Hilarión García Muñoz

Expediente 628/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
628/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • HILARIÓN GARCÍA MUÑOZ y Otros.
  • Hilarión García Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que dentro del término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no fue recurrida la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; entonces, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto ES DESTRUIBLE -una vez transcurran tres años- al haberse SOBRESEIDO en el presente juicio y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Segundo, artículo 34 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Incidente de suspensión. Ahora, toda vez que, en el presente se formó por separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes. Finalmente, devuélvase a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, las copias fotostáticas autorizadas de las constancias que integran el toca de apelación XXXX/2006, que remitieron en apoyo a sui informe con justificación.

  2. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por XXXXX, en contra del acto reclamado consistente en la omisión de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de resolver en el toca XXXX/2006, la solicitud de reconocimiento de inocencia en la causa penal XXXX/2001, del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, y sus consecuencia; por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional

  3. Principal

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por XXXXX, en contra del acto reclamado consistente en la omisión de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de resolver en el toca XXXX/2006, la solicitud de reconocimiento de inocencia en la causa penal XXXX/2001, del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Puebla, y sus consecuencia; por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia constitucional

  4. Principal

    Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116, y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo que promueve XXXX, por derecho propio, contra actos de los Magistrados que integran la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 628/2023. Sin que se tramite incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Dese a la Representación Social la intervención que legalmente compete; de igual forma, se autoriza el acceso de la referida Representación Social a través del usuario "DABEGOPU", por tal motivo se comisiona a la Oficial Judicial A para que realice la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al citado usuario. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio respectivo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, apercibiéndose a las autoridades responsables que si el informe no se rinde en el término señalado, y si esta circunstancia trae como consecuencia que se llegue a diferir la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $25,935.00 (veinticinco mil novecientos treinta y cinco pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por doscientos cincuenta días de salario. En la inteligencia de que las autoridades responsables también deberán proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. Se fijan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS para la audiencia constitucional. Lo anterior, en los términos previstos en el precepto 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, esto es, siempre y cuando esté debidamente justificado conforme a los supuestos ahí previstos y se cumplan, a criterio del suscrito, las condiciones para la utilización del citado medio de comunicación. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, remitan copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa multa de doscientos cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización, establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $25,935.00 (veinticinco mil novecientos treinta y cinco pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por doscientos cincuenta días de salario. De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, infórmese a las autoridades responsables que están en aptitud de aportar como prueba toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe con justificación el disco compacto (cd) que contenga la resolución reclamada, o bien, podrán remitirlo al correo electrónico 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx, o llamar al número celular 2224593590, ello si el sentido de su informe lo permite; lo anterior, además agilizará el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado, pues de no cumplir con esa obligación, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo se impondrá a la omisa multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por cincuenta días de salario. Para el caso de que el acto reclamado sea cierto, se requiere a las autoridades responsables para que, si en algún momento dejaran de conocer del asunto respectivo, en el término de tres días siguiente en que ello ocurra, lo haga saber de manera inmediata a este juzgado de distrito, a efecto de estar en posibilidad de acordar lo conducente, para la pronta resolución de este juicio, conforme lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional; apercibido que de ser omisos se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por cincuenta días de salario. En el mismo orden de ideas, de la demanda de amparo se advierte que le reviste el carácter de terceros interesados a Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Rosa Mendoza Romero, como viuda y representante legal de quien en vida respondiera al nombre de XXXX, con domicilio en la Población de Santa Inés Ahuatempan, perteneciente al Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla. En relación al tercero interesado mencionado en el inciso a), con fundamento en el los artículos 5°, fracción III, inciso e), en relación con los diversos 26 fracción II, inciso b) y 28, fracción II, se ordena su emplazamiento a este juicio de amparo por medio de oficio, entregándole para tal efecto copia de la demanda, copia autorizada del auto admisorio y de este proveído, y lo requerirá para que en el término de tres días señale domicilio en la zona conurbana de este juzgado, apercibido que de no hacerlo, las notificaciones aun las de carácter personal se le harán por lista que se fije en lugar visible de este juzgado. En ese orden de ideas, tocante a la tercera interesada enunciada en el inciso b), toda vez que dicho