HILDA BALTAZAR CRUZ y Otros.
Expediente 1876/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1876/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- HILDA BALTAZAR CRUZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA V-D "... Visto el estado procesal de los autos y certificación marcada con el inciso 1); toda vez que en la especie por resolución de treinta de enero de dos mil quince, se sobreseyó este juicio de garantías; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
MESA V-D "... Visto el estado procesal actual de los autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado, con el informe de la autoridad responsable, quien manifestó: ".ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LOS QUEJOSOS HILDA BALTAZAR CRUZ E HIPÓLITO BALTAZAR TOLINO toda vez que en el expediente penal número 19/2013, del índice de este juzgado, con fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, se dictó auto de formal prisión en contra de estos, como probables responsables del delito de DESPOJO, cometido en perjuicio patrimonial de MARINO CRUZ GONZÁLEZ, ilícito previsto por el artículo 384, fracción I, en relación con el 10, fracción I y sancionado por el artículo 384 del Código Penal en vigor, el cual no se trata de un delito grave por la legislación.". Para justificar su dicho, remitió copia certificada del expediente penal 19/2013 de su índice; documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de garantías, existe la jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, el tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." (Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XXXI, Enero 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165582). La lectura de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando no se promueva dentro del plazo de quince días, contado a partir de que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado, salvo, entre otros supuestos, en el que, el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Plazo que debe computarse, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que la notificación del acto reclamado surta efectos, conforme a la ley de la materia. En el presente asunto, al tratarse de un acto en materia penal, aplica lo establecido en el artículo 159 Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por tanto, el plazo se contará desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación. Ahora bien, la parte quejosa reclama la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, dictada en el proceso penal 19/2013, por el Juez Mixto de Primera Instancia de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, mediante la cual dictó auto de formal prisión contra HILDA BALTAZAR CRUZ e HIPÓLITO BALTAZAR TOLINO, por el delito de DESPOJO, que se dice cometido en perjuicio patrimonial de MARINO CRUZ GONZÁLEZ. De las constancias remitidas por la responsable consistente en copia certificada del expediente penal 19/2013, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Villa Alta, Oaxaca, ya valoradas anteriormente, se advierte lo siguiente: 1. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en el proceso penal 19/2013, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Alta, Oaxaca, con sede en esta ciudad, dictó auto de formal prisión contra HILDA BALTAZAR CRUZ e HIPÓLITO BALTAZAR TOLINO, por el delito de DESPOJO, que se dice cometido en perjuicio patrimonial de MARINO CRUZ GONZÁLEZ (fojas 280 a 296 de la causa penal) 2. Dicha determinación se notificó personalmente al procesado Hipólito Baltazar Tolino y por instructivo a Hilda Baltazar Cruz, el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en el domicilio señalado para ese efecto (fojas 296 vuelta y 297, del proceso penal). Por tanto, el plazo de quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto transcurrió del veinticinco de noviembre al quince de diciembre de dos mil catorce; descontando los días sábado y domingo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y Circular 17/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de agosto de esta anualidad. Entonces, si la instancia se presentó el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, es claro que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. No se soslaya que, bajo la vigencia de la Ley de Amparo publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, hoy abrogada, podía promoverse en cualquier tiempo la demanda de amparo contra una orden de aprehensión, auto de formal prisión o una resolución como la reclamada, ello se debía a que existía disposición expresa en el artículo 22 de dicho ordenamiento, en relación a que no había plazo para instar la protección constitucional cuando se combatieran actos que atacaran la libertad personal, sin precisar si se trataba de actos emitidos dentro o fuera de procedimiento. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente, si bien existe una disposición similar a la comentada, ésta únicamente permite la promoción del amparo, en cualquier tiempo, cuando el acto ataque la libertad personal pero fuera de procedimiento, lo que excluye a los actos como la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, en virtud de que éstos son emitidos dentro de un procedimiento penal, como se advierte del artículo 1º , del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Este Juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así las cosas, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando tiene el derecho a un recurso efectivo no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." (Tesis: 1a./J. 10/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiocho de febrero de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro ius 2005717) En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63 fracción V, del ordenamiento jurídico invocado, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulta innecesario esperar a la audiencia constitucional para resolver este juicio de garantías; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el contenido del informe rendido por la autoridad responsable de permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tienen aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL TERCERO INTERESADO, EN VIRTUD DE HABERLOS SEÑALADO PARA SER NOTIFICADO; DEJANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA, LA COPIA AUTORIZADA DEL PROVEÍDO. CONSTE.)
