HILARIO JIMÉNEZ FERNANDO y Otros.
Expediente 316/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 316/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- HILARIO JIMÉNEZ FERNANDO y Otros.
- ATANACIO EUSEBIO JIMÉNEZ FERNANDO y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ..... ; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 316/2019. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, permite conocer que los promoventes reclaman del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, la emisión del acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal 13/2016, que se les instruye por el ilícito de ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA FISICA y MORAL A LAS PERSONAS, mediante el cual, se fijó hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia de revisión de medida cautelar, solicitada por la ofendida Eulalia Jimenez Fernando; en tanto que, al Agente del Ministerio Público y actuario adscritos a ese órgano jurisdiccional, reclaman su ejecución. Así también, en la causa penal de origen, en términos del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; a petición de los quejosos, fueron llevada a cabo revisiones de las medidas cautelares de prisión preventiva, en donde se declaró procedente las mismas y se sustituyeron por las contempladas en las fracciones I, V, y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En razón de lo anterior, la ofendida solicitó la revocación de esas medidas cautelares, ordenado el Juez de instancia tramitar la misma, mediante incidente no especificado, en donde se ordenó dar vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días manifestaran los que a sus interés convinieren, y señaló hora y fecha para tal efecto. Inconforme con lo anterior, los quejosos interpusieron recurso de apelación, el cual, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado declaró inadmisible, aduciendo que esa determinación no es impugnable a través del aludido recurso. En esa guisa, la suscrita juzgadora advierte que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I aplicado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del contenido del numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no ocasiona perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, esto es, no resienta una afectación, real, actual e inminente con el acto de autoridad, ya sea positivo o negativo. En esa tesitura, en primer lugar es conveniente señalar que, al haber sido procedentes en su oportunidad las revisiones de medidas cautelares solicitadas por los quejosos, en términos del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, todo lo concerniente a las mismas, deben tramitarse de conformidad con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo ese contexto, como se adelantó, en el particular se actualiza la causal de improcedencia que se invoca, toda vez que el acto que se reclama al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, no es materia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que el señalamiento para que tenga verificativo la audiencia de revisión de medida cautelar, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición de la parte ofendida, legitimada en términos de los artículos 105 fracción I y 109 fracción XIX del Código Nacional de Procedimientos Penales, para solicitar la revisión de la medida cautelar, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de esa audiencia en la que, se abrirá a debate la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer las referidas medidas y la necesidad, en su caso, de mantenerlas, revocarlas sustituirlas o modificarlas y resolver en consecuencia, ello, en estricto respeto al derecho de audiencia que le impone al Juez la codificación nacional mediante los principios de contradicción e inmediación, para que en su caso se determine nuevamente la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas cautelares decretadas. De modo que, a fin de advertir si han variado o no de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de las medidas cautelares, el juez de instancia en términos del artículo 161 de Código Nacional de Procedimientos Penales indefectiblemente debe señalar audiencia y en ella establecer una vez escuchadas a las partes lo que proceda motivando su determinación. En ese sentido, el hecho de que el Juez de instancia, señaló hora y fecha para audiencia de revisión de medidas cautelares, y por ello, citó a los quejosos para que comparecieran al desahogo de la misma, por sí solo no es un acto de imposible reparación, toda vez que, se trata únicamente de una comunicación del Juez, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de esa audiencia, en la que se pondrán al escrutinio las medidas cautelares vigentes, lo cual, es de orden público, ya que el Juez tiene la función encomendada de resolver las cuestiones puestas a su consideración por parte de la sociedad. En ese tenor, si bien, la determinación que tome el Juez de instancia en la audiencia de revisión de medida cautelar, podrá afectar la esfera jurídica de los quejosos en cuestión, al revocar, sustituir o modificar las medidas cautelares de las que actualmente gozan, esto deviene en un acto futuro y de realización incierta, por ello, será hasta que dicho Juez se pronuncie previo debate en esa audiencia respecto a las medidas cautelares, en que los justiciable podrán reclamar lo ahí determinado en sede constitucional. Máxime a lo anterior que, el numeral 52 de la codificación nacional dispone que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, por ende, acorde con la dinámica del sistema acusatorio que preserva los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes, las cuestiones que deban ser resueltas por el juzgador, es a través del sistema de audiencias. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no ocasiona perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, procede desechar de plano la demanda de amparo. Por las razones que la informan, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 239, Tomo I, diciembre dos mil dieciocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, la tesis .1o.P.146 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, visible a página 2486, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor literal siguiente: REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. DEBE REALIZARSE EN OBSERVANCIA DE LA CARACTERÍSTICA DE ORALIDAD Y BAJO LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E INMEDIACIÓN, QUE DISTINGUEN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Del artículo quinto transitorio mencionado, se advierte que, al haber permitido el legislador que se sometan a revisión las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, decretadas por autoridad judicial en procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con base en su marco normativo -artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, en donde el Juez de la causa con competencia excepcional para ello, una vez que lo haya solicitado el imputado, dará vista a las partes para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, para luego de efectuada la audiencia correspondiente y tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de dicha medida, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del propio código, se hace evidente que dicha revisión debe realizarse bajo la dinámica del proceso penal acusatorio, es decir, en observancia de la característica de oralidad y bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que lo distinguen. Ello es así, porque ya no se trata de una decisión unilateral del juzgador, como sucedía en la libertad provisional bajo caución, en donde solamente se limitaba a verificar si se colmaban o no los requisitos legales para su procedencia, sino que ahora el pronunciamiento del órgano jurisdiccional debe estar precedido de un debate entre las partes, respecto de un tema sometido a un contradictorio en el que debe escuchárseles mediante la celebración de una audiencia y determinar qué medida cautelar es la idónea para el caso concreto. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizada con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a ... , por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones, por no encontrarse registradas sus cedulas profesionales en el aludido sistema computarizado, y ser el presente asunto de naturaleza penal. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
POR LISTA: MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ..... ; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 316/2019. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, permite conocer que los promoventes reclaman del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, la emisión del acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal 13/2016, que se les instruye por el ilícito de ROBO CALIFICADO CON VIOLENCIA FISICA y MORAL A LAS PERSONAS, mediante el cual, se fijó hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia de revisión de medida cautelar, solicitada por la ofendida Eulalia Jimenez Fernando; en tanto que, al Agente del Ministerio Público y actuario adscritos a ese órgano jurisdiccional, reclaman su ejecución. Así también, en la causa penal de origen, en términos del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis; a petición de los quejosos, fueron llevada a cabo revisiones de las medidas cautelares de prisión preventiva, en donde se declaró procedente las mismas y se sustituyeron por las contempladas en las fracciones I, V, y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En razón de lo anterior, la ofendida solicitó la revocación de esas medidas cautelares, ordenado el Juez de instancia tramitar la misma, mediante incidente no especificado, en donde se ordenó dar vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días manifestaran los que a sus interés convinieren, y señaló hora y fecha para tal efecto. Inconforme con lo anterior, los quejosos interpusieron recurso de apelación, el cual, la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado declaró inadmisible, aduciendo que esa determinación no es impugnable a través del aludido recurso. En esa guisa, la suscrita juzgadora advierte que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I aplicado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del contenido del numeral 61, fracción XII, en relación con el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no ocasiona perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, esto es, no resienta una afectación, real, actual e inminente con el acto de autoridad, ya sea positivo o negativo. En esa tesitura, en primer lugar es conveniente señalar que, al haber sido procedentes en su oportunidad las revisiones de medidas cautelares solicitadas por los quejosos, en términos del artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, todo lo concerniente a las mismas, deben tramitarse de conformidad con las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo ese contexto, como se adelantó, en el particular se actualiza la causal de improcedencia que se invoca, toda vez que el acto que se reclama al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca, no es materia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que el señalamiento para que tenga verificativo la audiencia de revisión de medida cautelar, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición de la parte ofendida, legitimada en términos de los artículos 105 fracción I y 109 fracción XIX del Código Nacional de Procedimientos Penales, para solicitar la revisión de la medida cautelar, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de esa audiencia en la que, se abrirá a debate la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer las referidas medidas y la necesidad, en su caso, de mantenerlas, revocarlas sustituirlas o modificarlas y resolver en consecuencia, ello, en estricto respeto al derecho de audiencia que le impone al Juez la codificación nacional mediante los principios de contradicción e inmediación, para que en su caso se determine nuevamente la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas cautelares decretadas. De modo que, a fin de advertir si han variado o no de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de las medidas cautelares, el juez de instancia en términos del artículo 161 de Código Nacional de Procedimientos Penales indefectiblemente debe señalar audiencia y en ella establecer una vez escuchadas a las partes lo que proceda motivando su determinación. En ese sentido, el hecho de que el Juez de instancia, señaló hora y fecha para audiencia de revisión de medidas cautelares, y por ello, citó a los quejosos para que comparecieran al desahogo de la misma, por sí solo no es un acto de imposible reparación, toda vez que, se trata únicamente de una comunicación del Juez, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de esa audiencia, en la que se pondrán al escrutinio las medidas cautelares vigentes, lo cual, es de orden público, ya que el Juez tiene la función encomendada de resolver las cuestiones puestas a su consideración por parte de la sociedad. En ese tenor, si bien, la determinación que tome el Juez de instancia en la audiencia de revisión de medida cautelar, podrá afectar la esfera jurídica de los quejosos en cuestión, al revocar, sustituir o modificar las medidas cautelares de las que actualmente gozan, esto deviene en un acto futuro y de realización incierta, por ello, será hasta que dicho Juez se pronuncie previo debate en esa audiencia respecto a las medidas cautelares, en que los justiciable podrán reclamar lo ahí determinado en sede constitucional. Máxime a lo anterior que, el numeral 52 de la codificación nacional dispone que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, por ende, acorde con la dinámica del sistema acusatorio que preserva los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes, las cuestiones que deban ser resueltas por el juzgador, es a través del sistema de audiencias. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no ocasiona perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, procede desechar de plano la demanda de amparo. Por las razones que la informan, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 239, Tomo I, diciembre dos mil dieciocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, la tesis .1o.P.146 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, visible a página 2486, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del tenor literal siguiente: REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. DEBE REALIZARSE EN OBSERVANCIA DE LA CARACTERÍSTICA DE ORALIDAD Y BAJO LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E INMEDIACIÓN, QUE DISTINGUEN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Del artículo quinto transitorio mencionado, se advierte que, al haber permitido el legislador que se sometan a revisión las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva, decretadas por autoridad judicial en procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, con base en su marco normativo -artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, en donde el Juez de la causa con competencia excepcional para ello, una vez que lo haya solicitado el imputado, dará vista a las partes para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, para luego de efectuada la audiencia correspondiente y tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de dicha medida, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del propio código, se hace evidente que dicha revisión debe realizarse bajo la dinámica del proceso penal acusatorio, es decir, en observancia de la característica de oralidad y bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, que lo distinguen. Ello es así, porque ya no se trata de una decisión unilateral del juzgador, como sucedía en la libertad provisional bajo caución, en donde solamente se limitaba a verificar si se colmaban o no los requisitos legales para su procedencia, sino que ahora el pronunciamiento del órgano jurisdiccional debe estar precedido de un debate entre las partes, respecto de un tema sometido a un contradictorio en el que debe escuchárseles mediante la celebración de una audiencia y determinar qué medida cautelar es la idónea para el caso concreto. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizada con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a ... , por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones, por no encontrarse registradas sus cedulas profesionales en el aludido sistema computarizado, y ser el presente asunto de naturaleza penal. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
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