Hilda Flores Bojalil
Expediente 455/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 48 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 455/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 48
- Última actuación
- 28/05/2019
Partes del expediente
- Hilda Flores Bojalil
- Juez Cuarto de Distrito En Materia Civil del Primer Circuito En el Distrito Federal
- Actuario Adscrito Al Juzgado Segundo de Distrito En el Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 48.
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Agréguese a los autos las impresiones del correo institucional mediante los cuales la Analista Especializada de la Secretaría para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información, acusa recibo de los correos electrónicos de veintidós y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, mediante los cuales se dio contestación a la solicitud formulada mediante el oficio ...relativo a la solicitud de información ...lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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Agréguese a los autos el oficio de cuenta UT/STSAI/3576/2019-0320000241319-R, mediante el cual la Secretaria para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información, requiere el informe correspondiente a la solicitud de información ...... consistente en la versión pública de la totalidad de las constancias procesales perteneciente al juicio de amparo indirecto en que se actúa, Por tanto, con fundamento en los artículos 1, 2 y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 7, 28 y 29 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 14, 60, 85, y 86 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la Información pública y protección de datos personales y archivos, remítase a la autoridad oficiante, la versión pública de la totalidad de las constancias procesales del juico en que se actúa. Por lo que hace al informe que se solicita, se procede a informar: Respecto al punto número uno relativo a la existencia de la información, se comunica que las promociones y las actuaciones se encuentran disponibles en el expediente físico y electrónico; asimismo, se hace de su conocimiento que el presente juicio es un asunto concluido. b) Por lo que hace al punto número dos, se hace de su conocimiento que el expediente del juicio de amparo en que se actúa no se encuentra en posesión de los Centros Archivísticos Judiciales, Centro de Manejo Documental y Digitalización, ni tampoco las Casas de Cultura Jurídica. c) En cuanto hace al punto tres, relativa a la clasificación de la información considerada como reservada o confidencial, es menester precisar que la hipótesis legal prevista en el artículo 110 fracción XI de la LFTAIP, dispone: En relación a la clasificación de la información considerada como reservada o confidencial, debe decirse que los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen lo siguiente: "Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal; V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los Servidores Públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; X. Afecte los derechos del debido proceso; XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y esta Ley y no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales." "Artículo 113. Se considera información confidencial: I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello." Así también, el artículo 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, refiere: "Artículo 7. Las sentencia ejecutorias y las demás resoluciones públicas podrán consultarse una vez que se emitan y los términos en que se conceda el acceso a ellas serán determinados inicialmente, por los respectivos módulos de acceso. Tratándose de las resoluciones públicas dictadas cuando aún no se emite la respectiva sentencia ejecutoria, el módulo de acceso solicitará a la Suprema Corte, al Consejo o al respectivo Órgano Jurisdiccional, una versión electrónica de aquéllas, siendo obligación de dicho módulo suprimir de ésta los datos sensibles de las partes y, en su caso, los demás datos personales de las partes. El análisis sobre la naturaleza pública, reservada o confidencial de las pruebas y demás constancias que obre en un expediente judicial, podrán realizara una vez que la sentencia respectiva haya causado estado. Cuando en un expediente se encuentren pruebas y demás constancias aportadas por las partes que contengan información legalmente considerada como reservada o confidencial, no podrá realizase la consulta física de aquél, pero se tendrá acceso a una versión impresa o electrónica del resto de la documentación contenida en el mismo." Tomando en consideración el contenido de los artículos citados en los párrafos que anteceden, procede clasificar la información solicitada como no reservada o confidencial, ya que se trata de juicio concluido, en el que se dictó una sentencia que no amparó y amparó a la parte quejosa en el juicio de garantías