Hilda Cerda Rabanales
Expediente 1505/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 20 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1505/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Hilda Cerda Rabanales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés (fojas 200-207), en el que se sobreseyó fuera de audiencia, sin que hiciera manifestación alguna, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como concluido y se ordena su archivo en los términos siguientes: De conformidad con el artículo 21, inciso a),1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el Capítulo 8, Punto 8.1.2. apartado 12 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años, pues se trata de un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; además, no tiene relevancia documental, ni se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de control electrónico; consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la caratula del cuaderno principal la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo Archivístico, para efectos de su transferencia. Finalmente, devuélvase al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de esta ciudad, las copias certificadas del expediente *****, consistente en un tomo, el cual se formó con motivo de su informe justificado, al tratarse de un asunto concluido. Sin que sea el caso que la responsable acuse de recibo, toda vez que bastará que el Actuario Judicial de la adscripción haga constar en la notificación que se reciben las constancias en cuestión. Notifíquese.
- Principal
***** SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 28/03/2023, RELATIVO AL AVISO DE NOTIFICACIÓN DE 31/03/2023 ***** Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que *****, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y el acto que enseguida se precisan. Autoridades responsables: 1. Presidente de la Junta Especial Número Dos, de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y; 2. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta localidad. De quienes reclamó lo siguiente: 1. La diligencia de remate y adjudicación de *****, celebrada en el juicio laboral *****. Ahora bien, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta población, se advierte que la directa quejosa, mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintidós, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, compareció ante la misma (fojas 90 y 91 del tomo de pruebas II), solicitando que se le tuviera reconocida personalidad; con motivo de ello, en acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós (foja 93 del tomo de pruebas II), la responsable le reconoció a la aquí quejosa *****, el carácter de acreedora. Procedimiento de origen en el cual, la autoridad responsable dejó a salvo sus derechos como acreedora para hacerlos valer en el momento procesal oportuno. Cabe mencionar que, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, mediante diligencia de remate de veintisiete de octubre de dos mil veintidós (fojas 131 y 132 del tomo de pruebas II), adjudicó a favor de la parte actora *****, l bien inmueble materia del remate. A lo anterior, la parte trabajadora, solicitó al Presidente de la Junta Especial Dos de la Local y Conciliación y Arbitraje, de este municipio; la aprobación del remate y que remitiera el expediente ante el notario público *****, , a efecto de proceder a tirar la escritura correspondiente a favor de los adjudicados (foja 134 del tomo de pruebas II). En respuesta a esa solicitud, el Presidente de la Junta, en acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, solicitó que el Notario Público en mención, se presentara ante las oficinas que ocupa dicha junta, a fin de aceptar y protestar el cargo conferido (foja 135 del tomo de pruebas II), siendo esta la última actuación en el procedimiento laboral de origen. Ahora bien, en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción IV, interpretado a contrario sentido, de la ley de la materia, mismos que disponen: (.),El dispositivo en mención, condiciona que el amparo indirecto es procedente en periodo de ejecución de sentencia en contra de la última resolución dictada en tal procedimiento, o bien, con base en una interpretación sistemática de la fracción V de dicho numeral, cuando la ejecución afecte derechos sustantivos que no fueron materia del proceso. La primera hipótesis, para evitar la interposición de múltiples juicios de amparo a lo largo del procedimiento de ejecución de sentencia que lo obstaculicen y eviten su cumplimiento. (.),Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, las resoluciones o actos intermedios del periodo de ejecución de sentencia, por regla general, no pueden ser combatidos a través del juicio constitucional, salvo que se traten de actos que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, como podrían ser aquellos que tiendan a detener o interrumpir su cumplimiento. Al resolver las contradicciones de tesis 348/2010 y 154/2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que no obstante que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución que se dicte en los procedimientos de ejecución de sentencia y que debe entenderse por tal, la resolución que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que decreta la imposibilidad de cumplirla, en contra de los actos dictados después de concluido el juicio sí es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, o bien, de aquellos que tengan como propósito impedir el cumplimiento de la cosa juzgada, pues la ratio legis de ese supuesto de procedencia del juicio de amparo es evitar que se obstaculice la ejecución de sentencias. Así, existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que no siendo definitivos, excepcionalmente