Hilario Loeza Fernández

Expediente 819/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
819/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Hilario Loeza Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    Recepción de escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado la apoderada legal del quejoso ********************, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de cuatro de noviembre actual y al efecto proporciona la información solicitada. Desechamiento de la demanda. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juzgado de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Pues bien, en el caso se reclama de las autoridades responsables la omisión de dar respuesta al escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno. Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, debido a que los actos reclamados, no pueden considerarse como autoridad para efectos del juicio constitucional. Para justificar el anterior aserto, es necesario precisar el contenido de los artículos citados, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación teleológica de los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que violen o vulneren los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de ahí que no cualquier acto puede ser sometido al control jurisdiccional por la vía del amparo, sino únicamente aquellos, que provengan o se equiparen a los emitidos por una autoridad. En ese sentido, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto que se reclama provenga de quien no cuente con el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional. En ese contexto, una autoridad para efectos del juicio de amparo será la que, teniendo las características de orden público, otorgadas por la norma jurídica tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales, crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado a un en contra de ella. De modo que un acto de autoridad será aquel que entrañe una actuación o abstención de un órgano del Estado frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Lo anterior de acuerdo al concepto de "autoridad" contenido en la tesis XXVII/97 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Entonces, para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, a partir del supuesto de que el promovente tiene el carácter de gobernado, en que el particular se encuentra en un plano desigual frente al ente de gobierno, o en su caso, al particular que ejerce funciones propias de gobernante, protegido por los derechos fundamentales que le deben ser respetados de los cuales es titular por el solo hecho de existir. De ahí que sea preciso considerar las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, que son las siguientes: a. La existencia de un órgano del Estado, o del particular con funciones equivalentes, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado o al particular de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 161133, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, de la demanda de amparo se advierten los siguientes antecedentes, los cuales narró el promovente bajo protesta de decir verdad: En dos mil quince se derramó hidrocarburo en el ejido ********************, derivado de una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos. Que, en octubre de esa anualidad, se presentó diverso personal de Petróleos Mexicanos para realizar trabajos de remediación de tierras. Que personal de Petróleos Mexicanos le presentó una estimación de pérdidas de los ciclos del uno de abril-30 de septiembre 2017, la cual aceptó y, en consecuencia, firmaron los documentos respectivos, quedó pendiente la realización del pago al ahora quejoso. El nueve de julio de dos mil veintiuno, el ahora quejoso presentó un escrito ante Petróleos Mexicanos donde solicitó el pago de las cantidades correspondientes, sin que a la fecha le hayan dado contestación a su petición. Omisión que es el acto reclamado en la presente sede constitucional. Por otra parte, antes de plasmar las consideraciones por las cuales este juzgador federal estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, es relevante señalar que Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del estado, esto es, es una nueva categoría de entidad paraestatal con un régimen jurídico especial y diferenciado, alejado de la tradicional lógica de controles y jerarquía administrativa, basado en principios de gobierno corporativo. Por ello y a pesar de que el fundamento de su creación son normas de derecho público, su operación se rige, en lo no previsto por su ley, reglamento y disposiciones que de éstos emanen, por el derecho civil y mercantil. Apoya lo anterior, la tesis 2a. LXXX/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2017897, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 58, septiembre de 2018, tomo I, página 1214, de rubro y texto siguientes: "EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO. SU NATURALEZA. El régimen transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de diciembre de 2013, ordenó la transformación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado. De los preceptos reformados y los objetivos perseguidos se advierte que dichos entes son empresas públicas de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con el mandato constitucional de crear valor económico a fin de incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Por otro lado, y como el artículo 90 constitucional señala que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, se concluye que las empresas productivas del Estado son una nueva categoría de entidades paraestatales con un régimen jurídico especial y diferenciado, alejado de la tradicional lógica de controles y jerarquía administrativa, basado en principios de gobierno corporativo. Por ello y a pesar de que el fundamento de su creación son normas de derecho público, su operación se rige, en lo no previsto por su ley, reglamento y disposiciones que de éstos emanen, por el derecho civil y mercantil. Con este régimen diferenciado se pretende que las empresas productivas del Estado puedan competir con flexibilidad y autonomía en las industrias que se les encomiendan y así cumplir con su mandato constitucional." Ahora bien, con base en el anterior contexto, se colige que los actos reclamados derivan directamente del convenio que celebró el quejoso con las autoridades responsables. Para justificar este aserto, se reitera que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional en reclamo de la omisión de dar contestación a su escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno, en donde solicitó el pago de lo acordado con Petróleos Mexicanos, derivado de la afectación que sufrió con motivo del derrame de hidrocarburo en el ejido ********************. En ese sentido, la omisión reclamada deriva del pacto realizado entre el quejoso y las autoridades responsables, es decir, dicha omisión deviene de un acto jurídico realizado en un plano de coordinación o igualdad, toda vez que se encuentran sujetos a la voluntad de las partes y a la satisfacción de diversos requisitos legales del convenio celebrado entre ambos. Es así, pues en dicho pacto volitivo, se acordó una contraprestación económica a cargo de Petróleos Mexicanos a título de indemnización, pues para tal efecto firmaron los documentos que alude el promovente y que anexó a su demanda en copia simple. Bajo ese contexto, la omisión que ahora se reclama surge del incumplimiento de lo pactado entre la parte quejosa y las autoridades responsable; por tanto, ello no puede ser materia de un juicio constitucional, sin que antes sea resuelto por las autoridades jurisdiccionales del orden común, lo que significa que en el juicio de derechos fundamentales no puede determinarse a cuál de las partes en conflicto asiste la razón jurídica; si se el pago pactado o si hubo una omisión o no. Pues, se insiste, la omisión reclamada deriva del acuerdo de voluntades que celebró la parte agraviada con las autoridades responsables; en consecuencia, no se está en el caso de que tales actos puedan ser considerados como de autoridad para efectos de este juicio, pues de acoger las pretensiones del promovente del amparo implicaría realizar una declaración judicial sobre actos realizados por Petróleos Mexicanos en un plano de coordinación -desprovistos de imperio- con el quejoso, lo que escapa al ámbito de estudio y operatividad del juicio de amparo, pues de hacerlo, este juzgador constitucional se erigiría en tribunal de instancia, invadiendo la esfera de competencia de las autoridades jurisdiccionales del orden común a quienes les corresponde, en principio, resolver sobre conflictos entre entes ubicados en un plano de igualdad o coordinación, como acontece en la especie, no de supra a subordinación. Tiene aplicación, por las ideas que la conforman, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 128, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Tercera Parte (registro 237234), que dice: "PETROLEOS MEXICANOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.- El organismo descentralizado Petróleos Mexicanos carece de imperio para hacer cumplir sus determinaciones, por lo que, en términos de los artículo 103, fracción I, constitucional, y 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del amparo." No pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Se estima que el criterio transcrito es inaplicable al caso, aun por analogía, pues la justificación que da la Corte para tornar procedente el juicio constitucional, radica en la magnitud del derecho que puede ser vulnerado, aun de forma indirecta, esto es, la protección efectiva de una pensión social. Luego, en el caso, el conflicto es meramente patrimonial, por lo que no se está en el supuesto que justifique aplicar la tesis transcrita. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, de conformidad con el diverso 113 de dicho ordenamiento legal, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo.