en que se actúa en primera instancia (fojas 293 y 294), la cual fue confirmada en segunda instancia y al recibir la ejecutoria se requirió el cumplimiento el tres de enero de dos mil diecisiete (foja 399), finalmente con fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada ordenándose su archivo definitivo como asunto concluido (fojas 495 a 500). d) el punto cuatro, de plazo de reserva debe decirse que no existe reserva. La información debe otorgarse al solicitante, toda vez que su petición la realizó conforme lo previsto en el artículo 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con el Título Quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se establecen los requisitos para el acceso a la información que se encuentra en posesión del órgano jurisdiccional. e) el punto cinco, modalidad de entrega. La versión pública de la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto en que se actúa será enviada en versión pública, mediante vía electrónica al correo electrónico dtsai@correo.cjf.gob.mx, para los efectos legales conducentes, asimismo, se informa que el archivo digital contiene seiscientas veintiséis fojas.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA HILDA FLORES BOJALIL EL AUTO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 364 a 398), dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el toca de revisión R.-393/2016 de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el treinta de diciembre de dos mil dieciséis (foja 363), por la cual confirmó la sentencia de garantías dictada por este Juzgado Federal, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 270 a 294). De la ejecutoria se advierte que la protección constitucional se concedió por cuestiones de forma para el efecto de que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito en el Distrito Federal, 2. Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla antes Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla y 3. Actuario Adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla antes Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla: ".1.- Deje insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil once, en el que determinó conceder la cooperación procesal internacional para ejecutar un fallo extranjero, exclusivamente por cuanto hace a la quejosa ********, así como lo actos de ejecución que de dicha determinación derive, entre ellos el auto de tres de octubre de dos mil catorce y la diligencia de doce de marzo de dos mil quince; y 2.- Hecho lo anterior pronuncie otro, con plenitud de jurisdicción, en el que de manera fundada y motivada determine si en el caso se encuentran satisfechos los requisitos para reconocer un procedimiento extranjero y otorgar cooperación para su ejecución, respecto de la ahora quejosa." (foja 293 vuelta). Por auto de tres de enero de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca en revisión R-393/2016 se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 399 y 400). Por oficio 282/2017 de diez de enero de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, informó que en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada dejó insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil once, así como los actos de ejecución de dicha determinación derivaron como son el proveído de tres de octubre de dos mil catorce y la diligencia de dos de marzo de dos mil quince, asimismo, requirió al representante de W. Steve Smith, Síndico Extranjero de la Quiebra de IFS Financial Corporación, para que en el término de tres días, indicara bajo protesta de decir verdad si el monto condenado se encontraba comprendido en dólares o pesos mexicanos (fojas 405 a 409). Por oficio 2640/2017 de catorce de febrero de dos mil diecisiete, recibido por este Juzgado Federal el diecisiete del mismo mes y año (foja 451), en el cual el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, remitió copia certificada del proveído de catorce de febrero del año en curso, dictado dentro del incidente de reconocimiento de ejecución de sentencia extranjera de quiebra y cooperación internacional 206/2004 de su índice, en el que se advierte que analizó la procedencia de la petición de cooperación en relación a la aquí quejosa Hilda Flores Bojalil, por lo que examinó el contenido del capítulo III, del reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas otorgables, perteneciente al Título Décimo Segundo, que refiere a la cooperación en los procedimientos internacionales, de la Ley de Concursos Mercantiles aplicables al asunto. Además, el juez de origen tomó en consideración el artículo 292, que establece los requisitos que debe presentar toda solicitud de reconocimiento de procedimiento extranjero, así como el diverso 293, que prevé que cuando se solicitara un reconocimiento de un procedimientos extranjero respecto a un comerciante que tenga un establecimiento en México, se deberían observar las disposiciones del Capítulo IV del Título Primero