Hilda Contreras de Morales y Otros.

Expediente 913/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
913/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Hilda Contreras de Morales
  • Hilda Contreras de Morales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de enero de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente sumario, el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee y niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el expediente principal es susceptible de depuración una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva y la ejecutoria correspondiente. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de noventa días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Por otra parte, se destaca que a juicio del suscrito, el expediente en que se actúa carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General invocado. Finalmente, resulta innecesario que continúe en resguardo de este órgano jurisdiccional las copias certificadas del expediente de origen 48-2/2019, del índice del Juzgado de Paz en Materia Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; por tanto, devuélvasele el mismo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    SEXTO. Actualización de causal de improcedencia respecto del acto reclamado marcado con el inciso a). Previamente a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo, por ser de orden público, conforme lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo y jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido, quien ahora resuelve advierte, que respecto del acto reclamado marcando con el inciso a), consistente en el acuerdo dictado el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los actos del acto reclamado." De la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Orienta a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491). Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto contenido en el inciso b). Para demostrar lo anterior, es oportuno señalar que el proveído motivo del presente estudio, emitido por el Juez responsable, el veinticinco de junio de dos mil veinte, mediante el cual, determinó que no ha lugar a proveer de conformidad la petición de los aquí quejosos, en el sentido de que el exhorto para notificar y emplazar a juicio al colindante Pemex Transformación Industrial y/o Petróleos Mexicanos, con domicilio en la Ciudad de México, fuera remitido a través de correo postal o por los medios convenientes para su diligenciación, dada su precaria situación económica. Sin embargo, el Juez responsable el dos de julio de dos mil veintiuno, dictó un diverso acuerdo atendiendo al recurso de reconsideración que interpusieron los aquí impetrantes contra el auto de veinticinco de junio del año en curso, medio de impugnación que no fue admitido. Por tanto, es claro que el citado proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, fue sustituido procesalmente por el diverso de dos de julio de dos mil veintiuno. Consecuentemente, no podría estudiarse la legalidad del acto reclamado, sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo los autos del juicio civil de origen el dos de julio de dos mil veintiuno, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado, como ya se evidenció. Orienta a lo anterior, por las razones jurídicas que aporta, la tesis III.2o.C.J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579) Asimismo, es aplicable la tesis V.5o.1K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 845) En consecuencia, si la autoridad responsable emitió un acuerdo el dos de julio de dos mil veintiuno, en el juicio subyacente; resulta evidente, que cesaron los efectos del acto combatido en el presente juicio y en tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo cual, con fundamento en la fracción V, de su artículo 63, del aludido ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. SÉPTIMO. Estudio de fondo, del acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en el auto de dos de julio de dos mil veintiuno. Al no existir diversa causal de improcedencia invocada por las partes, ni que de oficio se actualice alguna, se procede al estudio de los conceptos de violación; en el entendido de que no se transcriben por no existir obligación legal para hacerlo, y toda vez que los mismos serán tomados en consideración al resolver el presente fallo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del tomo XXI, mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante ello, cabe precisar que la parte quejosa en sus conceptos de violación relativos al acto reclamado en estudio, manifiesta esencialmente lo siguiente: ? Que la responsable aplica incorrectamente el artículo 508 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, al considerar en el auto de dos de julio del año que transcurre, que el diverso de veinticinco de junio del año en cita, no es recurrible, pues contrario a ello, el artículo 381 del código procesal civil en cita, dispone que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte, además, de que no existe ninguna disposición expresa que disponga que no es recurrible un auto de mero trámite, por ello, considera que es procedente el recurso de reconsideración interpuesto. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa resulta infundado, con base en las consideraciones siguientes. Al respecto, resulta ilustrativo el contenido del artículo 381 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece lo siguiente: "Artículo 381.- Procedencia. Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte. Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." Del anterior, precepto legal se establece que los autos y decretos que no fueran apelables, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles. Por su parte, los artículos 140 y 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, señalan lo siguiente: "Artículo 140.- Clasificación de las resoluciones. Las resoluciones judiciales son decretos, autos, sentencias interlocutorias, o sentencias definitivas; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos, cuando decidan cualquier punto dentro del negocio; sentencias interlocutorias cuando decidan un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia y sentencias definitivas cuando decidan el fondo del negocio." "Artículo 508.- Irrecurribilidad de las resoluciones. Contra las resoluciones pronunciadas por los jueces de paz no procederá ningún recurso." Del artículo 140, antes transcrito se advierte que las resoluciones judiciales son decretos, autos, sentencias interlocutorias, o sentencias definitivas, existiendo diferencias entre sí, toda vez que los primeros son simples determinaciones de trámite, los segundos deciden cualquier punto dentro del asunto, los terceros dilucidan un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia y las últimas dirimen el fondo del negocio. Por su parte, el diverso 508, expresamente establece que contra las resoluciones pronunciadas por los jueces de paz no procederá recurso alguno. Por tanto, el juez responsable adecuadamente estableció en el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, que no era admisible el recurso de reconsideración interpuesto, por los aquí quejosos contra el acuerdo de veinticinco de junio del año en cita, al existir disposición expresa en el artículo 508 08/08/23 22:19:42 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.aa.78 OMAR TOMÁS VELÁZQUEZ LÓPEZ 14 del código procesal en cita, en el sentido de que en contra de las resoluciones pronunciadas por los jueces de paz no procederá recurso alguno. De ahí, que no resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, como lo refiere la parte quejosa, pues se insiste, el artículo 508 del referido código procesal, expresamente dispone que en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de paz, no procede recurso alguno, lo que se ajusta al caso de excepción a que se refiere la parte final del primero de los preceptos citados. En las relatadas consideraciones, al resultar infundado el concepto de violación y no advertirse queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, lo procedente es negar a Hilda Contreras de Morales y Tomás Morales Hernández, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Hilda Contreras de Morales y Tomás Morales Hernández, contra el acto reclamado del Juez de Paz en Materia Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Hilda Contreras de Morales y Tomás Morales Hernández, contra el acto reclamado del Juez de Paz en Materia Civil del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de dos de julio de dos mil veintiuno, por los motivos y consideraciones precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: Atento al estado que actualmente guardan los presentes autos y de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ya feneció el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad, en contra del acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento legal en cita por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa, 20/03/24 15:41:06 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 RAFAEL IBARRA DELGADO en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, comuníquese lo anterior a las partes y, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que con fundamento en el artículo 18, fracción I, incisos b) y a) del citado acuerdo general, se determina que tanto el expediente principal como el cuaderno original relativo al incidente de suspensión, son susceptibles de depuración, una vez que transcurra el término de tres años a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, para el primero, con excepción del escrito inicial de demanda, en su caso, resoluciones recurridas, así como la sentencia definitiva, la ejecutoria correspondiente, el auto en que se tuvo por cumplida y este proveído, y respecto del segundo, de la suspensión provisional, y, en su caso, violación a las mismas; consecuentemente, en su momento procédase al desglose de las demás constancias que los integran para su destrucción. Por tanto, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Respecto del duplicado del incidente de suspensión, es DESTRUIBLE de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General precisado, se ordena que dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de seis meses, contado a partir del presente proveído, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del cuaderno. Finalmente, agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho por licencia de la Titular, autorizada por oficio 4404/2021, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistido de Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe

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