- Principal
MESA V-D "... Visto el estado procesal actual de los autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado, con el informe de la autoridad responsable, quien manifestó: ".ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LOS QUEJOSOS HILDA BALTAZAR CRUZ E HIPÓLITO BALTAZAR TOLINO toda vez que en el expediente penal número 19/2013, del índice de este juzgado, con fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, se dictó auto de formal prisión en contra de estos, como probables responsables del delito de DESPOJO, cometido en perjuicio patrimonial de MARINO CRUZ GONZÁLEZ, ilícito previsto por el artículo 384, fracción I, en relación con el 10, fracción I y sancionado por el artículo 384 del Código Penal en vigor, el cual no se trata de un delito grave por la legislación.". Para justificar su dicho, remitió copia certificada del expediente penal 19/2013 de su índice; documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de garantías, existe la jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, el tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." (Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XXXI, Enero 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165582). La lectura de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando no se promueva dentro del plazo de quince días, contado a partir de que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado, salvo, entre otros supuestos, en el que, el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Plazo que debe computarse, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que la notificación del acto reclamado surta efectos, conforme a la ley de la materia. En el presente asunto, al tratarse de un acto en materia penal, aplica lo establecido en el artículo 159 Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por tanto, el plazo se contará desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación. Ahora bien, la parte quejosa reclama la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, dictada en el proceso penal 19/2013, por el Juez Mixto de Primera Instancia de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, mediante la cual dictó auto de formal prisión contra HILDA BALTAZAR CRUZ e HIPÓLITO BALTAZAR TOLINO, por el delito de DESPOJO, que se dice cometido en perjuicio patrimonial de MARINO CRUZ GONZÁLEZ. De las constancias remitidas por la responsable consistente en copia certificada del expediente penal 19/2013, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Villa Alta, Oaxaca, ya valoradas anteriormente, se advierte lo siguiente: 1. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en el proceso penal 19/2013, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Alta, Oaxaca, con sede en esta ciudad, dictó auto de formal prisión contra HILDA BALTAZAR CRUZ e HIPÓLITO BALTAZAR TOLINO, por el delito de DESPOJO, que se dice cometido en perjuicio patrimonial de MARINO CRUZ GONZÁLEZ (fojas 280 a 296 de la causa penal) 2. Dicha determinación se notificó personalmente al procesado Hipólito Baltazar Tolino y por instructivo a Hilda Baltazar Cruz, el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en el domicilio señalado para ese efecto (fojas 296 vuelta y 297, del proceso penal). Por tanto, el plazo de quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto transcurrió del veinticinco de noviembre al quince de diciembre de dos mil catorce; descontando los días sábado y domingo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y Circular 17/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de agosto de esta anualidad. Entonces, si la instancia se presentó el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, es claro que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. No se soslaya que, bajo la vigencia de la Ley de Amparo publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, hoy abrogada, podía promoverse en cualquier tiempo la demanda de amparo contra una orden de aprehensión, auto de formal prisión o una resolución como la reclamada, ello se debía a que existía disposición expresa en el artículo 22 de dicho ordenamiento, en relación a que no había plazo para instar la protección constitucional cuando se combatieran actos que atacaran la libertad personal, sin precisar si se trataba de actos emitidos dentro o fuera de procedimiento. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente, si bien existe una disposición similar a la comentada, ésta únicamente permite la promoción del amparo, en cualquier tiempo, cuando el acto ataque la libertad personal pero fuera de procedimiento, lo que excluye a los actos como la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, en virtud de que éstos son emitidos dentro de un procedimiento penal, como se advierte del artículo 1º , del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Este Juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así las cosas, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando tiene el derecho a un recurso efectivo no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." (Tesis: 1a./J. 10/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiocho de febrero de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro ius 2005717) En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63 fracción V, del ordenamiento jurídico invocado, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulta innecesario esperar a la audiencia constitucional para resolver este juicio de garantías; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el contenido del informe rendido por la autoridad responsable de permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tienen aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL TERCERO INTERESADO, EN VIRTUD DE HABERLOS SEÑALADO PARA SER NOTIFICADO; DEJANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA, LA COPIA AUTORIZADA DEL PROVEÍDO. CONSTE.)