de la ley, incluidas las relativas a la imposición de providencias precautorias. Señaló que la sentencia de declaración de concurso mercantil a que se refiere el artículo 43, de dicho ordenamiento contendrá la declaración de que se reconoce el procedimiento o procedimientos extranjeros de que se trate. De igual forma tomó en consideración los artículos 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 y el diverso 303, los que establecen la forma y requisitos para solicitar el reconocimiento de un procedimiento extranjero; manifestó el juez responsable, que una vez decretado éste, no hay disposición que especifique cuáles son los requisitos que deban seguirse para lograr el cobro de los créditos determinados a favor del comerciante. Señaló, que en el artículo 302 de la Ley de Concursos Mercantiles, se advierte que el único presupuesto de procedencia para las acciones de recuperación de bienes de la masa, es que se haya decretado el reconocimiento del procedencia extranjero de quiebra, por lo que una vez hecho esto, el Síndico extranjero se encontraba facultado para iniciar las acciones de recuperación de bienes de la quebrada y para solicitar la nulidad de los actos celebrados en fraude de acreedores, así mismo del análisis que efectuó el Juez responsable al Capítulo III, del reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas otorgables, perteneciente al Título Décimo Segundo, referente a la cooperación en los procedimientos internacionales, de la Ley de Concursos Mercantiles aplicable, precisó que, no exigía mayor requisito para iniciar estas acciones de recuperación, ni que se deberían de verificar las formalidades del procedimiento extranjero, como sería la validez del emplazamiento en cada deudor al procedimiento extranjero, pues el numeral 292 de la ley en cita dispone: "Artículo 292.- El Representante Extranjero podrá solicitar ante el juez el reconocimiento del Procedimiento Extranjero en el que haya sido nombrado. Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de: I. Una copia certificada por el Tribunal Extranjero de la resolución por la que se declare abierto el Procedimiento Extranjero y se nombre el Representante Extranjero; II. Un certificado expedido por el Tribunal Extranjero en el que se acredite la existencia del Procedimiento Extranjero y el nombramiento del Representante Extranjero, o III. En ausencia de una prueba conforme a las fracciones I y II, acompañada de cualquier otra prueba admisible por el juez de la existencia del Procedimiento Extranjero y del nombramiento del Representante Extranjero. Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una declaración en la que se indiquen debidamente los datos de todos los Procedimientos Extranjeros abiertos respecto del Comerciante de los que tenga conocimiento el Representante Extranjero. El juez deberá exigir que todo documento presentado en idioma extranjero en apoyo de una solicitud de reconocimiento sea acompañado de su traducción al español. Igualmente, se deberá expresar el Domicilio del Comerciante para el efecto de que se le emplace con la solicitud. El procedimiento se tramitará como incidente entre el Representante Extranjero y el Comerciante, con intervención, según sea el caso, del visitador, el conciliador o el síndico. De lo anterior precisó que sólo se trataba de la cooperación que se debe otorgar para lograr el cobro de los créditos decretados en favor de la comerciante quebrada, sin que adquiera la facultad de verificar más allá de lo permitido por la Ley de los Concursos Mercantiles, además de que no tiene el deber de establecer la autenticidad de los documentos en todos los casos, sino que debe analizarlos en su relación con otras constancias existentes en autos, para determinar si hay elementos suficientes que permitan formar la presunción de que sí provienen del tribunal extranjero al cual se atribuyen. Por tanto, el juez de origen manifestó que tenía un documento apostillado con su traducción al español, en el que se advertía que: a la deudora aquí quejosa le correspondió el caso ***************, el juez de quiebras señaló que se había presentado para su consideración: a) la moción para la aceptación de incumplimiento y fallo de incumplimiento contra la deudora Hilda Flores Bojalil aquí quejosa, b) la moción para que ese tribunal le designara un abogado que la representara; c) una solicitud de audiencia del síndico W. Steve Smith. De igual forma, que dicho juez de quiebras señaló que después de considerar la moción, la rebeldía de la demandada, las consideraciones juradas que le había presentado y la información adicional presentada, determinó que las constancias soportan la procedencia de la sentencia en rebeldía. Por lo que el ocho de julio de dos mil ocho dictaminó que la demandada era responsable ante el síndico por el pago de **************dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), por diversos conceptos; asimismo, el síndico extranjero también presentó