Hilda Gordillo Torres

Expediente 1065/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1065/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Hilda Gordillo Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. I. Calificación de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista que se le otorgó en relación con las constancias remitidas en atención a la sentencia de amparo, sin que hubiese hecho manifestación al respecto, por lo que, resulta procedente que este juzgado realice la calificación del cumplimiento al fallo protector. Mediante sentencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, este juzgado resolvió decretar el sobreseimiento en el juicio y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el juicio, para los siguientes efectos: 44. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa ********************, para los efectos siguientes: I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación de los preceptos 90 y 97; este último únicamente con relación a los supuestos previstos en el primer precepto, lo cual no implica que en el futuro se exente a la parte quejosa del pago del derecho registral por ese concepto, pues en todo caso se le cobrará dicho derecho en los términos que se precisarán en el punto dos (II) de este considerando; siendo estos preceptos: Los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que disponen el mecanismo de pago de derechos registrales por la inscripción de compraventa sobre inmuebles. O bien, que no se realice de manera coactiva su cobro, e informe a este juzgado el resultado de tal gestión, pues con independencia de que dichas contribuciones sean de aquellas cuyo entero ocurre de manera voluntaria por el gobernado en forma de autoliquidación y no esté totalmente en manos de la autoridad evitar su pago, es posible que pueda llevar un registro de esta sentencia en los sistemas con que cuente, tales como el electrónico, y lograr de manera efectiva la exención que ahora gozará la parte quejosa con motivo de la presente concesión, pudiendo advertir incluso al gobernado sobre el pago de lo indebido, y en esa medida se observe la jurisprudencia P./J. 112/99, Novena Época, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". II. Para que se deje insubsistente el acto de aplicación de los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, dados los efectos que se han señalado en el párrafo precedente, y se cobre al solicitante del amparo únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, debiendo restituirle al agraviado el numerario excedente que le corresponde respecto de las cantidades que haya pagado por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad por la inscripción de la compraventa sobre inmuebles. 45. Lo anterior, al tener en consideración que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, toda vez que en aras de salvaguardar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. 46. Razón por la cual, la restitución en el goce del derecho fundamental trasgredido sólo implica que la parte peticionaria deje de pagar la tarifa tildada de inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar una cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. 47. Máxime que del contenido el artículo 110 de la Ley de la Hacienda del Estado de Querétaro, se advierte que cuando los derechos generados por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se establezcan al millar y la cantidad que resulte a pagar sea inferior a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, se cobrará esta última cantidad. 48. Encuentra sustento a la anterior determinación la Jurisprudencia 2ª./J.29/2012, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS." 49. En el entendido que, el cumplimiento de la presente resolución no implica anular la norma inconstitucional, atento al principio de relatividad de las sentencias de amparo, por lo cual, la Legislatura y el Gobernador ambos del Estado de Querétaro, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, sino únicamente los actos de aplicación dirigidos a la parte quejosa y que en concreto, corresponden a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado o en su caso, al Notario Público Treinta y Tres de esta ciudad, por ende, en la etapa de ejecución de sentencia deberá requerirse de la siguiente manera: a) El Titular de la Notaria Pública Treinta y Tres de la demarcación notarial de Querétaro, quien si a la fecha aún no ha efectuado el pago a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, por el pago de los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (compraventa), éste deberá realizar los trámites correspondientes para efecto de que a la parte quejosa únicamente se le aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, y devuelva a la promovente la cantidad que le corresponde con motivo de la retención por dicho concepto; y, b) En el evento de que el Titular de la Notaria Pública Treinta y Tres de la demarcación notarial de Querétaro, ya hubiere efectuado el pago a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, entonces esta última deberá proceder a la devolución de la cantidad que le corresponde a la parte quejosa por concepto de los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, controvertidos en este sumario. 50. Sin que constituya un obstáculo que no se les haya llamado a juicio, lo cual no constituye un obstáculo para que cumpla con el fallo protector, pues son quien recaudan la contribución por la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada. 51. Al respecto encuentra aplicación, la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 178, en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO." Finalmente, desde este momento queda establecido que la devolución de los pagos fundados en las normas declaradas inconstitucionales, deberá realizarse respecto de todos aquellos comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que esta sentencia sea definitiva." Posteriormente, en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. Así, en auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, la representación del Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, informó que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro declarado inconstitucional; asimismo, efectuó la transacción bancaria al número de cuenta proporcionado por la parte quejosa, que constituye el monto excedente que resulto de aplicar el tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, conforme lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. Aunado a lo anterior, en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, el Notario Público Número Treinta y Tres de la demarcación de Querétaro, informó que realizó el pago de los derechos controvertidos a la autoridad exactora. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones realizadas en cuanto su cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA. También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES". II. Archivo y Destino de Expediente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de diciembre de dos mil veintidós. I. Notario informa pago. Agréguese a los autos el escrito proveniente de la Notaría Pública Número Treinta y tres (33) de la demarcación notarial de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que realizó el pago de los derechos registrales controvertidos en esta vía ante la autoridad exactora estatal, lo que acredita al tenor del recibo de pago que adjunta; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de diciembre de dos mil veintidós. I. Informa cumplimiento. Agréguese a los autos, el escrito signado en representación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual, informa la desincorporación de la esfera jurídica de la parte quejosa, de los preceptos legales declarados inconstitucionales durante su vigencia; asimismo, señala que el monto constitutivo del fallo protector, fue devuelto a la quejosa a través de transferencia bancaria, y al efecto remite las documentales con las cuales así lo acredita. II. Vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a los Notarios Públicos Número Treinta y Tres (33), de la Demarcación Notarial de Querétaro, así como al Secretario de Finanzas del Estado de Querétaro, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES; contado a partir de que reciban la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumplan debidamente y en su totalidad, con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintidós. IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades que se ven vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. VI. Escrito - solicitud transferencia. Finalmente, súmese a los autos los escritos signados electrónicamente por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. Ahora, por cuanto ve a su solicitud de que la entrega del recurso económico a que hace referencia el fallo protector, se realice vía electrónica, y al efecto inserta la caratula del estado de cuenta bancario en donde se advierten sus datos bancarios, en tal virtud, requiérase a la responsable que corresponda, ya sea la exactora o el fedatario público, para que dentro del plazo concedido en líneas precedentes, realice el pago por la vía en comento; en la inteligencia que deberá remitir a este Juzgado el comprobante que avale el depósito realizado, apercibido que de no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento a que se le conmino en el presente auto. Asimismo, por cuanto ve a la solicitud de que la transferencia se realice a diversa persona en caso de no ser posible realizarla a la cuenta bancaria de la parte quejosa, dígasele no ha lugar, toda vez ésta únicamente será realizada a la cuenta bancaria de la parte quejosa o bien podrá ser entregada mediante cheque directamente a la parte quejosa, a los autorizados cuyos nombre se precisaron en el auto admisorio, o a quien acredite su representación; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo; asimismo se hace la precisión que el título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa deberá contener la leyenda "no negociable" o "para abono a cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.

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