  2. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Por recibida la demanda de amparo promovida por Hilario Loeza Fernández, por conducto de su apoderada legal María de los Ángeles Loeza Zurita, personalidad que acredita con la copia certificada del poder ratificado ante notario público número noventa y uno, con ejercicio en la ciudad de Cuitzeo del Porvenir, Michoacán bajo el número mil cuatrocientos sesenta y seis; en contra de actos del titular de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, en esta ciudad, y otra autoridad. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 819/2021-3. Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, así como 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del término de cinco días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Aclare si el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación al escrito de petición de pago de varios conceptos, presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno ante la Dirección General de Petróleos Mexicanos y Dirección General de PEMEX Logística; o bien, la omisión de pago propiamente, de los conceptos que menciona en la demanda. En caso de señalar la omisión de pago de los conceptos que aduce, indique si en contra de dicha omisión presentó juicio en la vía ordinaria o algún medio ordinario de defensa; en caso afirmativo, proporcione los datos correspondientes al juicio o recurso de que se trate (qué se reclamó o qué recurso se promovió, ante qué autoridad se presentó y el estado actual que guarda el expediente relativo). Requerimiento que se realiza debido a que la información proporcionada en la demanda resulta insuficiente para tener por cumplidos a cabalidad los requisitos que debe contener toda demanda de amparo, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo. Cuestiones que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo. En la inteligencia de que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia promovente, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Además, deberá exhibir copias suficientes de su escrito de aclaratorio para traslado a las partes; esto es, una para cada autoridad señalada como responsable (2) y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la ley de la materia. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle Velázquez, número 205 sur, colonia Renacimiento, código postal 38044, en Celaya, Guanajuato. Así mismo, se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Adriana Lorena Rivera Valadez, dado que de la certificación de cuenta se desprende que cuenta con cédula profesional que la acredita como licenciada en derecho, debidamente inscrita en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; mientras que en términos restringidos del invocado numeral a las personas restantes, atento a que no se proporcionó dato alguno con el que se acredite que tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el citado numeral (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) sin perjuicio que de acreditar tales extremos, se les autorice en los términos amplios del artículo de referencia. Medios para establecer comunicación. Así mismo, se tiene al promovente proporcionando número telefónico y correo electrónico como medios para establecer comunicación no procesal con él, de lo cual se toma nota. Habilitación de días y horas para efectos de realizar notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.

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