una declaración jurada efectuada por Heatle R. Potts, abogada familiarizada con las reglas federales de procedimiento civil y con las sentencias en rebeldía obtenidas por el síndico derivadas del caso de quiebra de la empresa IFS Financial Corporatión. Tal declaración fue verificada ante la Notario Público del Estado de Texas, debidamente traducida al español en la que constaba que respecto a la deudora aquí quejosa Hilda Flores Bojalil, su número de adversario (04-3814); la cantidad adeudada USD $229,535.29 (doscientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco 29/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), y la fecha de registro de su sentencia dictada en rebeldía el dieciocho de octubre de dos mil seis. También declaró que las sentencias de los deudores, entre las se encuentra la de Hilda Flores Bojalil, se convirtieron en definitivas después de catorce días posteriores a su registro de cada sentencia en rebeldía; que ningún recurso se interpuso y no se habían interpuesto, que las sentencias era definitivas y cosa juzgada, tal y como lo decidiera la Corte de Quiebras. El juez de origen señaló que de los documentos aludidos se desprendía: que en el Tribunal de quiebras extranjero se llevó a cabo un procedimiento en contra de la aquí quejosa ****************, en el que se le asignó el número 04-3814, que en dicho procedimiento se dictó una sentencia su contra, que dicha sentencia fue dictada en rebeldía de la deudora, por un monto $229,535.29 (doscientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco 29/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), documentación gozaba de valor probatorio pleno en términos de los artículos 292, segundo párrafo y 295 de la Ley de Concursos Mercantiles, en este último también establecía que el Juez estaría facultado para presumir que los documentos que le sean presentados en apoyo de la solicitud de reconocimiento son auténticos, estén o no legalizados. Por lo que el juez responsable determinó que con las documentales exhibidas por el síndico extranjero se acreditaba que existió un procedimiento seguido en contra de la deudora **************, en el que se dictó una sentencia definitiva en rebeldía, por lo que se decretó una cantidad liquida, cierta y exigible por USD $229,535.29 (doscientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco 29/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamerica), que pertenecía a la masa de la quebrada IFS Financial Corporation; y que la Ley de Concursos Mercantiles se facultaba al síndico a iniciar los procedimientos de recuperación de bienes a partir del reconocimiento del procedimiento extranjero de quiebra de la empresa IFS Financial Corporation, sin exigir la comprobación de mayores requisitos, como sería el verificar si se emplazó al procedimiento extranjero a la deudora, por lo que declaró procedente la cooperación internacional de ese juzgado para coadyuvar en la medida de lo posible con los tribunales y el representante extranjero a efecto de que se ejecutará la sentencia extranjera de once de octubre de dos mil tres y ordenó requerir el pago a la referida quejosa (fojas 451 a 462). Por auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional dio vista a las partes con las constancias referidas (foja 472). En las relatadas condiciones, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, al dejar insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil once, así como los actos de ejecución de dicha determinación derivaron como son el proveído de tres de octubre de dos mil catorce y la diligencia de dos de marzo de dos mil quince y dictar otro el catorce de febrero de la presente anualidad, debidamente fundado y motivado en el que al determinar que en el caso se encontraban satisfechos los requisitos para reconocer un procedimiento extranjero y otorgar cooperación para su ejecución, respecto de la ahora quejosa Hilda Flores Bojalil y ordenar requerirle el pago de la cantidad de doscientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco dólares americanos 39/100 USD; en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida la ejecutoria de amparo. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA. Finalmente, toda vez que por auto de cuatro de abril del año en curso, se reservó el escrito presentado ante este Juzgado Federal el treinta y uno de marzo del año en curso, por el que la parte quejosa da contestación a la vista del cumplimiento a la ejecutoria dada por la autoridad, hasta en tanto se proveyera sobre el cumplimiento, lo que en la especie aconteció en el presente proveído, se acuerda: Téngase a la parte quejosa realizando diversas manifestaciones en cuanto al cumplimiento, en el sentido que si bien el Juez responsable dejó sin efectos el auto de veintitrés de marzo del año dos mil doce, así como los autos derivados de dicho proveído como fueron los de tres de octubre de dos mil catorce y doce de marzo de dos mil quince, y dictó