admiten la promoción en su contra del juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de amparo contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada u obstaculicen el cumplimiento de la sentencia. (.).En ese sentido, por regla general no es posible paralizar dicha ejecución y, en su caso, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, el acto reclamado debe tratarse de la última resolución, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, momento en el cual pueden controvertirse todas las violaciones procesales acaecidas en la fase de ejecución de sentencia, excepcionalmente, constituir uno que obstaculice el cumplimiento de la sentencia o que afecte de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Con esas reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto se pretende evitar la obstaculización de la etapa de ejecución de sentencia, al establecer que solamente procede contra la última resolución que se emita en el procedimiento correspondiente, no así contra otras determinaciones intermedias (regla genérica) y, tratándose de remates, únicamente procede contra la resolución que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, sin que proceda tampoco contra autos intermedios (regla específica). En concreto, el amparo indirecto contra actuaciones en el procedimiento de remate, sólo procede tratándose de: 1. La resolución que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. 2. La resolución que ordena la entrega de los bienes rematados. (.).En el caso, de las constancias agregadas a autos, como ya se mencionó en párrafos precedentes, se advierte que la quejosa tiene reconocido el carácter de acreedora en el juicio de origen; asimismo, como se precisó en el auto admisorio, la quejosa reclama lo siguiente: 1. La diligencia de remate y adjudicación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, celebrada en el juicio laboral *****. Del contexto sustancial de la demanda y de las constancias remitas por la responsable, se desprende que el juicio laboral *****, se encuentra en etapa de remate; y, que las últimas actuaciones en ese procedimiento las constituyen la diligencia de remate y adjudicación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la cual estuvo presente el autorizado de la ahora parte quejosa. Actuación donde se ordenó la adjudicación de un inmueble a favor de los actores en el procedimiento de origen; pero en dicha actuación en ningún momento se ordenó la entrega o escrituración del inmueble, requisito indispensable para que se considere la última actuación en el procedimiento de remate y resulte procedente el juicio de amparo indirecto. Y posterior a ello, sólo existe el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, donde se solicitó que el Notario Público nombrado por la parte actora, se presente ante las oficinas que ocupa dicha junta, a fin de aceptar y protestar el cargo conferido (foja 135 del tomo de pruebas II), siendo esta la última actuación en el procedimiento laboral de origen. En ese contexto, el acto reclamado consistente en la diligencia de remate y adjudicación de veintisiete de octubre de dos mil veintidós no es la última resolución en la etapa de remate, ni constituye uno de imposible reparación, pues dicha resolución no ordena la escrituración ni la entrega del inmueble materia del mencionado procedimiento, ni afecta derechos sustantivos que no fueron materia del proceso, porque debe recalcarse que la solicitante de amparo es parte acreedora en el juicio de origen, por ende, el acto reclamado, al tratarse de uno de naturaleza intraprocesal que no causa agravio por sí mismo, debe impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de remate, esto es, la determinación que ordene la entrega y/o la escrituración del inmueble. En consecuencia a lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción lV, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente asunto. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. (.).SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del trece de abril de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente a la quejosa, a los terceros interesados, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, glósese a los autos el escrito signado por la quejosa *****, y anexos, y en cuanto a su contenido, téngase a la compareciente realizando diversas manifestaciones en forma de alegatos, con las cuales se ordena dar nueva cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional, lo anterior con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la documental que anexa la quejosa a su escrito de cuenta. La anterior prueba se admite y desahoga dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días otorgado al tercero interesado *****, en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (fojas 161 a 163), para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ha fenecido sin que lo hubiere realizado. En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo de veintitrés de febrero del año en curso; y, consecuentemente, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les hagan por lista de estrados en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, hasta que señale domicilio para tal efecto. Por otra parte, tomando en consideración que el tercero interesado en comento se encuentra debidamente emplazado a juicio (fojas 175-176), con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dese vista al tercero interesado de mérito, a fin de que se imponga del contenido de los informes con justificación y constancias de autos. Para dar margen a los anterior, la audiencia constitucional fijada para hoy se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.
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