Hilda Griselda Bañuelos Álvarez
Expediente 158/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 21/10/2019
Partes del expediente
- Hilda Griselda Bañuelos Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal (fojas 121 a 123 y 126 a 127), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve (foja 128), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la ley de amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ...". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el dos de abril de dos mil diecinueve (fojas 31 a 55), en lo que al caso interesa, se determinó conceder a la quejosa Hilda Griselda Bañuelos Álvarez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos humanos violados, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, de dicho ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) por inscripción de documento público o privado y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por la inscripción de préstamo hipotecario, por concepto de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $22,810.00 pesos que pagó por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO", "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO; así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", todos derivados de la escritura pública número 17,183 (diecisiete mil ciento ochenta y tres), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. (.) En la inteligencia de que las cuotas de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), son aplicables, porque están referidas a las inscripciones como las que originaron la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar es la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Sentencia que fue recurrida por el Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, empero, por ejecutoria de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, el Quinto Tribunal Colegido de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en La Paz, Baja California Sur, se desechó el recurso de revisión interpuesto (fojas 93 a 107); por lo que se requirió al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit y al Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, a fin de que la acataran. De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Luego, por oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el doce de septiembre y dos de octubre de dos mil diecinueve (fojas 121 a 123 y 122 a 127), la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, comunicó el cumplimiento al fallo protector; es decir, el uno de octubre de dos mil diecinueve, realizó la devolución interbancaria a la aquí quejosa, la cantidad de veintidós mil trescientos ochenta y tres pesos con noventa y nueve centavos, lo cual acreditó con la copia de la transferencia bancaria; asimismo, remitió las operaciones aritméticas utilizadas para determinar dicho monto. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el uno de octubre de dos mil diecinueve, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de diciembre de dos mil dieciocho al mes de septiembre del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre del año en que se actúa entre el índice para el mes de diciembre del año anterior (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de diciembre de dos mil dieciocho fue de 103.02 y para el mes de septiembre del presente año fue de 103.687, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.006474470976509. Ahora, dado que al monto de $22,810.00 (veintidós mil ochocientos diez pesos 00/100, moneda nacional), al cual se les resta las cuotas mínimas a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional); por tanto, nos da como resultado la cantidad de $22,240.00 (veintidós mil doscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), al multiplicar el aludido factor anterior por la cantidad anterior, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $22,383.99 (veintidós mil trescientos ochenta y tres pesos 99/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $143.99 (ciento cuarenta y tres pesos con noventa y nueve centavos moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver a la quejosa la cantidad de $22,383.99 (veintidós mil trescientos ochenta y tres pesos 99/100 moneda nacional); cantidad que fue devuelta como consta en autos (foja 127). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados al quejoso, en términos del numeral 196 de la ley de amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio por un parte se sobreseyó y por otra se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa el amparo; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, mediante el cual informa los actos tendentes para dar cumplimiento al fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el libelo de mérito, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta y anexos, en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total de éste. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la quejosa Hilda Griselda Bañuelos Álvarez y anexos, mediante el cual proporciona su clabe interbancaria para que la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, realice el depósito correspondiente al pago condenado en autos; sin embargo, dígasele que dicha información la debe presentar directamente al ente responsable para el efecto de dicha devolución; por tanto, agréguense el libelo y anexos de cuenta a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar.
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