domicilio está fuera de la jurisdicción de este juzgado, de conformidad con los artículos 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a fin de que ordene a quien corresponda la emplace a este juicio de amparo corriéndole traslado con copia de la demanda y copia autorizada de éste auto, haciéndole saber el derecho que tiene para apersonarse al presente juicio, ofrecer pruebas y formular alegatos, y la requerirá para que en el término de tres días señale domicilio en la zona conurbana de este juzgado, apercibida que de no hacerlo, las notificaciones aun las de carácter personal se le harán por lista que se fije en lugar visible de este juzgado. Por ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al referido Juez, para que habiliten días y horas inhábiles al funcionario judicial de su adscripción, para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el ordinal 17 Constitucional. Ahora, para que el referido juzgador o el personal a su digno cargo realicen cualquier gestión que crean pertinente para lograr el éxito de la diligencia encomendada, ello sin que sea necesario hacerlo del conocimiento de este juzgado de Distrito; lo anterior para privilegiar la expedites en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia de que la notificación deberá realizarse no obstante que haya transcurrido el señalamiento de la audiencia constitucional, pues al ser de orden público y de estudio oficioso y además indispensable para la integración del asunto planteado, aún llegada la fecha en cita no sería posible llevar a cabo la audiencia de ley, pues se estaría en espera de la constancia de llamamiento a juicio de la parte tercera interesada. Al caso, es aplicable la tesis VI.2o.P.41 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, página 2045, de rubro: EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE AMPARO Y NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO-. EN CASO DE FALLECIMIENTO DE ÉSTE, DICHAS DILIGENCIAS PUEDEN ENTENDERSE FORMALMENTE CON LA VÍCTIMA DIRECTA, INDIRECTA O POTENCIAL, A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, Y NO NECESARIAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN. Con independencia se requiere a la responsable para que en el término de tres días siguiente al en que reciba el oficio respectivo, informe el último domicilio que tenga registrado del agente del Ministerio Público quien actuó en la emisión del acto reclamado, así como de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos, en su calidad de terceros interesados, el ultimo domicilio que tenga registrado, así como datos de identificación de cada uno, esto es, nombre completo y sin abreviaturas, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, fecha y lugar de nacimiento y cualquier otro dato que permita su correcta individualización, o en su caso, la imposibilidad que tenga para ello; lo anterior, para evitar posibles homonimias. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo), se le apercibe que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá como inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario, tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Lo anterior no impide a la parte quejosa aclarar o corregir, en su caso, la denominación de las autoridades responsables hasta antes de la resolución de este asunto. Ahora, dado que el quejoso refiere estar interno en el Centro Penitenciario para Adultos Mayores Privados de la Libertad, con Enfermedades Crónico Degenerativas y con Discapacidad en el Estado de Puebla, y no cuenta con autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, se requiere a la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días nombre defensor público que asista al quejoso Hilario García Muñoz, a fin de asistirlo en el presente asunto y garantizar de esta forma un efectivo acceso a la justicia; en razón de lo anterior, córrasele traslado con copia de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 187/2017, pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO PENAR SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. Asimismo, la Jurisprudencia XXIV.2º. J/2 (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época; Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 41, Tomo II, Abril de 2017, página 1616, de rubro: PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO. Apercibida que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintidós, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos), que es el resultado de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), por cincuenta días de salario. En términos de los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia conforme a su numeral 2°, y en relación con el artículo 26, fracción I, de la citada ley, ya que el impetrante de amparo esta interno en el Centro Penitenciario para Adultos Mayores Privados de la Libertad, con Enfermedades Crónico Degenerativas y con Discapacidad en el Estado de Puebla, y no designa autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en consecuencia, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y evitar posibles nulidades, se ordena la notificación del presente proveído en el lugar de su reclusión. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, prevista por el artículo 17 de la Constitución General de la República. En razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al actuario para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional del Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, Puebla, y San Pedro Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce a la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcoatl; en consecuencia, se instruye al actuario para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada; si así se señala. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1ª./J 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, página 67, de rubro: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. A fin de dar celeridad en la integración del presente asunto, se instruye el actuario para que en uso de las herramientas electrónicas (correo electrónico, vía interconexión con firma electrónica) notifique a la autoridad responsable en el presente asunto, y para el caso de imposibilidad, deberá asentar la razón respectiva, y notificarlas vía correo acelerado, sin acuerdo de por medio. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad en línea, lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

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