- Principal
MESA V-D "... Visto el estado procesal actual de los autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado, con el informe de la autoridad responsable, quien manifestó: ".ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR LOS QUEJOSOS HILDA BALTAZAR CRUZ E HIPÓLITO BALTAZAR TOLINO toda vez que en el expediente penal número 19/2013, del índice de este juzgado, con fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil catorce, se dictó auto de formal prisión en contra de estos, como probables responsables del delito de DESPOJO, cometido en perjuicio patrimonial de MARINO CRUZ GONZÁLEZ, ilícito previsto por el artículo 384, fracción I, en relación con el 10, fracción I y sancionado por el artículo 384 del Código Penal en vigor, el cual no se trata de un delito grave por la legislación.". Para justificar su dicho, remitió copia certificada del expediente penal 19/2013 de su índice; documental a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación con el tema de los plazos para promover la demanda de garantías, existe la jurisprudencia la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, el tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." (Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XXXI, Enero 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165582). La lectura de los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente, entre otros supuestos, cuando no se promueva dentro del plazo de quince días, contado a partir de que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado, salvo, entre otros supuestos, en el que, el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Plazo que debe computarse, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que la notificación del acto reclamado surta efectos, conforme a la ley de la materia. En el presente asunto, al tratarse de un acto en materia penal, aplica lo establecido en el artículo 159 Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por tanto, el plazo se contará desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación. Ahora bien, la parte quejosa reclama la resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, dictada en el proceso penal 19/2013, por el Juez Mixto de Primera Instancia de San Ildefonso Villa Alta, Oaxaca, mediante la cual dictó auto de formal prisión contra HILDA BALTAZAR CRUZ e HIPÓLITO BALTAZAR TOLINO, por el delito de DESPOJO, que se dice cometido en perjuicio patrimonial de MARINO CRUZ GONZÁLEZ. De las constancias remitidas por la responsable consistente en copia certificada del expediente penal 19/2013, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Villa Alta, Oaxaca, ya valoradas anteriormente, se advierte lo siguiente: 1. El veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en el proceso penal 19/2013, el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Alta, Oaxaca, con sede en esta ciudad, dictó auto de formal prisión contra HILDA BALTAZAR CRUZ e HIPÓLITO BALTAZAR TOLINO, por el delito de DESPOJO, que se dice cometido en perjuicio patrimonial de MARINO CRUZ GONZÁLEZ (fojas 280 a 296 de la causa penal) 2. Dicha determinación se notificó personalmente al procesado Hipólito Baltazar Tolino y por instructivo a Hilda Baltazar Cruz, el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en el domicilio señalado para ese efecto (fojas 296 vuelta y 297, del proceso penal). Por tanto, el plazo de quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto transcurrió del veinticinco de noviembre al quince de diciembre de dos mil catorce; descontando los días sábado y domingo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y Circular 17/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de agosto de esta anualidad. Entonces, si la instancia se presentó el dieciséis de diciembre de dos mil catorce, es claro que su promoción fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. No se soslaya que, bajo la vigencia de la Ley de Amparo publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, hoy abrogada, podía promoverse en cualquier tiempo la demanda de amparo contra una orden de aprehensión, auto de formal prisión o una resolución como la reclamada, ello se debía a que existía disposición expresa en el artículo 22 de dicho ordenamiento, en relación a que no había plazo para instar la protección constitucional cuando se combatieran actos que atacaran la libertad personal, sin precisar si se trataba de actos emitidos dentro o fuera de procedimiento. Sin embargo, en la Ley de Amparo vigente, si bien existe una disposición similar a la comentada, ésta únicamente permite la promoción del amparo, en cualquier tiempo, cuando el acto ataque la libertad personal pero fuera de procedimiento, lo que excluye a los actos como la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, en virtud de que éstos son emitidos dentro de un procedimiento penal, como se advierte del artículo 1º , del Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Este Juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así las cosas, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando tiene el derecho a un recurso efectivo no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." (Tesis: 1a./J. 10/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veintiocho de febrero de dos mil catorce, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro ius 2005717) En esa tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63 fracción V, del ordenamiento jurídico invocado, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, porque en el segundo de los numerales citados se desprende que el legislador previó la posibilidad de resolver el juicio fuera de audiencia. De ahí que resulta innecesario esperar a la audiencia constitucional para resolver este juicio de garantías; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el contenido del informe rendido por la autoridad responsable de permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tienen aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL TERCERO INTERESADO, EN VIRTUD DE HABERLOS SEÑALADO PARA SER NOTIFICADO; DEJANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA, LA COPIA AUTORIZADA DEL PROVEÍDO. CONSTE.)
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