Hilda Bustamante González
Expediente 848/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Hilda Bustamante González
- Miguel Ángel Rivera Moreno
- María Elena Perla López Loyo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución pronunciada en este juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, en la que se hace constar que no le fue posible notificar la sentencia dictada a la parte quejosa, por el motivo que expone en la razón que obra a fojas 021 de los presentes autos; en tales condiciones, pásense nuevamente los autos al referido Actuario, para que proceda a notificar la referida sentencia, éste auto, por medio de lista, así como las subsecuentes notificaciones que sean de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. sentencia (13 diciembre 2017).- se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por HILDA BUSTAMANTE GONZÁLEZ, en contra del acto y de la autoridad precisada en el resultando primero y en los términos del último considerando de esta resolución. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.-* Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra constancia de notificación personal a la parte quejosa de la sentencia dictada en el presente juicio; en tales condiciones, pásense nuevamente los autos al actuario de este juzgado a fin de que proceda a notificar de manera personal a la quejosa la referida sentencia en el domicilio señalado en autos. Notifíquese.
- Principal
*** V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 848/2017-II, promovido por Hilda Bustamante González, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, recibida ese mismo día en este órgano jurisdiccional, Hilda Bustamante González, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridad que adelante se transcriben, por considerar violatorios de los artículos 1o, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "[.] 3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A) LA HONORABLE JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y SEIS DE LAS QUE INTEGRAN LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio en kilómetro 105 Carretera Tlaxcala-Puebla, Edificio Salafe, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. 4.- ACTOS RECLAMADOS: A) De LA HONORABLE JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUARENTA Y SEIS DE LAS QUE INTEGRAN LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE; reclamo: El auto de fecha dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete, en el que se señalan de manera errónea las diez horas del día nueve de noviembre del año dos mil diecisiete. [.]". SEGUNDO. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a las responsables, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la Novena Época, estableció la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso y lograr la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, de abril de 2004, de la Novena Época, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos de los criterios transcritos, debe precisarse que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa en la presente instancia constitucional, es: El acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 629/2014 de los de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Ahora bien, una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". TERCERO. El Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, rindió su informe justificado, reconociendo la existencia de dicho acto. En consecuencia, deben tenerse por cierto el acto que a él se le reclama, pues su manifestación constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Al respecto se cita la jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora en especial, con las copias certificadas del expediente laboral 629/2014, que anexó al rendir su informe justificado la citada autoridad responsable; documentales públicas a las cuales se les confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la siguiente voz: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las invoquen o las advierta de oficio el órgano de control constitucional, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo y por la tesis de jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, a saber: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y, [.]". En efecto, el acto reclamado se hace consistir en el auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral 629/2014, de los de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado; sin embargo, de la copia certificada que remitió dicha responsables a su informe justificado, a la que se le otorgó plena eficacia probatoria; se desprende: Que por auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, fecha señalada para el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada y ante la incomparecencia justificada de una de las atestes, la junta responsable difirió dicha audiencia, señalando nuevamente las diez horas del nueve de noviembre de dos mil diecisiete, para llevar a cabo el desahogo de dicha prueba testimonial. Precisado lo anterior, debe decirse que aun cuando subsiste el acto reclamado consistente en el auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente laboral 629/2014, por haberse señalado fechas distantes y fuera del periodo probatorio, ya que señalaron para el desahogo de la prueba testimonial las diez horas del nueve de noviembre de dos mil diecisiete, para el desahogo de la prueba testimonial, en la especie, dicho acto no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; al haber transcurrido las fechas señaladas para que el desahogo de dicha probanza. Bajo esa tesitura, queda evidenciado que si el acto reclamado a la responsable se hizo consistir en el señalamiento de fechas distante para el desahogo de diversa prueba y la fecha señalada ya transcurrieron, ello implica que en la especie aun cuando subsiste el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno, puesto que las fechas para el desahogo de las probanzas ya transcurrieron, razón por la cual en el supuesto de concederse el amparo se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho humano violado, o bien, ningún efecto tendría la sentencia concesoria, surtiéndose la causal de improcedencia antes invocada prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357 del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Y la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 357 del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el juicio de amparo. Conforme al sentido de esta resolución, es improcedente entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, de acuerdo a lo que sostiene la tesis de jurisprudencia 1028, que aparece en la página 708, del Tomo VI, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6º, apartado A, fracción II, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5 al 9, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo dela Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacerse pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuidando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por HILDA BUSTAMANTE GONZÁLEZ, en contra del acto y de la autoridad precisada en el resultando primero y en los términos del último considerando de esta resolución. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.
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