Hilda Gabriela Moreno Torres
Expediente 148/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 148/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hilda Gabriela Moreno Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de prueba, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 148/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que remitió con su informe el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán, así como con las que acompañó la parte quejosa a su demanda. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable, y por la parte quejosa. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Hilda Gabriela Moreno Torres, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. La parte quejosa invocó como preceptos violados en su perjuicio, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 418/2023 y en proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés se admitió a trámite; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada. Posteriormente, en acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se reconoció carácter de tercero interesado a Heliodoro Moreno Solís, en cuanto albacea definitivo de la sucesión testamentaria a bienes de José Luis Moreno y/o José Luis Moreno Ávalos, por tener intereses contrarios a la parte quejosa dentro del juicio sumario civil de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver bajo las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con residencia en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, analizada íntegramente la demanda de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado consiste en: La resolución de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca III-1/2023, formado con motivo del recurso de queja que hizo valer Hilda Gabriela Moreno Torres contra el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio sumario civil 913/2015, que sobre formalización y cumplimiento de contrato de donación y otras prestaciones promovió Ma. Trinidad Liliana Moreno Solís y otro, frente a la sucesión a bienes de José Luis Moreno o José Luis Moreno Ávalos, por conducto de su albacea Gonzalo Moreno Solís. Acto que atribuye al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe dicha autoridad responsable, consistentes en los autos del toca 1/2023 [constantes de un tomo]. Documentales que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así también, es aplicable al caso por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, toda vez que en el presente caso las partes no invocaron causales de improcedencia de la acción constitucional, ni este juzgador advierte alguna de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. Quinta. Estudio de los conceptos de violación. La promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribieran, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Primeramente, debe decirse que devienen inatendibles todos aquellos motivos de inconformidad que expresa la parte quejosa, tendentes a atacar lo resuelto por el Juez primigenio en el incidente de falta de personalidad promovido dentro del juicio sumario civil de origen, donde se resolvió desconocer la personalidad del apoderado jurídico de la aquí peticionaria de amparo, en virtud de que dicha resolución no es materia de análisis en el presente juicio constitucional. Como quedó precisado con antelación, la sentencia de dieciséis de enero de dos mil veintitrés aquí reclamada, resolvió el recurso de queja interpuesto por Hilda Gabriela Moreno Torres, contra el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, que determinó la no admisión del recurso de apelación intentado por la quejosa contra la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio sumario civil de origen, por la que se declararon procedentes las acciones de formalización y cumplimiento de contrato de donación y otras prestaciones, que ejercitaron Ma. Trinidad Liliana Moreno Solís y Carlos Moreno Solís, por conducto de su albacea testamentario. Al efecto, en sus conceptos de violación la parte quejosa esencialmente señala: Que la resolución reclamada viola el contenido del artículo 579, fracción III, en relación con el 682 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que la autoridad responsable no atendió los conceptos de agravio que fueron materia de debate del recurso planteado, es decir, la sentencia reclamada omitió atender los agravios expuestos sin estudiarlos. Que no se le puede desconocer la personería en observancia de los derechos fundamentales de acceso a la tutela jurisdiccional, audiencia y defensa, porque la materia de fondo a dilucidar en el recurso de apelación que planteó contra la sentencia definitiva de tres de noviembre de dos mil veintidós, es propiamente analizar si tiene o no dicha representación. Que desconocer de nueva cuenta la personalidad cuestionada a través de la confirmación del auto que fue