Hilario Hernández Pérez
Expediente 573/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 35 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Hilario Hernández Pérez
- Junta Especial 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE FALLO
- Principal
Villahermosa, Tabasco, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto; con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su segundo numeral, se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos, los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, y el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Monterrey, con residencia en Nuevo León, de los que se advierte: Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Monterrey, con residencia en Nuevo León. En cumplimiento al oficio 4265/2023, del índice de este Juzgado, indica que devolvió el exhorto girado por su homólogo en esta Entidad Federativa, que tuvo por objeto emplazar a juicio a ********************y ********************, lo anterior, al no encontrarse debidamente integrado Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Por auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, nuevamente ordenó girar exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Monterrey, con residencia en Nuevo León y a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, a fin de que se realicen los emplazamientos a juicio a los demandados ********************, que para efectos comerciales es ********************, ********************; y ******************** que para efectos comerciales es ******************** ANTECEDENTES DEL REQUERIMIENTO Mediante auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se requirió a la Junta Local de Conciliacio´n y Arbitraje del Estado de Monterrey, con residencia en Nuevo Leo´n, para que dentro del término de tres días ha´biles remitiera copia certificada de las constancias de emplazamiento, efectuadas respectivamente, a los demandados ********************, que para efectos comerciales es ********************, ********************. Sin que obre en el sumario constancia de su cumplimiento. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En consecuencia, de conformidad con el arti´culo 192 de la Ley de Amparo, se requiere para que dentro del te´rmino de TRES DI´AS ha´biles siguientes a la recepcio´n del oficio en que se transcribe este acuerdo se realice lo siguiente: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Remita copia certificada de las guías de mensajerías de los exhortos girados por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, a sus similares Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Monterrey, con residencia en Nuevo León y Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo. Junta Local de Conciliacio´n y Arbitraje del Estado de Monterrey, con residencia en Nuevo Leo´n: Remita copia certificada de las constancias de emplazamiento, efectuadas a ********************, que para efectos comerciales es ********************, y ********************. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238, y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se les impondrá a cada una de ellas la medida de apremio, consistente en multa de CIEN veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del uno de febrero siguiente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley de Amparo. Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentran precisados claramente los actos que deben realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, le imponga la multa bajo la que fue apercibida. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.) sustentado por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, Libro 12, noviembre de 2014, tomo I, décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo". Notifíquese y por oficio a la autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Luis Enrique Pérez Chan, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado Abraham Augusto Rodríguez García, a quien faculto para firmar el oficio correspondiente.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente Adscrito de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo, mediante el cual adjunta copia certificada de la guía relativa por la que devolvió a su homóloga, en esta entidad federativa, las constancias de emplazamiento que le fueron requeridas; circunstancia de la cual se toma conocimiento. Sin que sea necesario por el momento, la emisión de diversa determinación, toda vez que mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Presidente Adscrito de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo, mediante el cual informa que ordenó devolver sin diligenciar, el exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, relacionado a la constancia actuarial de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, de su índice. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Por tanto, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que dentro del término de TRES DÍAS hábiles siguientes a la recepción del oficio en que se transcribe este acuerdo: Remita copia certificada del acuerdo relativo al expediente laboral 1978/2020, recaído a la devolución del exhorto relacionado a la constancia actuarial de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, del índice de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo. Para lo cual, se ordena adjuntar el oficio de cuenta STYPS/SSTZN/JECAS/96/2023, a la autoridad requerida para su conocimiento. APERCIBIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE De no cumplir lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término señalado, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, en relación con los numerales 192, 193, 195, 238, y 258 de la Ley de Amparo; es decir, se les impondrá una medida de apremio, consistente en multa de CIEN veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, publicada el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del uno de febrero siguiente, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley de Amparo Se llega a tal consideración, pues en el presente proveído se encuentra precisado claramente el acto que debe realizar para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que, su desacato producirá que esta autoridad constitucional, le imponga la multa bajo las que fue apercibida. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, de no cumplir con lo ordenado en el párrafo anterior dentro del término precisado, se le iniciará el procedimiento de inejecución de sentencia, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo; pues este órgano jurisdiccional está obligado a velar por el eficaz cumplimiento de las sentencias amparadoras que evidentemente no debe quedar supeditado a la voluntad o capricho de la autoridad o autoridades. Sirve de sustento a la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, Libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, Décima Época, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese y por oficio a la autoridad responsable.
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