Hilda González Valdez

Expediente 716/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
716/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Hilda González Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de notificación realizada al actor respecto del laudo dictado en el juicio laboral 01/539/18. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio registrado con el folio 19131, con el ocurso y anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral 01/539/18 y la notificación realizada a la parte demandada. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Yuridia Ibarra Rojas, Presidenta de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte actora del laudo dictado en el juicio laboral 01/539/18. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con el acuse de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para que este en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 716/2023, promovido por Hilda González Valdez, por conducto de su apoderada legal, contra actos de la Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Hilda González Valdez solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOSJunta Especial Numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado"La omisión de dictar laudo, en el expediente laboral 01/539/18" SEGUNDO. El veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, radicó el asunto con el número de expediente 716/2023, y formulo prevención; una vez desahogada, esta autoridad admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de dictar laudo, en el expediente laboral 01/539/18. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Se tiene que la autoridad señalada como responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir el informe justificado, por conducto de su Presidente, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, remitiendo en apoyo del mismo, copia certificada de diversas documentales que integran el juicio laboral 01/539/18; a la cual se le otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2, además de que hace prueba plena de los hechos afirmados por la responsable. CUARTO. Estudio de fondo. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado advierta de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la ley de la materia, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los que se analizarán en conjunto dada la relación que guardan entre sí, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 76 de la Ley de Amparo, los que además, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen; en obvio de innecesarias repeticiones, ya que no existe obligación por parte de este Juzgado a transcribirlos. Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 2ª./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Resulta fundado uno de los conceptos de violación que hace valer la quejosa, suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados. La quejosa aduce que la responsable ha violentado sus derechos consagrados en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución, ya que no obstante se cerró instrucción en el juicio laboral de origen, la responsable no se ha pronunciado respecto del proyecto de elaboración del laudo correspondiente. Ahora bien, el derecho de seguridad jurídica consagrado en el artículo 17 Constitucional se traduce en que las autoridades, no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia, debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tiene la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la Junta responsable de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 01/539/18. De las constancias remitidas por la autoridad, a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, de conformidad con su ordinal 2°, al haber sido certificada por funcionario dotado de fe pública, se hace patente que desde el dieciséis de febrero del año en curso, se certificó que no existía prueba alguna por desahogar; sin embargo, fue hasta el veintinueve de junio pasado, en que se cerró la instrucción y se ordenó turnar el expediente al auxiliar dictaminador para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente. Ahora bien, los artículos del 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890.- Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." En este orden, es conveniente precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006-SS y que generó la jurisprudencia 2ª. /J 44/2007, de la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XXV, mes de abril de dos mil siete, determinó los términos y plazos que en el juicio ordinario laboral deben respetarse, ajustándose a los artículos antes transcritos, los cuales son: ( Dentro de los diez días siguientes al cierre de la instrucción se formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. (Artículo 885) ( Se entregará copia del proyecto a los miembros de la Junta, para que dentro de los cinco días siguientes a la recepción del mismo, cualquiera de ellos pueda solicitar que se practiquen diligencias por las razones que indica el artículo 886 de la ley en estudio, procediéndose a su desahogo, en su caso. ( Concluido el plazo anterior o habiéndose desahogado las diligencias respectivas, dentro de los diez días siguientes se citará a los miembros de la Junta para la discusión y votación del proyecto de laudo. (Artículo 887) ( Aprobado el proyecto de resolución se elevará a la categoría de laudo. (Artículo 889) Sentado lo anterior, si tomamos en consideración que desde el dieciséis de febrero del año en curso, se certificó que no existía prueba alguna por desahogar; sin embargo, fue hasta el veintinueve de junio pasado, en que se cerró la instrucción y se turnaron los autos del juicio laboral 01/539/18, para la elaboración del proyecto de laudo correspondiente, y por otra parte, se consideran los términos procesales en materia del trabajo, se evidencia que éstos han transcurrido en exceso existiendo una abierta dilación procesal, sin que dicha autoridad haya dictado la resolución del conflicto laboral. Por lo tanto, constituye una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; razón por la cual procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para que una vez que surta efectos la notificación del acuerdo que declare ejecutoriada la presente resolución y dentro del plazo establecido por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con plenitud de jurisdicción, dicte el laudo que corresponda en el juicio laboral 01/539/18; y lo notifique a la aquí quejosa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, Fracción I, 73, 74, 75, 76, 119, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Hilda González Valdez, contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y para los efectos expuestos en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Jaime César Pereyra Román. Doy fe.

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