motivo de queja, desechando el recurso de apelación planteado frente a la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintidós, conllevaría a la falsedad de "petición de principio", que consiste en emplear el argumento cuestionado contra el recurrente, cuando este no es susceptible de ser utilizado, porque ello implicaría que el tribunal ya aceptó la legalidad del punto jurídico debatido sin haber mediado la respuesta a cada uno de los agravios hechos valer con la intención de probar lo contrario. Asimismo, aduce que al igual que el juez natural, la responsable tuvo por no acreditada la personalidad sin haber entrado al estudio de los motivos de agravio, el cual debe resolverse en el fondo de la cuestión planteada y no desecharlo con base en el desconocimiento de plano de la personalidad, con efecto de dar respuesta a sus argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida, en observancia de los derechos fundamentales de acceso a la tutela jurisdiccional de audiencia y de defensa. Al efecto, invoca la tesis del rubro: "PERSONALIDAD. EL RECURSO INTERPUESTO CONTRA SU DESCONOCIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO NO DEBE DESECHARSE CON BASE EN EL ARGUMENTO DE LA FALTA DE PERSONALIDAD". Expuesto lo anterior, los conceptos de violación aducidos son inoperantes en una parte e infundados en otra más. En efecto, resultan infundados en la parte donde aduce que el magistrado responsable no atendió los puntos de agravio que fueron materia del recurso planteado, esto es, que omitió realizar el estudio de sus agravios en forma clara y concisa, en párrafos separados y numerados. Es así, en primer lugar, porque de la simple lectura de la resolución reclamada, en su considerando tercero, se desprende que el magistrado responsable calificó de infundado el recurso de queja hecho valer por la quejosa. Al respecto, destacó las disposiciones relacionadas con la actividad que realiza el albacea de una sucesión, en particular, respecto de sus obligaciones y atribuciones por razón del cargo, entre ellas, las contenidas en los artículos 844, 871 y 872, fracciones VII y VIII del Código Civil. Continuó diciendo que del contenido de dichos preceptos se desprende que ciertamente, los albaceas son los órganos representativos de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de herederos o legatarios en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes hereditarios, teniendo como función, además, ejecutar las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión en juicio y fuera de él. También destacó que es al albacea a quien corresponde deducir todas las acciones relacionadas con la herencia, así como la defensa en juicio y fuera de la misma, de los bienes hereditarios y de la validez del testamento y por ello, -señaló- es claro que esa función que desempeña el representante de una sucesión cobra particular importancia, porque al ser él quien debe salir a la defensa de la herencia fuera del juicio a través de los procedimientos que tenga que gestionar, es evidente que también le corresponde el proponer los recursos respectivos, inclusive el promover el juicio de garantías, precisamente, por ser una obligación propia de su encargo. Apoyó su anterior argumento en los criterios del rubro "ALBACEAS, FACULTADES DE LOS". Luego, puntualizó que lo antes anotado viene a cuenta porque, en oposición a lo que refirió la inconforme, el juez del conocimiento actuó acorde a derecho al negarse a admitirle el recurso de apelación que hizo valer contra la sentencia definitiva del controvertido de origen, porque de las constancias del testimonio en estudio se aprecia que el veintidós de abril de dos mil veintidós, se tuvo a Sergio Moreno Solís, por apersonándose en el juicio en cuanto albacea definitivo de la codemandada sucesión intestamentaria a bienes de Graciela Solís Pantoja. Por lo anterior, -concluyó el magistrado responsable- es claro que como lo resolvió el juez natural, la quejosa Hilda Gabriela Moreno Torres no podía promover el recurso de apelación contra el fallo que resolvió la controversia de origen, porque como ella misma lo manifestó, ya no tiene el carácter de representante de la referida sucesión, por lo que a quien corresponde hacer valer ese medio de impugnación es al mencionado Moreno Solís, porque al tener él ahora ese cargo, es quien debe salir a la defensa de la sucesión coaccionada dentro de los procedimientos en que sea parte, como lo es el de origen, al ser una obligación que la ley le impone por desempeñar esa función. Como se advierte, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, quien esto resuelve advierte que el magistrado responsable sí analizó de manera exhaustiva sus agravios e identificó con claridad la causa de pedir, relativa a su pretensión de impugnar el fallo de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, que resolvió el contradictorio