Hilario Ovando Martinez
Expediente 637/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Hilario Ovando Martinez
Actuaciones
- Principal
MESA 4-B. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el plazo concedido al quejoso en auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió sin que haya hecho lo propio, en tales condiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), notifíquese a la parte quejosa por lista de acuerdos las subsecuentes determinaciones, aún las de carácter personal. Asimismo, destaca que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja, contra el proveído de veintinueve de octubre del año actual, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los arábigos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su dispositivo 2, se declara que ha causado estado dicho auto. ARCHIVO Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del precepto 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.
- Principal
MESA 4-B. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Hilario Ovando Martínez, contra actos del Juez Segundo Civil de Tonalá, Chiapas y otra autoridad, consistente en: "ACTOS RECLAMADOS: De la responsable ordenadora u emisora, señalo, en cuanto acto reclamado AUTO DONDE SE DESECHA EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 637/2021-4-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (.) En ese sentido, es pertinente señalar que, en la especie, el acto reclamado en el presente asunto consiste, esencialmente, en el proveído de diecinueve de octubre del año en curso, dictado por el Juez Segundo del Ramo Civil, del Municipio de Tonalá, Chiapas, dentro del expediente civil 722/2018, mediante el cual desechó el incidente de nulidad de actuaciones, interpuesto por la parte quejosa. Establecido lo anterior, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a continuación se expone. En efecto, el artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". (.) Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Ahora bien, del contenido de la demanda se advierte que la vía a través de la cual se ha llevado a cabo el trámite del asunto que dio origen al acto reclamado es la ordinaria civil. Consecuentemente, el procedimiento se rige por las reglas para la tramitación de los juicios ordinarios civiles, extensivo a la procedencia, efectos y tramitación de los medios de impugnación, con la particularidad, de que el acto reclamado involucra cuestiones atinentes a una menor de edad. Conforme a lo expuesto, en contra del diecinueve de octubre del año en curso, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación, con fundamento en lo previsto en los artículos 663, 666, 671 y 675, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que a la letra señalan: "ART. 663. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. De los citados preceptos se advierte que el recurso de apelación se erige como un medio ordinario de defensa procedente en contra de determinadas actuaciones, es decir, su procedencia es de naturaleza casuística, cuya finalidad estriba en que un tribunal de segunda instancia, también denominado "alzada", confirme, modifique o revoque las resoluciones del inferior. Entre tales determinaciones que admiten la procedencia del recurso de apelación, se encuentra la sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, autos que expresamente dispone el Código y aquellos que causen un daño irreparable o de difícil reparación, siempre y cuando el fallo definitivo sea apelable. Luego, dicho proveído es impugnable a través del recurso de apelación establecido en la legislación adjetiva civil de la entidad, mismo que debió ser agotado por el quejoso en forma previa al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, el quejoso tenía la obligación de agotar el recurso de apelación en contra de la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualizan de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por el quejoso, por resultar notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se conmina al actuario judicial adscrito, para que le notifique el presente proveído a la parte quejosa en el domicilio que señala en el proemio de la demanda. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la diligencia o bien dentro de los tres días siguientes, al en que surta efectos dichas notificaciones, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad (Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas); bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, las posteriores notificaciones, aun las de carácter personal, se le hará por medio de lista que se publicará en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia actual. Por otro lado, se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona en el escrito de cuenta, por así haberlo solicitado. (.)
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