Hilda Cruz Martinez

Expediente 156/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
156/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
15/05/2015

Partes del expediente

  • Hilda Cruz Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a quince de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha veinticuatro de abril del año en curso (foja 44-46), por el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se hace del conocimiento que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil quince. Agréguense a sus autos para que surtan sus efectos legales los informes justificados de cuenta, rendidos por la Presidenta Municipal Constitucional y Síndico Procurador y Hacendario y Representante del H. Cabildo Municipal Constitucional, residentes en esta ciudad. Ahora, advirtiéndose de las documentales certificadas que las autoridades adjuntaron a su informe justificado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de garantías, se advierte que la quejosa Hilda Cruz Martínez, por propio derecho, reclamó substancialmente de la Presidenta Municipal y del Cabildo Municipal del Ayuntamiento Constitucional, residentes en esta ciudad, la omisión por parte de las autoridades para dar respuesta por escrito al escrito presentado con fecha veintitrés de febrero de dos mil quince. En tanto que de las aludidas constancias certificadas que las responsables remitieron, a las que por tratarse de documentales públicas, se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que con fecha veinte de abril del año en curso (fojas 33 a 34), el Síndico Procurador y Hacendario, en su carácter de representante del Cabildo Municipal, acordó el escrito de mérito presentado y le notificó en ese propio día (foja 42). En consecuencia, toda vez que dichas responsables, a la fecha ya atendieron y notificaron la petición de la quejosa (que aquí constituía el acto reclamado) es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, aunque el acuerdo cuya omisión se ataca esté fechado con posterioridad a la demanda; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, por identidad de razones jurídicas, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página trescientos trece, del tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. IIB

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintiuno de abril de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por la Síndico de Gobernación y Reglamentos e Integrante del Cabildo Municipal Constitucional, con sede en esta ciudad, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan uso de sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Notifíquese. IIB

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintiséis de marzo de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por Hilda Cruz Martínez, contra actos del Cabildo Municipal Constitucional y Presidenta Municipal, ambos con residencia en esta ciudad, que hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Se reclama en conjunto de todas las Autoridades señaladas como Responsables, la injustificada e ilegal omisión en que se incurre por parte de las mismas, a dar una respuesta por escrito y conforme a sus atribuciones, en relación a la petición formulada por la suscrita, mediante escrito dirigido y recepcionado para tales Dependencias con fecha veintitrés de febrero de este año dos mil quince". (SIC)". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 156/2015. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, VII, XV, de la Constitución Federal; 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, a quienes se solicita que al rendirlo lo hagan dentro del término de quince días siguientes a su legal notificación. Con apoyo en lo dispuesto en el tercer párrafo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado: a) acompañen las constancias que guarden relación con el acto reclamado siendo necesarias para la resolución del asunto; b) que las copias que anexen sean íntegras y legibles; y, c) informen las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Con apercibimiento que de no rendir su informe justificado, de no acompañar las constancias relativas, y no informe las razones y fundamentos que se estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; se les impondrá, en su caso, una multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, equivalente a cien días de salario calculados sobre el mínimo en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 fracción II, en relación con el numeral 238 de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que precisa y únicamente para oír y recibir notificaciones a Fernando Tanny Chan Ramírez y Joaquín Gilberto Domínguez Jacinto. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, hágase saber a las partes: a) Que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; b) El derecho que le asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo respectivo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia referida; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevaría su consentimiento; y, c) que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que, específicamente, señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley especial de referencia. Notifíquese. IIB

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