Hilda Anaid Xuluc Medina

Expediente 204/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
204/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
07/08/2017

Partes del expediente

  • Hilda Anaid Xuluc Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Chetumal, Quintana Roo, siete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la primera de las certificaciones secretariales que anteceden y atento al estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto del proveído de doce de julio de dos mil diecisiete, por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que se hubiesen pronunciado al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración una vez trascurrido cinco años, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que, previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que la Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Investigación de Justicia para la Mujer, de esta ciudad, informó en qué términos dio cumplimiento al fallo protector; por lo que, en acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete (fojas 100 y 101), se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano jurisdiccional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a las partes para que realizaran manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable, por lo que procede pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. En ese contexto, es evidente que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfechos sus efectos; en tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra el presente proveído, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.

  3. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado en su domicilio el treinta de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veintinueve de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados por el Director Jurídico y de Vinculación Institucional Zona Sur, en representación del Fiscal General del Estado de Quintana Roo y la Fiscal del Ministerio Público de la Fuero Común adscrita a la Unidad de Investigación de Justicia para la Mujer, mediante los cuales, el primero informa que se conminó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en lo términos señalados en ésta y la segunda remite las constancias conducentes con el cual acredita haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese orden, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que el tercero interesado no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio recibido en su domicilio el catorce de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de trece de junio del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, trece de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintidós de mayo de dos mil dieciséis (fojas 37 a 47), en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA EJECUTORIADA, para todos los efectos legales. Ahora, mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete (foja 65), se reservó acordar el oficio recibido el veinticinco pasado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito signado por la Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Investigación de Justicia para la Mujer, de esta ciudad, a través del cual informó en qué términos dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hasta en tanto causara ejecutoria el fallo protector; por tanto, habiéndose actualizado tal extremo, se provee: Al respecto, se precisa tener en cuenta que los efectos de la ejecutoria de amparo fueron para que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Unidad de Justicia para la Mujer del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, realice lo siguiente: "Continúe con el trámite de la carpeta de investigación CI/CHE/01/06/01306/5-2015, con número único de caso QR/CHE/PGE/2015/01/01857 en estricta observancia a los derechos humanos contenidos en los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de integrar la referida carpeta de investigación; para lo cual deberá dictar dentro del plazo de tres días, computado legalmente, proveído en el que establezca las diligencias o actuaciones que estime necesarias para su integración o, en su caso, de considerar que ya no hay probanzas o diligencias que desahogar, resuelva lo que en derecho corresponda respecto a la conclusión de la investigación en términos del capítulo IV del Título Tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales." En ese contexto, resulta innecesario requerir a la autoridad responsable -conforme al artículo 192 de la ley de la materia- para que cumpla con la sentencia de amparo. Por consiguiente, dése vista a las partes del presente juicio con las constancias enviadas por la Fiscal del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Investigación de Justicia para la Mujer, de esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, apéndice 2000, tomo XI, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.T. J/1 (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1751, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa."

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