otro con plenitud de jurisdicción el catorce de febrero de la presente anualidad, no había dado cumplimiento cabal a la sentencia, específicamente en la parte en la cual manifestó y afirmó categóricamente que la exigencia de que debía verificar si estaba emplazada al procedimiento extranjero, no era un requisito necesario para otorgar la cooperación extranjera y determinó que se encontraban satisfechos los requisitos para reconocer un procedimiento extranjero y otorgara la cooperación internacional respecto de la ahora quejosa, por lo que se perdió el objeto del juicio de garantías, ya que éste lo promovió por ignorar el procedimiento y la causa por la cual se le había buscado para requerirle de pago de una cantidad determinada, sin haber sido oída y vencida en juicio, motivo por el cual no se ha cumplido cabalmente el amparo, pues se seguían violentando sus derechos fundamentales, humanos y constitucionales. Al respecto dígasele que deberá estarse a lo resuelto en párrafos que anteceden, pues se reitera que, los efectos de la sentencia que otorgó el amparo fueron para que el Juez responsable dejara insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil once, en el que determinó conceder la cooperación procesal internacional para ejecutar un fallo extranjero, exclusivamente por cuanto hace a la citada quejosa Hilda Flores Bojalil, así como lo actos de ejecución que de dicha determinación derivara, entre ellos el auto de tres de octubre de dos mil catorce y la diligencia de doce de marzo de dos mil quince, lo que así aconteció. Asimismo, pronunciara otro con plenitud de jurisdicción, en el que de manera fundada y motivada determinara si en el caso se encontraban satisfechos los requisitos para que reconociera un procedimiento extranjero y otorgara cooperación para su ejecución, respecto de la ahora quejosa, lo que como ya se vio en párrafos que anteceden sí realizó el Juez responsable, sin que en el particular, se hubiera concedido el amparo para que se realizara ningún emplazamiento o notificación a la inconforme como lo pretende, por lo que las cuestiones formales por las que se otorgó el amparo han quedado subsanadas. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito con anexo de cuenta. Téngasele a la parte tercero interesada Síndico Extranjero de la quiebra de ***************, solicitando se tenga por cumplimentada la ejecutoria de amparo. Dígasele que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó y concedió el amparo solicitado en primera instancia, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó y concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA W. STEVE SMITH SINDICO EXTRAJERO DE LA QUIEBRA DE IFS FINANCIAL CORPORATION A TRAVÉS DE SU RESPRESENTANTE LEGAL DARIO ULISES OSCOS CORIA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: V i s t o el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA. Se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 364 a 398), dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el toca de revisión R.-393/2016 de su índice, recibida en este órgano jurisdiccional el treinta de diciembre de dos mil dieciséis (foja 363), por la cual confirmó la sentencia de garantías dictada por este Juzgado Federal, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis (fojas 270 a 294). De la ejecutoria se advierte que la protección constitucional se concedió por cuestiones de forma para el efecto de que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito en el Distrito Federal, 2. Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla antes Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla y 3. Actuario Adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla antes Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla: ".1.- Deje insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil once, en el que determinó conceder la cooperación procesal internacional para ejecutar un fallo extranjero, exclusivamente por cuanto hace a la quejosa ********, así como lo actos de ejecución que de dicha determinación derive, entre ellos el auto de tres de octubre de dos mil catorce y la diligencia de doce de marzo de dos mil quince; y 2.- Hecho lo anterior pronuncie otro, con plenitud de jurisdicción, en el que de manera fundada y motivada determine si en el caso se encuentran satisfechos los requisitos para reconocer un procedimiento extranjero y otorgar cooperación para su ejecución, respecto de la ahora quejosa." (foja 293 vuelta). Por auto de tres de enero de dos mil diecisiete, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca en revisión R-393/2016 se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 399 y 400). Por oficio 282/2017 de diez de enero de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, informó que en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada dejó insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil once, así como los actos de ejecución de dicha determinación derivaron