnicos de la misma. Bajo esas premisas, se considera que en el caso particular, es competente para conocer del presente asunto, un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, en turno, toda vez que los actos reclamados implican dirimir una controversia que comprende temas técnicos, de la regulación en materia económica. Por lo anterior se declara legalmente incompetente este juzgado para conocer del asunto turnado, y se ordena remitirlo al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con Residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción en toda la República, en turno. Fórmese el cuaderno de antecedentes relativo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la persona que indica. Notifíquese y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 9,674 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano