Hilda Elizabeth Alvarez Gutierrez
Expediente 348/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Hilda Elizabeth Alvarez Gutierrez
- HILDA ELIZABETH ALVAREZ GUTIERREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, glósese a los autos el escrito signado electrónicamente por *********, en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa por el que solicita la devolución de los documentos que dicha parte procesal exhibió en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, hágase la devolución a la parte quejosa de las documentales solicitadas, por tanto, indíquesele a fin de que, comparezca de manera personal o por medio de persona autorizada debidamente identificada, para que se le haga entrega de los mismos, previa certificación y razón que de su recibo se glose en autos. Cabe precisar que la forma como se va a realizar dicho trámite, será la siguiente: Día de devolución de documentos. Los documentos a los que se ha hecho alusión solamente se entregarán los días martes y jueves, dentro del horario laboral de 09:30 am hasta las 14:30 pm y no habrá excepciones de ninguna especie, de ahí que los días lunes, miércoles y viernes no hay entrega de documentos en asuntos no urgentes. Personas que pueden recoger. Sólo pueden comparecer a recoger esos documentos, las personas que se encuentren autorizadas en autos. No se entregarán a personas distintas, ni tampoco se les dará información. Documentos. Para recoger el documento correspondiente, la persona interesada deberá presentar identificación oficial vigente como pasaporte, credencial para votar, cédula profesional o alguna otra equivalente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, residente en esta ciudad, por el que informa que he quedado firme el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por el que desecho el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable contra el acuerdo de veinticinco de marzo del año en curso, lo que se tiene por comunicado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agreguese a los presentes autos eloficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el que informa el contenido del acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja 272/2022, de su índice, del que se desprende que la superioridad, determinó desecha el medio de impugnación interpuesto por la autoridad vinculada al cumplimiento de la suspensión de plano concedida en autos. Declaración de firmeza. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del lapso establecido en la ley, el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 81 fracción I, inciso d) y 86 de esta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales conducentes. Anotaciones en el libro de gobierno. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; en concordancia con el capítulo 7, apartado 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ya que si bien se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario constitucional, de autos se desprende que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, se determina que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Depuración del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos TRES AÑOS a partir del presente proveído, depúrese el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a disposición para consulta. En otro orden de ideas, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase del conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por escrito presentado el doce de julio de dos mil veintidós, el autorizado de la parte quejosa realizo diversas manifestaciones, en relación a que se actualiza una causal de sobreseimiento, y solicitó que se sobresea el presente juicio de garantías En consecuencia, y tendiendo a las manifestaciones vertidas por la autoridad Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Morelos, en relación a que el menor quejoso no compareció en la fecha y hora señaladas para la inoculación de la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19; por lo que se procede a proveer lo siguiente: De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo En este caso, el menor quejoso -por conducto de su representante-, se duele en esencia de la omisión de integrar al grupo etario de cinco a once años de edad años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19 en México; y, como consecuencia, la omisión a ser vacunada con el biológico autorizado. Antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 deben calificarse como una pandemia y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS COV2 (COVID-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID- 19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID- 19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre de dos mil veintiuno, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin del año dos mil veintiuno y al setenta por ciento (70%) para junio del presente año. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL." Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el COVID-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID- 19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, sin que se tenga noticia de cuándo se 'aplane', el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues la variante "Delta" y demás variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. En relación a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y tres de marzo de dos mil veintidós, autorizó la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNT, para menores de entre 5 y 17 (cinco y diecisiete) años, tal y como se puede advertir del listado de biológicos aprobados, publicado en su página de internet https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/vacunas-covid19-autorizadas. Estas autorizaciones de uso de emergencia certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 5 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en infantes. Corolario a lo anterior debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. De tal manera que, tomando en cuenta que la aplicación de la vacuna que contrarreste la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), es para el menor de once años de edad, cuyo nombre se omite en atención a los puntos 9 y 10, capítulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se debe tener en cuenta que el artículo 4º Constitucional, en lo conducente, establece: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:[.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.]" En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: "Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.]." Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Acorde con dicho principio, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID- 19), pues las variantes y la falta de vacunación son dos factores de riesgo, que exponen a la población infantil de nuestro país, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. Además es conveniente precisar que en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, como lo es el derecho a la salud contenido en el invocado artículo 4º de la Ley Fundamental, lo que implica que la política pública en materia de salud contenida en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV- 2 para la prevención de la COVID-19 en México", debe proteger de igual manera a los menores de edad, al encontrarse en igual riesgo que un adulto, de contraer el virus de COVID-19. En esa circunstancia, si bien, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", versión 9.0, de veinticinco de enero de dos mil veintidós, publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, se advierte - en lo que aquí interesa- que el apartado "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR" contempla un apartado relativo a "Personas menores de edad", en el que establece que las personas menores de edad de 15 a 17 (quince a diecisiete) años sin comorbilidad deben ser vacunados, pero manteniendo una prioridad de vacunar a todo menor de 12 a 17 (doce a diecisiete) años que presente alguna comorbilidad, lo cierto es que la política pública que implica una decisión que ha asumido el Estado mexicano, en lo relativo a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID-19, a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas, pasos a seguir, así como parámetros y temporalidades que observar, a fin de tutelar el cuidado y preservación de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia en comento. En ese sentido, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la declaración realizada el catorce de junio de dos mil veintidós, por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (Hugo López Gatell Ramírez), respecto a que a partir del quince de junio del año en curso, se abriría el registro para vacunar a niños a partir de los cinco años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx; lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación. De igual forma, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, en su cuenta oficial de twitter (@SSM_Morelos), publicó un comunicado oficial, el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el que da a conocer que ya se puede realizar el pre-registro de las personas de doce año o más, para obtener la vacuna contra el virus SARS-COV-2 para la prevención de COVID-19, como se ilustra a continuación: Circunstancia que puede ser corroborada a través del portal electrónico oficial https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php habilitado por la Secretaría de Salud, para realizar el registro de personas candidatas a recibir la aludida vacuna, del que se desprende lo siguiente: Información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro y texto: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Ello demuestra que efectivamente es posible realizar el registro de personas que deseen vacunarse, menores de edad entre 5 a 11 (cinco a once) años de edad. Por lo que, a partir de esa fecha se activó un registro para ese grupo de menores de edad en todo el País para que reciban las dosis correspondientes. Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que el directo menor quejoso, a la presente fecha, cuenta con once años de edad (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su progenitores y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquella). Es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de entre 5 a 11 (cinco a once) años sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa quejosa menor de edad. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página y que más adelante se expondrán, a fin de realizar el trámite correspondiente; y en atención a lo expuesto deberán de estar informados de los comunicados que emitan las autoridades locales de su entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita la Secretaría de Salud del Estado de Morelos o la Secretaría de Salud (federal) para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS- CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que, previo registro, le sea aplicada la primera y segunda dosis del multicitado biológico que requiere, en el caso de que aún no se hayan aplicado. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, pues tal eventualidad permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión) y que hasta este momento el menor quejoso no ha sido vacunado; lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad de entre 5 a 11 (cinco a once) años, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a los niños y adolescentes de este grupo de edad, con o sin comorbilidades, en todo el País; sector de la población a la que pertenece el menor peticionario del amparo, lo cual se acredita en términos del acta de nacimiento. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, lo cierto es que ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes al momento de promover el presente juicio de amparo, porque en la actualidad ya se ha incluido a los niños de entre cinco y once años, en la política nacional de vacunación, lo que indudablemente actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues ha cesado el acto reclamado, esto es, la falta de vacunación de la menor quejosa, al ser incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID- 19, lo que aconteció al haberse publicado que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrirá el registro para vacunar a niños de 5 a 11 (cinco a once) años, con o sin comorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. El anterior criterio es acorde con lo sostenido por este propio juzgado en el diverso juicio de amparo 594/2022, en auto de doce de mayo del año en curso, el cual quedó firme por diverso proveído de seis de los corrientes, donde se abordó el mismo tema. En ese contexto, se estima que las omisiones reclamadas en esta instancia relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores 5 a 11 años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación del citado virus, además de la diversa omisión de proteger la vida y supervivencia de la parte quejosa, con motivo de la reanudación presencial de las actividades escolares han cesado en sus efectos, puesto que la directa quejosa a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARSCoV- 2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de residencia de la parte quejosa, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de 5 a 11 años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna para evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia de la directa quejosa menor de edad. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las DOCE HORAS CON TREINTE MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003,5 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estima lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta completa e imparcial" Finalmente, la presente determinación al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, que tocó conocer del recurso de queja 121/2022, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente
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