como son el proveído de tres de octubre de dos mil catorce y la diligencia de dos de marzo de dos mil quince, asimismo, requirió al representante de W. Steve Smith, Síndico Extranjero de la Quiebra de IFS Financial Corporación, para que en el término de tres días, indicara bajo protesta de decir verdad si el monto condenado se encontraba comprendido en dólares o pesos mexicanos (fojas 405 a 409). Por oficio 2640/2017 de catorce de febrero de dos mil diecisiete, recibido por este Juzgado Federal el diecisiete del mismo mes y año (foja 451), en el cual el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, remitió copia certificada del proveído de catorce de febrero del año en curso, dictado dentro del incidente de reconocimiento de ejecución de sentencia extranjera de quiebra y cooperación internacional 206/2004 de su índice, en el que se advierte que analizó la procedencia de la petición de cooperación en relación a la aquí quejosa Hilda Flores Bojalil, por lo que examinó el contenido del capítulo III, del reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas otorgables, perteneciente al Título Décimo Segundo, que refiere a la cooperación en los procedimientos internacionales, de la Ley de Concursos Mercantiles aplicables al asunto. Además, el juez de origen tomó en consideración el artículo 292, que establece los requisitos que debe presentar toda solicitud de reconocimiento de procedimiento extranjero, así como el diverso 293, que prevé que cuando se solicitara un reconocimiento de un procedimientos extranjero respecto a un comerciante que tenga un establecimiento en México, se deberían observar las disposiciones del Capítulo IV del Título Primero de la ley, incluidas las relativas a la imposición de providencias precautorias. Señaló que la sentencia de declaración de concurso mercantil a que se refiere el artículo 43, de dicho ordenamiento contendrá la declaración de que se reconoce el procedimiento o procedimientos extranjeros de que se trate. De igual forma tomó en consideración los artículos 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 y el diverso 303, los que establecen la forma y requisitos para solicitar el reconocimiento de un procedimiento extranjero; manifestó el juez responsable, que una vez decretado éste, no hay disposición que especifique cuáles son los requisitos que deban seguirse para lograr el cobro de los créditos determinados a favor del comerciante. Señaló, que en el artículo 302 de la Ley de Concursos Mercantiles, se advierte que el único presupuesto de procedencia para las acciones de recuperación de bienes de la masa, es que se haya decretado el reconocimiento del procedencia extranjero de quiebra, por lo que una vez hecho esto, el Síndico extranjero se encontraba facultado para iniciar las acciones de recuperación de bienes de la quebrada y para solicitar la nulidad de los actos celebrados en fraude de acreedores, así mismo del análisis que efectuó el Juez responsable al Capítulo III, del reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas otorgables, perteneciente al Título Décimo Segundo, referente a la cooperación en los procedimientos internacionales, de la Ley de Concursos Mercantiles aplicable, precisó que, no exigía mayor requisito para iniciar estas acciones de recuperación, ni que se deberían de verificar las formalidades del procedimiento extranjero, como sería la validez del emplazamiento en cada deudor al procedimiento extranjero, pues el numeral 292 de la ley en cita dispone: "Artículo 292.- El Representante Extranjero podrá solicitar ante el juez el reconocimiento del Procedimiento Extranjero en el que haya sido nombrado. Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de: I. Una copia certificada por el Tribunal Extranjero de la resolución por la que se declare abierto el Procedimiento Extranjero y se nombre el Representante Extranjero; II. Un certificado expedido por el Tribunal Extranjero en el que se acredite la existencia del Procedimiento Extranjero y el nombramiento del Representante Extranjero, o III. En ausencia de una prueba conforme a las fracciones I y II, acompañada de cualquier otra prueba admisible por el juez de la existencia del Procedimiento Extranjero y del nombramiento del Representante Extranjero. Toda solicitud de reconocimiento deberá presentarse acompañada de una declaración en la que se indiquen debidamente los datos de todos los Procedimientos Extranjeros abiertos respecto del Comerciante de los que tenga conocimiento el Representante Extranjero. El juez deberá exigir que todo documento presentado en idioma extranjero en apoyo de una solicitud de reconocimiento sea acompañado de su traducción al español. Igualmente, se deberá expresar el Domicilio del Comerciante para el efecto de que se le emplace con la solicitud. El procedimiento se tramitará como incidente entre el Representante Extranjero y el Comerciante, con intervención, según sea el caso, del visitador, el conciliador o el