Hilda Geovany Canales Manifacio
Expediente 88/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Hilda Geovany Canales Manifacio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y desprendiéndose de los mismos que por auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se declaró cumplida la ejecutoria dictada en los presentes autos, ordenándose el archivo de este asunto totalmente concluido, sin que al efecto se acordara respecto a la calificación del incidente de suspensión; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en el juicio en que se actúa, sin que ello implique que este tribunal revoque sus propias determinaciones, sino sólo subsanar las irregularidades advertidas. En ese sentido, con base en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, dado que en la incidencia que derivó del presente asunto, se concedió la suspensión definitiva, el cuadernillo original resulta susceptible de depuración, una vez transcurridos los cinco años de haberse dictado la sentencia. Notifíquese.
- Principal
se notifica por lista al promovente:Agréguense a los autos para que obren como corresponda, los oficios remitidos por el Coordinador del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y Coordinador de Agentes del Ministerio Público de las Unidades de Investigación y Litigación de Homicidios Violentos, Lesiones, Delitos Sexuales y del Sistema Tradicional, ambos con residencia en esta ciudad; mediante los cuales cumplen con el requerimiento decretado en proveído de veintidós de los que cursan, y al efecto acompañan las constancias que acreditan el deceso del quejoso directo Irvin Antonio Canales Manifacio. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IIII, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento de este asunto. Sustenta lo anterior la tesis XVI.5o.8 K emitida por el Quinto Tribunal Colegido del Décimo Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, con número de registro electrónico 179176, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DELQUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo".
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO DIEGO SEGURA DELGADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el articulo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad responsable para que en el término de tres días, contados a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, remita en copia certificada las constancias con las que acredite fehacientemente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el tiempo concedido para tal efecto o de no contestar la causa legal o material que se lo impida, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, este juzgado estima que tal hecho constituye una evasiva a la protección constitucional. Para demostrar esto, conviene citar los antecedentes que a continuación interesan. 1. La parte quejosa Gabriela Guajardo García, representante legal de los quejosos L.D.S.G. y A.S.G., solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, consistentes en la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 1185/2013, mediante la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de quince de septiembre de dos mil quince, en el cual se negó la suspensión provisional de las convivencias familiares entre los menores y su progenitor. 2. Seguida la secuela del procedimiento por todas sus etapas, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia constitucional en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada a la parte quejosa, tiene los efectos siguientes: I. Deje insubsistente la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; y II. Con libertad de jurisdicción emita otra, debidamente fundada y motivada, en la que dé contestación a los motivos de disenso formulados por la quejosa, al interponer el recurso de reconsideración. III. Proceda, sin dilación alguna, a dictar las medidas necesarias para lograr que se dé cumplimiento al auto de quince de septiembre de dos mil dieciséis, es decir, para que se realice la notificación y se corra traslado al demandado incidental, para luego, seguir el procedimiento en sus etapas". 3. Mediante acuerdo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en este juicio, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 128 a 130). 4. Una vez llevadas a cabo las gestiones de cumplimiento, por acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho se declaró que había quedado sin materia el cumplimiento del fallo protector. 5. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa Gabriela Guajardo García, representante legal de los quejosos L.D.S.G. y A.S.G., interpuso recurso de inconformidad, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. 6. Posteriormente, mediante sesión plenaria de cinco de julio de dos mil dieciocho, la superioridad resolvió el aludido medio de impugnación, en los términos que a continuación se transcriben: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de inconformidad interpuesto por la quejosa Gabriela Guajardo García, en representación de sus menores hijos L. D. y A., ambos de apellidos Segura Guajardo, en contra del auto de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual la Juez Primero de Distrito en la Laguna, declaró sin materia el cumplimiento de la sentencia protectora recaída al juicio de amparo indirecto expediente número 1937/2016-IV, promovido por esa propia inconforme, en contra de actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad". 7. Por acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho, se recibió la mencionada resolución del tribunal de alzada, por ello, en esa fecha se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, para que cumpliera con los efectos del fallo protector establecidos por la superioridad, los cuales fueron los siguientes: "Razón por la cual, de conformidad con previsto en el articulo 196 de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar el acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, así como ordenar que se prosiga con el trámite tendiente a lograr el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo respectiva, esto es, a fin de que requiera su íntegro acatamiento, es decir, que el Juez responsable dicte las medidas necesarias para lograr el emplazamiento del enjuiciado incidental y accionante principal, a fin de continuar por sus demás etapas procesales el incidente de suspensión de convivencias provisional interpuesto por la actora incidental y demandada principal". 8. Mediante autos de quince y treinta de agosto, dieciocho de septiembre, ocho y veinticuatro de octubre y catorce de noviembre del dos mil dieciocho, se tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y en los mismos se le requirió nuevamente para que cumpliera con dicha ejecutoria. 9. En auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho se tuvo por recibido el oficio del juez responsable, mediante el cual informó que no fue posible el emplazamiento del enjuiciado incidental Diego Segura Delgado, y accionante principal, a fin de continuar por sus demás etapas procesales el incidente de suspensión de convivencias provisional interpuesto por la actora incidental y demandada principal, comunicando que la persona con la que se entendió la diligencia en el domicilio ubicado en Paseo de los Calvos número 797, Fraccionamiento Roma, en esta ciudad, manifestó que en dicho domicilio no vive ni habita el demandado incidental, negándose a aceptar el emplazamiento ordenado. 10. Finalmente, mediante escrito de diez de diciembre de dos mil dieciocho, la parte quejosa desahogó la vista ordenada por este juzgado en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en el expuso que, en efecto, el demandado incidental puede ser notificado en el domicilio ubicado en Paseo de los Calvos número 797, Fraccionamiento Roma, en esta ciudad, circunstancia que se corrobora al tener a la vista el juicio de amparo expediente número 1399/2018-IX, del índice de este propio órgano jurisdiccional, del que se desprende que Diego Segura Delgado, compareció a juicio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado anteriormente. Conforme a lo anterior, se estima que tal hecho constituye una notoria evasiva en el cumplimiento del fallo protector, ya que, no obstante a que la autoridad responsable tiene conocimiento del domicilio en el que se puede llevar a cabo el emplazamiento del enjuiciado incidental Diego Segura Delgado, y accionante principal, a fin de continuar por sus demás etapas procesales el incidente de suspensión de convivencias provisional, no ha llevado a cabo el mismo. De ahí entonces, si la actitud desplegada por la autoridad responsable se traduce en un evidente retraso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por ende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, se determina que la sentencia de amparo no está cumplida; por ello, de conformidad con el acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, resulta procedente remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes por separado, déjese constancia de este proveído así como de las demás constancias que se requieran para lograr su cabal cumplimiento. Sirve a lo anterior, la jurisprudencias 137/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, octubre 2008, página 442, con número de registro 168712, del texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA EN AMPARO INDIRECTO. EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN. Con motivo de la reforma al párrafo séptimo del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 11 de junio de 1999, se facultó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a expedir acuerdos generales a efecto de remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito todos los asuntos en los que se hubiere establecido jurisprudencia, los que no revistan interés o trascendencia, o en los que el mismo Alto Tribunal estime innecesaria su intervención. En ejercicio de tal facultad, el 21 de junio de 2001 el Tribunal Pleno emitió el Acuerdo General 5/2001, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y al envío de los de su competencia originaria a los Tribunales Colegiados de Circuito. Entre estos últimos se encuentran los incidentes de inejecución a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Amparo, derivados de sentencias en que se concede el amparo, dictadas por Jueces de Distrito o Tribunales Unitarios, conforme al punto quinto, fracción IV, que en relación con el punto décimo, fracción I, del mismo Acuerdo General, se enviarán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el órgano jurisdiccional que hubiese dictado la sentencia respectiva, o al especializado que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión, cuando en el circuito existan dos o más tribunales, o en su caso, al que se encuentre en turno. En consecuencia, si se suscita un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito especializados, pero uno de ellos previno en el conocimiento del amparo en revisión en que se concedió la protección constitucional, a éste compete conocer del incidente de inejecución de sentencia respectivo, debiendo atenderse para ello al Acuerdo General referido, emitido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con independencia de los acuerdos administrativos que pudieran existir, como son los de returno que emite el Consejo de la Judicatura Federal, que no pueden estar por encima de un Acuerdo General Plenario de este Alto Tribunal, como lo es el 5/2001, que desarrolla una facultad derivada directamente de la Constitución Federal, relacionada con la delegación de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los Tribunales Colegiados de Circuito". Así como la jurisprudencia 9/2001 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, octubre 2001, página 336, con número de registro 188634, del texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia".
- Principal
Agréguese a los autos para debida constancia el oficio remitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio de cuenta, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que en caso de no hacerlo, este juzgado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercera interesada.
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