Hilda Chonqui Silva

Expediente 465/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
465/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Hilda Chonqui Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese en términos de Ley.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve, para conocimiento de la quejosa Hilda Chonqui Silvia; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, veinte de agosto de dos mil diecinueve. I. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. II. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. III. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. IV. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Devolución de documento. Toda vez que hay documento original de la parte quejosa, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se les previene para que acudan a este juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibieron en este expediente, apercibidas que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Notifíquese en términos de Ley.

  3. Principal

    Notifíquese en términos de Ley.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Aclara demanda. Se tiene por recibido el escrito firmado por Hilda Chonqui Silva, mediante el cual desahoga la prevención ordenada el doce de julio del año en curso. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del análisis de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen, así como del escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.". (Octava Época. Registro 221353.Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, noviembre de 1991, materia común, página 198). En el caso, del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El corte del suministro y/o abastecimiento de agua potable, en el domicilio ubicado en Camino Pemex número 5406, colonia Ampliación Esperanza, de esta ciudad, realizado mediante recibo con folio A48005. Al respecto, este juzgador advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que previo a instar el juicio constitucional, el promovente debió impugnar los actos reclamados a través del recurso de queja en el juicio de nulidad 1127/2018-III, del índice de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, lo cual está previsto en el artículo 106, fracción III de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. El precepto legal invocado textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. (...)" El texto del artículo transcrito consagra el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, el cual establece la improcedencia del juicio cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le afecta, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por su parte, el artículo 106 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, dispone lo siguiente: "ARTICULO 106. El recurso de queja se presentará ante la Sala Regional y procederá en contra de los siguientes actos: I. El que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto de ejecución de la sentencia; II. Omisión de la autoridad de dar cumplimiento a la sentencia; III. Incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado; y, IV. Incumplimiento total o defectuoso de las medidas cautelares decretadas." De la interpretación armónica de tal dispositivo, se aprecia que los actos que por esta vía se reclaman, son impugnables ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el recurso de queja, tal como lo dispone el artículo 106, fracción III de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, toda vez que procede dicho recurso en contra del incumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado, como es el corte del suministro y/o abastecimiento de agua potable, en el domicilio ubicado en Camino Pemex número 5406, colonia Ampliación Esperanza, de esta ciudad, realizado mediante recibo con folio A48005. Por tanto, en todos los casos derivados de las controversias señaladas, antes de acudir al juicio de amparo, necesariamente se debe impugnar el acto administrativo a través del recurso de queja en el juicio de nulidad 1127/2018-III, del índice de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, dado que es posible obtener la suspensión de tales actos, procedimientos o resoluciones, conforme al artículo 68 de dicha Ley, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar la suspensión. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por el antes Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de contenido: "ACTOS DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA, POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos o resoluciones administrativas o fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades dependientes del Gobierno del Estado de Sinaloa, municipales y sus organismos descentralizados, procede, cuando menos, el medio ordinario de impugnación previsto por el artículo 13, fracción I, 22 y 34 todos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto o resolución impugnado, y con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos o resoluciones, conforme a los artículos del 68 al 75 de dicha Ley, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar la suspensión definitiva; consecuentemente, es improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos o resoluciones, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Novena Época. Registro 201311. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Septiembre de 1996, materia administrativa, tesis XII.3o.1 A, página 590). Bajo esa tesitura, el corte del suministro y/o abastecimiento de agua potable, en el domicilio ubicado en Camino Pemex número 5406, colonia Ampliación Esperanza, de esta ciudad, realizado mediante recibo con folio A48005, que la parte quejosa reclama al Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, el cual refiere que tienen relación directa del Juicio Administrativo 1127/2018-III, debe combatirlo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del medio ordinario de impugnación previsto en el artículo 106, fracción III de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. También puede lograr la obtención de la suspensión de los referidos actos, conforme al artículo 68 de la mencionada Ley, sin exigir mayores requisitos que aquellos que impone la Ley de Amparo. En tales términos, la parte quejosa se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el recurso de queja en el juicio de nulidad 1127/2018-III, del índice de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, establecido en el numeral 106, fracción III de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa. Lo anterior, en virtud que en ese medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, además de que tiene por efecto nulificar los actos emitidos por autoridades administrativas municipales y del Estado. En ese tenor, la falta de promoción del juicio contencioso, de manera previa al de amparo, consuma la improcedencia de este último, habida cuenta que a través de ese medio ordinario de defensa, la parte quejosa está en aptitud de lograr que se modifique, anule o revoque el acto reclamado y obtener la paralización del mismo, sin someterse a requisitos mayores a los previstos en la ley de la materia. Además, en el artículo 68 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, se establece que la decisión sobre la suspensión tendrá por efectos mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie sentencia ejecutoria, salvo en aquellos casos en que a juicio del Magistrado deba otorgársele efectos restitutorios. Cabe añadir, que en el caso, no se observa que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, pues los actos reclamados no se advierten carentes de fundamentación; no se reclaman leyes con motivo de su primer acto de aplicación; además, la parte quejosa no hace valer únicamente violaciones directas a la Constitución, sino que también se advierten cuestiones de legalidad y el medio de defensa en mención no se encuentra previsto en un reglamento, sino que la ley correspondiente contempla su existencia (Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa). A más de que, en el caso, se advierte que los actos reclamados derivan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Sin que pase inadvertido para este juzgado que de la documental anexada al escrito aclaratorio, se advierte que la orden de limitación de folio A48005, se encuentra dirigida a nombre de María Cristina Lizárraga Espinoza y no a nombre de la quejosa Hilda Chonqui Silva; sin embargo, la peticionaria de amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad que dicho recibo tiene relación con el juicio de nulidad 1127/2018-III, del índice de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, que promovió la propia quejosa ante dicha autoridad. Por las razones expuestas, resulta operante de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. Notifíquese en términos de Ley.

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