síndico. De lo anterior precisó que sólo se trataba de la cooperación que se debe otorgar para lograr el cobro de los créditos decretados en favor de la comerciante quebrada, sin que adquiera la facultad de verificar más allá de lo permitido por la Ley de los Concursos Mercantiles, además de que no tiene el deber de establecer la autenticidad de los documentos en todos los casos, sino que debe analizarlos en su relación con otras constancias existentes en autos, para determinar si hay elementos suficientes que permitan formar la presunción de que sí provienen del tribunal extranjero al cual se atribuyen. Por tanto, el juez de origen manifestó que tenía un documento apostillado con su traducción al español, en el que se advertía que: a la deudora aquí quejosa le correspondió el caso 02-39553-HI-7 y se le había asignado el número de adversario 04-03814 del índice del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, División Houston; que en el apartado de "fallo por incumplimiento", el juez de quiebras señaló que se había presentado para su consideración: a) la moción para la aceptación de incumplimiento y fallo de incumplimiento contra la deudora Hilda Flores Bojalil aquí quejosa, b) la moción para que ese tribunal le designara un abogado que la representara; c) una solicitud de audiencia del síndico W. Steve Smith. De igual forma, que dicho juez de quiebras señaló que después de considerar la moción, la rebeldía de la demandada, las consideraciones juradas que le había presentado y la información adicional presentada, determinó que las constancias soportan la procedencia de la sentencia en rebeldía. Por lo que el ocho de julio de dos mil ocho dictaminó que la demandada era responsable ante el síndico por el pago de USD $229,535.29 (doscientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco 29/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), por diversos conceptos; asimismo, el síndico extranjero también presentó una declaración jurada efectuada por Heatle R. Potts, abogada familiarizada con las reglas federales de procedimiento civil y con las sentencias en rebeldía obtenidas por el síndico derivadas del caso de quiebra de la empresa IFS Financial Corporatión. Tal declaración fue verificada ante la Notario Público del Estado de Texas, debidamente traducida al español en la que constaba que respecto a la deudora aquí quejosa Hilda Flores Bojalil, su número de adversario (04-3814); la cantidad adeudada USD $229,535.29 (doscientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco 29/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), y la fecha de registro de su sentencia dictada en rebeldía el dieciocho de octubre de dos mil seis. También declaró que las sentencias de los deudores, entre las se encuentra la de Hilda Flores Bojalil, se convirtieron en definitivas después de catorce días posteriores a su registro de cada sentencia en rebeldía; que ningún recurso se interpuso y no se habían interpuesto, que las sentencias era definitivas y cosa juzgada, tal y como lo decidiera la Corte de Quiebras. El juez de origen señaló que de los documentos aludidos se desprendía: que en el Tribunal de quiebras extranjero se llevó a cabo un procedimiento en contra de la aquí quejosa Hilda Flores Bojalil, en el que se le asignó el número 04-3814, que en dicho procedimiento se dictó una sentencia su contra, que dicha sentencia fue dictada en rebeldía de la deudora, por un monto $229,535.29 (doscientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco 29/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), documentación gozaba de valor probatorio pleno en términos de los artículos 292, segundo párrafo y 295 de la Ley de Concursos Mercantiles, en este último también establecía que el Juez estaría facultado para presumir que los documentos que le sean presentados en apoyo de la solicitud de reconocimiento son auténticos, estén o no legalizados. Por lo que el juez responsable determinó que con las documentales exhibidas por el síndico extranjero se acreditaba que existió un procedimiento seguido en contra de la deudora Hilda Flores Bojalil, en el que se dictó una sentencia definitiva en rebeldía, por lo que se decretó una cantidad liquida, cierta y exigible por USD $229,535.29 (doscientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco 29/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamerica), que pertenecía a la masa de la quebrada IFS Financial Corporation; y que la Ley de Concursos Mercantiles se facultaba al síndico a iniciar los procedimientos de recuperación de bienes a partir del reconocimiento del procedimiento extranjero de quiebra de la empresa IFS Financial Corporation, sin exigir la comprobación de mayores requisitos, como sería el verificar si se emplazó al procedimiento extranjero a la deudora, por lo que declaró procedente la cooperación internacional de ese juzgado para coadyuvar en la medida de lo posible con los tribunales y el representante