Hilda Guadalupe Cerda Almaraz

Expediente 135/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
135/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Hilda Guadalupe Cerda Almaraz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de mayo de dos mil veintiuno. PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado en esa propia fecha a este órgano jurisdiccional, Hilda Guadalupe Cerda Almaraz promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto y autoridad que a continuación se indican: Autoridad responsable: a) Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional perteneciente a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales Coordinación del Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: "La omisión para dictar y notificar en forma personal la respuesta al escrito presentado en fecha veintinueve de enero de este año ante la responsable." (sic) Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló los derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 4 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE El uno de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual quedó registrada bajo el número 135/2021-IV que le correspondió; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que una vez integrada, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado consiste en una omisión atribuida al Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, perteneciente a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Matamoros, Tamaulipas, lugar en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral de la demanda de garantías se desprende que los actos que reclama la parte quejosa consisten en la omisión de emitir respuesta a lo solicitado en escrito de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en el cual pidió se cargaran en el sistema "Data mart" los datos que proporcionó ante la responsable, a fin de que pudiera retirar los recursos de la subcuenta individual de Candelario Vázquez López. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable denominada: Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, perteneciente a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta localidad, al rendir su informe justificado negó los actos que de ella reclama Hilda Guadalupe Cerda Almaraz. Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con las constancias de autos, pues si bien es cierto que desde el ocho de agosto de dos mil diecinueve se dictó la resolución correspondiente a la solicitud de pensión realizada por la quejosa, también es cierto que los datos proporcionados por la quejosa, fueron subidos por la responsable al sistema "Data mart" hasta el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que como se dijo, fue recepcionada en este juzgado el veintiséis de febrero del año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de registro 211004, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, Materia(s): Común, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte agraviada, lo conducente es analizar si en el presente caso, existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo establecido en la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página 553, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Lo anterior es así, toda vez que este Juzgado de Distrito, advierte que en el asunto que nos ocupa, concurre la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Para fijar el alcance de la disposición transcrita, conviene tener presente que, de acuerdo a su naturaleza, el juicio de amparo se caracteriza por ser un instrumento que busca controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad, reparando las violaciones de garantías que un determinado acto genera sobre la esfera jurídica de la agraviada, con el fin de restituirla en el goce pleno de los derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el legislador ha establecido y la Jurisprudencia ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En la fracción XXI del artículo 61, antes transcrita, se advierte que el legislador tomó en cuenta que al ocurrir alguna situación mediante la cual desaparezcan las consecuencias que genera el acto reclamado, hace que el juicio de amparo quede sin objeto y consecuentemente sea jurídicamente imposible analizar la constitucionalidad de éste. Ahora bien, para que se actualice la improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque los actos reclamados, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, cuya esencia, de acuerdo a la naturaleza del acto que se reclama, conforme al artículo 77, fracción II del propio ordenamiento legal, es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis visible en la página setenta y uno, Tomo VI, Noviembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, en su Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Al respecto, cabe decir que la quejosa se duele de la falta de respuesta a su escrito de veintinueve de enero del año en curso, en el cual pidió al Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, perteneciente a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Coordinación de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "Solicitud. Esta autoridad por conducto de quien corresponda, tenga a bien carguen los datos en data mart. Esta petición con la finalidad de que la suscrita en calidad de beneficiaria del señor Candelario Vázquez López pueda disponer de los recursos de la cuenta individual, lo tiene sustentos en los siguientes dispositivos: ..." Ahora, en contestación a dicha solicitud, la responsable informó que el diecinueve de marzo del presente año, se ordenó la captura de "hoja de inteligente" de los datos proporcionados que se vería reflejada en los quince días hábiles siguientes, lo cual demostró con la documental anexa al informe justificado. También, la autoridad señalada como responsable de la omisión, informó que se realizó el trámite de pensión de acuerdo a la solicitud de uno de agosto de dos mil diecinueve, el cual concluyó con la resolución de ocho del mismo mes y año, en la que se negó la pensión solicitada por la aquí quejosa, pero que dado el sentido de la misma, no se sube automáticamente al sistema Datamart. Entonces, si bien es cierto que el ocho de agosto de dos mil diecinueve fue emitida la resolución recaída a la petición sobre pensión con folio 4979620955602 que la quejosa había realizado con antelación, también es cierto que lo pedido en escrito de veintinueve de enero de dos mil veintiuno tuvo lugar hasta el diecinueve de mazo del mismo año, en que los datos proporcionados por Hilda Guadalupe Cerda Almaraz fueron subidos al sistema "Datamart". En tales condiciones, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado a tal autoridad y, como consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, contemplada en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante lo cual, resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada Ley. Encuentra apoyo lo anterior, la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo antes expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 61 fracción XXI, 63 fracción V, 65, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Hilda Guadalupe Cerda Almaraz. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito signado por la licenciada ********************, Asesora Jurídica Federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al través del cual desahoga la vista que le fuera requerida en proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, realizando diversas manifestaciones; en tal razón, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando los alegatos de su intención en el presente asunto, los que de ser procedentes, se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, tres de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 547/2021 signado por el Jefe del Departamento de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social Subdelegación Matamoros, y el anexo que adjuntó al mismo, al través del cual da cumplimiento al requerimiento con que fuera conminado en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno; en tal razón, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, atento a lo anterior, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Respecto a la documental anexa se tiene por admitida y desahogada desde este momento por su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 119 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se desprende que la responsable aduce en su informe justificado que con fecha ocho de agosto de dos mil diecinueve dio contestación a la petición que le formulara la quejosa Hilda Guadalupe Cerda Almaraz el uno del citado mes y año y que la resolución será visible en el sistema DATAMART después de quince días, sin embargo, en autos no existe constancia de dicha resolución; por lo que, con fundamento en artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Jefe del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Matamoros, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dentro del improrrogable término de tres días, la remita. Apercibido que de no hacerlo en el plazo indicado, se le impondrá una multa de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, ello con apoyo en el numeral 260, fracción II, de la legislación de la materia. Tal requerimiento obedece a que la litis en este asunto versa sobre la transgresión al derecho de petición garantizado en el artículo 8º Constitucional, y para analizar si se cumplieron sus elementos, resulta necesario el análisis de la eventual contestación recaída a la solicitud elaborada por la quejosa Hilda Guadalupe Cerda Almaraz. Por otra parte, téngase por recibido el escrito signado por la licenciada Dulce María Carrillo Esquivel, Asesor Jurídico Federal, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en relación a las manifestaciones vertidas en el mismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando los alegatos de su intención, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Consecuentemente, para dar oportunidad a todo lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.

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