Hilda Ainda Rodriguez Hernandez
Expediente 1257/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1257/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/10/2020
Partes del expediente
- Hilda Ainda Rodriguez Hernandez
Actuaciones
- Principal
NOTIFIQUESE
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Diferimiento de audiencia. Del estado que guardan los presentes autos, y del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurre el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por algunas de las autoridades responsables el pasado dos de diciembre del año en curso; por tanto, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de enero de dos mil veinte, para su verificativo. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, página cinco, del epígrafe siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tijuana, Baja California, once de noviembre de dos mil diecinueve. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por Hilda Aida Rodríguez Hernández, mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de veinticinco de octubre pasado. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena integrar por separado el incidente de suspensión. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las nueve horas con cuarenta minutos del diez de diciembre de dos mil diecinueve. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, este juzgado se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto las autoridades rindan sus informes justificados y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Ministerio Público en amparo contra normas generales. Con fundamento en el artículo 5o., fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, notificación que deberá efectuarse por oficio, conforme a lo establecido por el artículo 26, fracción II, inciso c) del referido ordenamiento legal, así como las subsecuentes notificaciones conducentes dirigidas a ésta en el presente expediente, lo anterior en razón de que en el presente asunto se señaló como acto reclamado una norma general. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir los actos que se les atribuyen; en el entendido que en el informe de mérito, deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Asimismo, dígaseles que en caso de incumplimiento a lo ordenado en párrafos que anteceden, se les impondrá en la audiencia constitucional una multa de cien unidades de medida y actualización; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, en caso de que las responsables no rindan sus informes en el plazo concedido se presumirán ciertos los acto reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa, probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización. Conocimiento previo. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma parte quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos, que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba documental que se anexa al escrito de demanda, la cual será tomada en consideración al dictar la sentencia respectiva. Compulsa de documentos para el incidente de suspensión. Tomando en consideración, que la solicitante de amparo, además de las documentales que anexa a la demanda, presentó copias simples de ellas, las que se estima son para formar parte de los cuadernos incidentales; por tanto, realícese el cotejo de éstas últimas con sus originales y agréguense al expediente incidental respectivo, con la finalidad de que tengan valor probatorio al momento de resolver sobre la suspensión definitiva. Sustenta lo anterior la tesis 2a./J. 19/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, Tomo 1, Marzo de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que se cita a continuación: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto." Notifíquese en términos de ley.Así lo acuerda y firma Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con la Secretaria María Adela Mora Águila que firma y da fe. Doy fe. Carlos
- Incidental
Tijuana, Baja California, once de noviembre de dos mil diecinueve. Apertura de incidente. En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta misma fecha en el cuaderno del juicio de amparo 1257/2019-VII, promovido por Hilda Aida Rodríguez Hernández, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, y otras autoridades, con dos copias simples de la demanda de amparo, se abre a trámite por duplicado el presente incidente de suspensión. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, y en atención a la jurisprudencia 40/2000 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro ''DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD'', con número de registro 192097, se señala que la parte quejosa reclama: De las autoridades legislativas señaladas como responsables: El proceso legislativo: discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación, ejecución, refrendo, firma y orden de publicación, del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, que aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Tijuana, Baja California, en el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, concretamente el artículo 19 que establece el derecho al alumbrado público. Del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y de la Comisión Federal de Electricidad: El acto concreto de aplicación de la norma, que se hace consistir en la determinación y cobro del derecho de servicio de alumbrado público (DAP), por el periodo de agosto a octubre de dos mil diecinueve y los cobros subsecuentes. Efectos de la suspensión. En el caso, la parte quejosa no precisa para qué efectos solicita la suspensión provisional, sin embargo ello no es impedimento para que esta juzgadora se pronuncie conforme a su prudente arbitrio sobre las consecuencias o estatus legal en que deban quedar las cosas en caso de ser procedente la medida cautelar, toda vez que dicha obligación fue instituida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia P./J. 4/2019 con número de registro 2019200, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Además, no pasa desapercibido que a su solicitud añade la petición de hacer extensiva la concesión de la medida cautelar, hacia los actos futuros e inminentes derivados del primer cobro de contribución reclamado. Una vez precisado lo anterior, se procede al análisis de la medida y los efectos para los cuales, en su caso, puede concederse; sirve de apoyo la tesis número P./J. 4/2019 del Pleno, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, febrero de 2019, con número de registro 2019200, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo." Determinación. Resulta necesario precisar que conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, lo que se reproduce en el numeral 138 de la Ley de Amparo. Por lo que atañe a la figura jurídica de la apariencia del buen derecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en la jurisprudencia P./J. 15/96, lo siguiente: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión." Se precisa que no es óbice para la aplicación de dicho criterio, haya sido emitido por virtud de la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, pues el numeral 124 que se examinó es de similar contenido al artículo 128 de la actual legislación. Ahora bien, como se advierte, la aplicación del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera posibilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, implicando con ello que debe atenderse al derecho violado y también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. De tal manera que el juzgador, para evitar que la medida cautelar concedida sea ineficaz con la sola paralización del acto reclamado, tiene la facultad de dictar las medidas pertinentes que no impliquen propiamente una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado para resolver posteriormente, en forma definitiva (sentencia de fondo), si los actos impugnados son o no constitucionales. Además de lo expuesto debe atenderse a los requisitos exigidos por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión, y que precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta para otorgarla, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir, a saber: La naturaleza de la violación alegada; La dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir la parte quejosa con su ejecución; Los que la suspensión origine a los terceros interesados; Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; Que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte inconforme y la apariencia del buen derecho. Negativa de la suspensión contra la norma reclamada. Bajo este marco normativo, en el caso lo procedente es negar a la parte quejosa la suspensión provisional respecto de la norma reclamada, toda vez que de concederse se seguiría perjuicio al interés social, además, se contravendrían disposiciones de orden público; requisito que exige el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo; pues de otorgar la suspensión solicitada para que no se aplique dicha norma, se permitiría a la parte quejosa que realizara las actividades ahí reguladas, sin cumplir con las obligaciones a que se encuentra sujeta en términos de la legislación correspondiente; es decir a través de vincular a la autoridad responsable a la observancia de la medida cautelar, ella tendría que habilitar a la quejosa la obtención del servicio de alumbrado público sin previamente verificar el pago de la contribución que impone la ley; lo que contrario a lo aducido por la parte quejosa causa perjuicio al interés social, y contraviene disposiciones de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Negativa de la suspensión por lo que toca al acto concreto de aplicación y a los cobros subsecuentes. Por otra parte, en cuanto al acto concreto de aplicación, consistente en el cobro del derecho de servicio de alumbrado público (DAP), por el periodo de agosto a octubre de dos mil diecinueve, y los subsecuentes debe negarse la medida cautelar. Lo anterior, en virtud de que el cobro reclamado, participa de la naturaleza de un acto consumado, entendido como aquél que se ha realizado total e íntegramente y conseguido todos sus efectos; razón por la cual se procede a negar la medida cautelar respecto de dicho acto, ya que de conceder la suspensión, se estaría dando efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo. Sirve de apoyo al razonamiento anterior, por identidad de razón la jurisprudencia IV.3o. J/21, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Cuando del informe previo rendido por la autoridad responsable se deriva que el representante legal del quejoso entregó voluntariamente el vehículo del que dice fue desposeído, por elementos del Departamento de Investigaciones de Tránsito, quien a su vez lo remitió ante la responsable, con ello se trata de actos consumados, y en esas condiciones es correcto que el Juez de Distrito estimara que el acto de desposesión que reclama el quejoso con la entrega voluntaria del vehículo, quedó consumado, actos contra los cuales es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a dar efectos restitutorios, los cuales son únicos de la sentencia que en el juicio de amparo se pronuncie." En la misma línea de ideas, no puede concederse la suspensión para que en lo subsecuente, la parte quejosa deje de enterar el pago de la contribución cuya constitucionalidad reclama, porque ello sería dar a esta determinación cautelar, un efecto restitutorio propio de la sentencia de amparo. Sin embargo, lo anterior no irroga en la quejosa un perjuicio de difícil reparación, ni equivale a dejar sin materia el juicio, porque ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el pago de contribuciones no debe considerarse como la manifestación de la voluntad que entrañe su consentimiento, pues dada la naturaleza de las leyes fiscales, su observancia por los particulares no es un acto voluntario, sino realizado bajo la amenaza cierta e inminente de una coacción. De manera que, la circunstancia de que el causante, quien ante el cobro de una contribución promueve juicio de amparo, como en el caso, y durante su tramitación cubra el monto a pagar, no implica, de suyo, su aceptación, pues no puede estimarse que el pago efectuado se traduzca en el consentimiento de la contribución; mucho menos, en el desistimiento de la pretensión del justiciable de obtener un fallo a su favor que en todo caso le pueda restituir en el goce de los derechos transgredidos, ordenando, de ser el caso, la devolución de los montos erogados. Sirve de apoyo al razonamiento anterior, la tesis P./J. 68/97, del Pleno Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE. Si el quejoso presenta la demanda de amparo en contra de una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada." Audiencia incidental. Cítese a las partes a la audiencia incidental que tendrá verificativo a las diez horas con quince minutos del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Informe previo. Pídase informe previo a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas; enviándoles para ello copia simple de la demanda de amparo; asimismo, deberán precisar si son ciertos o no los actos reclamados; así como expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y demás datos que tengan a su alcance que permita a este juzgado federal establecer el monto de la garantía correspondiente, en caso de que se llegue a conceder en forma definitiva. Haciéndoles saber que la falta de la rendición de su informe hará presumir de ciertos los actos reclamados, de conformidad con el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, y se impondrá en su contra una multa de cien días, con apoyo en lo dispuesto en los preceptos 238 y 260 fracción I, de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Señalamiento de autorizados. Se tienen por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a los profesionistas que menciona, en atención a su expresa solicitud. Prueba: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su intención las documentales que acompaña a su escrito de demanda, sin perjuicio de ser tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. En cumplimiento al proveído de la propia data emitido en el cuaderno principal del cual deriva este incidente, hágase el cotejo y compulsa de las documentales correspondientes. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Se autoriza a la secretaria de juzgado actuante a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Notifíquese en términos de ley.Así lo acuerda y firma Judith Viviana Juárez Vázquez, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con la Secretaria María Adela Mora Águila que firma y da fe. Doy fe. Carlos
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