extranjero a efecto de que se ejecutará la sentencia extranjera de once de octubre de dos mil tres y ordenó requerir el pago a la referida quejosa (fojas 451 a 462). Por auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional dio vista a las partes con las constancias referidas (foja 472). En las relatadas condiciones, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, al dejar insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil once, así como los actos de ejecución de dicha determinación derivaron como son el proveído de tres de octubre de dos mil catorce y la diligencia de dos de marzo de dos mil quince y dictar otro el catorce de febrero de la presente anualidad, debidamente fundado y motivado en el que al determinar que en el caso se encontraban satisfechos los requisitos para reconocer un procedimiento extranjero y otorgar cooperación para su ejecución, respecto de la ahora quejosa Hilda Flores Bojalil y ordenar requerirle el pago de la cantidad de doscientos veintinueve mil quinientos treinta y cinco dólares americanos 39/100 USD; en consecuencia, se llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida la ejecutoria de amparo. MANIFESTACIONES DE LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA. Finalmente, toda vez que por auto de cuatro de abril del año en curso, se reservó el escrito presentado ante este Juzgado Federal el treinta y uno de marzo del año en curso, por el que la parte quejosa da contestación a la vista del cumplimiento a la ejecutoria dada por la autoridad, hasta en tanto se proveyera sobre el cumplimiento, lo que en la especie aconteció en el presente proveído, se acuerda: Téngase a la parte quejosa realizando diversas manifestaciones en cuanto al cumplimiento, en el sentido que si bien el Juez responsable dejó sin efectos el auto de veintitrés de marzo del año dos mil doce, así como los autos derivados de dicho proveído como fueron los de tres de octubre de dos mil catorce y doce de marzo de dos mil quince, y dictó otro con plenitud de jurisdicción el catorce de febrero de la presente anualidad, no había dado cumplimiento cabal a la sentencia, específicamente en la parte en la cual manifestó y afirmó categóricamente que la exigencia de que debía verificar si estaba emplazada al procedimiento extranjero, no era un requisito necesario para otorgar la cooperación extranjera y determinó que se encontraban satisfechos los requisitos para reconocer un procedimiento extranjero y otorgara la cooperación internacional respecto de la ahora quejosa, por lo que se perdió el objeto del juicio de garantías, ya que éste lo promovió por ignorar el procedimiento y la causa por la cual se le había buscado para requerirle de pago de una cantidad determinada, sin haber sido oída y vencida en juicio, motivo por el cual no se ha cumplido cabalmente el amparo, pues se seguían violentando sus derechos fundamentales, humanos y constitucionales. Al respecto dígasele que deberá estarse a lo resuelto en párrafos que anteceden, pues se reitera que, los efectos de la sentencia que otorgó el amparo fueron para que el Juez responsable dejara insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil once, en el que determinó conceder la cooperación procesal internacional para ejecutar un fallo extranjero, exclusivamente por cuanto hace a la citada quejosa Hilda Flores Bojalil, así como lo actos de ejecución que de dicha determinación derivara, entre ellos el auto de tres de octubre de dos mil catorce y la diligencia de doce de marzo de dos mil quince, lo que así aconteció. Asimismo, pronunciara otro con plenitud de jurisdicción, en el que de manera fundada y motivada determinara si en el caso se encontraban satisfechos los requisitos para que reconociera un procedimiento extranjero y otorgara cooperación para su ejecución, respecto de la ahora quejosa, lo que como ya se vio en párrafos que anteceden sí realizó el Juez responsable, sin que en el particular, se hubiera concedido el amparo para que se realizara ningún emplazamiento o notificación a la inconforme como lo pretende, por lo que las cuestiones formales por las que se otorgó el amparo han quedado subsanadas. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito con anexo de cuenta. Téngasele a la parte tercero interesada Síndico Extranjero de la quiebra de IFS FINANCIAL CORPORATION por conducto de su apoderado legal Darío Ulises Oscós Coria, solicitando se tenga por cumplimentada la ejecutoria de amparo. Dígasele que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este asunto como concluido. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó y concedió el amparo solicitado en primera instancia, en el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Glósese a los presentes autos el original del incidente de suspensión. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó y concedió la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
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