Hilario Soto Diego
Expediente 339/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 17/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Hilario Soto Diego
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria... archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 339/2016; y, RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido en la misma fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo, Hilario Soto Diego, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero. Todos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS La orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Por acuerdo de seis de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada bajo el número 339/2016; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, previa notificación a la parte tercero interesada del inicio de este juicio. CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto, Octavo y Décimo, así como el Secretario de Acuerdos del Juzgado Quinto, Encargado del despacho por Ministerio de Ley, todos de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad al rendir sus informes con justificación negaron el acto que se les atribuye, consistente en la emisión de una orden de aprehensión girada en contra de Hilario Soto Diego. Ahora, tomando en cuenta que la parte quejosa no rindió prueba alguna tendente a demostrar la existencia de los actos reclamados y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. TERCERO. Son ciertos los actos que se reclama de los Jueces Séptimo y Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como del Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, por haberlo manifestado los dos primeros al rendir su informe con justificación y no obstante la negativa que la última de las autoridades hizo, en ese supuesto al haber sido designada con el carácter de ejecutora, de un momento a otro recibirá la orden para cumplimentar las ordenes de captura giradas en contra de Hilario Soto Diego. La existencia de los actos se corrobora con la copia certificada del proceso penal 42/2010-II, iniciado en contra del peticionario de amparo por la comisión de los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones, en agravio de Filomena Castellanos Pérez; y la diversa causa 46/2014 por el ilícito de incumplimiento de la obligación alimentaria, cometido en contra de la antes citada y Rode Betzabe Soto Castellanos. A esas documentales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las cuales se advierte que el veintisiete de abril de dos mil diez y el uno de abril de dos mil catorce, se libró orden de aprehensión en contra del quejoso, por los ilícitos arriba citados. CUARTO. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, en relación con la orden de captura emitida por el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en la causa penal 42/2010, en contra del quejoso por la comisión de los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones en contra de Filomena Castellano Pérez, se advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En dicha norma legal se establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, pues conforme a las constancias remitidas por el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, en esta localidad, relativas a la causa penal 42/2010, como justificación a su informe y aquéllas que lo complementan, cuyo valor probatorio quedó asentado en el considerando que antecede; se advierte que el veintisiete de abril de dos mil diez giró orden aprehensión en contra del quejoso por la comisión de los delitos de violencia intrafamiliar y lesiones, en agravio de Filomena Castellanos Pérez y el trece de abril de dos mil dieciséis, se declaró extinguida la acción penal en la citada causa, por prescripción, y se ordenó la cancelación de la orden de captura reclamada, mientas que la presentación de la demanda lo fue el cinco del mes último citado. De ahí que, el acto reclamado consistente en la orden de captura girada en contra del quejoso ha cesado en sus efectos, al producirse el mismo resultado para el caso de que se concediera el amparo; por lo que, como se adelantó se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a decretar el sobreseimiento en este juicio, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a la orden de aprehensión reclamada al Juez Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, girada en contra del quejoso en la causa penal 46/2014-II, por la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en agravio de Filomena Castellano Pérez y Rode Betsabe Soto Castellano, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]." En efecto, conforme la transcripción que antecede, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impide resolver el presente asunto, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas. En el caso, el acto reclamado consiste en la orden de comparecencia que la Juez Noveno de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares giró en contra del peticionario de amparo dentro de la causa penal número 46/2014-II, y de acuerdo a la copia certificada remitida por dicha autoridad responsable, como justificación a su informe y complemento al mismo, la orden de aprehensión -efectivamente- fue librada en su contra el uno de abril de dos mil catorce, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, en agravio de Filomena Castellanos Pérez y Rode Betzabe Soto Castellanos, y el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, le decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo que define su situación jurídica. Lo anterior conduce a estimar que, conforme con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, han quedado irreparablemente consumadas las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, ya que no se puede decidir en el presente procedimiento de amparo sin afectar la nueva situación jurídica que se suscitó después de instaurado el presente juicio de amparo, habida cuenta que la demanda fue recibida por este juzgado de Distrito el cinco de abril del año en curso, mientras que el auto de libertad por falta de elementos para procesar decretado en contra de la parte promovente del amparo data del diecinueve de dicho mes. En ese tenor, es claro que durante la secuela del procedimiento en el juicio de amparo, se decretó a la parte quejosa auto de libertad por falta de elementos para procesar, lo que trajo como consecuencia un cambio de situación jurídica, tomando en consideración que los efectos de dicha resolución es que se libere al inculpado en virtud de que los datos reunidos en la averiguación previa no bastaron para acreditar el cuerpo del delito, misma que no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 90 del Código Procesal Penal del Estado, se pueden allegar datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de ahí que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas de la orden de aprehensión, porque no se puede decidir aquí sin afectar la nueva situación jurídica aunque persistieran las violaciones que la parte quejosa aduce. En ese orden de ideas, la sola emisión del auto de libertad por falta de elementos para procesar implica que la libertad del peticionario de amparo se circunscribe ahora a un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional de la orden de captura reclamada, sin afectar la nueva situación derivada del citado auto de libertad, de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable; de ahí que procede el sobreseimiento en el juicio con base en la fracción XXI del numeral 61, en relación con la fracción IV, del diverso numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución que se atribuye al Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, autoridad señalada como responsable ejecutora en razón de que no le fue reclamado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 339/2016, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
en proveído de diez de mayo de dos mil dieciséis, se tuvieron por recibidas las constancias enviadas por la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley y por el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, como complemento a sus informes justificados, los cuales no fueron conocidos con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diez de mayo de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos los oficios de cuenta; el primero signado por la Segunda Secretaria de Acuerdos del Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, mediante el cual remite el proveído de diecinueve de abril de este año, dictado en la causa penal 46/2014, del que se advierte que dictó al quejoso auto de libertad por falta de elementos para procesar; asimismo, el segundo enviado por el Juez Séptimo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, por el que envía copia certificada de la causa penal 42/2010-II; por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse como complemento de los informes justificados rendidos en autos, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.
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