de origen; sin embargo, calificó de infundado el recurso interpuesto y expuso los motivos por los que consideró correcto lo resuelto por el juez primigenio, en el sentido de que la quejosa no ostentaba la representación de la sucesión y por ello no se encontraba legitimada para impugnar la citada resolución. Y en segundo término, porque este juzgador advierte que la quejosa parte de una falsa premisa, al aseverar que la materia del recurso de apelación que interpuso, así como ahora del presente juicio de amparo, es analizar si efectivamente tiene o no la representación de la sucesión intestamentaria. Sin embargo, como correctamente lo expuso la autoridad responsable en la resolución aquí reclamada, no es verdad que la juez natural en el acuerdo apelado de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, le haya desconocido la personalidad que tenía reconocida dentro de la controversia de origen, puesto que la misma le fue desconocida en la sentencia interlocutoria de fecha dieciséis de junio de dos mil veintidós y por ello, la juzgadora no admitió el recurso de apelación que intentó la impetrante de amparo, ya que al haber dejado de tener la representación de la sucesión coenjuiciada [desde el dieciséis de junio de dos mil veintidós], es claro que ya no puede actuar en su defensa y representación dentro del citado controvertido. De ahí que no sea factible considerar -como afirma la quejosa- que el hecho de confirmar el auto que desechó el recurso de apelación intentado conlleve a la falsedad de petición de principio, pues como acertadamente lo dijo el magistrado responsable, esa autoridad se encuentra impedida para analizar las manifestaciones que hizo valer la inconforme, relativas a la personalidad que le fue desconocida en el sumario, debido a que tales alegaciones no constituyen materia de la apelación que interpuso. Esto es, la apelación interpuesta no lo fue contra la interlocutoria que le desconoció la personalidad dentro el juicio de origen, sino contra la sentencia que resolvió el fondo del citado controvertido, por lo que no procedía hacer pronunciamiento alguno al respecto; de ahí lo infundado de los argumentos planteados. Congruente con lo anterior, deben calificarse de inoperantes los argumentos que hizo valer la parte quejosa en su escrito de demanda, dirigidos a controvertir que al igual que el juez natural, el magistrado responsable tuvo por no acreditada la personalidad sin haber entrado al estudio de los motivos de agravio, y que debe resolverse en el fondo de la cuestión planteada y no desecharlo con base en el desconocimiento de plano de la personalidad, sino analizar y dar respuesta a sus argumentos tendentes a demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida, en observancia de los derechos fundamentales de acceso a la tutela jurisdiccional de audiencia y de defensa. Ello, -se reitera- porque al respecto la autoridad responsable se pronunció en el sentido de que se encuentra legalmente impedida para analizar las manifestaciones que hizo valer la recurrente en relación a la personalidad que le fue desconocida en el sumario, merced a que en realidad las mismas vienen a constituir materia de la apelación que interpuso y no le fue admitida. En esa virtud, quien esto resuelve tampoco está en condiciones de realizar pronunciamiento alguno al respecto, pues como se dijo con antelación, el magistrado responsable no realizó el análisis de las manifestaciones de la quejosa al considerar que estas constituían materia de la apelación cuyo estudio de fondo no se analizó, porque no le fue admitida. En las condiciones apuntadas, no existe vulneración a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en perjuicio de la parte quejosa, y al no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, lo que se impone es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Hilda Gabriela Moreno Torres, por su propio derecho, respecto del acto y autoridad que precisados quedaron en la consideración segunda; y, por los motivos expuestos en la diversa quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintitrés.********************Vista la cuenta precedente, de autos se advierte que aún no obra las constancias de emplazamiento del tercero interesado Heliodoro Moreno Solís, encomendado al actuario adscrito a este juzgado en auto de veintitrés de febrero del año en curso.****************************************En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las once horas con cincuenta minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés para su verificativo.****************************************Notifíquese por lista.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se emplaza y notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 23 de febrero de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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