Hilda Andrade Cerón y Otros.

Expediente 130/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 100 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
130/2017
Año
2017
Actuaciones
100
Última actuación
06/12/2023

Partes del expediente

  • Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
  • Hilda Andrade Cerón y Otros.
  • Hilda Andrade Cerón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 100.

  1. Principal

    Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, toda vez que en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el envío del presente expediente al archivo, previa certificación que se realice, procédase a la destrucción del sobre que se encuentra en resguardo en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con datos de la parte tercera interesada. Cúmplase.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído de veintisiete de noviembre pasado, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veinticuatro de junio de dos mil veinte. En otro orden, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención de los anexos que enviaron las autoridades responsables, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dichas autoridades que se estampen en las constancias respectivas. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  3. Principal

    Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa el proveído de veintisiete de noviembre pasado, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído de once de octubre pasado, a efecto de que exhibiera el pago correspondiente de las publicaciones de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad de los edictos ordenados a efecto de emplazar a juicio a los terceros interesados Yurico Sarai Rodríguez Ponce, Jasmín Alcántara Molina o Yasmín Alcántara Molina, Ana María Pinal Hernández, Verónica Vázquez Sánchez, María Nallely Anselmo Bárcenas, María Guadalupe Aparicio Romero, Beatriz Lucero Martínez López e Ivone Ortiz Tapia o Ivón Ortiz Tapia, así como informar las fechas en las que habrían de publicarse, transcurrió del veintidós de octubre pasado al veintiséis del mes en curso, sin que hubiese dado cumplimiento. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que se sobresee fuera de audiencia, con apoyo en el artículo 63, fracción II, en relación con los preceptos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5°, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo. Así, resulta necesario destacar que la litis en el presente asunto se fijó teniendo como acto la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictada por la sala responsable en el toca 1060/2016, y como consecuencia su ejecución atribuida al entonces Juez Quincuagésimo Tercero Penal de esta ciudad -ahora Juez Decimosexto Penal de esta ciudad-, consistente en la orden de reaprehensión o privación de la libertad, y se tuvo como terceros interesados, entre otros, a Yurico Sarai Rodríguez Ponce, Jasmín Alcántara Molina o Yasmín Alcántara Molina, Ana María Pinal Hernández, Verónica Vázquez Sánchez, María Nallely Anselmo Bárcenas, María Guadalupe Aparicio Romero, Beatriz Lucero Martínez López e Ivone Ortiz Tapia o Ivón Ortiz Tapia, sin que se hubiese logrado su emplazamiento. En ese contexto, dado que este órgano de control constitucional agotó los medios que se encuentran a su alcance para investigar los domicilios de los citados terceros, se ordenó su emplazamiento a juicio por edictos a costa de la parte quejosa, por lo que se le requirió que en el plazo de tres días, se presentara en este juzgado a recoger dichos edictos, para su publicación en los veinte días siguientes, aspectos que no se les dio cumplimiento. En tales condiciones, es evidente que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad del procedimiento, y hace que el juzgado de amparo no pueda pronunciarse respecto del fondo de lo planteado en el juicio constitucional, por una causa atribuible a la parte quejosa, que implica la paralización del juicio, contraviniéndose así lo previsto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 25 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, compilación 1917-2000, actualización 2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Por otra parte, no se soslaya el criterio jurisprudencial emitido por la referida Segunda Sala, publicado en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, del rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO"; en virtud de que este juzgado considera que en el caso no se actualiza la excepción a que se refiere dicho criterio, relativo a la imposibilidad de la parte quejosa para cubrir el pago inherente a las publicaciones de referencia, pues no consta en autos algún indicio que permita inferir fundadamente que los inconformes carecen de la capacidad económica para pagar los derechos correspondientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, y el saldo respectivo al periódico de mayor circulación en esta ciudad...".

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa en proveído de once de octubre pasado, a efecto de que exhibiera el pago correspondiente de las publicaciones de los periódicos de mayor circulación en esta ciudad de los edictos ordenados a efecto de emplazar a juicio a los terceros interesados Yurico Sarai Rodríguez Ponce, Jasmín Alcántara Molina o Yasmín Alcántara Molina, Ana María Pinal Hernández, Verónica Vázquez Sánchez, María Nallely Anselmo Bárcenas, María Guadalupe Aparicio Romero, Beatriz Lucero Martínez López e Ivone Ortiz Tapia o Ivón Ortiz Tapia, así como informar las fechas en las que habrían de publicarse, transcurrió del veintidós de octubre pasado al veintiséis del mes en curso, sin que hubiese dado cumplimiento. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que se sobresee fuera de audiencia, con apoyo en el artículo 63, fracción II, en relación con los preceptos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 5°, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo. Así, resulta necesario destacar que la litis en el presente asunto se fijó teniendo como acto la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictada por la sala responsable en el toca 1060/2016, y como consecuencia su ejecución atribuida al entonces Juez Quincuagésimo Tercero Penal de esta ciudad -ahora Juez Decimosexto Penal de esta ciudad-, consistente en la orden de reaprehensión o privación de la libertad, y se tuvo como terceros interesados, entre otros, a Yurico Sarai Rodríguez Ponce, Jasmín Alcántara Molina o Yasmín Alcántara Molina, Ana María Pinal Hernández, Verónica Vázquez Sánchez, María Nallely Anselmo Bárcenas, María Guadalupe Aparicio Romero, Beatriz Lucero Martínez López e Ivone Ortiz Tapia o Ivón Ortiz Tapia, sin que se hubiese logrado su emplazamiento. En ese contexto, dado que este órgano de control constitucional agotó los medios que se encuentran a su alcance para investigar los domicilios de los citados terceros, se ordenó su emplazamiento a juicio por edictos a costa de la parte quejosa, por lo que se le requirió que en el plazo de tres días, se presentara en este juzgado a recoger dichos edictos, para su publicación en los veinte días siguientes, aspectos que no se les dio cumplimiento. En tales condiciones, es evidente que se incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad del procedimiento, y hace que el juzgado de amparo no pueda pronunciarse respecto del fondo de lo planteado en el juicio constitucional, por una causa atribuible a la parte quejosa, que implica la paralización del juicio, contraviniéndose así lo previsto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 25 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, compilación 1917-2000, actualización 2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO". Por otra parte, no se soslaya el criterio jurisprudencial emitido por la referida Segunda Sala, publicado en la página 416 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, del rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO"; en virtud de que este juzgado considera que en el caso no se actualiza la excepción a que se refiere dicho criterio, relativo a la imposibilidad de la parte quejosa para cubrir el pago inherente a las publicaciones de referencia, pues no consta en autos algún indicio que permita inferir fundadamente que los inconformes carecen de la capacidad económica para pagar los derechos correspondientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, y el saldo respectivo al periódico de mayor circulación en esta ciudad.

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